“AYUDA A LA RECUPERACION DE NIÑOS ROBADOS”
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Nos enviaron este mensaje a nuestro correo, esperemos servir en algo. Gracias.
12 de noviembre de 2010
URGENTE SOLIDARIDAD DEL GREMIO Y DE LA PROPIA SOCIEDAD CON MEDIOS
México, D. F., a 11 de noviembre de 2010.- La Fundación para la Libertad de Expresión hace un llamado de solidaridad entre el gremio periodístico y a la sociedad, para intentar un cambio en las relaciones sociales de nuestro país. No puede ser que tanto las fuerzas del crimen organizado como también otros actores políticos y sociales, aprovechen el clima generalizado de inseguridad para acallar la voz de la sociedad.
Con las amenazas y agresiones sufridas entre lunes y miércoles por los reporteros gráficos del Diario de Juárez, una reportera-camarógrafa del diario Milenio y los trabajadores e instalaciones del diario El Sur de Acapulco, queda claro que no sólo las fuerzas del narcotráfico han roto la convivencia de nuestra sociedad, sino que otros actores políticos y sociales también actúan amparados en este clima de violencia.
Llegamos al momento de que las “enérgicas condenas” o las exigencias para que las autoridades resuelvan o aclaren las agresiones a la prensa ya no bastan, ahora, es imprescindible cerrar filas en torno al daño que sufren los medios de comunicación mexicanos.
La Fundación para la Libertad de Expresión hace un llamado a la sociedad para que se tome conciencia del valor de cada comunicador y de cada medio. Una voz acallada significa un gran daño al derecho de información y a la misma democracia.
El pasado lunes dos reporteros gráficos del Diario de Juárez fueron amenazados tras la publicación de la fotografía de un hombre que falleció a causa de un accidente en aquella ciudad. Los periodistas se negaron incluso a denunciar y recibir protección policial, ante el riesgo de que las corporaciones de seguridad estén infiltradas.
El miércoles por la mañana, la reportera de Milenio TV, Adriana Esthela Flores fue agredida por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando realizaba su labor informativa, ante la complacencia de integrantes de la policía del Distrito Federal.
Por la noche en Acapulco, trabajadores del diario El Sur fueron objeto de una agresión con disparos de arma de grueso calibre, afortunadamente sin que hubiera lesionados. Su director Juan Angulo afirma que no sabe de dónde provenga el ataque porque publican información fuerte no sólo sobre el narcotráfico, sino de otros problemas sociales, incluidos los que genera la probable construcción de una presa en Guerrero, a la que se oponen las comunidades cercanas.
Ante este panorama, la Fundación para la Libertad de Expresión exige que los órganos del Estado Mexicano, sus instituciones y los gobiernos en sus tres distintos niveles no sólo realicen acciones, sino que apliquen la normatividad vigente en nuestras leyes para acabar con la impunidad y el clima de violencia generalizado en el país, que cada día más alcanza a los representantes de los medios de comunicación y a las empresas mismas.
Consideramos que mientras no haya un alto, un ya basta a la impunidad, las agresiones continuarán y se incrementarán ante el vacío de legalidad existente.
Ataques a indígenas, “constante diaria” en la sierra de Zongolica
Orizaba, Ver.- La indiferencia oficial con la que son tratados los indígenas de las serranías del estado, los obliga a que ellos mismos asuman mecanismos de autodefensa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que lejos de atender las demandas de los mismos campesinos, “los agrede y los margina”.
Para Jairo Guarneros Sosa, luchador social en la zona centro del estado, la violación a los derechos humanos de los habitantes de la sierra es una constante: “se continúa con la presencia de grupos que violentan las garantías individuales y nadie dice nada”, refiere.
La violación a los derechos fundamentales, “es evidente, es una práctica diaria que se da en las zonas serranas del estado, cuando se busca el apoyo de instituciones como la Comisión de los Derechos Humanos, solo se encuentran las puertas cerradas, ahí tenemos la forma en la que se manejó el caso de Ernestina Asencio.
Incluso, escenarios como éste han obligado a que los mismos indígenas de la sierra, en este caso de Zongolica, formen organizaciones propias y defensoras de los derechos humanos: “el único objetivo que tenemos es trabajar dentro del marco constitucional, de respeto a los derechos humanos, armonizar y coordinar los esfuerzos de los distintos actores que buscan promoción y defensa de derechos en la región”.
