12 de enero de 2011

El cardenal y Dios contra el orden social

Bernardo Barranco V.

Principalmente por la actitud y forma, el cardenal Norberto Rivera aparece como un actor teocrático que intenta someter la racionalidad política y jurídica del país a los principios religiosos.

Cuando Rivera afirma la supremacía de la ley divina sobre el orden secular realmente existente se coloca como un ayatola de la intransigencia religiosa y de certezas absolutas, de tal suerte que la discusión sobre los matrimonios gays y las adopciones, punto central del debate, en momentos ha pasado a segundo plano. El acto comunicativo del cardenal cancela la discusión de un tema álgido para dar lugar a los reproches, las descalificaciones, las amenazas y los chantajes entre los diversos actores involucrados. Las declaraciones y los posicionamientos acostumbrados, a manera de ritual litúrgico, han mostrado la falta de conceptualización y la pobreza argumentativa de los diferentes protagonistas.

Ahora, lo que flota en el ánimo de la discusión es la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia entre la religión y la política. Dicho de otra manera: si los principios católicos y la política parecieran ser irreconciliables, más bien lo importante a saber es si la democracia podrá ser compatible y coexistir con una religión que ambiciona dirigir la política y a la clase política, como en la Edad Media o en los actuales integrismos islámicos. O, por el contrario, concediendo la óptica del cardenal, cómo podrá prevalecer la cultura católica si la política y cultura modernas intentan manipular o subordinar lo religioso, como sucedió en las experiencias comunistas o las dictaduras sudamericanas que demolían todo en nombre de una sociedad occidental y cristiana, es decir, se apropiaron de lo religioso para justificar la represión.

El Estado laico permite a cualquier iglesia defender y sostener hasta con pasión sus posturas; sin embargo, el Estado laico no puede resistir ni tolerar la amenaza ni la deconstrucción de sus fundamentos basados en el respeto a la pluralidad, en la tolerancia y la equidad, especialmente ante las minorías.

El Estado laico supone el respeto a los principios y fundamentos, que le permite regular la convivencia pacífica de las diversidades. En la antigüedad y en la Edad Media los ordenamientos religiosos eran el sustento básico de las normas de la sociedad; de ahí que los códigos éticos y las nociones cardinales de la moral eran claramente confesionales. La identidad societaria era esencialmente religiosa; el carácter divino de las leyes, además de hacerlas irrefutables, las volvía obligatorias tanto para el individuo como para la comunidad; su cumplimiento convierte al sujeto en virtuoso merecedor de premios o, por el contrario, de castigos. Con el advenimiento de la modernidad, la razón instrumental establece diferenciaciones, y una de las características notables de esta modernidad es que rechaza a Dios como jefe de Estado.

En cada sexenio, el cardenal ha desatado altercados y tormentas por sus posturas de rechazo al orden social establecido. Recordemos: en tiempos de Zedillo, con apenas un año en la arquidiócesis, Rivera reivindicó en una homilía inflamada, el 20 de octubre de 1997, la acción política de la Iglesia católica e incluso llamó a la desobediencia civil.

Oficiosamente fue apercibido tímidamente por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, encabezada por Rafael Rodríguez Barrera en ese entonces. El gobierno amagó a la arquidiócesis con retirarle su registro como asociación religiosa. Esa actitud hizo que el clero católico cerrara filas en torno del arzobispo, recibiendo el apoyo de diferentes voces democráticas y fuerzas políticas, entre ellas las del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, pidiendo al gobierno mayor tolerancia y mayor libertad de expresión para las iglesias.

El segundo caso de posicionamiento agresivo fue en octubre de 2005, en el gobierno de Vicente Fox, en torno a la eutanasia. El cardenal nuevamente propuso negar obediencia al gobierno y al orden legal constituido; aquí sorpresivamente recibió el apoyo del entonces secretario Carlos María Abascal, quien se detentó jusnaturalista frente al derecho positivo imperante en este país desde las leyes de Reforma, postura válida para un creyente, pero cuestionable con la más alta investidura de ser el único secretario de Gobernación que avala la supremacía del derecho natural sobre el positivo. Y bajo la figura de la “objeción de conciencia” –jurídicamente inexistente en México– condescendió al llamado a la desobediencia civil propuesta por el cardenal (La Jornada, 19/10/05).

