QUE SE LOS CREA SU ABUELA

DINERO PARA CAMPAÑAS DEL PRI ¿SERA?

LUZ ZÁRATE

Tras el decomiso millonario en Veracruz, Senadores panistas aprovecharon para señalar al PRI como corrupto en pleno tiempo electoral.

El coordinador de la bancada panista en el Senado, José González Morfín, y el resto de los senadores, recordaron, resaltaron y denunciaron como actos de corrupción los hechos por los gobiernos priístas; pero prefirieron evitar los casos en que se ha criticado por supuestos actos de corrupción a los funcionarios panistas.

 

“Es así como manejan los recursos públicos los gobiernos del PRI. ¿Quién puede creer las versiones que está dando el Secretario de Finanzas o quienes han salido a declarar o a tratar de explicar por qué esos 25 millones de pesos iban en efectivo? ¿Quién puede creerles que se pagan por anticipado ferias y gaznates y serpentinas y demás? La factura es posterior incluso al decomiso del dinero, de los 25 millones de pesos. Ésas son verdaderas cortinas de humo para ocultar la realidad”, afirmó González Morfín.

Por separado, el senador Rubén Camarillo Ortega afirmó que ese dinero por supuesto que va destinado a campañas electorales del PRI, y específicamente citó al candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

“No conozco ningún gobierno serio, ni un gobierno responsable que mande a una persona con 25 millones de pesos en efectivo a pagar los servicios de un proveedor. Eso dirían en mi pueblo, que se los crea su abuela, porque eso evidentemente lo que nos está anticipando las marrullerías que los gobernadores del PRI están dispuestos a hacer con respecto al proceso electoral”, señaló Camarillo Ortega.

 

Incluso recalcó que ni ellos como senadores, ni los ciudadanos, creerían las explicaciones priistas.

 

“Se lo digo claramente al señor gobernador de Veracruz: no pretenda que nos comamos ese engaño. Esos 25 millones de pesos se tienen que aclarar a fondo porque hay la clara sospecha de que iban a parar a las actividades proselitistas de Enrique Peña Nieto. A mí me parece, pues, que si no se llega a una aclaración contundente del origen y del destino de esos recursos, creo que está más que claro que ese dinero iba a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto en pago de una factura seguramente de que el señor Duarte hoy goza como gobernador del estado de Veracruz”, aseveró.

Y respecto a la guerra sucia que acusan los priístas que ha orquestado el PAN en su contra, el senador Rubén Camarillo dijo que tanto los 25 millones de pesos decomisados al gobierno priísta de Veracruz, como la deuda que se tiene en Coahuila de más de 35 mil millones de pesos, son ejemplos claros de cómo gobierna el tricolor.

 

“Todos esos elementos, la gente no puede simple y sencillamente decir no existen. Y si ahora quieren sacársela diciendo que es el inicio de una guerra sucia, la guerra sucia la traen ellos desde hace muchos años”.

Finalmente los panistas dijeron que todos los actos en que se han visto envueltos los priístas tendrán que ser evaluados al momento que la gente emita su voto.

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=523982

EN VERACRUZ: LA CORRUPCION COMO DIVISA

EN DUDA LA HONESTIDAD DEL GOBIERNO VERACRUZANO...

VÍCTOR GONZÁLEZ AVELAR

TODO QUEDÓ BAJO SOSPECHA. Dos empleados menores del Gobierno del Estado de Veracruz fueron sorprendidos en el aeropuerto de Toluca cuando bajaban de un jet privado cargando un abultado maletín que contenía 25 millones de pesos en efectivo. Fue la Procuraduría General de la República quien detuvo a los dos empleados y quien requisó los millones a la Secretaría de Finanzas del gobierno a cargo de Javier Duarte.

ESTO HA SIDO SIN LUGAR duda el producto de una denuncia anónima de alguien infiltrado al interior del mismo gobierno veracruzano, o quizá del fuego amigo que en estos tiempos siempre existe y ha existido.

