26 de febrero de 2014

PARA NO OLVIDAR: ELLOS Y ELLAS SON LOS PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO (PRIMERA PARTE)

88% de los asesinatos de informadores en México permanece en la impunidad y sólo en 8% se ha logrado esclarecer los crímenes y procesar a los responsables, según el Comité para la Protección de Periodistas.
Paris Martínez (@paris_martinez)
Según el Comité para la Protección de Periodistas, de 2010 a la fecha en México han sido asesinados 31 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, mayoritariamente en ataques perpetrados por el crimen organizado. Las víctimas de este ambiente de violencia contra la prensa son lo mismo reporteros que fotógrafos, editores, técnicos, administrativos e, incluso, parejas sentimentales e hijos de quienes, desde distintos espacios informativos, venían desarrollando su actividad profesional, que en prácticamente todos los casos estaba centrada en la documentación de casos de corrupción y delincuencia. 
Una tercera parte de estos asesinatos fueron perpetrados en Veracruz, ola de violencia que ha caracterizado los tres años que lleva Javier Duarte como gobernador el estado, y que pone a esta entidad como la más peligrosa del país para desarrollar labores periodísticas.
El reporte del Comité para la Protección de Periodistas, organización de corte internacional que presentó su más reciente actualización en diciembre pasado, señala que, desde 1992, en México han sido asesinados 73 reporteros, fotógrafos y trabajadores de medios. De esos casos, 88% permanece en la impunidad y sólo en 8% se ha logrado esclarecer los crímenes y procesar a los responsables.
Cabe recordar que, por este ambiente de violencia en contra de los periodistas, en Veracruz y todo México, el próximo domingo se realizará una concentración pacífica en el Ángel de la Independencia, a las 12:00 horas, convocada por trabajadores de medios y por agrupaciones defensoras de la libertad de expresión, denominada “Prensa, no disparen”.
Por ello, a manera de homenaje, y también como denuncia, Animal Político presenta la relación de los periodistas  que han perdido la vida en México, dividida en dos entregas, la primera de las cuales corresponde a las víctimas acumuladas en los últimos dos años: 2012 y 2013.
Gregorio Jiménez, Veracruz
 
