Fernando Inés Carmona
Astacinga, Ver.- En esta sierra, la procuración e impartición de justicia no existe para las mujeres indígenas, “es letra muerta”. Es más, la discriminación de género provoca que las denuncias interpuestas en instancias judiciales “estén estancadas” y, en el peor de los casos, sean los propios alcaldes e incluso presidentas municipales “las que les nieguen el auxilio, aun cuando se trate de agresiones a balazos”.
En este sentido, Juan Vega Zamudio, vicepresidente del centro pro derechos humanos Voces de las Altas Montañas, expone a La Jornada Veracruz tres casos “de los muchos que existen en el anonimato” de mujeres que no sólo son objeto de agresiones físicas y emocionales sino que, incluso, en el Ministerio Público son marginadas por el simple hecho de ser mujer.
El primer caso trata de una mujer del municipio de Astacinga, ella se llama Agustina, prefiere omitir los apellidos, “primero le fue negado su derecho a recibir alimentos para sus tres menores hijos, después fue robada, acosada, detenida arbitrariamente cuando defendía su único patrimonio”.
La historia no termina ahí, “ahora fue baleada por la espalda y el hecho de que aún esté con vida habla de su fortaleza como mujer. Su principal agresor tuvo que recurrir a la sombra de la noche para atacarla, junto con otras personas más, de manera alevosa”.
Lo grave de este caso es que meses antes de la agresión “pidió el apoyo de servidores públicos de su municipio pero por el hecho de ser mujer la menospreciaron y cuando denunció los hechos fue víctima de trámites e investigaciones que ahora permanecen rezagadas”.
Otro caso: “Josefina es una mujer campesina de casi 80 años de edad, a su edad siembra en su parcela alimentos para su autoconsumo. Ella debe defender terrenos de su propiedad, pero para hacerlo debe caminar hasta dos hora y media para llegar a las oficinas del Ministerio Público porque en su comunidad no encuentra el apoyo del ayuntamiento”.
El último caso, se trata de María Salomé. Ella caminaba junto con su hijo en brazos rumbo al jardín de niños, fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Quedó inconsciente con la pelvis y piernas rotas. Su marido tuvo que hipotecar su terreno para garantizar el pago de sus curaciones, además de comprar una silla de ruedas. Los hechos fueron denunciados pero desde hace ocho meses no se le dio el curso correspondiente. La denuncia está estancada sin que el responsable sea consignado”.
Ante esto, se autopregunta: ¿es normal que una investigación dure tanto tiempo? O ¿tendrá algo que
ver que la víctima es una mujer indígena?
Esta situación es resultado de la vulnerabilidad derivada de la impunidad con la que se conducen hombres cobardes, pero además por la ineptitud con la que se imparte y procura la justicia en la sierra de Zongolica.