Esta organización se conforma principalmente por indígenas nahuas que habitan en la sierra de Zongolica: “nos hemos conformado –dice un documento que leyó a los medios de comunicación– como organización debido a la continua presencia de violaciones a las garantías individuales en la región indígena, situación que se remonta a los tiempos de la invasión europea, cuando fuimos objeto de la más grande vejación”.
“Hoy a más de cinco siglos de sometimiento a la miseria e innumerables vejaciones hemos decidido impulsar este trabajo, para comenzar a saldar esa deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos”.
El trabajo trazado, se informa en el comunicado, se divide en dos vertientes: Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de la Mujer. Este proyecto de sociedad es incluyente y busca la participación de todos los miembros de la comunidad indígenas, incluso a profesionistas que existen en nuestra zona, así como a las mujeres, jóvenes, hombres de todas las edades, “aunque la organización es independiente de cualquier partido político o institución de gobierno o de intereses ajenos a las comunidades indígenas”.
Sol azteca se opone a la policía única, dice Celso David Pulido
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, los alcaldes salientes y entrantes en el estado de Veracruz no aceptarán la unificación de mandos policiacos, ya que consideraron que con ello no se disminuirá la delincuencia, el incremento de delitos y sobre todo el consumo de droga que se está registrando, además que falta un diagnóstico real de la inseguridad en la entidad, señaló el dirigente estatal perredista Celso David Pulido Santiago.
En entrevista, el perredista expuso que es un acuerdo del CEN perredista y de la organización de alcaldes que no vamos a ir con la policía única, “se les ha enviado a los alcaldes documentación y se les ha explicado el por qué no vamos a ir a ese mando único, a los nuevos alcaldes se les mandará igual el acuerdo perredista y se les expondrá el por qué no”.
Consideramos que en principio se viola el artículo 115 constitucional, en lo referente a la autonomía municipal, además el propio municipio debe otorgar seguridad a sus habitantes, al igual consideramos que primero se deben identificar los delitos en cada región porque no ocurre lo mismo en todas partes.
Asimismo, dijo Pulido Santiago, que no ven bien que haya una sola policía porque no se trata de cambiar nombres, por ejemplo, antes operaba la policía Federal de Caminos y hoy es PF, deben de haber mandos diferentes, con acciones diferentes para que realmente funcionen.
La coordinación de los tres niveles de gobierno no han sido buena en la entidad en lo que se refiere a la seguridad y no ha funcionado la capacitación de la policía, entonces más que unificar a los cuerpos policiacos es necesario capacitar a los policías, mayores recursos, darles uniformes y arma, “mejores condiciones de vida para ellos”.
De igual manera se debe hacer un diagnóstico de cómo están operando las policías, de la situación de los delitos, ése es llamado al nuevo gobernador, que haya una coordinación entre los tres niveles de gobierno, al igual prevención de los delitos, ofreciendo espacios educativos para los estudiantes.
Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, los alcaldes salientes y entrantes en el estado de Veracruz no aceptarán la unificación de mandos policiacos, ya que consideraron que con ello no se disminuirá la delincuencia, el incremento de delitos y sobre todo el consumo de droga que se está registrando, además que falta un diagnóstico real de la inseguridad en la entidad, señaló el dirigente estatal perredista Celso David Pulido Santiago.
En entrevista, el perredista expuso que es un acuerdo del CEN perredista y de la organización de alcaldes que no vamos a ir con la policía única, “se les ha enviado a los alcaldes documentación y se les ha explicado el por qué no vamos a ir a ese mando único, a los nuevos alcaldes se les mandará igual el acuerdo perredista y se les expondrá el por qué no”.
Consideramos que en principio se viola el artículo 115 constitucional, en lo referente a la autonomía municipal, además el propio municipio debe otorgar seguridad a sus habitantes, al igual consideramos que primero se deben identificar los delitos en cada región porque no ocurre lo mismo en todas partes.
Asimismo, dijo Pulido Santiago, que no ven bien que haya una sola policía porque no se trata de cambiar nombres, por ejemplo, antes operaba la policía Federal de Caminos y hoy es PF, deben de haber mandos diferentes, con acciones diferentes para que realmente funcionen.