1 Gregorio Jimenez
Luego de publicar distintos trabajos sobre la actividad delictiva en Coatzacoalcos, Veracruz, especialmente sobre el tráfico y secuestro de migrantes, lo mismo en el periódico Notisur que en el diario Liberal del Sur, Gregorio fue raptado por un grupo criminal, cuando se dirigía a su domicilio. Seis días después, el 11 de febrero de 2014, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. Las personas detenidas por esta ejecución reconocieron haber recibido 20 mil pesos como pago, por parte de la dueña de un bar usado como casa de seguridad por traficantes de migrantes, caso del cual Gregorio había dado cuenta en sus notas informativas. A pesar de eso, las autoridades de Veracruz aseguraron que este homicidio tuvo su origen en un pleito vecinal.
Alberto López Bello, Oaxaca
Alberto López Bello
El 17 de julio de 2013, Alberto fue atacado en Oaxaca, cuando se encontraba con un informante de la policía, quien también falleció en la agresión. Durante seis años, Alberto había trabajado como reportero de la fuente policiaca para el diario El Imparcial y para la cadena Radiorama, y antes de ser asesinado publicó distintas notas sobre la venta de droga en la capital del estado. Un mes después, la Procuraduría de Oaxaca negó que este asesinato fuese producto de la labor periodística de Alberto, y aseguró que se relacionó con un pleito de cantina, por el cual ya habían sido procesados penalmente cuatro sicarios que reconocieron haber participado en ataques contra dos bares, perpetrados el mismo mes en que ejecutaron a López Bello.
Daniel Alejandro Martínez Balzaldúa, Coahuila
3 Daniel Mtz Balzalduìa
El 24 de abril de 2013, el cuerpo mutilado de Daniel Alejandro, fotorreportero del diario Vanguardia, fue encontrado en una calle de Saltillo, Coahuila. Un día antes se había perdido la pista de él, luego de que partió a cubrir un acto público, al que nunca llegó. Este joven de 22 años tenía sólo un mes como fotorreportero y estaba asignado a la sección de sociales. Según el Comité para la Protección de Periodistas, otros reporteros de sociales han sido blanco de amenazas, por captar imágenes de capos y personajes públicos, durante actos sociales. El asesinato de Daniel Alejandro fue reivindicado por un grupo criminal, mediante un mensaje dejado junto a su cuerpo.
Jaime Guadalupe González Domínguez, Chihuahua
4 Jaime Guadalupe Gonzaìlez Domiìnguez
El 3 de marzo de 2013, Jaime Guadalupe fue asesinado por un desconocido, mientras comía en un puesto ambulante en la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua. Jaime era editor del portal informativo OjinagaNoticias, al que había migrado luego de recibir amenazas por su trabajo reporteril en el semanario Contacto local. El portal OjinagaNoticias fue cerrado luego del asesinato, “no queremos problemas, realmente siento mucho miedo por lo que pasó”, señaló en su mensaje final un colaborador del sitio web, quien se mantuvo en el anonimato.
Adrián Silva Moreno, Puebla
5 Adrian Silva Moreno
Reportero freelance para la radio local, especialista en la fuente policiaca. Adrián fue asesinado el 14 de noviembre de 2012, en Tehuacán, mientras investigaba una red dedicada al robo de gasolina a gran escala. Al realizar esta investigación periodística, presenció un enfrentamiento entre militares un un grupo delictivo, del cual salió ileso, aunque momentos después fue ejecutado, junto con su acompañante, Misray López González.
Víctor Manuel Báez Chino, Veracruz
6 Viìctor Manuel Baìez Chino
Víctor Manuel era editor de la información poiciaca, en el portal informativo de Milenio-Veracruz, y editaba también el portal Reporteros Policiacos. El 13 de junio de 2012, tres hombres armados secuestraron a Víctor Manuel, cuyo cadáver fue encontrado al día siguiente, cerca de la plaza principal de Xalapa. Junto a su cuerpo, fue hallado un letraro que atribuía la muerte al grupo Los Zetas.
Regina Martínez Pérez, Veracruz
7 Regina Martiěnez
Corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, donde publicó reportajes sobre crimen organizado, así como corrupción política y policiaca. Regina fue asesinada el 28 de abril de 2012 y, siete meses después, las autoridades de Veracruz presentaron a un homicida confeso, quien luego denunció haber sido torturado para afirmar que el móvil de la muerte fue el robo; este acusado, recuperó la libertad, tras obtener un amparo de la justicia federal, mientras que las autoridades de Veracruz esgrimieron una nueva hipótesis oficial: que a Regina le quitaron la vida por cuestiones pasionales. Ninguna prueba de eso, sin embargo, fue presentada por el gobierno de Javier Duarte.
Marco Antonio Ávila García, Sonora
8 Marco Antonio Aěvila Garciěa
Marco Antonio escribía sobre información de seguridad pública para los periódicos El Regional y El Diario de Sonora. Fue secuestrado en Ciudad Obregón, el 17 de mayo de 2012, y encontrado muerto al día siguiente, en una carretera de terracería cercana a Guaymas, distante a 65 kilómetros del punto donde fue raptado. Su cuerpo presentaba huellas de tortura y a su lado se encontró un mensaje del crimen organizado.
Irasema Becerra, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova y Esteban Rodríguez, Veracruz
9 Irasema, Guillermo, Gabriel y Esteban
El 2 de mayo de 2012, Irasema, empleada administrativa del diario veracruzano El Dictamen, así como los fotorreporteros freelance Guillermo, Gabriel y Esteban, fueron secuestrados por un grupo armado en Boca del Río, Veracruz. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, desmembrados y con signos de tortura, en el interior de un canal de aguas residuales. Los tres fotorreporteros habían cubierto información policiaca para los diarios VeracruzNewsNotiver y AZ, sin embargo, habían abandonado la actividad, tras el asesinato de otros tres reporteros ocurrido un año antes. Guillermo y Gabriel habían salido temporalmente del estado y Esteban había encontrado trabajo como soldador. Las autoridades presentaron a varias personas, presuntamente integrantes de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, como responsables de estos y otros asesinatos.
Leer Más: http://www.animalpolitico.com/2014/02/ellas-y-ellos-son-los-periodistas-asesinados-en-mexico-primera-parte/#ixzz2uRovNSld 

