Por: Edgar Rosas
El gobierno de Felipe Calderón quedó marcado por el inicio de la
llamada guerra contra el narcotráfico, misma que a nueve años de su
implementación ha sido criticada por la violencia desatada y los altos niveles
de homicidios y violaciones a los derechos humanos.
¿Qué Querían Que
hiciera? Es el título del nuevo libro del investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Luis Astorga, en donde somete a análisis esta etapa de la vida de México, en
particular la política que el panista estableció en el ámbito de seguridad.
El doctor en sociología
por la Universidad de París I, habló con Revolución TRESPUNTOCERO sobre el texto y comentó algunos
aspectos de lo que fue y lo que dejó esta estrategia asumida por el segundo
presidente de extracción blanquiazul.
En
primera instancia, Astorga reiteró que a nueve años el balance que se obtiene
al analizar esta medida es negativo, pues al considerar el número de muertos,
desplazados, y desaparecidos de manera forzada “el balance no puede ser más negativo”.
“Cualquier
política debe ser evaluada en función de sus resultados, no en función de los
discursos políticos. Al iniciar el mandato, el discurso de promesa usado en la
campaña (el presidente del empleo) se diluyó inmediatamente y todo el sexenio estuvo
marcado por el asunto de seguridad”, dijo.
El
investigador recordó que en aquellos momentos, Calderón tuvo el apoyo a su
política de seguridad, en primera instancia, de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conaago), integrada por mandatarios estatales de diversos
partidos. “Recordemos en primer lugar la Conago, donde están representados
todos los gobernadores. También dirigentes de los principales partidos
políticos, dirigentes empresariales, varios países extranjeros, entre ellos
EU”, manifestó.
De
igual forma comentó que durante esta etapa, Calderón tuvo las mismas opciones
que tiene y ha tenido la clase política en su conjunto en materia de combate al
crimen, es decir quedarse sin hacer nada o establecer acuerdos en donde ambas
partes salieran ganando.
“Calderón
tenía las mismas opciones que tiene y que ha tenido la clase política en su
conjunto en la alternancia en el poder: o no hacer nada, es decir quienes están
en posiciones de poder no hacen nada frente a la delincuencia organizada o
establecen acuerdos de beneficio mutuo con los grupos que operan ahí en donde
ellos gobiernan, a cambio de no ser objeto de la violencia y a cambio de una
repartición del pastel”, expuso.
En
lo referente manifestó que ambas opciones no contribuyen para la consolidación
de la democracia y por el contrario permite entrar en una dinámica autoritaria.
“Ojo,
esas dos posibilidades lo que reproducen son relaciones autoritarias, con eso
no se construye democracia. La tercera opción sería que las fuerzas políticas
del país, en conjunto con la sociedad civil diseñen una política de seguridad
de Estado y qué significa una política de seguridad de Estado, que va haber
colaboración, coordinación y que va haber corresponsabilidad en la política de
seguridad. Ya sea que se decida poner a los militares o no ponerlos (…) se
tendría que dar unos acuerdos de esta naturaleza para no estar tirando la
pelota única y exclusivamente al gobierno federal (…) entonces de qué se trata
o asumes la responsabilidad como gobierno local o no la asumes; entonces
para evitar ese tipo de juegos tendría que haber reglas muy claras,
conjuntamente de los partidos con la sociedad civil para decir basta, ya no se
puede seguir jugando con la seguridad de los habitantes del país”, manifestó.
Por
otro lado, Astorga habló sobre la relación que se estableció entre el poder
político y el crimen organizado a partir de la alternancia en el poder. Explicó
que en los años de la hegemonía priísta el crimen era subordinado, y con el
cambio en el poder los grupos delincuenciales lograron una libertad parcial.
“En
la época de hegemonía del PRI de subordinación del campo criminal al campo de
la política. Esa subordinación fue estructural, ¿Qué significó en la práctica?