LO QUE SÍ QUEDA FUERA de cualquier duda: Se trata de un movimiento aéreo de millones de pesos propiedad de los veracruzanos, sacado de las arcas del gobierno del estado al margen del más elemental marco jurídico. Es sin duda una extraña y sospechosa operación. Se trata de un procedimiento a todas luces irregular y al margen de los códigos administrativos internos que rigen este tipo de movimientos de dinero y que por alguna razón no quiso satisfacer la Secretaría de Finanzas de Veracruz hoy a cargo de Tomás Ruiz (por cierto de muy infausta memoria). Es sin duda un acto de corrupción nada transparente del que nadie debería saber nada, según el gobernador Duarte, pero que por fortuna no fue así.

LO QUE SÍ SUBYACE en este extraño asunto nos pone de manifiesto que algo debe andar muy mal en el manejo de los dineros de los contribuyentes veracruzanos, como para que a las doce de la noche y un día viernes, dos empleados muy menores se trasladen desde Jalapa a Toluca portando un maletín con 25 millones de pesos, disque para pagar a proveedores. Según los detenidos el destino de los 25 millones era para pagar algunas empresas encargadas de promover un carnaval, las fiestas de la Candelaria y el Festival de Tajín.

LO QUE SÍ PARECE muy extraño es que se trataría del primer caso en la historia de nuestra terrible burocracia, que un gobierno corre solícito por la noche, en jet y hasta el mismo domicilio de sus proveedores para pagarles en efectivo lo que les debe; cuando la realidad y en la gran generalidad de los casos, los proveedores necesitan hacer miles de gestiones y pagar "moches" para que les paguen sus facturas.

LA REALIDAD es que todo esto huele a corrupción. No existen oficios ni órdenes de pago signados por la Secretaría de Finanzas; no consta la expedición de un cheque nominativo a los proveedores debidamente documentado y controlado por parte de la Tesorería del Estado; tampoco un recibo de recepción. No han aparecido los contratos de prestación de servicios ni las licitaciones que exige la ley para el otorgamiento de contratos a proveedores etc. etc.

PERO LO QUE NUNCA llegará a saber el pueblo de a pie, será el destino final de los sonados 25 millones de pesos; quiénes eran realmente los beneficiarios; cuál es la causa real de las entregas y los bolsillos finales a donde irían a parar esos millones. Lo más grave: ¿Cuántas operaciones del mismo tipo se habrán realizado hasta el día de hoy, pero que han sido debidamente encubiertas?

¡Para aguante, el del ciudadano mexicano!

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/2/2/corrupcion-como-divisa-275870.asp

ENRIQUE PEÑA NIETO, CANDIDATO DE LA CORRUPCIÓN

Peña Nieto, cada día se exhibe en los medios

Por José Martínez *

Se autoriza reproducción con crédito al autor

Ahora que se descubrió un desvío de 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz para la campaña de Enrique Peña Nieto, recuerdo un hecho que desató un escándalo internacional, que llevó incluso a confrontar a los gobiernos de México y Costa Rica, cuando el entonces embajador José Castelazo, al pretender defender la “honra” del profesor Carlos Hank González, lanzó imputaciones temerarias a los gobernantes de ese país: los acusó de ser representantes de la oligarquía en el poder. Castelazo fue cesado y Hank González exhibido como un depredador.

Los hechos se registraron hace un poco más de 15 años, la víspera de la derrota histórica del PRI, entonces yo investigaba las andanzas del profesor Hank por Costa Rica y descubrí una enorme red de complicidades del mítico jefe del Grupo Atlacomulco con la clase política de ese país centroamericano. El profesor había aportado ilícitamente un millón de dólares a la campaña del entonces candidato presidencial del Partido de la Unidad Social Cristiana, Miguel Ángel Rodríguez. El dinero había salido de Santiago Tianquistenco. Ese escándalo era apenas la punta de un iceberg que estaba por emerger de las cañerías de la política costarricense.

