26 de mayo de 2013

PADRES DE FAMILIA DE VEINTE JÓVENES DESAPARECIDOS PIDEN APOYO A GOBIERNO

PLUMAS LIBRES
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Xalapa, Ver. Padres de familia exigen respuestas al gobierno estatal por la desaparición de sus hijos registradas en las últimas semanas en esta ciudad capital de Veracruz.
Con pancartas en mano se plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir  al mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa atender la situación que se ha salido de control en esta ciudad, y se ordene mayor presencia de la Marina Armada de México, pero sobre todo agilizar la búsqueda de sus hijos desaparecidos.
Y es que los últimos días, nuevamente en esquinas de comercios en la ciudad, son evidentes carteles con las fotografías de jóvenes que han desaparecido, donde sus familiares aportan teléfonos y dirección para que alguien les pueda proporcionar alguna información.
Ante dicha problemática, cerca de 20 familiares de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes entre los 15 y 21 años de edad, piden el apoyo de las autoridades ya que a la fecha no saben nada del paradero de sus hijos.
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El caso más reciente es el relacionado con el joven Daniel Josué Ceballos, quien fue visto por última vez,  cerca de la Central de Autobuses de Xalapa.
Su madre la señora Juanita Alba y su hermana Abigail Ceballos quienes se manifestó junto con más afectados, recordaron que el muchacho desapareció desde el fin de semana pasado y a la fecha no sabe nada y nadie se ha comunicado para pedir rescate, por lo delicado del caso la Procuraduría General de Justicia del Estado,  les pidió no decir mucho al respecto. Señaló.
La preocupada y triste madre,  indicó que su hijo salía de entrenar de la USBI en la Universidad Veracruzana (UV), y tomó un taxi de regreso a casa y ya no llegó, el joven no le informó el número de la unidad que abordaría, solo le comento que iba a bordo de un taxi.
Los familiares y amigos de personas que han desaparecido, piden al gobierno del estado actuar. Los casos de jóvenes que ya no regresan a sus casas,  van en aumento y ya no hay confianza para transitar por las calles de Xalapa ante el incremento de la inseguridad en general.
Autoridades atienden a los manifestantes.
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A través de un comunicado autoridades informaron que familiares y amigos del joven Daniel Josué Ceballos Alba, quien “presuntamente desapareció” desde el día 20 de mayo en esta ciudad capital, fueron atendidos por el director general de Gobernación, Rogelio Hernández Madrid; la directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, Mireya Toto Gutiérrez, y los representantes de la Unidad Integral de Atención de Denuncias del Ministerio Público, quienes dieron pronta respuesta sobre la localización del joven mencionado.
“En la reunión celebrada en el salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, se descartó la existencia de 21 casos de desaparición de personas en la capital, como expresaron los manifestantes, reiterándose el compromiso del Gobierno del Estado de mantener los operativos de vigilancia en esta ciudad y en todo el estado, bajo el esquema de operación conjunta en la que participan la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Ejército y la Marina-Armada de México, como parte de la operación coordinada Veracruz Seguro“, señala el comunicado.
En el transcurso de la reunión, en la que sólo se trató la desaparición de Daniel Josué Ceballos Alba, se pudieron conocer algunos datos con respecto a la localización del joven y el pronto retorno a su domicilio, informaron las autoridades.
PLUMAS LIBRES

DEL “MATAINDIGENTES” AL ALCALDE DE BOCA DEL RÍO: DISCRIMINACIÓN CONTRA INDIGENTES RESURGE CON EL APOYO DE LOS AYUNTAMIENTOS


El 13.3% de la población vive en la indigencia. Foto: Cuartoscuro
El 13.3% de la población vive en la indigencia. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- En enero de 1989 la ciudad de Guadalajara fue testigo del inicio de una inusual cadena de asesinatos que afectaba a uno de los grupos más vulnerables de la entidad: los indigentes. Una mañana del primer mes de ese año las autoridades encontraron a un indigente que acurrucado intentaba resguardarse del frío, su cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza, había sido la primera víctima de llamado “Mataindigentes”, un personaje misterioso que entre enero y marzo de 1989 ejecutó a nueve personas que vivían en las calles de la capital tapatía. Nunca se supo su nombre ni se ejerció ningún tipo de acción penal en su contra, pero la indigencia en nuestro país y la discriminación hacia este grupo fueron en aumento. 