Que en su relación con la política, los criminales si no aceptaban las pruebas
del juego impuestas por el poder político, tenían tres opciones: o salían del
negocio, o se iban a la cárcel o se morían. En la época de la transición, esta
relación se modifica y lo que hay es una mayor autonomía relativa de parte de
los grupos criminales respecto del poder político”, dijo.
Aunado
a lo anterior manifestó que hoy en día no es correcto hacer referencia a una
“penetración” del crimen en el poder político, ya que, expuso, este término
hace pensar que el crimen y el campo de la política surgieron separados.
“Yo
no hablo de penetración, por una sencilla razón, hablar de penetración
significa que el campo de la política y el campo criminal nacieron separados y
que por lo tanto en un momento determinado, así como la humedad, los
delincuentes se empiezan a infiltrar en el campo político. Esta es la visión
favorita de la clase política, y por qué, porque los exime de responsabilidad
histórica (…) no es lo mismo hablar de infiltración que de una mayor autonomía
relativa; no hay una autonomía completa, porque los grupos criminales no tienen
cuadros políticos propios, el oligopolio político es el que tiene los cuadros
políticos, y los grupos criminales no le están disputando la formación de
cuadros políticos, lo que hacen es establecer relaciones de corrupción, con los
cuadros que ya existen”, manifestó.
En
este sentido reiteró que uno de los principales intereses del crimen organizado
es establecer relación con los personajes que ocupan posición de poder dentro
de la estructura política, “quien los pueda proteger o con quien puedan
negociar”.
“Entonces
si los presidentes municipales o gobernadores tienen control sobre sus
policías, para los grupos criminales va a ser necesario establecer cierto tipo
de relación, de redes de corrupción con esa gente que está en puestos de poder
y tienen nombre y apellido, y pertenecen o fueron electos en las planillas de
ciertos partidos y por lo tanto esos partidos deben asumir esa responsabilidad.
No es de que: “tú ya fuiste electo, yo partido ya no soy responsable”. Ejemplo
de estos: caso Abarca, “ya fuiste electo y quien sabe cómo llegaste ahí”.
Entonces es un cinismo, lo que ha mostrado la clase política es una falta de
visión de Estado y un cinismo a prueba de todo”, dijo.
Asimismo,
afirmó que hoy en día todas las organizaciones criminales tienen algún tipo de
nexo con partidos políticos que tengan individuos en posiciones de poder
y “obviamente con instituciones policiales y con ciertos sectores
empresariales y con ciertos sectores de la sociedad civil que forman parte de
su base social. Entonces no hay ninguno que sea puro (el crimen) y que por sus
propias habilidades criminales hayan logrado una posición alta”, señaló.
El
académico hizo referencia a los señalamientos que pone a Calderón como el
responsable de esta “guerra” que ha costado muchas vidas al país. Dijo que si
bien hay una responsabilidad política de Calderón por la decisión, todo
el peso de la responsabilidad no sólo recae sobre él.
Por
ultimo habló sobre los puntos clave para cambiar la dinámica y establecer un
nuevo panorama en el país. Indicó que en el contexto actual el vencer la
impunidad y llevar a juicio a los “delincuentes de cuello blanco” que tienen
relación con el crimen organizado será necesario para crear confianza y dar un
giro en el país.
“México
no es una democracia avanzada, tiene grupos criminales muy poderosos, una clase
política sin visión de estado y una sociedad civil muy poco organizada.
Entonces ¿cuál es el escenario? Si no hay ese pacto político para la transición
exitosa, que implica una política de seguridad de Estado, una procuración de
justicia, es difícil. En Italia y Colombia una de las diferencias la ha hecho
el sistema judicial porque ha logrado llevar a juicio no sólo a miembros de la
‘delincuencia organizada tradicional’, sino a la alta delincuencia de cuello
blanco y a políticos, a grupos económicos fuertes vinculados al negocio de
lavado de dinero, delincuencia organizada y a políticos que han tenido negocio
y tienen negocio con la delincuencia organizada. Eso hace una gran diferencia
porque eso crea confianza en las instituciones y muestra un cierto grado de
madurez y de solidez de esos contrapesos institucionales que son necesarios”,
dijo.