Finalmente Miguel Ángel Rodríguez concluyó su mandato y se fue a Washington como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero no terminó su encargo. Fue detenido por el FBI como un vil criminal y entregado a la justicia de su país bajo cargos de corrupción. En la historia de la OEA jamás se había dado un caso así de bochornoso.

Lo mismo ocurrió con uno de sus antecesores, Rafael Calderón Fournier, al que llamaban el “mexicano”. El ex presidente Calderón Fournier también acabó en la cárcel por sus antecedentes criminales. El “mexicano” estaba ligado al cártel de su tocayo Rafael Caro Quintero, e incluso como canciller protegió a un fugitivo de la justicia mexicana, al ex gobernador de Morelos Armando León Bejarano. Fue un acto de amor, diría la prensa rosa, pues Calderón Fournier estaba casado con Alicia, la hija del ex gobernante morelense quien era perseguido por la justicia mexicana tras haber saqueado las arcas públicas de su entidad cuando la “gobernó” –si se puede decir así.

Fuera del poder, el PRI no ha cambiado ni cambiará. Los priistas tienen en su ADN el gen de la corrupción. ¿Cuántos gobernadores se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder? Lucen sin recato su riqueza. Eso lo sabe bien Peña Nieto. Sin ir más lejos, su ex jefe y padrino político Arturo Montiel es un símbolo de la corrupción. Peña Nieto no se puede sustraer al enriquecimiento de Montiel. Peña Nieto fue el encargado de las finanzas del gobierno de Montiel. Y Peña Nieto como gobernador también hizo su “guardadito” y aún más a sabiendas de que ambicionaba la candidatura presidencial.

 

Sí algo le aprendió Peña Nieto a Hank fue seguir a pie puntillas la máxima del profesor: “Un político pobre es un pobre político”.

Todo cuanto rodea a Peña Nieto tiene un tufo a corrupción. ¿Quién se atreve a meter las manos al fuego por los ex gobernadores de Tamaulipas? Es innegable la cadena de pifias en las que ha incurrido el gobierno de Felipe Calderón. Los medios hablan de que la persecución contra los tamaulipecos huele a “michoacanazo”. Así ocurrió con Jorge Hank Rhon en Tijuana, quien finalmente terminó libre de cargos y vacunado con la potente vitamina de la “impunidad”. Es evidente que Calderón está dando palos de ciego y para variar falta que en este caso la PGR termine con su batea de baba.

Ejemplos de impunidad sobran: allí está el propio Arturo Montiel, el gober precioso (Mario Marín), Humberto Moreira, Félix González Canto y un largo etcétera de políticos que rodean a Peña Nieto y que esperan ser palomeados en algún cargo de elección popular para continuar impunes.

 

Como Pilatos, Peña Nieto se quiere lavar las manos y grita “al ladrón, al ladrón” para tratar de desviar la atención.

En Tlaxcala Peña Nieto hizo un berrinche al pretender descalificar en un mitin la investigación de la PGR contra los ex gobernadores tamaulipecos y el desvío de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz a su campaña. “Pareciera que todo lo que ocurre es culpa mía y del PRI”.

 

Ese es el Peña Nieto que cada día se exhibe en los medios. El candidato soberbio que desprecia a la cultura y quien en realidad es un desconocido para los mexicanos. No es popular pero es conocido por la magia de la televisión y que es visto más como un producto de la mercadotecnia que como una persona. Por eso promueve entrevistas a modo, complacientes y demagógicas. (¿Y usted señora, quiere ser rica o ser pobre?) Peña Nieto es producto de la mediocracia y es el candidato de la corrupción, el aspirante que representa a una clase política que no acepta la nueva realidad política del país, el país de la transición, el país cuya sociedad reclama un sistema democrático, no un estado patrimonialista, donde sus gobernantes se enriquecen y hacen gala de su nepotismo. Los que asaltan el erario y aseguran el futuro (de sus generaciones).