La situación económica que se vive el en país desde hace seis sexenios ha arrojado cada vez a más personas a las calles, principalmente niños y adultos mayores, como indican estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). 

En el país existen aproximadamente 940 mil indigentes, cerca de 13.3 por ciento de la población, cifra muy por encima del 11 por ciento en promedio de la región. El polémica sobre la discriminación a la indigencia en el país resurgió esta semana cuando el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, aprobó por unanimidad sancionar y retirar de las calles a “limpiaparabrisas, franeleros, vendedores ambulantes, migrantes, malabaristas, indigentes, menores de edad, así como toda clase de personas que soliciten dádiva o dinero en la vía pública”. 

El Gobierno Municipal, encabezado por el priista Anselmo Estandía Colom, avaló la medida bajo el argumento “del incremento de hechos delictivos generados principalmente en áreas donde se congrega este sector”. Por medio de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento informó que va a “regular todo tipo de actividades de personas que pertenezcan a grupos vulnerables que soliciten dádivas o dinero en la vía pública, o realicen cualquier actividad comercial o voluntaria, que ponga en riesgo su propia seguridad o de los demás ciudadanos”. 

LA “LIMPIEZA SOCIAL” 

Boca del Río no es el único caso, Guadalajara es otra de las alcaldías que ha intentado ocultar a los indigentes: con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos de octubre de 2011, el cabildo tapatío analizó una propuesta de “reordenamiento humano”, que generó fuerte polémica al buscar retirar del centro de la ciudad a indigentes, vendedores ambulantes, prostitutas y homosexuales durante la justa deportiva. 

El entonces alcalde priista y ahora Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval,  aseguró en su momento que todo fue una malinterpretación y advirtió que cualquier funcionario intolerante sería sancionado. “Es una información que se tergiversó, cualquier funcionario en mi Gobierno que atente o utilice una actitud de abuso será despedido”, dijo Sandoval, según publicó el periódico 

El Informador. En marzo de 2009, el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la jefatura del perredista Marcelo Ebrard, el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal acusaba que gracias a las recomendaciones hechas por el ex Alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para mejorar la administración metropolitana, ejercer la mendicidad se había convertido en motivo de infracción. 

Lo que obligó a niños y jóvenes a pernoctar de manera intermitente en hoteles de paso que cobraban 50 pesos la noche, esto motivó otro tipo de explotación hacia este grupo vulnerable: la prostitución. De enero de 2005 a diciembre de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 94 quejas por presuntas violaciones a garantías de personas en situación de calle, derivadas de la llamada “limpieza social”, emprendida por la autoridad capitalina. 

DISCRIMINACIÓN Y DETENCIONES ARBITRARIAS 

Otras alcaldías también han sido acusadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos de tener una lucha permanente en contra de la gente que vive en la indigencia: Acapulco, Guerrero, que por ser una playa turística ha involucrado a grupos civiles en la identificación y agresión a poblaciones callejeras, a través de la llamada “patrulla ciudadana”. Xalapa en Veracruz, donde se priva de la libertad a niñas, niños y familias enteras indígenas chiapanecas que viven en las calles para “repatriarlos” a sus municipios de origen. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también se ha prohibido la presencia de niñas, niños y familias indígenas que venden artesanías, bajo amenaza de arresto administrativo. Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la policía municipal realiza detenciones arbitrarias contra limpiaparabrisas y poblaciones callejeras, para abandonarlos luego en el desierto, ocasionando la muerte de varios de ellos. Igualmente, en Michoacán, jóvenes vinculados a grupos del crimen organizado se divierten disparando y asesinando a adultos mayores callejeros indigentes, sin que medie investigación alguna de parte de las autoridades.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/26-05-2013/632819

