Gerardo Hernández
Al “Si no pueden, renuncien”, de Alejandro Martí a los gobiernos de todos los partidos, y al “Nos tienen hasta la madre”, del poeta Javier Sicilia a los mismos destinatarios, por su incompetencia, siguió el “¡Ya basta de violencia!”, lanzado el 29 de agosto por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. El Observatorio lo componen casi medio centenar de organizaciones empresariales (Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial…), académicas y de investigación (UNAM, IPN, UIA, CIDAC…), gremiales (Canacar, CROC…) y sociales (México Unido contra la Delincuencia, Seguridad Paz y Justicia…).
Los organismos avalan la política del presidente Calderón contra la delincuencia, pero la condicionan. Demandan intensificar “la lucha para combatir al crimen en todos sus niveles. Es urgente que estas acciones den los resultados que todos los mexicanos esperamos. Pedimos que, con la participación de todos los poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, el combate a la delincuencia se intensifique, no sólo desde la confrontación, sino desde todas y cada una de las vertientes del fenómeno de la delincuencia: en la prevención social, en el desmantelamiento de las estructuras financieras, en un esfuerzo total contra la corrupción y la impunidad, en la aplicación firme e igualitaria de la justicia, etc.”. El Observatorio admite que el fenómeno “es el resultado de un gran número de descuidos y omisiones que tanto autoridades como ciudadanos hemos permitido durante años, hoy la sociedad en su conjunto requiere soluciones de fondo y exige una manera diferente de actuar. Pedimos a las autoridades y legisladores que estén a la altura de las circunstancias, que dejen de lado intereses particulares y partidistas para poder avanzar en los pendientes que aún tenemos en materia de seguridad y justicia”.
En un manifiesto titulado “México nos reclama unión”, el Consejo Coordinador Empresarial exhorta a los agentes políticos a primar el interés nacional sobre los tiempos electorales. “La impunidad y la indefinición favorecen a los enemigos del país”, advierte. Por lo tanto, apremia al Congreso y a las legislaturas locales a que aprueben las leyes de Seguridad Nacional y Contra el Lavado de Dinero. En un espectro más amplio, que incluye a la sociedad y al sistema judicial, el CCE pide “denunciar a los delincuentes y vigilar que sean perseguidos y castigados”.
Previamente, treinta y siete organismos empresariales y sociales de Nuevo León publicaron un documento que resume el sentimiento nacional por el clima de violencia y la masacre en el casino “Royale”: “Monterrey dice hasta aquí… de indiferencia, de corrupción, de impunidad, de muertes violentas”. También piden “cuentas a autoridades y a partidos políticos; les exigimos que estén a la altura del momento y que coloquen las transformaciones que Nuevo León necesita para recuperar la paz por encima de sus intereses particulares”. La Caintra y la Coparmex, por su parte, advierten “Hoy, más que nunca, hagamos todos y cada uno lo que esté a nuestro alcance y en nuestras posibilidades para denunciar de manera inteligente, firme y persistente todo lo que esté al margen de la ley”.
La participación ciudadana en la solución de los problemas nacionales es determinante. La idea, en el fondo, es asumir, como norma política y social, la cultura de la legalidad. Sin estado de derecho no hay país posible.
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