* Repudio a las condiciones de inseguridad de los periodistas en
Veracruz * Milo Vela y el “primo incómodo” de Javier Duarte *
Regina: crimen sin castigo * Goyo: su trabajo periodístico, la pista que
no quiere investigar * La Opinión de Los Ángeles pide que renuncie el
gober * “Cínico, opaco, impune, intimidador”, le dice
Hostil, infinitamente
altivo desde su pedestal de gobernador, Javier Duarte ha sido duro con la
prensa, acosador de periodistas críticos, indiferente a la represión policíaca
y omiso ante el ataque del crimen organizado contra los comunicadores, pero con
tres casos se quebró: el de Milo Vela, el de Regina Martínez y el de Gregorio
Jiménez de la Cruz.
Frágil y vulnerable, el
gobernador de Veracruz escucha y lee, siente el reclamo y la protesta, la ira
de muchos, dentro y fuera de México, por su imperdonable pasividad en la oleada
de sangre que enluta al periodismo y que exhibe al Duarte real, un espectador
complaciente de las acciones de los gangsters, de los sicarios, de los matones
que ultiman a sus victimas por una paga, porque tocan los intereses de las élites
de poder y a veces sólo por placer.
Escandaloso, el caso
Veracruz, el caso Duarte, detonado por el “levantón” y asesinato del periodista
Gregorio Jiménez de la Cruz, en Coatzacoalcos, ya es tema nacional e
internacional. Condenado por todos, devino en algo más radical: la exigencia de
que el gobernador se vaya, que renuncie, por su omisión cómplice a su
obligación de otorgar condiciones de seguridad a la sociedad y por ese afán
irracional de pretender desligar las muertes de los comunicadores de su oficio
profesional.
Goyo Jiménez,
especialista en temas policíacos, reportero de Notisur, Liberal del Sur y La
Red, estuvo ausente seis días. Fue plagiado el 5 de febrero en su domicilio de
Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, y su cadáver apareció el martes 11
en una fosa clandestina, en el poblado Polanco, en la colonia J. Mario Rosado,
en Las Choapas, en la zona colindante con el estado de Tabasco.
Goyo Jiménez fue
levantado, desaparecido, torturado y por último degollado con insólita
crueldad, inmundo y despiadado su asesino. Cuenta el sicario que la víctima
pedía perdón al saberse perdido. ¿Perdón de qué? ¿Qué habrá publicado para
recibir un castigo así? ¿O qué sabría y no llegó a publicar? ¿O a quién le
sabría algo grande, algo pesado?
Con el apelativo de “El
Pantera”, otras veces con su nombre, Gregorio Jiménez publicaba información que
reflejaba cómo devora la inseguridad a Villa Allende: asesinatos, secuestros,
ejecuciones, robos, plagios, extorsiones.
Gregorio Jiménez
reseñaba hechos violentos desde su óptica policíaca. En ese género se movía
como pez en el agua. Era un reportero de nota roja. Escribía con la puntualidad
que exige la información de policía. Y así habló de niños plagiados, de
zozobra, de miedo.
Asolada por la
violencia, Villa Allende es rehén de bandas delincuenciales que atracan
comercios, allanan casas, asesinan a plena luz del día, matan con instinto
demencial. Y eso lo sabe Seguridad Pública, el Ejército, la Naval, la Policía
Federal, sin que nadie hubiera actuado con éxito alguno. De eso también
escribía Goyo Jiménez, la información como evidencia de la incapacidad o la
complicidad de las instituciones.
Goyo reporteó un caso y
coincidentemente su cuerpo quedó a escasos metros del personaje central de
aquella nota. Fue un golpe periodístico cuando reseñó cómo un comando armado
atacaba a tres líderes sindicales y uno de ellos, Ernesto Ruiz Guillén, alias
“El Dragas” o “El Cometierra”, era herido en las piernas y llevado con destino
mortal. “Se lo tragó la tierra” tituló Notisur, en torno al “levantón” del 18
de enero pasado.
Goyo Jiménez fue
ejecutado el 6 de febrero, un día después que lo plagiaran. Su cadáver apareció
el martes 11. Pudo ser hallado a tiempo pero el Mando Único Policial llegó
tardíamente al lugar del levantón, dos horas después de que se reportara el
hecho. Pudo establecerse un cerco, bloquear las salidas de Villa Allende,
cerrar los caminos para impedir que los sicarios lo trasladaran a otro
municipio, como finalmente ocurrió.
Quiere ahora Javier
Duarte que el móvil del crimen sea la venganza personal, por un pleito con la
vecina, encargada del bar “El Palmar” o “El Mamey”, Teresa de Jesús Hernández
Cruz, molesta porque Goyo Jiménez había reporteado un crimen y publicado que en
ese “lugar de mala muerte” se mantenían privados de su libertad a migrantes
indocumentados. Y porque un hermano de la dueña de la cantina y la hija del
periodista habían sido novios y aquello terminó en una agresión a la joven. “Tú
te vas a morir”, le dijo la mujer a Goyo alardeando que era amiga de Los Zetas
y que ya les había encargado el trabajo.
Por esa ruta va la
Procuraduría de Veracruz, atrapada en un laberinto sin salida, mientras los
periodistas de Coatzacoalcos, del sur de la entidad, de la capital Xalapa, de
la conurbación Veracruz-Boca del Río, del DF, Chiapas, Querétaro, Coahuila, del
extranjero, la prensa en español, inglés, francés, italiano, las organizaciones
de periodistas y derechos humanos, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Human
Rights Watch, Periodistas de a pie, Red de Periodistas Judiciales
Latinoamericanos, el Comité para la Protección de Periodistas, Amnistía
Internacional y muchos más, demandan el esclarecimiento del caso y que sea la
principal línea de investigación el trabajo periodístico de Goyo Jiménez.
Pero no. Javier Duarte
sólo piensa en desconectar los crímenes de los periodistas de su actividad
profesional.
Así fue cuando un
comando irrumpió en la casa de Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela”,
reportero, columnista y editor del periódico Notiver, la madrugada del 20 de
junio de 2011. Fue acribillado junto con su esposa Agustina Solana Melo y su
hijo Misael López Solana.
Lo ejecutó la mafia y el
gobierno de Javier Duarte sólo dio palos de ciego. Nunca siguió la ruta de sus
publicaciones.
Milo Vela había documentado
los malos pasos de Luis Rosas Duarte, presunto primo del gobernador Javier
Duarte. Lo tildó del “primo incómodo” y en sus columnas de mayo de 2011
reseñaba cómo con “chinche cañón amarrado a la cintura, causando estupor y
terror entre la clientela”, acudía al viejo café de La Parroquia, en el puerto
de Veracruz. Se refería a él como un “fantoche” y advertía: “Si el señor tiene
miedo, pues que no vaya al café o que se compre un perro”. El tema lo documentó
la periodista Balbina Flores.
Decía Milo Vela que Luis
Rosas Duarte, denominado con el nombre clave “Halcón”, operaba con agentes de
la Dirección de Detección del Delito, ramificados con elementos de tránsito y
de la policía Intermunicipal de la zona Veracruz-Boca del Río-Medellín,
desaparecida después por vínculos con el crimen organizado, sustituida por las
fuerzas federales.
Un mes después de
exhibir al “primo incómodo” del gober, Milo Vela y su familia fueron
asesinados, allanado su hogar, acribillados con balas de ametralladora. Nunca
se quiso seguir esa línea de investigación. Tiempo después, el gobierno de
Javier Duarte se acogió a una supuesta versión de que otros tres periodistas
—Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez— le habían pedido a un
grupo de sicarios que ultimaran al columnista de Notiver y a la reportera de
policíaca, Yolanda Ordaz de la Cruz, a quien además degollaron.
¿Por qué no siguió el
gobierno de Javier Duarte la tesis del trabajo profesional de Milo Vela para
dar con sus asesinos y el móvil del crimen?
Menos de un año después,
Duarte enfrentó su mayor escándalo: el asesinato de la corresponsal de la
revista Proceso en Xalapa, Regina Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012.
Golpeada a mansalva,
Regina Martínez murió estrangulada en el baño de su hogar. Ya antes había
expresado que era acosada. Un día le allanaron el domicilio. Lo hicieron de
manera perfecta. No violaron ninguna cerradura. Usaron técnicas de primer
nivel, una llave maestra, lo que emplean los policías políticos del gobierno.