EN VERACRUZ EL PERIODISMO VIVE CON MIEDO Y TERROR…


Es una infamia que se les asesine…en Veracruz están ocurriendo atrocidades… 

PROTECCIÓN A PERIODISTAS: CAMBIOS INSTITUCIONALES Y SIMULACIÓN ESTATAL

Pese a la pretensión de maquillar en 7 párrafos la situación de violencia contra la prensa, las agresiones contra periodistas han incrementado en un 50% respecto al año pasado. Sin importar sus instituciones y nuevas leyes, 2013 será uno de los años más violentos contra la prensa superando los dos anteriores.
Este miércoles 23 de octubre la Organización de Naciones Unidas revisará por segunda ocasión la situación de los derechos humanos en México. Así el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en su 17ª sesión en Ginebra, realizará el Examen Periódico Universal (EPU) de México y otros 13 países.
El EPU es un nuevo mecanismo de la ONU que inició en abril de 2008 con la finalidad de examinar la situación de los derechos humanos en el Mundo, para ello toma como referencia los estándares establecidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier otro instrumento de derechos humanos del que forme parte el Estado. También tiene como punto de referencia los compromisos voluntarios asumidos por el Estado y las recomendaciones hechas por las personas expertas que integran el sistema universal de derechos humanos.
En febrero de 2009 el estado mexicano fue sometido a su primera revisión teniendo como resultado la elaboración de un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el EPU y aprobado por el CDH en octubre de 2009, donde se establecieron 83 recomendaciones.
En materia de libertad de expresión y acceso a la información conminaron al estado a erradicar la impunidad prevaleciente en los casos de agresiones cometidas contra periodistas; mejorar de las medidas de protección y prevención para personas defensoras y periodistas; el fortalecimiento de los derechos de los periodistas y de la libertad de los medios de comunicación, en especial a nivel estatal y municipal, y las reformas a la legislación de radio y televisión. No hace falta mucha perspicacia para concluir que tales recomendaciones se cumplieron poco o nada.
En esta ocasión, dentro de lo reportado por el gobierno México en su informe de 36 páginas, los siete párrafos destinados a la garantía de la libertad de expresión traslucen una visión reduccionista de la violación sistemática y generalizada a este derecho. Una vez más, el estado mexicano presenta ante la comunidad internacional la creación de programas e instituciones para atender problemáticas pero no para resolverla como avances en derechos humanos.
La información pierde aún más valor cuando nos percatamos que la metodología se enfoca en las medidas tomadas por el gobierno federal, mas no por los estatales y municipales. Esto es importante, por ejemplo, en materia de agresiones contra la prensa donde según datos de ARTICLE 19 el 70% proviene de agentes públicos pertenecientes a los ramos municipal y estatal.
En contraste con la información oficial, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron 40 informes alternativos. En el documento allegado en marzo por ARTICLE 19, se evidenció el sostenimiento de la violencia contra la prensa desde 2009 hasta marzo de este año. Ello, por si solo, es muestra de la ineficacia institucional que el gobierno pretende velar ante el CDH.
En efecto, en los párrafos 92 a 98 del informe presentado por el gobierno mexicano destaca la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010. Lo que omite es que, más allá del cambio de nomenclatura de Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas (2006), la actual FEADLE no ha presentado avances significativos en la investigación y castigo de responsables de agresiones contra la prensa.
Con base en información solicitada a la FEADLE, de 2010 a 2012 fueron abiertas 294 averiguaciones previas, de las cuales se ejercitó acción penal en 35 casos y en 3 casos se determinó no consignarlas ante un juez. En suma tenemos una efectividad del 11.9% de los casos que tiene como correlato un 88% de “tasa de impunidad”.
En el mismo sentido, relata la modificación constitucional en junio de 2012 “para que autoridades federales conozcan de delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas”. Para que tales reformas comenzaran a operar, correspondía al Congreso de la Unión modificar las leyes secundarias, lo cual ocurrió hasta mayo de 2013. Aquí se evidencia una grave omisión que exhibe la poca atención al tema, pues los cambios a las leyes ordinarias (Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la PGR) no se mencionan en el informe presentado en el marco del EPU.
Sin embargo, a pesar de la claridad que existe en la ley sobre los criterios para atraer casos, la Fiscalía no ha definido del todo sus criterios de actuación. En agosto, la fiscal Laura Borbolla anunció que atraería el caso de Armando Rodríguez Carreón “el Choco”, periodista del Diario de Juárez asesinado en 2009. Sin embargo, el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz ultimada el 28 de abril de 2012, no ha sido atraído pese a las múltiples irregularidades en la investigación realizada por la procuraduría local.
También presenta como un logro la publicación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la implementación del Mecanismo creado por dicha norma. Su efectividad un año después de implementado se reduce a cifras alegres sobre “solicitudes de incorporación atendidas” (35  periodistas y 52 defensores) y el “número de ocasiones que ha sesionado” la Junta de Gobierno (12) desde noviembre de 2012 a junio de 2013.
Lo anterior es una afrenta a la inteligencia de cualquiera que lea los “avances” en materia de protección a la prensa. En principio, las cifras sobre solicitudes de incorporación y número de sesiones nada nos dicen sobre un estado de cosas que empeora cada día. Esos datos pretenden ocultar la realidad ominosa del Mecanismo: no responde en los tiempos marcados por la Ley; nulas capacidades técnicas, humanas y financieras para operar; la ausencia de respuesta en los estados del país pese a la firma de convenios de colaboración con 26 de ellos; la integración apresurada de Unidades administrativas hasta hace poco tiempo; la comisión de agresiones contra personas beneficiarias de sus medidas.
Pese a la pretensión de maquillar en 7 párrafos la situación de violencia contra la prensa, las agresiones contra periodistas han incrementado en un 50% respecto al año pasado. Sin importar sus instituciones y nuevas leyes, 2013 será uno de los años más violentos contra la prensa superando los dos anteriores. Y ello se debe a que la impunidad se mantiene intocada, los delitos contra el honor persisten en los Códigos Penales de 12 estados de la República, el Mecanismo de Protección carece de capacidad para operar y de la voluntad de los altos funcionarios encargados de su funcionamiento.
En suma, el informe rendido ante el Consejo de Derechos Humanos demuestra que la simulación institucional es la única cara del Estado de frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2013/10/23/proteccion-a-periodistas-cambios-institucionales-y-simulacion-estatal/#ixzz2uRmmuj58 