SETRAVI Y METROBÚS NOS QUIEREN ACORRALAR: TRANSPORTISTAS
Felipe Núñez muestra datos sobre la manipulación de cifras de Setravi y Metrobús.
* Los concesionarios destapan engaños y manipulación de cifras para construir un escenario irreal, con el fin de imponer al ADO en la linea 3 del Metrobús; exigen la destitución de Armando Quintero y Guillermo Calderón. Preparan gran movilización para el viernes 19 de noviembre.
México, D. F., a 12 de noviembre de 2010
Los concesionarios del transporte público de las Rutas 1 (Grupo ITEC), 3 y 88 destaparon esta mañana el engaño y manipulación de cifras por funcionarios del Gobierno del Distrito Federal para "robarnos 70 millones de pesos anuales", construir escenarios irreales como el hueco de 300 millones de pesos y manipular la operación de la Línea 3 del Metrobús para entregarla al grupo ADO.
También anunciaron la realización de una movilización el próximo día 19 y denunciaron también la falta de transparencia en el manejo de los bonos de chatarrización, los cuales ya debieron ser entregados a aquellos transportistas que proporcionaron sus documentos, cuyo monto total corresponde a 43 millones de pesos.
"Estamos buscando dónde están esos 43 millones de pesos; dicen que si son depositados en un banco, podrían estar generando intereses por 1.8 millones de pesos; a dónde se irán esos recursos, es la pregunta", expresó Felipe Núñez Guerrero, presidente de la Ruta 3.
Por estos motivos, Noé Rendón, vocero de la Ruta 1 (Grupo ITEC) y en nombre los transportistas presentes exigió la destitución inmediata de Armando Quintero, secretario de Transportes y Vialidad; de Martín Mejía Zayas, director General del Transporte de la Setravi; y de Guillermo Calderón, director General del Metrobús.
El concesionario dio a conocer que desde el pasado 12 de octubre que se reunieron con Marcelo Ebrard, quien les dijo que no era necesaria la inclusión de ADO, pero que le entregaran sus propuestas, el resto de las reuniones con colaboradores del Jefe de Gobierno se han caracterizado por la dilación, solicitud de más y más información y falta de respuestas concretas.
El presidente de la Ruta 88, José Barragán, lo definió así: "Nos están acorralando con el tiempo, con el fin de que aceptemos entrar con ADO. Pero que no engañen a la ciudadanía, tampoco a los diputados, porque ADO no hace falta en la Línea 3 del Metrobús".
Noé Rendón reiteró que no existe el hueco financiero de 300 millones e incluso, agregó Barragán, el mismo Jefe de Gobierno, el secretario José Ángel Ávila y el resto de funcionarios de la Secretaría de Gobierno desconocen para qué son.
Al reiterar que la Línea 3 es autofinanciable, Felipe Núñez destacó que Quintero y Calderón han manipulado la información al grado de que les quitaron un total de 194 mil 896 pasajeros, los cuales al año equivaldrían a más de 70 millones de pesos.
Asimismo, Felipe Núñez dio a conocer que la semana pasada viajó a la planta ensambladora de Mercedes Benz en Nuevo León, donde ya tienen 15 camiones articulados listos, otros 15 en proceso, pero que de ninguna forma la empresa podrá entregar las 54 unidades antes del próximo año.
Asimismo, dieron a conocer que en el caso de que el GDF se incline finalmente por el ADO, esto ocasionaría un gran daño económico a los transportistas concesionados porque tendrían que pagar una penalización importante por la cancelación de contrato, ya que tienen solicitadas 40 unidades a razón de 312 mil dólares, más IVA.
Finalmente, confirmaron que la siguiente semana darán a conocer todos los detalles de la movilización que realizarán el próximo viernes 19, porque dijo Noé Rendón "creemos importante que los alcaldes del mundo se den cuenta de las posturas sociales de este gobierno".
11 de noviembre de 2010
El imperio de la fantasía
Carlos Acosta Córdova
A diferencia de lo que semana tras semana afirma la Secretaría de Hacienda, la violencia y la inseguridad en México sí tienen un costo en dinero, sí entorpecen el crecimiento económico. Y eso lo dicen analistas privados e incluso instancias oficiales: la Secretaría de Economía, el Inegi, la Coparmex, BBVA Bancomer... Los cantos triunfales de Ernesto Cordero sobre recuperación, producción y empleo ya no son aplaudidos ni siquiera en el gabinete de Felipe Calderón.