Norberto Rivera tiene genes cristeros, heredados de uno de sus maestros, el ultraconservador y controvertido obispo de Durango, Antonio López Aviña (1915-2004), quien soñaba construir una república católica sustentada por movimientos socialcristianos tipo falanges franquistas. Ése es quizás el modelo que Rivera evoca imprudentemente atrayendo las posturas de las gestas cristeras que llegan a cimbrar peligrosamente el sistema político mexicano. Rivera Carrera obliga a muchos obispos, ya en el ojo de tormentas, a posicionarse a su lado probablemente sin estar del todo de acuerdo en las formas ni procedimientos de confrontación directa y ruda.

A diferencia del torbellino de 2007 en torno al aborto, en el que prácticamente el cardenal se quedó solo, ahora ha aprovechado que un sector significativo de la sociedad mexicana no está en favor de los matrimonios gays y rechaza fundamentalmente el tema de la adopción. El cardenal ha logrado movilizar y agrupar a los sectores más conservadores del PAN, encabezados por su presidente César Nava, señalado por Luis Paredes en su libro Los secretos del Yunque como uno de sus más prominentes activistas; igualmente el cardenal ha contado con el sustento de diversas agrupaciones evangélicas.

Más allá del desenlace para revertir la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedan preguntas entre los creyentes en un contexto secular: ¿el Estado laico puede tener una ética política sin un fundamento espiritual ni de trascendencia? O, dicho de otro modo, ¿el Estado puede ser legítimo al poseer una moral laica que prescinda de Dios?

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/20/index.php?section=politica&article=018a1pol

11 de enero de 2011

Incierto mi futuro político asegura Jon

Veracruz, Ver.- El ex alcalde de Veracruz, Jon Rementería Sempé confirmó que su futuro político es incierto pues aunque ha sostenido reuniones con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, todavía no hay nada definido.
 
No obstante, evadió comentar sobre las ofertas que le han hecho, sobre todo, luego de que trascendiera en algunos medios que sería nombrado Subsecretario Estatal de Salud.
 
“Hemos ido a unas reuniones importantes con nuestro gobernador Javier Duarte de Ochoa y eso es lo único que voy a decir, ustedes no dejen de preocuparse”, apuntó.

- ¿A usted le gustaría regresar al gobierno del Estado, ya estuvo ahí, sí le gustaría?

- -Bueno ¿no se cansan ustedes, no se aburren?, dijo en son de broma ante la insistencia, previo a su viaje a la ciudad de México.

Por lo pronto, dijo, analizará sí acepta en el ramo médico, la invitación del Instituto Pasteur de Francia para que estudie un posgrado por un año en su especialidad que es gastroenterología.
 
“Tenemos una invitación con el instituto Pasteur por un año pero no está definido, es de los temas que todavía tenemos que definir en el curso de las siguientes semanas y meses, mientras nosotros lo que vamos a hacer es seguir disfrutando Veracruz porque solo Veracruz es bello”.

Rafael de Jesús Picazo Figueroa, dobla sueldo y no cumple su trabajo...¿negligencia medica?

Actitud irresponsable del Dr. Rafael de Jesús Picazo Figueroa
Vaya privilegios y tolerancias de las que goza el director del Hospital Regional de Río Blanco, Rafael de Jesús Picazo Figueroa, quien dobla sueldo al cobrar en la Secretaría de Salud estatal, como responsable de dicho nosocomio, y en la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Córdoba.

Eso a pesar de que en ninguna de las dos partes cumple su jornada laboral completa, trata con la punta del pie al personal y a los pacientes, y recorta al máximo su horario de trabajo anteponiendo compromisos personales.