LA CAPTURA DEL ‘CHAPO’ NO DESMANTELA AL CÁRTEL

El investigador Edgardo Buscaglia dice en ‘Aristegui’ que la aprehensión de Guzmán en un país con vacíos de poder no se traduce en la disminución de crímenes

‘EL MAGO’ CALDERÓN

De acuerdo al informe de resultados de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, en el último año de gobierno de Felipe Calderón se esfumaron más de 4 mil 300 millones de pesos del endeudamiento neto contratado y aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2012
Felipe Calderón terminó siendo todo un mago en el arte de desaparecer recursos.
En su último año de gobierno, se esfumaron más de 4 mil 300 millones de pesos del endeudamiento neto contratado y aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2012.
Así lo asienta el informe de resultados de la Cuenta Pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el viernes pasado a la Cámara de Diputados.
En 2012, el gobierno registró un endeudamiento neto por 412 mil 298 millones de pesos de los cuales, 257 mil millones se destinaron al costo financiero de la deuda, es decir, 62.3 por ciento del total.
Del monto restante, 151 mil millones se usaron para cubrir el déficit presupuestario y el pago de los intereses, pero nada se dice de los 4 mil 320.5 millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia.
Incluso, el pasivo contratado y aprobado para ese año por la Cámara de Diputados no se utilizó para la ejecución de obra pública como se había contemplado.
Lo más grave, es que durante todo el sexenio de Calderón desaparecieron del mapa más de 285 mil millones de pesos de deuda contratada.
De 2006 al 2012, el Gobierno Federal registró un endeudamiento neto de 2 billones 252 mil 680.8 millones de pesos, de los cuales, más de 1.5 billones  se utilizaron para pagar el costo financiero de la deuda y 441 mil millones a cubrir el déficit presupuestal.
Aun cuando la ASF solicitó informes a los tres responsables de la Secretaría de Hacienda en la época de Calderón -Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade- ninguno aclaró el destino de esos recursos.
En teoría, el endeudamiento que contrató Felipe Calderón durante su sexenio debía reflejarse en planes de desarrollo económico y social, de acuerdo a la Ley General de Deuda Pública, pero no fue así.
El veredicto de la ASF en su informe es que la Secretaría de Hacienda “no cuidó que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinaran para la ejecución de obras que directamente produjeran un incremento en los ingresos públicos”.
Un año lleno de irregularidades
Los datos revelados por la ASF demuestran que el ultimo año de Felipe Calderón estuvo plagado de irregularidades.
El desvío de recursos en el conocido “Año de Hidalgo” fue la constante en la mayoría de las entidades federativas.
Están en curso 147 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
De ellas, 102 fueron en contra algunas dependencias del gobierno, dos universidades públicas y 43 en los gobiernos estatales, siendo Tabasco el más grave.
Ese año las dependencias estatales, federales y municipales ejercieron irregularmente 734.5 millones de pesos.
En Tabasco no se aclaró el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos provenientes del Fonden, y que tampoco se atendieron en tiempo y forma las emergencias de las inundaciones. 
San Luis Potosí se ubicó entre los 10 estados con mayores montos irregulares.
En Jalisco, se realizaron 356 observaciones por 3 mil 800 millones de pesos, que resultaron de la revisión que se hizo a la aplicación del gasto.
Por lo pronto la Auditoria revisará exhaustivamente el ejercicio del gasto federalizado en 2012 pues la mayoría del desvío de recursos se registró en obra pública.
Para que no sigan desviando los recursos en el futuro, la ASF recomienda mejorar la planeación de las obras, elaborar efectiva y oportunamente los proyectos y supervisar su desarrollo.
En cuanto a las dependencias gubernamentales, se registraron 52 denuncias por presuntos delitos en Agricultura; 25 en lo que era la Reforma Agraria; 12 en Economía; 6 en Hacienda; 5 en la SEP, una en Gobernación y otra en Semarnat.
Se aplicaron 12 auditorías al Instituto Nacional de Economía Social, antes Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
A la lista se suman dos demandas, una en contra de la Universidad Autónoma del Estado de México y otra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Los excesos federativos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró también que de los 6 mil millones de presupuesto que se otorgó a la Cámara de Diputados para el 2012, los legisladores no pudieron comprobar más de mil 700 millones de pesos.