MÉXICO, D.F., 10 de noviembre (Proceso).- La Secretaría de Hacienda se quedó sola en su ejercicio del autoelogio, ese en el que todos los días asegura que la economía mexicana muestra un “sólido proceso de recuperación” con una “alta generación de empleos” y un incremento en la actividad productiva.
Dice que la economía va tan bien que ni siquiera la violencia –producto de la guerra contra el narcotráfico– y sus más de 30 mil muertos hacen mella en su promisoria marcha. Apenas el 31 de octubre, en el Informe Semanal que edita y difunde su Unidad de Comunicación Social, la dependencia descubrió que “vamos mejor de lo esperado”.
Y es así, asegura, porque en México sí se han hecho bien las cosas, no como en otros países –los avanzados sobre todo– que enfrentan “graves problemas” porque apostaron “por la excesiva estimulación artificial de la demanda”.
Pero durante la semana pasada respingaron miembros del gabinete, grupos empresariales y analistas financieros. Sobre todo en lo relativo a la violencia, que para todos ellos ha tenido una clara incidencia negativa en la economía mexicana.
El lunes 1, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, sin empacho contradijo a su par de Hacienda, Ernesto Cordero, quien no se cansa de decir que la inseguridad y la violencia no afectan el desempeño económico.
Ferrari reconoció que la violencia y la inseguridad en muchos estados deterioran la operación de miles de empresas y frenan la recuperación del mercado interno. “Son preocupantes los daños al mercado interno provocados por la violencia”, afirmó en la décima Semana Nacional Pyme. “Las empresas están sufriendo mucho por esta situación”, agregó.
Como ejemplo puso a las empresas del sector restaurantero en el norte del país, que han debido cerrar o modificar sus horarios de servicio bien porque la gente ya no va o para proteger de los delincuentes a la clientela.
También los empresarios alzaron la voz, mostraron públicamente su hartazgo y dieron un mentís a Hacienda. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, explotó en su mensaje semanal: “La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país han llegado a niveles intolerables, como se confirmó la semana pasada con nuevas matanzas multitudinarias de jóvenes, hechos que no pueden dejar de indignarnos”.
Costos económicos de la violencia
Gutiérrez Candiani le puso números a esos “niveles intolerables”: en los últimos cinco años el secuestro ha crecido más de 300%; el robo a casa habitación, 20%; el robo con violencia, casi 30%, y la extorsión, casi 160%.
“El mayor costo”, aseguró Gutiérrez Candiani, “es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión”.
Además del secretario de Economía y de los empresarios que replicaron el discurso feliz de la Secretaría de Hacienda, el Grupo BBVA Bancomer tradujo en cifras el costo de la violencia y la inseguridad.
El Servicio de Estudios Económicos de ese grupo financiero, que encabeza el especialista español Jorge Sicilia –economista en jefe de BBVA para Norteamérica– presentó el miércoles 3 su informe trimestral Situación México, en el que por primera vez incluye un capítulo con el tema específico de la violencia y su impacto en la economía.
Su conclusión es contundente: entre 2006 y 2010 la violencia y la inseguridad han hecho que la economía del país no crezca, en promedio por cada uno de esos años, 1.1 puntos del PIB. Es decir que el crecimiento económico en esos años ha sido menor en 1.1 puntos, en promedio, al que hubiera habido sin los actuales niveles de violencia.
También sostiene que la violencia y la inseguridad cada año cuestan 143 mil millones de pesos (1.1% del PIB) a precios actuales, pues el Producto Interno Bruto estimado para este año a precios corrientes, es de poco más de 13 billones de pesos.
Si nada más se tomaran en cuenta los cuatro años de gobierno de Calderón –los de la guerra contra el narcotráfico– se tendría una suma superior a todo lo que se espera recaudar en 2011 por concepto de IVA: más de medio billón de pesos, afirma BBVA.
La violencia le ha restado cuatro puntos de crecimiento a la economía en este sexenio. Si no fuera por eso “México habría crecido un punto porcentual más del PIB, por arriba de las tasas a las que ha crecido en los últimos años”, dijo en la conferencia de prensa.