Al señor Picazo nunca se le encuentra en el Hospital Regional de Río Blanco, donde priva el caos y el descontrol en todas las áreas – y eso que se presume como un nosocomio de excelente calidad- y cuando asiste a trabajar a la Clínica 8 del IMSS, llega hasta tres horas tarde sin importar que haya pacientes esperándolo por largo tiempo, y acude en ropa deportiva, listo para salir corriendo a su “gym”.

La lógica del doctor Picazo no tiene desperdicio pues para él los enfermos puede esperar el tiempo necesario e incluso empeorar su estado de salud pero lo que si sería una verdadera negligencia es descuidar su apariencia física y dejar de ser metrosexual.

¿Cómo es posible que el secretario de Salud, Pablo Anaya tolere este tipo de comportamiento?
Congestionan autopistas, carreteras y calles; advierten que seguirán el ejemplo de bolivianos
Piden que el diesel vuelva a $6.30 el litro
Granaderos impiden a inconformes ingresar al DF Choferes de al menos 400 mil unidades de carga y de pasajeros –según dirigentes– se movilizaron ayer en el Distrito Federal y en varios estados para demandar al gobierno federal que revierta las alzas al precio de los combustibles y amenazaron con suspender el envío de productos básicos a las centrales de abasto de las grandes ciudades.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Asesores en Turismo y Transportación Terrestre del Sur y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad enviaron unidades a la residencia oficial de Los Pinos y a las secretarías de Hacienda y Crédito Públicio (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la ciudad de México.

Periódico La Jornada
Martes 11 de enero de 2011, p. 23

Pide alcalde de Córdoba que funcionarios corruptos devuelvan los recursos robados

Córdoba, Ver.- Tras haber sido Córdoba uno de los municipios que resultó con daño patrimonial en su cuenta pública del 2009, el actual alcalde solicitó que se aplique la ley con quienes resulten responsables de tal acción.
 
A decir del alcalde, es obligación de las autoridades establecidas en la ley buscar la forma en que este dinero sea devuelto a los cordobeses, que además resulta importante para la recuperación de la ciudad.

Las autoridades, advirtió, se mantendrán atentas de que este dinero que se considera “daño patrimonial” ingrese nuevamente a las arcas municipales.

Portilla Bonilla señaló que nadie debe estar por encima de la ley, por lo que confiará en que sin hacer distingo de ninguna naturaleza habrá aplicación irrestricta de la ley.
 
Sin embargo, refirió que tiene confianza en que habrá justicia, a pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha sido severamente criticado por no actuar en contra de aquellos funcionarios que incurren en desvío de recursos o no dar cuentas claras.
 
Explicó que su cuerpo edilicio y él siempre se han manifestado a favor de la ley, además de comprometerse a ser también examinado en su gestión, por lo que al solicitarlo de igual forma pide que se hagan con el resto de los personajes.
 
Esto lo dio a conocer durante el arranque formal de la campaña para el pago del impuesto predial y limpia pública, de la cual esperan superar la meta trazada.
 
Sin embargo, durante la inauguración formal del evento, muchos ciudadanos emitieron sus quejas en cuanto al problema de limpia pública, puesto que ha sido un tema que se ha convertido en un “dolor de cabeza” para la actual administración, así como para los ciudadanos.
 
Durante las últimas semanas de administración de Juan Antonio Lavín Torres y con el parcial cierre del relleno sanitario de Nogales, fue suspendida la recolección del servicio de basura, lo que generó “micro basureros” por toda la ciudad, e incluso convirtió uno de los talleres de mantenimiento en colector de residuos, situación que le fue heredada a Portilla Bonilla.
 
Esto generó las molestias de los ciudadanos el día de ayer, quienes tuvieron que realizar su pago adelantado anual, y sin embargo, se manifiestan incrédulos de que el problema se haya resuelto.
 
Por su parte, el munícipe aseguró que se ha abatido el problema en su totalidad, y se han eliminado los “micro basureros”, toda vez que a finales de febrero recibirá Córdoba 12 camiones recolectores de basura nuevos para mejorar el servicio, por lo que invita a que los ciudadanos a tener confianza.