Tiene razón Peña Nieto al asegurar que la Biblia es uno de los “tres libros” que “marcaron” su vida, pues como en el santo Evangelio en el pasaje de San Juan, “el que no tenga pecado tire la primera piedra”.

 

Lo malo es que Peña Nieto de tantas piedras ya ha formado un cerro de señalamientos de corrupción. La campaña del PRI está más sucia y cochambrosa que un albañal.

Lo que sí es un “pecado” es que Peña Nieto cada que se habla de corrupción o que su campaña se ve impregnada o involucrada en ese tipo de señalamientos, voltea a otro lado y se hace el indignado. Peña Nieto sabe bien a bien que el PRI es un monumento a la corrupción y que él no puede sustraerse a esa condición hasta que no demuestre lo contrario.

Su campaña está contaminada y no hay remedio, ni las fumigaciones del IFE ni del Tribunal Electoral han podido limpiar al PRI.

 

Ese es el partido y ese es uno de los candidatos que sueña con gobernar a México. El candidato que hace berrinches y que en su descargo se lamenta: “Pareciera que todo lo que ocurre es culpa mía y del PRI”.

 

*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

Y la guerra al hambre ¿cuándo?

Leopoldo Gavito Nanson

Los gobiernos racionales, cuando están atentos al bienestar de sus poblaciones, se ocupan con especial cuidado de mantener activa su producción e industria agrícolas. Aunque ningún país produce la totalidad de los alimentos que consume –todos importan– se ocupan, eso sí, en producir la mayor parte la ingesta nacional habitual y mantener una reserva alimentaria para la mayor cantidad de tiempo posible. Son demasiados los casos de hambruna frescos en la memoria de los gobiernos como para permitirse la ligereza. Excepto los mexicanos. Desde los años 80 se ha desarmado continua y consistentemente toda traza que semejara algún sistema alimentario nacional.

 

La producción alimentaria de los países exportadores es asunto geopolítico sustantivo. Un alza impensada en la demanda de comestibles mundial puede provocar escasez y alzas de precios en países sin reservas suficientes. En el mejor de los escenarios, porque siempre puede conducir a la hambruna. En cualquier caso, los aumentos de precio asociados a la carencia topan por lo general con la inestabilidad política y el descontento social. Los países cuyas poblaciones dependen de estas importaciones son particularmente vulnerables. México es de ésos.

 

Los cultivos estratégicos del mundo son el arroz, el maíz y el trigo. Hace tres décadas que México importa la mayor parte de lo que consume de esos granos. De hecho, en general, el país importa 45 por ciento de los alimentos básicos y más de 70 por ciento de esas importaciones provienen de Estados Unidos. Puede suponerse sin demasiado esfuerzo intelectual el inmenso costo que eso implica para cualquier pretensión de soberanía. Ahora, con el cambio climático y la sequía, la situación no sólo pulveriza la autodeterminación, sino que pone al país frente a un peligro doble: la eventualidad de una crisis alimentaria que pudiera fácilmente escalar a hambruna, y los problemas de inestabilidad social y políticos derivados de ello.

 

Por lo pronto, hay una contracción de la oferta de granos que coincide con un incremento de la demanda, mientras que en los últimos siete años los precios de los cereales se han duplicado, por lo menos. Con la indiferencia de la administración el país pareciera enfilarse a una crisis de esta naturaleza de dimensiones mayúsculas; hace por lo menos 12 años que las decisiones gubernamentales conducen hacia un escenario así. En la presente administración las condiciones se agravan por la situación de guerra interna. Con todo, el presidente Calderón es premiado como “Estadista Global” en el Foro Económico Mundial de Davos, precisamente por aquellos poderes mundiales que han conducido a la mitad de la humanidad a la devastación de la pobreza y a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Flaco favor nos hacen esos santones de la economía al reforzar la necedad obsesa del actual gobierno.

