 |
| A los asesinatos de periodistas se suma una nueva estrategia para amedrentar a los luchadores sociales incómodos para el gobierno: culparlos por feminicidio, un delito que el mismo gobierno estatal se negó a tipificar anteriormente. |
ZAPATEANDO
Veracruz, México. Un
delito que el gobierno estatal se empeñó en no tipificar ahora es utilizado
para criminalizar a los jóvenes activistas del estado de Veracruz: el
feminicidio. Abraham Caballero, del Frente contra la Imposición, lleva
casi un mes detenido por este crimen.
En los meses recientes,
en Xalapa, a los poderes estatales les incomoda una generación de jóvenes
estudiantes, principalmente de la Universidad Veracruzana, quienes militan de
manera incansable en las mejores causas nacionales y locales: han sido
Indignados, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, movimiento
estudiantil por sus derechos, #YoSoy 132, Frente contra la Imposición, Pacto
por un Veracruz Libre de Minería Tóxica. Es mucho más de lo que el poder
estatal puede tolerar.
Desde el inicio los ha
acosado con detenciones arbitrarias, amenazas veladas y no tanto, allanamiento
de sus casas, rumores y falsedades para tratar de desprestigiarlos, pero
el movimiento estudiantil, en lugar de ceder y hacer mutis, persevera y se
procura formas de organización y participación autónoma y autogestiva, como el
Comedor en Humanidades, el bar Tonalli y la Casa Magnolia.
Ahora el golpe contra
este movimiento -un viento de libertad a contrapelo de regreso del dinosaurio
con compra de votos pronasoleros- es descomunal: detuvieron a uno de sus
integrantes, Abraham Caballero, no para liberarlo horas después como hicieron
anteriormente con otros activistas, sino para acusarlo de un delito odioso para
tratar de cambiar su imagen de defensor de derechos, luchador social, joven
libertario, por una imagen facturada por quienes tienen el monopolio de la
fabricación de culpabilidades e inocencias, la imagen de “delincuentes” y
“defensores de delincuentes”. Así como antes decidieron no arredrarse ante el
acoso represivo, esta vez los jóvenes decidieron éticamente no abandonar a su
compañero en la lucha por derechos humanos, democracia y justicia, sino
arriesgar su imagen y su prestigio defendiendo al acusado.
La detención de Abraham
Caballero Martínez ocurrió la noche del 6 de mayo, al salir de su trabajo
voluntario en la Centro Cultural estudiantil Casa Magnolia. Sus compañeros del
Frente contra la Imposición declararon que “fue extraído violentamente” del
centro cultural.
Casualmente, por otro
lado, manipulando otra de las herramientas del poder, mediante sucios rumores
acusan a los jóvenes activistas de que se vendieron a algún partido para poder
tener el bar Tonalli, cosa contradictoria, porque si los hubieran comprado, no
tendrían necesidad de detenerles a un integrante y tratar de hacerlo pasar por
un criminal monstruoso: un “feminicida”.
Al joven activista lo
acusan del delito que el gobierno del estado se negaba a tipificar, y que una
vez hecho, se niegan a aplicar y hasta a llamarlo por su nombre. Ahora lo usan
para incriminar a un opositor político, un militante activo del Frente contra
la Imposición.
No es un caso en el que
se combate la impunidad hallando a un culpable, sino uno caso donde se
consolida la impunidad con el castigo a un movimiento social usando
perversamente una demanda que ha sido bandera del movimiento (muchas de las
estudiantes de este movimiento han estado en las marchas por los derechos de
las mujeres) para volverla contra el movimiento ciudadano mismo.
Los poderosos
progresaron desde los tiempos en que ponían cualquier delito, hasta estos
nuevos y jurídicamente muy técnicos tiempos en que la consigna es “vuelve sus
reclamos contra ellos, ponles los delitos que su movimiento nos obligó a
tipificar”.
El siguiente luchador
social detenido en Xalapa, ¿de qué será acusado: de comprar de votos, de
desviar los recursos de la Cruzada contra el Hambre, de fraude electoral, de
uso faccioso de la ley? Nada más eso falta, al fin que el ciudadano es
culpable, porque el poder así lo ha dictado.
La acusación de
“feminicidio” contra un detenido por motivos políticos no sólo agravia a los
defensores de derechos humanos, sino a la víctima y a las mujeres que de buena
fe pidieron la tipificación del delito pensando en el castigo a los verdaderos
culpables y no en un instrumento de castigo político al servicio del poder en
Veracruz.
En México, el sistema de
justicia es altamente predecible: si dos particulares tienen un litigio y
tenemos los datos del ingreso mensual de ambos, si la diferencia es muy grande,
ya sabemos de qué lado se inclinará la balanza de la “justicia”. El segundo
nombre de este país, después del oficial, puede ser “impunidad”: más de nueve
de cada diez delitos que se cometen no son castigados.
Hay dos industrias
nacionales (quizá no sólo nacionales) en las que descuella el aparato de
justicia en el país: la fabricación de culpables y la fabricación de inocentes.
El aparato de justicia penal no depende del poder judicial, sino del ejecutivo:
su sistema de “investigación” es hijo directo de la Inquisición; normalmente la
“prueba reina” es la confesión bajo tortura. Si hay una segunda confesión ante
un juez en la que el acusado se desdice y denuncia la tortura, el juez
frecuentemente apela a que la primera confesión, hecha sin control judicial, es
más espontánea: prácticas de este tipo favorecen la tortura. Peña Nieto dijo, a
propósito del operativo de represión en Atenco, que es “de manual” subversivo
que las mujeres denuncien violación y los hombres tortura; ahora está en el
banquillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese
operativo.
Por una discriminación
prácticamente de castas, hay sujetos marginados y abajo otros sujetos más
marginados aún, por ser pobres, por ser indígenas, por ser jóvenes, por ser
mujeres, por ser migrantes, por ser opositores, por ser defensores de derechos
humanos, por no ser de la minoría a la que poder político y policiaco cuida y
resguarda.
En el estado de
Veracruz, este tipo de vicios en el sistema legal son reglas no escritas del
sistema; la injusticia es lo cierto, algunos pocos casos donde quizá haya
justicia son excepciones, resultados de una afortunada incertidumbre. Pero hay
un elemento más grave aún: el uso del aparato de justicia penal como
instrumento de control político y de venganza contra quienes disienten,
protestan, denuncian, critican e incomodan.
Publicado el 27 de mayo de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario