El 13.3% de la población vive en la indigencia. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- En enero de 1989 la ciudad de Guadalajara fue testigo del inicio de una inusual cadena de asesinatos que afectaba a uno de los grupos más vulnerables de la entidad: los indigentes. Una mañana del primer mes de ese año las autoridades encontraron a un indigente que acurrucado intentaba resguardarse del frío, su cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza, había sido la primera víctima de llamado “Mataindigentes”, un personaje misterioso que entre enero y marzo de 1989 ejecutó a nueve personas que vivían en las calles de la capital tapatía. Nunca se supo su nombre ni se ejerció ningún tipo de acción penal en su contra, pero la indigencia en nuestro país y la discriminación hacia este grupo fueron en aumento.
La situación económica que se vive el en país desde hace seis sexenios ha arrojado cada vez a más personas a las calles, principalmente niños y adultos mayores, como indican estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).
En el país existen aproximadamente 940 mil indigentes, cerca de 13.3 por ciento de la población, cifra muy por encima del 11 por ciento en promedio de la región. El polémica sobre la discriminación a la indigencia en el país resurgió esta semana cuando el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, aprobó por unanimidad sancionar y retirar de las calles a “limpiaparabrisas, franeleros, vendedores ambulantes, migrantes, malabaristas, indigentes, menores de edad, así como toda clase de personas que soliciten dádiva o dinero en la vía pública”.
El Gobierno Municipal, encabezado por el priista Anselmo Estandía Colom, avaló la medida bajo el argumento “del incremento de hechos delictivos generados principalmente en áreas donde se congrega este sector”. Por medio de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento informó que va a “regular todo tipo de actividades de personas que pertenezcan a grupos vulnerables que soliciten dádivas o dinero en la vía pública, o realicen cualquier actividad comercial o voluntaria, que ponga en riesgo su propia seguridad o de los demás ciudadanos”.
LA “LIMPIEZA SOCIAL”
Boca del Río no es el único caso, Guadalajara es otra de las alcaldías que ha intentado ocultar a los indigentes: con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos de octubre de 2011, el cabildo tapatío analizó una propuesta de “reordenamiento humano”, que generó fuerte polémica al buscar retirar del centro de la ciudad a indigentes, vendedores ambulantes, prostitutas y homosexuales durante la justa deportiva.
El entonces alcalde priista y ahora Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, aseguró en su momento que todo fue una malinterpretación y advirtió que cualquier funcionario intolerante sería sancionado. “Es una información que se tergiversó, cualquier funcionario en mi Gobierno que atente o utilice una actitud de abuso será despedido”, dijo Sandoval, según publicó el periódico
El Informador. En marzo de 2009, el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la jefatura del perredista Marcelo Ebrard, el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal acusaba que gracias a las recomendaciones hechas por el ex Alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para mejorar la administración metropolitana, ejercer la mendicidad se había convertido en motivo de infracción.
Lo que obligó a niños y jóvenes a pernoctar de manera intermitente en hoteles de paso que cobraban 50 pesos la noche, esto motivó otro tipo de explotación hacia este grupo vulnerable: la prostitución. De enero de 2005 a diciembre de 2007 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 94 quejas por presuntas violaciones a garantías de personas en situación de calle, derivadas de la llamada “limpieza social”, emprendida por la autoridad capitalina.
DISCRIMINACIÓN Y DETENCIONES ARBITRARIAS
Otras alcaldías también han sido acusadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos de tener una lucha permanente en contra de la gente que vive en la indigencia: Acapulco, Guerrero, que por ser una playa turística ha involucrado a grupos civiles en la identificación y agresión a poblaciones callejeras, a través de la llamada “patrulla ciudadana”. Xalapa en Veracruz, donde se priva de la libertad a niñas, niños y familias enteras indígenas chiapanecas que viven en las calles para “repatriarlos” a sus municipios de origen.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también se ha prohibido la presencia de niñas, niños y familias indígenas que venden artesanías, bajo amenaza de arresto administrativo. Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la policía municipal realiza detenciones arbitrarias contra limpiaparabrisas y poblaciones callejeras, para abandonarlos luego en el desierto, ocasionando la muerte de varios de ellos. Igualmente, en Michoacán, jóvenes vinculados a grupos del crimen organizado se divierten disparando y asesinando a adultos mayores callejeros indigentes, sin que medie investigación alguna de parte de las autoridades.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/26-05-2013/632819.
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