Desapariciones masivas... y silenciosas

Arturo Rodríguez García

Las desapariciones o levantones colectivos de personas a manos de gente armada en Coahuila se han multiplicado. Un alto número de las víctimas son trabajadores o vendedores de escasos recursos; por ellos no se pide rescate, lo que hace pensar a sus familiares que sus parientes pueden estar siendo utilizados para que realicen trabajos forzados...

MONCLOVA, COAH, 7 de enero (Proceso).- Por los llanos despoblados del semidesierto, en lugares donde la vista tal vez alcance para ver un tendido eléctrico pero ninguna otra señal de vida humana, el peligro acecha a los forasteros que pasan por aquí.

La carretera 57 México-Piedras Negras, en el tramo que surca Coahuila, al igual que las brechas y caminos que entroncan con ella, son sitios propicios para que mucha gente quede convertida en cenizas o desaparezca sin más.

Pero las familias de los desaparecidos no olvidan. Recorren la misma ruta buscando a los ausentes, pidiendo a las autoridades que investiguen y den con su paradero, preguntando entre quienes pudieron verlos por última vez, aunque en respuesta suelen obtener desde indiferencia hasta intimidación.

La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores con una existencia itinerante, caminantes que ofrecían mercancías artesanales, migrantes obreros que iban a probar suerte en la maquila, profesionistas solitarios y, algunos pocos, agentes de seguridad pública que evitaron coludirse con el hampa.

Trabajadores y pobres al fin. Como Pablo Ponce, quien, padre de tres hijos, dejó de ser campesino para emplearse como vendedor de muebles artesanales recorriendo las calles de ciudades desconocidas. Uno de sus compañeros, prófugo del arado también, José Luis Hernández Gómez, llevaba 10 años visitando ciudades norteñas, a más de mil kilómetros de su rancho en Michoacán.

Se supone que ambos pasarían por Monclava el 20 de octubre, y desde entonces sus familias no supieron más de ellos. Originarios del rancho Las Cañas, Santiago Undameo, siete michoacanos desaparecieron en esa fecha y hasta el momento, como ha ocurrido con otras desapariciones grupales, señaladamente de cambaceros, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) no ha logrado avances en las investigaciones.

Ya son muchos los casos de desapariciones colectivas. A mayor precisión, de las 104 víctimas documentadas por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), sólo 17 personas desaparecieron de manera individual, y el resto en grupo.

Para la activista Blanca Martínez, las desapariciones colectivas son características de Coahuila, pues a partir del intercambio sostenido con organismos que documentan los casos de otras entidades, sólo aquí se registra con tanta gravedad esa modalidad y, hasta donde han podido indagar, no hay experiencia internacional semejante, salvo en los registros históricos de países gobernados por dictaduras.

Cero avances

La información que ha recogido Fundec establece que la mayoría de las desapariciones en grupo son perpetradas por civiles armados.

Hasta el momento, apenas en cinco casos se ha indiciado por hechos de este tipo a policías o militares.

A bordo de lujosas camionetas de modelo reciente, los comandos establecen perímetros donde, con una coordinada precisión, operan a sus anchas en frenéticas cacerías para enseguida desaparecer con sus víctimas.

El caso más reciente es el de los michoacanos que, el 20 de octubre, desaparecieron en algún paraje indeterminado de Monclova. Poca información existe al respecto, y el fiscal ministerial, Domingo González Favela, apenas confirmó la desaparición y los datos que las propias familias han expuesto: que no se pidió rescate, por ejemplo.

Blanca Martínez describe la ausencia de resultados en la FGE:

“La respuesta es muy limitada. A partir de la presión que se ha hecho con Fundec, la FGE empieza a moverse. Están apenas empezando a aplicar procedimientos que debieron realizar desde el día de la denuncia. No es sino hasta ahora que comienzan a mover las averiguaciones, lo que habla de la irresponsabilidad, de la ineficacia en Coahuila.”

A partir de las denuncias, marchas y protestas de Fundec, el gobernador Humberto Moreira se comprometió a dar celeridad a las investigaciones, pero el resultado es el mismo: nada.

