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| AMPUDIA Y DUARTE |
El subsecretario de Gobierno del estado, Enrique Ampudia Mello, le es fácil lanzar una amenaza en contra de los ciudadanos que se manifiestan para exigir que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa cumpla con obras de infraestructura. Luego de los bloqueos que se están realizando en el sur de la entidad, el funcionario advierte que hay un límite de tolerancia pues argumenta que estos no pueden lesionar los derechos e intereses de muchos ciudadanos, pero estos deben de soportar el detrimento que la autoridad produce a todos los veracruzanos por su incapacidad para ejecutar obras y sobre todo por el hurto al erario público provocado por tres niveles de gobierno.
No se sabe a qué grado llegarán las autoridades para detener las miles de inconformidades que se están originando a falta de obras. Y es que los ciudadanos no tienen culpa alguna, sólo están haciendo uso de su libertad de manifestarse luego de que muchos caminos no han sido considerados –ni de broma- por parte del ejecutivo estatal, dentro de su plan de obras anual.
Para Ampudia Mello le parece un exceso que diversos grupos de inconformes hagan bloqueos permanentes e impidan el libre tránsito vehicular originando millonarias pérdidas económicas tanto para los transportistas quienes trasladan diversos materiales a todo el territorio veracruzano; como también, al sector del transporte de pasajes. Otras pérdidas bastante considerables se han producido en las casetas de peajes, en donde dejan de percibir millones de pesos producto de los costosas tarifas impuestas a los automovilistas.
Las preguntas al subsecretario de Gobierno, son:
¿Y no resulta también un exceso por parte de las autoridad estatal su evidente incapacidad para destinar recursos para la proyección de obras de infraestructura en el estado?
¿Quién castigara a la autoridad por el hurto y endeudamiento de la entidad veracruzana?
¿Tendrán mano dura en contra del gobierno estatal o de quien resulte responsable, por la corrupción evidente al interior del gobierno estatal?
Es sencillo que el gobierno del estado intente ocultar su evidente incapacidad para destinar recursos para la ejecución de obras, debido el dispendio a manos llenas por parte de cada uno de sus subordinados y por el propio ejecutivo estatal, que derivado de todo esto exista un hartazgo social, Pero aun así, Javier Duarte de Ochoa -a través de séquito- quiera que el pueblo este conforme de este atrocidad perpetrada en su contra y de todo el territorio veracruzano, y no se manifiesten de ninguna forma. Al final, el gobierno estatal comprende que este tipo de manifestaciones deja evidencia de la inconformidad social ante la autoridad federal, poniendo en tela de juicio todo aquello que él ha manifestado al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quedando con un mentiroso.
Definitivamente la situación que aqueja al estado es totalmente crítica. Sólo a través de los ojos del gobernador en turno, se ve “el progreso” y “la prosperidad”; mientras la cruda realidad salte a la cara en cualquier municipio, localidad o congregación que conforma el territorio veracruzano.
Porque no hacen conciencia y realmente se ponen a trabajar para que los ciudadanos no estén inconformes. El proceder en contra de los veracruzanos, con la finalidad de imponerse y sobre todo generar pánico por un derecho legal a manifestarse, no es una acción que ampara nuestra Carta Magna y se puede decir, que es arbitrario y excesivo por parte de la autoridad.
ARTICULO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2012. VIGENTE.
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