LA CLASE POLÍTICA HEREDA EL PODER A LOS JUNIORS


Claudia Ruiz Massieu. Foto: Benjamín Flores.
Claudia Ruiz Massieu. Foto: Benjamín Flores.
Están predestinados para ostentar el poder, sean cuales sean sus capacidades profesionales o intelectuales. Son los cachorros de los cachorros, no sólo de la Revolución sino de la contrarrevolución, integrados a una estructura burocrática hereditaria. Ahora se enquistan en la administración de Enrique Peña Nieto, heredero él mismo de esa élite.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si el poder en México se configuró a partir del reparto del botín revolucionario y se prolongó en los “cachorros de la Revolución” –la identificación que Vicente Lombardo Toledano dio a Miguel Alemán Valdés en 1946 y sirvió para referirse a los herederos de la hegemonía política–, en el siglo XXI todo sigue en manos de las descendencias: Los cachorros de los cachorros de la clase política.
Entre los nuevos funcionarios federales hay parientes de expresidentes, hijos de exsecretarios de Estado o de extitulares de las paraestatales, integrantes de familias con poder caciquil en los estados por vía política o empresarial.
El caso paradigmático tiene un nombre, el que designa a una ciudad muy pequeña –de menos de 100 mil habitantes– pero que es centro de convergencia de un puñado de familias unidas por relaciones políticas y consanguíneas, al estilo feudal, que son núcleo del poder y la riqueza del régimen priista: Atlacomulco.
Con seis décadas ostentando el poder en el Estado de México, los integrantes del llamado Grupo Atlacomulco han sido secretarios de Estado, subsecretarios, titulares de paraestatales y gobernadores, y sin menoscabo del poder local alcanzaron en 2012 un añejo anhelo: la Presidencia de la República.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1908, ya en circulación)

25 de mayo de 2013

EXIGE EPR PRESENTACIÓN DE EDMUNDO Y GABRIEL, A SEIS AÑOS DE DESAPARICIÓN


El grupo armado cuestiona el ‘terrorismo de Estado’ y rechaza ‘el papel cómplice que juegan los que se dicen de izquierda’
Ignacio Martínez Platas
Agencia JM

Oaxaca.- (www.agenciajm.com.mxA seis años de la detención-desaparición de los presuntos eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario a través de la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario, (CG-EPR) emitió éste día un comunicado en el que califica éstos hechos como “un crimen de lesa humanidad, al igual que los más de 60 mil que existen en el país y que permanecen impunes y bajo el silencio ominoso del gobierno mexicano”.

Tras afirmar que el  objetivo que persigue la política de gobierno es el desgaste, cansancio y el olvido de quienes luchan por la presentación de los detenidos-desaparecidos, el documento fechado éste viernes 24 de mayo, señala que “la detención-desaparición forzada ya sea por motivos políticos o sociales es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, independientemente de los funcionarios en turno, de los ejecutores materiales y autores intelectuales”.
Al cumplirse hoy los seis años de la desaparición de los dos presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) la comandancia general del grupo armado, responsabiliza al presidente Peña Nieto, a todas las instituciones y a sus funcionarios,  al desarrollar una política criminal premeditada.
Asimismo condena la perversidad para mantener la impunidad e inmunidad de autores intelectuales y materiales; el burocratismo, el hostigamiento y la revictimización constante de amigos y familiares de todos los presos y desaparecidos.
Con ello, agrega, el actual gobierno pretende eludir su responsabilidad jurídica y política, por tanto histórica, y más adelante señala  que el gobierno de Peña Nieto al igual que Felipe Calderón recurre al terrorismo de Estado, como forma específica de opresión al pueblo, para inhibir conciencias y la protesta popular, y con ello paralizar la movilización de amigos, familiares, compañeros y sectores del pueblo que reclaman la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.
El comunicado señala que los detenidos-desaparecidos son parte del pueblo, sin distinción de banderas y trincheras políticas, de su origen y condición social, por lo que el crimen de Estado constituye un agravio permanente hacia el pueblo, herida que no cicatrizará hasta verlos con vida y en libertad.
Añade que “la exigencia de su presentación con vida, con nombre y apellido, es un deber de todos aquellos quienes nos asumimos como mujeres y hombres progresistas, luchadores sociales y/o revolucionarios, en ésta noble lucha no hay lugar al miedo, al cansancio, mucho menos la renuncia y abandono de esta exigencia popular”. 
Asimismo rechaza el papel que juegan los que se dicen de izquierda, comunistas y revolucionarios, al guardar silencio cómplice, doblar banderas para negar la solidaridad por la militancia política del detenido-desaparecido y hacer eco de la criminalización que hace el Estado, contribuyendo por comisión u omisión a los mismos objetivos de éste: desacreditar, deslegitimar para aislar, asesinar y olvidar.

COMUNICADO DEL PDPR-EPR SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA


[México] Comunicado del PDPR-EPR sobre la desaparición forzada

por Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
A seis años de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, crimen de lesa humanidad al igual que los más de 60 mil que existen en el país permanecen impunes y bajo el silencio ominoso del gobierno mexicano.