 

El liderazgo de Felipe Calderón desde el penoso inicio de su administración encaminó al país a la violenta polarización de los cárteles de la droga. No hay indicios de que en los 11 meses que le quedan pudiera haber algún cambio en su manera de lidiar con el problema. El sábado pasado el general Jorge Carrillo Olea retomaba en su artículo de La Jornada la confesión que hizo FCH al presidente español Aznar: “Al momento de tomar la decisión no tenía idea de las capacidades del crimen para expandirse, ni de las limitaciones de las fuerzas, ni de la magnitud de la corrupción”.

 

Desde 500 años antes de la era actual, el general y pensador chino Sun Tzu había resumido los principios elementales del uso de la fuerza militar y sus reglas en un pequeño libro de no más de 200 páginas. Karl von Clausewitz hizo algo con profundidad filosófica similar luego de sus experiencias en la guerra contra fuerzas napoleónicas: De la Guerra. Claramente Calderón nunca se tomó la molestia de consultarlos antes de iniciar y bautizar su guerra contra el narco. De ahí la confesión a Aznar, quien la filtró al embajador estadounidense en España y terminó en Wikileaks.

 

En cinco años la violencia no sólo no ha disminuido como era el objetivo, sino que se ha incrementado a escala geométrica. No se han recuperado territorios ni espacios públicos como dice la propaganda gubernamental; por el contrario, se pierden. Expertos y académicos calculan que las organizaciones criminales tienen control por lo menos en 70 por ciento del territorio nacional. En 2001 el control territorial era 31 por ciento del territorio. El dato no puede ser más revelador de lo que han significado la suma de gobiernos priístas neoliberales con las administraciones panistas. Entre el moderno PRI de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto y el panismo no hay un problema ideológico ni de concepción con el panismo pragmático de los Fernández de Cevallos o los Calderón. 30 años continuos en que además de empobrecer al país, junto con más de la mitad de la población y ponerlo al borde de la emergencia alimentaria y la pulverización de la soberanía, lo han sumido en un conflicto armado que en varias dimensiones alcanza la clasificación de tragedia humanitaria. La proporción de territorio nacional en control criminal coloca al país en el nivel de los conflictos armados africanos. Ni los horrores ni las matanzas son distintos.

 

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120130_132553_274&seccion=7

Aparece Juan Lavín con daño patrimonial

• Huiloapan y Soledad Atzompa dentro del grupo de 80 ayuntamientos con daño patrimonial.

Felipe Villanueva.

XAPALA VER.- En la sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional, el Congreso del Estado, no aprobó las cuentas públicas de al menos ochenta ayuntamientos del ejercicio 2010, estas irregularidades financieras e inconsistencias administrativas, arrojaron esta vez un monto de los 809 millones 953 mil 453.92 pesos, mientras que de tres entidades para municipales se registró un desvío por dos millones 329 mil 182.54 pesos.

 

De las administraciones 2008-2010 con estas irregularidades aparecen municipios como Córdoba con un daño patrimonial de 48 millones 845 mil 452.19 pesos cuto trienio sostuvo Juan Antonio Lavín Torres . Asimismo este ayuntamiento cordobés vuelve a aparecer con daño patrimonial como entidad para municipal dentro de las tres señaladas; como son las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento, ahí se nombraron a Córdoba con 674 mil 710.75 pesos, Coatepec con Un millón 292 mil 67.40 pesos, así como La Antigua con 362 mil 404.75 pesos.

 

Dentro de la zona centro se contaron a municipios como Carrillo Puerto con un daño patrimonial de 10 Millones 178 mil 93.68 pesos, así como la ex administración panista del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc con un daño de 10 Millones 898 mil 30.40 pesos, El ayuntamiento 2008 -2010 que tuvo como alcalde al conocido "Tito" aparece con un desvío de 8 millones 600 mil 820 .77 pesos. Del mismo modo se encontró a Tezonapa con desvío de 11 millones 243 mil 46.28 pesos sin dejar a un lado a Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica con un desfalco de 11 millones 925 mil 894.26 pesos.

