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La autodefensa
ciudadana. A la alza. Foto:
Octavio Nava
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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre que los gobiernos mexicanos se han aliado clara y abiertamente con el gran capital han generado explosiones sociales de distintas magnitudes y características, pero siempre con costo de vidas humanas e inestabilidad política y social. En los sesenta y los setenta provocaron el movimiento estudiantil del 68 y la irrupción de los grupos guerrilleros, primero rurales y posteriormente también urbanos; en los noventa, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Los impactos de todos estos movimientos en la construcción de las instituciones políticas mexicanas no han sido menores. Todos reconocen que el inicio del proceso de liberalización política, con la reforma electoral de 1977, tuvo entre otras de sus motivaciones el abrir cauces legales para que las inconformidades de los guerrilleros pudieran expresarse por estas vías; tampoco puede escatimarse la influencia que el alzamiento zapatista tuvo en las reformas electorales de 1994 y 1996.
Los últimos meses del gobierno panista de Felipe Calderón y los primeros del priista Enrique Peña Nieto están claramente marcados por el esfuerzo de reactivar las llamadas reformas estructurales, que básicamente implican alinear la legislación mexicana a los requerimientos del neoliberalismo imperante desde principios de los ochenta y que en México encontró en Carlos Salinas de Gortari su gran impulsor.
El error de diciembre de 1994 y la crisis económica que ello provocó, primero, y posteriormente la pérdida de la mayoría priista en el Congreso y la alternancia partidista en la Presidencia postergaron la aplicación de las más importantes durante casi 20 años, pero no han hecho desistir a sus promotores. Y los resultados electorales del 1 de julio de 2012 y el reparto de curules en el Congreso de la Unión les permitieron impulsarlas nuevamente; el mejor ejemplo de ello es la reforma laboral aprobada todavía antes del cambio de gobierno.
A esta reforma se sumaron, ya como producto del Pacto por México, la reforma educativa y la de telecomunicaciones; pero se anticipan, entre otras, la energética y la hacendaria, que también pueden tener una orientación muy similar a la laboral y responder a los requerimientos de los organismos financieros internacionales.
Los opositores a las reformas son numerosos y diversos y se han hecho presentes en distintos escenarios y por distintas vías; particularmente se hicieron presentes en las manifestaciones con motivo del 1 de mayo. Pero también ha habido acciones violentas en diversas entidades del país, particularmente en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal; es muy sintomático que estos eventos se desarrollen en dos de las entidades más pobres de México y obligan a una reflexión más profunda antes de pensar que la vía para enfrentar los desmanes es simple y únicamente la aplicación de la justicia penal.
Por lo pronto en el caso de Guerrero la policía ya detuvo a cuatro maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los acusó de los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños. Centrar la respuesta en la criminalización de los opositores y exagerar los delitos cometidos contribuye a exacerbar los ánimos y eventualmente puede contribuir al surgimiento de irrupciones sociales.
Y las consecuencias de éstas pueden ser mayores que en el pasado por las actuales condiciones del país. Basta ubicar que el número y el tipo de las armas que hoy se encuentran en México es muy superior al que existía en los momentos previos, la existencia de las llamadas policías comunitarias armadas en varias de las entidades federativas (Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, entre las ya conocidas) y desde luego la presencia y extensión de los grupos de la delincuencia organizada, particularmente los cárteles de la droga, que bien pueden buscar alianzas con la guerrilla como ya ha sucedido en países sudamericanos.
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