Los casos se multiplican y, de acuerdo con la sistematización de Fundec, del total de 104 desaparecidos, cinco son mujeres, un niño y un adolescente. En 10 ocasiones se han llevado a dos personas. Nueve veces han corrido la misma suerte entre tres y seis individuos. El de los vendedores de pintura de Ecatepec es el único en el rango de 11 a 15 personas desaparecidas en un mismo hecho.

En el rango de 21 a 25, se cuenta con el registro de un contingente de trabajadores de la industria automotriz, originarios de Saltillo, que desaparecieron en Piedras Negras en abril de 2008.

A pesar de ser un caso donde las familias se encuentran dentro del mismo estado, sólo una de ellas se animó a denunciar, pero las autoridades no han logrado avances en las investigaciones. Como las víctimas, el caso se esfumó también de la escena pública.

Extranjeros en riesgo

Sólo avanzar por la ruta es temerario. No hay ningún puesto de vigilancia, excepto aquellos de policía municipal que, “en revisiones de rutina”, indagan quiénes viajan, qué transportan y a dónde van. Son patrulleros que acechan bajo la sombra de un huizache al forastero.

Apenas en noviembre, un motociclista canadiense subió al canal de videos de internet www.youtube.com las escenas de una extorsión que protagonizaron policías de Castaños, Coahuila.

–To moch… –decía el agente municipal escribiendo “$100 usd” en una hoja.

–Yu… –señalaba el agente el dibujo de un monito triste que se hallaba tras las rejas–, yu no moch.

Puede ser peor.

Un retén carretero de civiles armados marca el alto cada tanto. Hasta los políticos en sus recorridos deben obedecer las órdenes y someterse a la revisión de delincuentes o atenerse a las consecuencias.

Pueden ser letales. Como ocurrió con un grupo de canadienses y estadunidenses el 9 de junio, cuando a bordo de dos camionetas se introdujeron a México. Pertenecían a una organización internacional de ciclismo de montaña, dedicada a recabar fondos para conservar senderos montañosos.

Los ambientalistas tenían como propósito llegar a Múzquiz, Coahuila, donde conocerían un rancho que pretendían comprar para hacer pistas de carreras. Luego se supo, por declaraciones de amigos y familiares de ellos en medios de comunicación de sus países, que esa era la forma en que deseaban colaborar para combatir la violencia en México: cuidar los bosques, hacer deporte…

A unos 50 kilómetros de la frontera, por la carretera 57, se detuvieron en el regionalmente famoso “Machacado Doña Herlinda”, de donde vieron salir a varios hombres a los que esperaban ostentosas camionetas.

Serían alrededor de las 13:30 horas cuando los extranjeros terminaron su almuerzo, y al disponerse a partir notaron que los anteriores comensales los estaban esperando en un convoy. Un joven se acercó a la ventanilla de Peter Charles Klowak, un canadiense de 44 años que, asustado, emprendió la marcha. El adolescente, de unos 14 años de edad, trepó con habilidad al toldo del vehículo, disparó y lo mató de un tiro en la cabeza.

La camioneta de Klowak se volcó. El convoy se llevó al joven ejecutor y dio por muerto a un acompañante del baleado que, rescatado por cuatro sujetos de origen estadunidense –presuntos agentes extranjeros–, lo condujeron al puente fronterizo de Piedras Negras y le dieron dinero para un taxi. Ya en Eagle Pass, narró lo ocurrido, de acuerdo con un informe de la FGE.

Tierra de nadie

A veces una patrulla de la Policía Federal ronda por ahí. Pero jamás ve nada. Las cámaras de vigilancia en gasolineras, negocios o garitas no han sido utilizadas en las indagatorias, y si algún civil se atreve a mencionar un dato relevante lo hace desde el anonimato, nunca como declaración ministerial.

El 22 de marzo de 2009, un grupo de vendedores de pintura desapareció con todo y vehículo en una zona cercana a Piedras Negras. Compañeros de ellos reportaron el hecho y también terminaron desaparecidos. En total, 12 personas procedentes de Ecatepec, Estado de México, desaparecieron sin dejar rastro.