AL PUEBLO DE MEXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PAIS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La detención-desaparición forzada ya sea por motivos políticos o sociales es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, independientemente de los funcionarios en turno, de los ejecutores materiales y autores intelectuales, sin importar jurisdicción y territorio donde se cometa, la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el Estado mexicano, sus representantes y administradores en turno. Política de Estado que va más allá de los tiempos sexenales y del color que tome el partido político electoral burgués en la junta administrativa en turno.

A seis años de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, crimen de lesa humanidad al igual que los más de 60 mil que existen en el país permanecen impunes y bajo el silencio ominoso del gobierno mexicano. El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto es corresponsable directo al representar al Estado mexicano actualmente.

Peña Nieto, todas las instituciones y sus funcionarios, también son responsables al desarrollar una política criminal premeditada donde la indolencia, la manipulación de la información y los sentimientos de los familiares de las víctimas; la perversidad para mantener la impunidad e inmunidad de autores intelectuales y materiales; el burocratismo, el hostigamiento y la revictimización constante de amigos y familiares son política de gobierno cuyo objetivo que persigue es el desgaste, cansancio y el olvido de quienes luchamos por la presentación de los detenidos-desaparecidos.

¡El actual gobierno pretende eludir su responsabilidad jurídica y política, por tanto histórica! El gobierno de Peña Nieto al igual que el genocida de Calderón recurre al terrorismo de Estado como forma específica de opresión al pueblo, para inhibir conciencias y la protesta popular, con el propósito de paralizar la movilización de amigos, familiares, compañeros y sectores del pueblo que reclaman la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.

Los detenidos-desaparecidos son parte del pueblo sin distinción de banderas y trincheras políticas, de su origen y condición social, crimen de Estado que constituye un agravio permanente hacia el pueblo, herida que no cicatrizará hasta verlos con vida y en libertad. La exigencia de su presentación con vida, con nombre y apellido, es un deber de todos aquellos quienes nos asumimos como mujeres y hombres progresistas, luchadores sociales y/o revolucionarios. En esta noble lucha no hay lugar al miedo, al cansancio, mucho menos la renuncia y abandono de esta exigencia popular.

Nefasto papel juegan los que se dicen de izquierda, comunistas y revolucionarios al guardar silencio cómplice, doblar banderas para negar la solidaridad por la militancia política del detenido-desaparecido y hacer eco de la criminalización que se hace desde el Estado contribuyendo por comisión u omisión a los mismos objetivos de éste: desacreditar, deslegitimar para aislar, asesinar y olvidar.

En la lucha por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos toda forma de lucha es válida y legítima para que no se sigan cometiendo estos deleznables crímenes de lesa humanidad, se juzgue a los responsables y se presente a todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales del país.

Un saludo revolucionario y un sincero reconocimiento a quienes han roto todo tipo de barreras al sumar esfuerzos para exigir la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy; de manera específica a los que nos han dado su valioso apoyo al exigir la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que a pesar del hostigamiento del aparato de inteligencia y represivo no han dudado ni se han detenido en brindar su solidaridad.


¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR¡
¡El EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR

Año 49.

SACARÁN DE LAS CALLES Y CASTIGARÁN A INDIGENTES EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ


Indigentes duermen en el Centro Histórico. Foto: Eduardo Miranda
indigentes duermen en el Centro Histórico. Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Argumentando motivos de seguridad pública y protección civil, el ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz aprobó por unanimidad regular todo tipo de actividades de personas que pertenezcan grupos vulnerables que soliciten dádivas o dinero en la vía pública como ambulantes, franeleros, limpiaparabrisas, menores de edad, indigentes y malabaristas.
“Estas actividades son infracciones al orden público y serán sancionadas por el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Boca del Río,  independientemente de la responsabilidad civil o penal que en su caso proceda”, se acordó en sesión de Cabildo.
En la reunión se aprobó que las personas antes mencionadas sean retiradas de las calles con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, ya que en los últimos días se han registrado ataques a transeúntes en zonas “donde se congrega este sector”, indica un comunicado del municipio.
Las autoridades indicaron que se tomó la decisión de regular estas actividades ante “diversas” quejas ciudadanas y por
Para retirar de la vía pública a las personas a quienes menciona la disposición, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Anselmo Estandía Colom, solicitará la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
FUENTE. PROCESO

