Pese a los argumentos en contra de diversos sectores sociales y políticos, ante el riesgo que implica en materia de posibles violaciones a los derechos humanos, en su calidad de oficialía de partes del Ejecutivo, el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, convirtiéndose en el undécimo estado en avalar el proyecto. Con 35 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, los diputados locales respaldaron la minuta enviada por el Senado que establece cambios en la estructura y operación de la Guardia Nacional, la cual pasará a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), integrándose de manera oficial a las Fuerzas Armadas permanentes, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Esto implica que la Guardia Nacional, además de sus funciones actuales, podrá participar en actividades de investigación de delitos, dentro de los límites de su competencia.
El decreto también incluye la modificación de diversos artículos de la Constitución, especificando que la investigación de delitos será responsabilidad del Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, las cuales deberán actuar bajo la dirección y mando del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones investigativas.
Fuente: Gobernantes
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