Asimismo el Congreso del estado enlistó en la Comisión de Vigilancia con irregularidades a ayuntamientos 2008-2010 a Las Choapas con 57 millones 55 mil 272.49 pesos; Soledad de Doblado, 40 millones 782 mil 963.08 pesos; Álamo-Temapache, 28 millones 920 mil 654.02 pesos; Tecolutla, 28 millones 48 mil 389.84 pesos y Tuxpan, 37 millones 103 mil 795.86 pesos. Catemaco, 26 millones 465 mil 435.16 pesos; Yecuatla, 21 millones 140 mil 806.42 pesos; Texcatepec, 18 millones 105 mil 920.07 pesos; Tempoal, 16 millones, 68 mil 612.91 pesos; San Rafael, 17 millones 582 363.38 pesos; Naolinco, 15 millones 863 mil 149.30 pesos; Gutiérrez Zamora, 14 millones 376 mil 584.29 pesos; Tlachichilco, 12 millones 830 mil 120.65 pesos; Sayula de Alemán, 12 millones 47 mil 299.99 pesos y Mecatlán, 6 millones 55 mil 502.76 pesos, Jalacingo con 11 millones 503 mil 214.16 pesos; Cosoleacaque, 11 millones 655 mil 136.27 pesos; Ángel R Cabada, 8 millones 628 mil 376.07 pesos y Ayahualulco, 6 millones mil 637.36 pesos, parte de los 80 municipios enlistados.

 

Para los efectos legales consecuentes el Órgano de Fiscalización Superior ORFIS recibió instrucciones para inicie la fase de determinación de responsabilidades; fincar indemnizaciones y sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2010; ya que con esto se afecta a Hacienda en 80 ayuntamientos; del mismo modo a los órganos de control interno, recibieron instrucciones para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones y, en su caso, sustancien el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo informar al Congreso del Estado y al ORFIS sobre los procedimientos abiertos y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

 

 http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?p=orizabaenred&b=VERNOTICIA&{num}=94551

El Baldón: Política primero, tu hambre… Después

Por José Miguel Cobián

Es increíble lo absurdo del comportamiento de los gobernantes en México. Su ambición política los hace distorsionar el criterio y considerar lo más ridículo como algo cuerdo y lo razonable como algo imposible de llevar a cabo.

No sé si en otros países sucede lo mismo, cuando menos en USA he visto que la agenda político va por encima incluso de la vida de los estadounidenses, como en el caso de las guerras iniciadas para lograr la reelección de un presidente o la próxima contra Irán si se observa que Obama pierde puntos contra el republicano que resulte candidato.

En México nuestro estado benefactor, nuestros funcionarios de figura paterna que nos resuelven todos los problemas a los que nos enfrentamos, los superhéroes que llegan cuando el pueblo más los necesita, siempre nos desilusionan con sus absurdas prácticas políticas y burocráticas.

¿A dónde quiere llegar el desventurado columnista? Lleva mucha perorata y no ha tocado el tuétano del asunto, se pregunta el corrector de estilo y el amable lector. Ante tanta presión quien esto escribe no tiene más remedio que descubrir el velo que hasta este párrafo ha tratado de ocultar.

Hay sequía en 20 estados del país. La sequía es la más dura en los últimos 70 años, según las propias autoridades. Agricultores y ganaderos están a niveles de hambre –se habla de suicidios por hambre en la sierra tarahumara-, la secretaría de hacienda afirma que hay una enorme bolsa de recursos para apoyar a los productores afectados, pero… el dinero no fluye y los días pasan.

El gobierno federal tiene dinero y no quiere entregarlo directamente a los gobernadores, ante la posibilidad (muy real por cierto) de que éstos, usen esos recursos para ayudar a la gente, pero también para promover electoralmente a sus candidatos y partidos políticos. Los gobernadores están urgidos de recibir esos recursos para entregarlos a la población cuya conducta ya raya en la desesperación y no los reciben, porque el cálculo político de la federación es que no es el momento adecuado y habrá que esperar hasta que se realicen las elecciones.