En pocas palabras, hubo opacidad en el manejo del gasto autorizado para ese ejercicio fiscal.
El informe de la ASF también advierte que el manejo de pensiones y jubilaciones “constituye hoy uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Sobre todo porque el monto total de pasivos laborales diferidos fue de 6.29 billones de pesos, y se calculó un déficit actuarial por 5.61 billones de pesos.
En cuanto al Seguro Popular la ASF detecta que no se alcanzó la anunciada cobertura universal en 2012, como lo garantizó Felipe Calderón.
Las 341 enfermedades que atiende representan sólo 2.4 por ciento de las registradas en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Tache a la Sociedad Hipotecaria Federal
La Auditoria resolvió con Dictamen  Negativo a la Sociedad Hipotecaria Federal  por no haber cumplido con las disposiciones normativas de la gestión financiera de la Cartera de Crédito y Dación en Pago.
Este banco de desarrollo celebró nueve contratos y 15 convenios modificatorios por concepto de Daciones en Pago con seis Sofoles-Sofomes a las que se otorgaron créditos y no cumplieron con su pago.
El monto de esas daciones suma 28 mil 518.04 millones de pesos que se suma a su cartera vencida hoy superior a los 45 mil 105 681 millones de pesos y que puede poner a la SHF en riesgo de quiebra técnica.
http://www.reporteindigo.com/

SI LO DEL CHAPO VA EN SERIO, CALDERÓN Y GARCÍA LUNA DEBERÍAN PREOCUPARSE: ANABEL HERNÁNDEZ

anabela
El jefe de la DEA en México firmó un documento con Humberto Loya Castro, abogado y compadre de Joaquín Guzmán Loera, donde se le otorgaba un margen de libre acción a “El Chapo Guzmán” a cambio de información sobre los cárteles enemigos, así lo afirmó Anabel Hernández en entrevista para un medio electrónico.
 Además, aseguró que para que la captura de  Joaquín Guzmán Loera sea realmente exitosa ésta tiene que venir acompañada “por los grandes decomisos de los ranchos, de las cuentas bancarias, de las listas, de la nómina […] y que estas personas también terminen en prisión”.
 Desde la perspectiva de la autora de “México en llamas” el impacto mediático de esta detención no debe sustituir la mirada analítica.  Resulta necesario, por lo mismo,  desentrañar las relaciones existentes entre “El Chapo” y aquellas autoridades que por complicidad directa u omisión protegieron a este delincuente.
 Hernández sostiene que durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se protegió a “El Chapo”, por lo que, si en verdad se quiere llegar al fondo del problema, resulta  necesario develar las complicidades existentes en estos sexenios.
La reconocida  periodista refiere un “pacto –que aparentemente ya no existe más- entre el Cártel de Sinaloa y la DEA”, el cual estaría respaldado en un documento firmado por el titular de la agencia norteamericana en México.
 El documento señalado por Hernández fue entregado a la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois el pasado 29 de julio por los abogados del hijo del narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada en el marco de un juicio en el que éste último aún participa.
 Por otro lado, Anabel Hernández aseguró que a pesar de que delincuentes como Miguel Ángel Treviño, alias “El z-40” o Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, se encuentren encarcelados siguen formando psrte importante del crimen organizado.
 Esto último coincide con las declaraciones de la organización dedicada al análisis del crimen organizado en las Américas Insight Crime quien, en su más reciente informe,  señala que el arresto de Guzmán Loera no representa necesariamente que “se vaya a apartar del Cártel de Sinaloa”, pues esto depende del lugar donde sea confinado para purgar su condena, ya que en numerosas ocasiones -como en el sexenio de Vicente Fox Quesada- se han dirigido las organizaciones a través de mensajes con sus abogados o uso de móviles obtenidos por contrabando ( . ) Leer contexto
 Así, más allá de “la imagen impactante” la pregunta real consiste en saber si el gobierno Federal está dispuesto a desmantelar las redes que sostienen el aparato criminal de El Cártel de Sinaloa. En caso de ser así, Felipe Calderón, y Genaro García Luna tendrían de qué preocuparse, sentenció la periodista.
http://revoluciontrespuntocero.com/ 