REFUTAN A JAVIER DUARTE: MIGRANTES NO RIÑERON, FUERON ATACADOS POR CRIMINALES


Un grupo de migrantes en Coatzacoalcos. Foto: Noé Zavaleta.
Un grupo de migrantes en Coatzacoalcos. Foto: Noé Zavaleta.
LAS BARRANCAS, Cosoleacaque, Ver. (proceso.com.mx).- A través de un perifoneo “urgente” en la calle principal de la congregación de Las Barrancas, en el municipio de Cosoleacaque, sus habitantes se enteraron que migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, habían sido asaltados a bordo del tren en la ruta migratoria y decenas de ellos arrojados al suelo con el convoy en movimiento, refugiándose temerosos entre la maleza.
Vecinos de Las Barrancas, una pequeña localidad que sobrevive de la siembra de maíz y de los ingresos de sus albañiles, herreros y obreros de Minatitlán, aseguran que el pasado 1 de mayo, el asalto al tren ocurrió en su localidad en medio del escándalo y detonaciones de armas de fuego, por lo que todo el pueblo salió para auxiliar a los migrantes.
A través de una bocina colocada en lo más alto de su casa, don Julio Pérez hizo un llamado a todo el pueblo para apoyar a los migrantes; un vecino de él alertó que a su casa había llegado un migrante con la mano cortada y sangrando, pidiendo auxilio desesperadamente, pues un grupo armado los había amenazado y “macheteado” y con armas cortas.
En ese primer aviso, todo el pueblo salió a colaborar con lo que pudo: agua, alimentos, ropa limpia, calzado y cobijas para apoyar a los caídos en desgracia.
“Con el aparato de sonido les dijimos a los migrantes que no tuvieran miedo, que salieran del monte; ellos tenía miedo que los volvieran a atacar, después de insistirles a través de una bocina, poco a poco fueron saliendo”, narra don Julio.
Además de hombres con las manos y brazos cortados, también se dieron casos milagrosos, como el de un niño que salvó la vida gracias a que de los balazos que el grupo delincuencial soltó, uno de ellos impactó en su mochila.
Aunque la víctima fue internada no murió, relatan los vecinos.
El pasado 2 de mayo, el gobierno de Javier Duarte trató de minimizar el asalto masivo y presumió que sólo se trató de una riña entre los mismos migrantes. Incluso, a través de un comunicado, el gobierno estatal aseguró que sólo hubo nueve heridos, ninguno de ellos de gravedad.
Sin embargo, María de los Ángeles González, habitante del pueblo quien vive a orillas del tren, asegura que el día del incidente cientos de inmigrantes salieron de la mesa y asustados se concentraron en la cancha deportiva y en el parque principal, en donde después de la madrugada del 2 de mayo tres autobuses subsidiados por el Instituto Nacional de Migración (INM) se los llevaron a la estación migratoria de Acayucan.
Las Barrancas es una localidad netamente rural, ahí ya opera el Mando Único Unificado de la Policía, instaurado hace unas semanas a sugerencia del gobierno de Duarte; aunque la realidad contrasta con el discurso oficial.
Un voceador del periódico El Heraldo de Coatzacoalcos –propiedad de Tony Macías, suegro del gobernador priista– grita por toda la congregación: “En Minatitlán sí secuestran, sí secuestran (sic), aunque la policía diga lo contrario, ayer secuestraron a un bebé de dos años, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a una vivienda en la colonia Buenavista”.
Integrantes de la Misión de Observación de la Ruta Migratoria recorrieron este sábado la congregación de Las Barrancas. Encabezados por fray Tomás González y Rubén Figueroa se reunieron en privado con tres migrantes hondureños, quienes relataron los horrores y el pavor que sintieron durante el asalto el pasado 1 de mayo.
Los resultados de esta Ruta de Observación serán presentados el próximo martes en Tenosique, en la frontera con Guatemala, ante una comisión especial de senadores.
Posteriormente, Rubén Figueroa y fray Tomás González platicaron con vecinos y recorrieron las vías del tren en el punto donde sucedió el ataque, para hacer una reconstrucción del viacrucis de los centroamericanos en la llamada ruta deLa Bestia.
Aunque apenas han pasado poco más de 20 días del masivo asalto, en todo el recorrido realizado en Acayucan no se observó ni una sola patrulla, aunque sí una comisión del Grupo Beta del INM que en todo momento acompañó a los activistas de migrantes.