Es un impacto nada despreciable, aseguran los analistas de BBVA Bancomer, pero Hacienda insiste en lo contrario. En su Informe Semanal del 17 de octubre aseguraba que “es evidente que el crimen y la delincuencia organizada no están inhibiendo la recuperación económica a nivel nacional como se ha querido hacer creer”.
Pero en el informe Situación México, los especialistas de BBVA explican: “La violencia impacta transversalmente en la economía aumentando los costos de producción y transacción y reduciendo la acumulación de capital físico y humano. Un entorno de violencia eleva los costos de producción por el necesario aumento de las medidas de seguridad y los de transacción por el deterioro del entorno institucional.
“Desde el punto de vista de la acumulación de factores productivos, de capital físico y humano, la violencia también impacta negativamente, por lo que reduce la capacidad de crecimiento de la economía en el medio plazo.”
El discurso optimista
Las declaraciones de Ferrari y las quejas de los empresarios, reproducidas por los medios el lunes 1 y el martes 2, más el estudio de BBVA el miércoles 3, que también ocupó espacios en los medios, causó tal enojo en la Secretaría de Hacienda que recurrió a la maniobra de opacar las “malas noticias” con el despliegue amplio de las “buenas”.
Ese mismo miércoles Hacienda convocó urgentemente a los medios a una conferencia para informar, con bombo y platillo, de un nuevo “máximo histórico” de creación de empleos formales: en octubre se generaron 129 mil 406 nuevas plazas de trabajo registradas ante el IMSS, con lo que en los primeros 10 meses del año se crearon 850 mil 889 empleos netos.
“Repito: 850 mil 889 empleos netos”, insistió alzando la voz Ernesto Cordero, acompañado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el director general del IMSS, Daniel Karam.
A Lozano le correspondió magnificar las cifras: el incremento de 129 mil 406 nuevos empleos en octubre “es el mayor registro para un mes de los últimos 35 meses”.
Abundó: el incremento interanual en el número de empleos, es decir, de octubre de 2009 a octubre de 2010, es de 751 mil 689 nuevos empleos. “Esto es un aumento porcentual de 5.38%. Y no se había visto una cosa igual desde agosto de 2000. Es decir, estamos hablando del mayor crecimiento interanual de los últimos 11 años”.
Y faltaba un dato también espectacular: durante la crisis de 2008-2009 se perdieron 701 mil 317 empleos. Pero de junio del año pasado a octubre de este se generaron 957 mil 652 nuevos trabajos.
Es decir, afirmó Lozano, ya se recuperaron, y por mucho, los empleos perdidos en la crisis. “Tenemos ya un superávit de más de un cuarto de millón de nuevos empleos netos, formales, con nombre y apellido, que están registrados no como una encuesta, no como una aproximación o una estimación, sino como datos duros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Pero resulta que el manejo de números y cifras siempre es relativo y se acomoda al propósito de quienes los usan.
Lozano celebró que con los aumentos en el empleo el IMSS ya tiene registrados 14 millones 732 mil 170 trabajadores –que “es un nuevo máximo histórico”– pero la cifra de asegurados en el IMSS es apenas 31% de la Población Económicamente Activa –de poco más de 47 millones de personas– y 33% de la Población Ocupada, que suma 44.7 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, sólo tres de cada 10 personas activas –con o sin empleo– están en el IMSS. O 3.3 de cada 10 de las que tienen un trabajo están afiliadas al instituto.
Obviamente el secretario omite que una cifra muy similar está en la informalidad. El Inegi, en su más reciente encuesta trimestral de ocupación y empleo señala que 28.8% de la población ocupada está en la economía informal y eso significa cerca de 13 millones de personas.
Peor aún, según Lozano en lo que va del sexenio de Calderón se crearon 1 millón 157 mil 469 empleos. Eso quiere decir que por año se han generado unos 290 mil nuevos puestos.
El problema es que la demanda anual de empleo va de 800 mil a 1 millón de plazas. Lo que se ha creado es apenas alrededor de la tercera parte de lo que se necesita.
Cuando los funcionarios dan conferencias sobre empleos nuevos omiten la otra cara del mercado de trabajo en el país: las altas tasas de desempleo (como en ningún otro sexenio), el crecimiento exponencial de la informalidad, la subocupación creciente y una serie de indicadores que dan cuenta de la mala calidad y peor remuneración de los empleos en México.
Dentro de los 10 años de gobiernos panistas, los cuatro del actual se han destacado por los índices más altos de desocupación. Con Vicente Fox las tasas de desempleo abierto de los primeros meses de gobierno eran apenas de más de 2%; ahora se han registrado tasas por arriba de 6% –que han implicado hasta 3 millones de desempleados– y los promedios no bajan de 5.5%.
Además en el sexenio se han sumado 1 millón 600 mil personas a la informalidad, fenómeno creciente pues nadie se puede dar el lujo de quedarse sin ingresos, aunque sea en la informalidad con todo lo que ello implica: sin contrato, sin seguridad social, sin salario fijo (o incluso sin salario, porque muchos son negocios familiares) y sin prestaciones.
Otro caso que omiten los funcionarios es la subocupación –en la que están las personas que buscan un trabajo adicional o jornadas laborales más largas para conseguir un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas– que pasó de 3 millones en diciembre de 2006 a 4.3 millones (9% de la población ocupada), aunque en 2009 llegó a rebasar los 5 millones.
En materia de salarios el Inegi da cifras dramáticas: de las 44.7 millones de personas con trabajo, 3.8 millones no tienen ingresos, 6 millones ganan hasta un salario mínimo, 10.4 millones tienen un ingreso de más de uno y hasta 2 salarios mínimos y 9.4 millones de personas ganan más de 2 y hasta 3 mínimos.
Hay 29.6 millones de personas en México que trabajan pero cuyos ingresos va de cero a tres salarios mínimos. Es decir 66.2% de quienes laboran –dos tercios del total– no están remunerados o cuando mucho ganan 56, 112 o 168 pesos diarios; al mes, mil 680 (uno), 3 mil 360 (dos) o 5 mil 40 pesos (tres salarios mínimos).
Asesinato del Alcalde de Rodríguez Clara no es un hecho aislado: PRD
Xalapa, Ver.- El Partido de la Revolución Democrática lamentó el asesinato del alcalde electo de Rodríguez Clara Gregorio Barradas, al tiempo que exigió a las autoridades estatales responsables de la procuración de justicia y la seguridad pública, enfrenten la situación y no se escuden argumentando que el delito se cometió en otra entidad.
Y es que a decir del dirigente estatal del partido del sol azteca Celso Pulido Santiago, la situación de violencia y asesinatos es cotidiana en la entidad veracruzana, sin embargo esto dijo, siempre se ha tratado de ocultar, pero en esta ocasión dijo, espera no se argumente que el delito se cometió en otra entidad.
“Porque va a resultar, que van a decir que el hecho ocurrido de Gregorio Barradas fue en Loma Bonita Oaxaca o en Tuxtepec y que no fue en Veracruz, van a decir que no es facultad de los veracruzanos resolver eso, pero por supuesto que se trata de un veracruzano, que desgraciadamente fue asesinado pero localizado en otro estado”.
Y es que recordó que según los primeros datos, el alcalde electo fue levantado junto con otras personas en su propio municipio, pero apareció muerto en otro lugar, lo que dijo, no implica que Veracruz se vaya a desentender de la situación, ya que insistió no se trató de un hecho aislado.
“Es un hecho que ocurre a diario en muchos municipios del estado de Veracruz, desgraciadamente como es una persona que tenía el cargo de autoridad electa como alcalde, se nota y trasciende, pero son hechos que ocurren a diarios en Veracruz”.
En este sentido hizo un llamado al procurador de justicia y al Secretario de Seguridad Pública, Salvador Mikel Rivera y Sergio López Esquer respectivamente, para que investiguen el caso, aunque subrayó, no hay mucho que pedirles a estos dos funcionarios que están a punto de terminar su gestión.
“Estos señores nunca resolvieron nada y ya tiene los segundo, los minutos y las horas contadas, la verdad es que considero que a quien hay que hacerles el llamado es a los integrantes del nuevo gobierno.
Dijo que es necesario primero, reconocer que hay una situación de inseguridad grave en el estado, y que está latente desde hace varios años, para que a partir de ahí se generen las acciones para tratar de terminar con ella.
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