Visto lo anterior, tal parece que el hambre, los campos, los ciclos agrícolas, las reses a punto de morir, etc., todos ellos tendrán que esperar hasta julio para ser socorridos, pues en este país por encima del bienestar de los ciudadanos se privilegian las agendas políticas de los funcionarios que toman decisiones y de los partidos de dichos funcionarios.

Así de triste es nuestra realidad, misma que no sentimos tan dura en Veracruz porque aquí la sequía no ha pegado, aunque ya tuvimos la experiencia de tener que esperar más de un año, los recursos del fonden (ese fondo para remediación de efectos de desastres naturales), porque a pesar de las necesidades de la gente, el aspecto burocrático es lo más importante para los funcionarios que deben entregar esos recursos para reconstrucción de zonas de desastre y apoyo a ciudadanos afectados por esos mismos desastres.

Debido a que esta forma de actuar y manejar los dineros que son de todos los mexicanos por parte de los funcionarios públicos no va a cambiar en el corto plazo, hay que rogar a Dios que no suceda otro desastre natural antes de las elecciones y que los huracanes que afecten nuestro estado no caigan en fechas cercanas a elecciones, (por cercano considero año y medio o menos), porque aunque por ley se deben usar recursos ya etiquetados por el congreso para paliar los daños, la realidad implica que no van a llegar hasta que los tiempos políticos sean favorables, como si el sufrimiento y el hambre de la gente pudieran esperar seis meses, un año o dos.

http://www.josecobian.blogspot.com/      miguelcobian@gmail.com
 @jmcmex

“UN ENGAÑO EL SEGURO POPULAR”: DERECHOHABIENTES

Tras el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Fe lipe Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal

El presidente Felipe Calderón y el gobernador Roberto Borge.

Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autores

Cancún, Q. Roo., a 31 de enero de 2012

La escena ya es conocida: durante su visita al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el 12 de enero pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos, Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el buen uso de los recursos.

Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estaba junto al presidente y recrea el tenso momento. Detalla que Calderón volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo interrogó: “a ver señor gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador respondió: “nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.

Después caminaron y sostuvieron una breve plática en privado. “Yo creo que el presidente dio una indicación puntual a la Secretaría de Salud federal porque algo va a resultar de esta situación”, asegura la delegada federal.

Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la importancia de poner candados a los recursos federales, pues al menos en el tema de salud, no cuentan con delegados atentos a cada programa.

De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para la operatividad del Seguro Popular.

De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y con salvedad para 18. Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta de transparencia de las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para que se presenten las solicitudes de recursos; la resolución acerca de la viabilidad de los proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de informes de los recursos y la formalización de los convenios de colaboración con las entidades federativas.

Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes que denunció ante el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto le habían pedido 106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen que hay Seguro Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y son 106 pesos, me cobraron”.

 

El mandatario federal explicó, ante la mirada de la agraviada y el gobernador, que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar el programa, destinar la infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a revisar”, comentó y señalando al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar la salud”.

En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal, aprovechó la oportunidad para hacer un señalamiento al secretario de Salud en Quintana Roo, Rafael Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge. “Recuerden que bajamos mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para que cumplan con el objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en el Hospital Morelos. “Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal paga una cantidad al estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo, recibirá unos mil 300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para, precisamente, poder mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que prestan ustedes”, declaró.

Es inimaginable que un programa federal (que para este año contará con un presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo deficiencias no sólo de carácter social, sino administrativo, tan así que el secretario de Salud del estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y transparente en el ejercicio de estos recursos.

 

La opacidad en el uso de los recursos

Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la asociación Fundar y Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación para detectar las partes más vulnerables de este programa.

De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento provoca es el que se refiere para el acceso efectivo a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran que el 94.8 por ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus propios recursos los medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; el 29.9 por ciento consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por ciento manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.

Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad federativa, es la Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los ejecuta y evalúa su efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha sido criticado por varios legisladores, dado que les entregan recursos a los estados sin una manera eficaz de poder auditarlos.

Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita cientos de personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para constatar el descontento entre la población por el mal trato y la queja más recurrente: la falta de medicinas.

 

Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no entender por qué, además de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren cobrar. “Me tengo que trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no haya medicinas, prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los medicamentos bien baratos”.

 

María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital General. Ingresó a su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le daba razón de ella. “El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la atención es muy mala, son muy déspotas”.

 

La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el Seguro Popular, sin embargo, coincide en señalar el mal servicio en las clínicas de salud. “Te dan la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes formarte desde las tres de la mañana, eso no se vale”.

Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún y encargado del Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González, señala por su parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que cubre este seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.

Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las transfusiones de sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además, cuando se necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el estado, se les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no puede pagar.

 

Asimismo, explica que existen personas que llegan a afiliarse a pesar de contar con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y viene a sacar su seguro”, lo cual, es claramente violatorio al reglamento, pero aclara que no hay forma de conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.

 

“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no podemos saber si cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le niega el servicio, además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces que la gente está asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar González.

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha consignado ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del Seguro Popular existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos”.

Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.

 

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas, señala que durante las visitas a las regiones rurales más necesitadas, como parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la gente es en materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que nunca llegan, esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”, relata.

 

“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el estado, hago énfasis que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus esfuerzos; ellos son los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con mil 300 millones se puede hacer que los médicos estén oportunamente en las localidades, la gente tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.

Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia de salud y bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso también tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.

Nadie está exento

 

Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos, la delegación de la Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no están exentos de caer en irregularidades con intermediarios que extorsionan a la población para sacar beneficio propio o asignarles a discreción estos recursos a particulares.

 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el estado los programas 70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83 millones 948 mil 324 pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en 608 millones de pesos.

 

En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el que más impacto tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones de pesos asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.

 

La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico del municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200 inmuebles con el programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes panistas, además dejó en evidencia que más de tres integrantes de una misma familia recibieron el apoyo.

 

Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el del ex diputado local del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo, Rogelio Márquez Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a través de una empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de beneficiarios de las viviendas otorgadas por la Sedesol .

De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de personas que se asumen en las comunidades como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr un trámite efectivo en cuestión de vivienda.

 

Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el control de los recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia constante y no siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del organismo.

“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo de no ejecutarse”, afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma una contraloría social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan dando el seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las visitas.

Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como Benito Juárez, se mostraban reticentes a apoyar en la implementación de programas para construir habitaciones populares.

 

El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal, “pichicatea” con criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué manera.

 

En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos problemas con los programas sociales federales que competen a los tres niveles de gobierno. En principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un análisis de cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a las necesidades de Cancún.

 

Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue la hecha por Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo, quien denunció que los recursos y programas operados por la Sedesol se utilizaban con fines electorales y pidió al Congreso de la Unión que se auditara a la delegación.

 

Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta acusándolo de “difamador” por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En su momento hicimos el señalamiento y estamos recabando la información para tomar acciones contra estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo los enfrentará “No voy a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a hablar en su momento y no vamos a caer en la confrontación pues se trata de aumentar el nivel de debate”, juzga.

¿Qué es el seguro popular?

Este programa federal fue implementado durante el sexenio del presidente Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos de la población más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El programa piloto inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y Campeche.

En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002, pero fue hasta 2004, una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en vigor a nivel nacional y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil millones de pesos al programa con la intención de que atendiera a la mayor parte de población que carecen de estos servicios.

El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que están relacionadas con especialidades como ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud mental, adicciones y urgencias. Además de acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y cirugía general.

Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no contar con ningún otro seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota familiar dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico y que comprende 10 niveles, de los cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los siguientes 6 van desde 2 mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos.

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