Acuciosa reportera, honesta
sin mancha, Regina Martínez había seguido la pista de los narcopolíticos
veracruzanos; de los movimientos sociales contra el gobierno de Fidel Herrera
Beltrán; el suicidio del asesor de campesinos e indígenas, Ramiro Guillén,
inmolándose en Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno, en Xalapa; el
regreso de priistas acusados de complicidad con la delincuencia; el deterioro
de las finanzas del gobierno veracruzano desde que Javier Duarte era titular de
SEFIPLAN, y la violación y muerte de la indígena de la tercera edad, Ernestina
Ascensión, en la sierra de Zongolica, a manos de militares.
Duarte desoyó los
llamados, los reclamos, las exigencias de seguir la línea del trabajo
periodístico de Regina Martínez. Lo desdeñó, lo relegó, lo sepultó.
Optó por el móvil
pasional. Su coartada fue que Regina convivía con sus asesinos, que era novia
de uno de ellos, que bebía y que un día le robaron y la silenciaron. Cuanto
lodo.
Presionado por los
periodistas y los defensores de derechos humanos, el gobernador de Veracruz
recurrió a un acto de magia. A los seis meses, el 30 de octubre de 2012,
presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y lo acusó de ser
el asesino material.
“El Silva” se quejó de
haber sido torturado para incriminarse. Aún así la justicia de Veracruz lo
halló culpable. Condenado a 38 años de prisión, apeló la sentencia. Finalmente,
el Tribunal Superior de Justicia, vía el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña,
le concedió la libertad bajo el argumento de violaciones a sus derechos y de
haber declarado bajo tortura. A Edel Álvarez le costó la publicidad para su
consorcio periodístico, encabezado por El Liberal.
Hoy, Javier Duarte de
Ochoa vive días para no recordar. Gregorio Jiménez, el periodista de Notisur,
Liberal del Sur y La Red, detonó un estallido mayúsculo tras ser levantado,
torturado y degollado por sicarios, matones a sueldo.
Su muerte, violenta y
traumática, generó una oleada de críticas, incitó a muchos a hablar
descarnadamente de la inseguridad en Veracruz y movió a reclamar que los
periodistas tengan que ejercer su oficio bajo riesgo, a expensas del crimen
organizado.
Una de las publicaciones
más feroces fue la de La Opinión de Los Ángeles. El diario norteamericano pide
al presidente Barack Obama presionar al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto
por el caso Veracruz.
Tilda a Javier Duarte de
“cínico, opaco, impune e intimidador” por tratar a la ligera los asesinatos de
periodistas.
Agrega: “El estado de
Veracruz, bajo el gobernador Javier Duarte, es el mejor ejemplo de la
desprotección que existe contra los reporteros y la impunidad de que gozan las
bandas armadas que se mueven intimidando y asesinando periodistas. Durante los
tres años y medio del gobierno de Duarte en Veracruz, diez periodistas fueron
asesinados, cuatro desaparecidos y se produjeron 132 ataques contra la prensa
estatal”.
Titulado “El Veracruz de
Duarte”, el editorial de La Opinión de Los Ángeles, habla que la “desprotección
de la prensa, la impunidad con que se mata a periodistas y la poca seriedad en
la investigación de estos crímenes son un atentado contra la libertad de
expresión en México”.
Y pide la renuncia del
gobernador Duarte:
“El gobernador priista
no quiere que la gente esté informada de lo que ocurre en Veracruz, y mucho
menos de que sepa cómo están matando a los periodistas. Esta actitud de no
garantizar protección a los reporteros ni querer investigar honestamente sus
asesinatos lo hace cómplice de estos homicidios. Duarte no debe permanecer en
el gobierno, los veracruzanos se merecen estar informados en vez de ser
víctimas de la desinformación y de un periodismo bajo intimidación”.
Muchos, en las redes
sociales, en Facebook, en Twitter, en la radio, en la prensa escrita, exigen
que Javier Duarte deje el gobierno de Veracruz. Y hacen bien.
En una frase, Javier
Duarte se desmorona.
twitter: @mussiocardenas
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