“Cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene“. Tácito
Arcas saqueadas, deudas al por mayor, ciudades abandonadas y en pésimo estado, así como escasas obras públicas y un sinfín de promesas de campaña sin cumplir, encontrarán los nuevos alcaldes de los 212 municipios de Veracruz que toman protesta este 31 de Diciembre.
Nada halagüeño es el panorama para los próximos presidentes municipales con la herencia que dejan los ediles salientes. El principal problema que obstaculizará el desarrollo de las próximas gestiones, será la deuda pública, que en los ayuntamientos más importantes de Veracruz creció en más de un 153%, según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Finaliza el año 2013 con severos problemas en la mayoría de los ayuntamientos debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación no realizó los depósitos correspondientes a los ayuntamientos relacionados con el pago de los recursos que generó la bursatilización sobre el impuesto por tenencia vehicular.
Como se ha observado en estos tres años de administración, la bursatilización del impuesto por tenencia vehicular fue el peor error que alguna gestión estatal, haya realizado. No hay una sola obra publica de alta envergadura, ni proyectos grandes de comunicación en vías de realización o algo parecido. No hay nada, de nada.
La deuda pública del estado y municipios se han convertido en una pesada loza para los ciudadanos, ya que las gestiones no han realizado las inversiones proyectadas para brindar los servicios básicos de educación, obra pública, salud, combate al analfabetismo, a la pobreza, etc…En pocas palabras, Veracruz luce estancado en materia de desarrollo económico, obra pública, inversión, aunque digan lo contrario.
Claro, por supuesto, hay que tomar en cuenta que muchos otros alcaldes contrajeron deudas extras y muchos más, saquearon las finanzas bajo la idea de que no serían procesados ni investigados.
La realidad es que son contados los alcaldes que realizaron un buen trabajo. Gestiones van y gestiones vienen y los funcionarios que llegan por cualquier partido, olvidan sus promesasante los electores y concentran sus tres años en planear el saqueo de los recursos a través de la realización de obras públicas, adquisiciones y demás, a través del uso de prestanombres.
Alcaldes, legisladores locales, federales, funcionarios estatales y federales continuarán sin resolver los problemas mientras continúe la indiferencia de la población que se nota más concentrada en resolver sus problemas de sobrevivencia y entretenimiento, que en exigir cuentas y resultados a los funcionarios públicos.
Nadie supo por qué la SEFIPLAN retrasó los pagos sobre bursatilización a los ayuntamientos y otros sobre partidas federales. Sin embargo, el problema dejó sin aguinaldos, salarios y otras prestaciones a empleados municipales. Jubilados y profesores, también se quejaron de haber recibido sus pagos atrasados.
Algo grave y preocupante ocurre en la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz y va siendo hora que los diputados locales o federales de “oposición”, si es que existen, demanden una auditoría inmediata sobre el manejo que de los recursos públicos se están realizando.
O de plano deben exigir el cambio en la titularidad de SEFIPLAN, pues tampoco se puede perdonar que con tanta necesidad y pobreza el estado de Veracruz, se hayan regresado poco más de 7 mil 391 millones de pesos a la Auditoria Superior dela Federación (ASF) hasta el mes de Octubre de este año.
Si Fernando Charleston Hernández, no conoce a detalle los mecanismos para la operación de los recursos que aporta la federación al estado, nadie entiende por qué continúa al frente de un cargo con tanta responsabilidad.
Y más increíble resulta que la administración estatal, haya comprometido los recursos sobre las participaciones federales de los próximos 30 años para pagar en líneas de crédito contratadas desde hace 2 administraciones. Mientras en el año 2004, la deuda era de 3 mil 500 millones de pesos, ahora asciende a 87 mil millones, aunque SEFIPLAN solo reconoce una de aproximadamente 47 mil millones.
Pero además la deuda que estaba programada para cubrirse en 15 años, en septiembre de 2009, ahora alargó su cadena de pagos hasta el año 2037 pues la colocación de bonos de deuda no ha resultado nada exitosa para el estado.
El secretario de finanzas debe explicar a la opinión pública, por qué ha sido tan errático el manejo de los recursos públicos y por qué no alcanza ni para cubrir los pagos a proveedores, realización de obra pública digna de mencionar, combate a la pobreza y otros problemas que continúan pendiente por resolver a la mitad de la gestión.
Y es que por más que se publicite que las “cosas están bien hechas”, la realidad revela lo contrario. Cómo pueden hablar de “extraordinarios” logros al tercer año de gobierno, frente a la triste realidad de desempleo, marginación, magro crecimiento económico, nuevo reapunte de la inseguridad, pésimos salarios de uno de los estados más desgraciados del país, no obstante sus riquezas naturales.
Lo peor de esta historia es que lejos de que diputados y senadores, propongan modificación a leyes para sancionar a alcaldes, gobernadores y hasta presidentes que endeudan y saquean las arcas públicas, ya se plantea la posibilidad que el gobierno federal implementeun programa de rescate financiero de estados y municipios estilo Fobaproa.
Lo anterior, sería grave y preocupante pues de aprobarse, lejos de que se investigue y penalice a los funcionarios públicos irresponsables que endeudan y saquean las finanzas públicas, todavía buscan los mecanismos para que sea la ciudadanía la que financie a través del pago de sus impuestos el saqueo impune.
Para controlar el excesivo endeudamiento de las entidades federativas y municipios, el Ejecutivo federal buscará expedir una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, eso detalla el compromiso número 68 del “Pacto por México”, a través de la que se pretende controlar el endeudamiento de los gobiernos locales, regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación.
“Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios.”, señala. Pero no menciona nada sobre una nueva ley para combatir la enorme corrupción en la administración pública que mantiene a México y a sus entidades en la peor crisis de su historia.
Triste y lamentable… esta situación continuará hasta que los ciudadanos decidan salir a defender sus derechos y exigirle a la clase política un ¡ya basta! de tanta corrupción e impunidad. ¿ O usted qué cree?…
Hasta la próxima.
FUENTE: PLUMAS LIBRES