Los casos se reproducen:

El 17 de abril de 2009, José Flores, Agustín Núñez y Sergio Cárdenas, procedentes de Guadalajara, visitaban a sus clientes por la zona norte. La última vez que se supo de ellos pernoctaban en un hotel de carretera. Nadie volvió a verlos.

El 29 de agosto de 2009, el jefe de celadores del penal de Saltillo, Esteban Acosta, desapareció en esa ciudad, junto con sus dos hermanos y su hijo. No se sabe de su paradero.

Pero sí que las víctimas suelen ser trabajadores.

“Nos llama mucho la atención el promedio de edad que alcanzamos a calcular. Son entre 28 y 29 años. Es gente en edad productiva. Hay un número alto de trabajadores de oficio rudo, como albañiles.

“Una de las hipótesis de las familias es que se les puede estar usando para realizar algún trabajo. Es una hipótesis que da esperanza. En todos estos casos no hay solicitud de rescate. Como no hay petición de dinero o patrimonio como intercambio, no es secuestro y no hay elementos para identificar el hecho como ajuste de cuentas o algo semejante”, advierte Blanca Martínez.

“La desaparición sirve como mecanismo de control social, de implantación de terror, pero también creemos que están siendo utilizados para algún tipo de trabajo”, agrega.

Además de la ausencia de resultados en las indagatorias, las familias de los desaparecidos han tenido que enfrentar actos de intimidación.

Sin contemplaciones, como si buscaran a un criminal y no a una víctima, los policías ministeriales de Coahuila se introducen en las viviendas, no se identifican, son groseros con los denunciantes, quienes se quejan de que aquéllos obstaculizan su derecho a exigir justicia.

Blanca Martínez concluye:

“Ese es el común denominador: que las familias no obtienen respuestas, y las autoridades les recomiendan que dejen todo así, que no le busquen… es una obstaculización a la gente que exige sus derechos, y los expedientes prueban la inacción de la autoridad.”

Acusa diputado perredista la abulia en políticos para sacar pendientes legislativa

El diputado local perredista Rogelio Franco Castán reprochó que dentro del Congreso del Estado existe una parálisis legislativa, prueba de ello es que la sesión que estaba programada para el pasado viernes se pasó para este lunes, además que a las comisiones todavía no son remitidos los pendientes que dejó la anterior Legislatura.

“Es cierto que ya se han realizado varias sesiones del actual periodo ordinario, pero la realidad es que no hemos sacado los grandes pendientes en materia legislativa que existen, y lo peor es que se siguen acumulando nuevas situaciones, como lo es ahora la cuenta pública 2009”, expresó.

Denunció que el secretario general del Congreso, Francisco Loyo Ramos, no ha enviado los pendientes que dejó la pasada Legislatura, por lo que dijo desconocer el número de iniciativas, acuerdos, e incluso dictámenes que están listos para ser sometidos ante el pleno legislativo.

Por ello, aseguró que existe una parálisis en este rubro, pues acusó que falta mayor voluntad política de todos los diputados para asistir al Congreso y estar al pendiente de los temas que tiene cada una de las comisiones para desahogarlos.

Rogelio Franco Castán llamó a todos sus compañeros diputados a apurarse a trabajar, pues recordó que el próximo 31 de enero concluye el primero ordinario de sesiones, y a partir de entonces sólo vendrán a sesionar quienes integren la Comisión Permanente.

“En teoría tienen la obligación de seguir viniendo los 50 legisladores, pero la realidad es que muchos dejan de venir, aunque tengan asuntos pendientes en las comisiones que integran, por lo que es necesario un mayor compromiso para aprobar o modificar leyes, así como tratar diversos asuntos”, añadió.

El perredista destacó que la actual Legislatura tiene el compromiso de elevar la imagen de los diputados, para lo cual, es necesario trabajar y dar resultados, además que están en un momento propicio al no ser año electoral en Veracruz, lo que permite llegar a acuerdos de una manera más fácil sin que se politice cada uno de los asuntos.