Fernando Inés Carmona - miércoles, junio 22, 2011
Érick Lagos Hernández interviene en Orizaba ante la incapacidad de gobernar de Hugo Chahin Maluli
Orizaba, Ver.- La Subsecretaría de Gobierno tuvo que intervenir para mediar en los problemas que el alcalde Hugo Chahín sostiene con ediles y grupos sociales de la ciudad. El objetivo es evitar que el riesgo de ingobernabilidad se concrete y que se terminen los conflictos que caracterizan, en sus primeros cinco meses, a la administración local, coindieron Alfredo Ferrari Saavedra, el vocal ejecutivo del Fideicomiso del 2 por ciento a la nómina, y Érick Lagos Hernández, subsecretario de Gobierno.
Este martes se reunieron en privado con cuatro de los siete ediles. Aun cuando la prensa no tuvo acceso a la reunión, se dio a conocer que ahí los ediles plantearon que el alcalde Hugo Chahín ha sobrepasado su autoridad.
Los conflictos con los comerciantes ambulantes, con los panaderos, con empresarios del centro de la ciudad, el enfrentamiento de policías municipales con vendedores del mercado y el rechazo de ocho organizaciones sociales a la política municipal que aplica el alcalde, fueron parte de los temas de conversación de una plática que se prolongó hasta dos horas, según se dio a conocer.
Los ediles, trascendió, están en la disposición de dialogar con el alcalde, “siempre y cuando el alcalde y el síndico Guarino Castelán respeten las decisiones que toma la mayoría de los ediles y no se plieguen, bajo las lagunas legales, a caprichos personales”.
Por otra parte, trascendió que Alfredo Ferrari Saavedra también se reunió con el alcalde Hugo Chahín, y con el síndico Guarino Castelán –hermano del diputado local Víctor Castelán–, para conminarlos a llegar a un acuerdo con los ediles, sin embargo se desconoce si habrá una nueva reunión entre todos los integrantes del cabildo.
El riesgo de ingobernabilidad en la ciudad es creciente. La polarización de los dos grupos de ediles, incluso, provoca el enfrentamiento de grupos sociales que se pronuncia a favor de cada uno de los grupos. Las clases sociales populares respaldan la determinación de los ediles, Eustacio Mendizábal, Ezair Dassa, Arturo Camacho y Emanuel Gómez; mientras que organizaciones comerciales, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), respaldan la postura del alcalde e incluso le exigen que se inicie el proceso legal en contra de ellos.
Por otro lado, apenas este lunes ocho organizaciones sociales conformaron un frente común e iniciaron el proceso para pedirle al Congreso del Estado iniciar el juicio de desafuero contra el alcalde, para ello reúnen los puntos legales a fin de que se inicie el proceso en referencia.
En tanto, la parálisis administrativa, por lo menos en las oficinas de los ediles, incluida la presidencia, es notable. Ayer la ausencia edilicia en el palacio municipal caracterizó al ayuntamiento.
Por otra parte, el secretario del ayuntamiento, Alejandro Garnica Fernández, dijo que el alcalde no está obligado a convocar a sesión de cabildo para que se tome una nueva determinación en uno de los conflictos sociales, como lo es la reapertura de una de las principales calles de la ciudad: “la Ley Orgánica del Municipio Libre indica en su artículo 36 fracción V que son atribuciones del presidente municipal suspender la ejecución de los acuerdos que estén contrarios a la ley, informando al ayuntamiento a más tardar en ocho días, para que éste los confirme, modifique o revoque”.
Defendió la decisión del alcalde, pues se considera “que la decisión que el cabildo tomó es contraria a la Ley, entonces tiene obligación de informar al ayuntamiento, que es el conjunto de quienes conforman el cabildo o participan en él, para que confirme, modifique o revoque”.