25 de febrero de 2014

PESE A SUS ANTECEDENTES PENALES, CONGRESO DE VERACRUZ RATIFICA AL NUEVO PROCURADOR


Luis Ángel Bravo Contreras. Relevo cuestionado. Foto: Plumas Libres
Luis Ángel Bravo Contreras. Relevo cuestionado. Foto: Plumas Libres
XALAPA, Ver. (apro).- A pesar de cargar con dos averiguaciones previas, el Congreso local avaló hoy la designación de Luis Ángel Bravo Contreras como titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Con 48 votos a favor y una abstención, los legisladores ratificaron al nuevo funcionario sin considerar siquiera que en 2011 fue acusado penalmente por golpear al agente del Ministerio Público, Rodolfo Díaz, en un restaurante y por intentar, días después, sobornar al propio funcionario por la disputa de un terreno en la ciudad de Córdoba, según consta en las averiguaciones previas FESP/ 145/2011/I y 148E/2011. (Proceso 1947)
Bravo Contreras se convierte así en el cuarto procurador de justicia en la primera mitad de la gestión de Javier Duarte.
Antes ocuparon el cargo Reynaldo Escobar Pérez, exalcalde de Xalapa y exsecretario de Gobierno, con quien floreció la violencia en la capital del estado; Marco Antonio Lezama Moo, quien fue “encargado de despacho” de la Procuraduría de Justicia y tiene abierto “un juicio administrativo” por vínculos con la delincuencia organizada (Proceso 1861) en Córdoba.
El último fue Amadeo Flores Espinoza, quien salió de la Fiscalía apenas la semana pasada, cargando a cuesta el desaseo y las irregularidades en las investigaciones ministeriales de los asesinatos de los periodistas GregorioGoyo Jiménez de la Cruz, el de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (ocurrido el 28 de abril de 2012, hace 22 meses) y el del cantante de La Voz México, Gibrán David Martiz Díaz.
Los diputados locales que votaron a favor de que Luis Ángel Bravo se convirtiera en el nuevo Fiscal de Veracruz fueron la bancada del PRI y del PAN, así como las fracciones del Partido Verde Ecologista, Alternativa Veracruz y PRD.
Sólo el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles, se abstuvo de darle un “voto de confianza”, pues reparó en que la crisis de inseguridad y la corrupción en los ministerios públicos de Veracruz actualmente son muy graves. Al nuevo funcionario del gobierno de Duarte sólo le daría el “beneficio de la duda”, dijo.
En contraste, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Ana Guadalupe Ingram, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas, ambos priistas, se deshicieron en elogios para el nuevo fiscal, Luis Ángel Bravo. Incluso, aprovecharon las entrevistas con la prensa para felicitar al gobernador Duarte por “la excelente decisión” de proponer al nuevo funcionario.
“Es un hombre íntegro, que conoce a fondo las leyes de Veracruz y que yo he visto con el resto de los diputados que lo ven con buenos ojos para trabajar a fondo en materia de procuración de justicia. Siempre los cambios son buenos para renovar, para mejorar”, justificó Ingram.
“Es nuestro procurador a partir de hoy. Conocemos su solvencia, su capacidad, es un excelente abogado y confiamos en la elección que hizo nuestro señor gobernador”, reparó Juan Nicolás Callejas.
Luego de la toma de protesta de Bravo Contreras en la PGJE –la hizo el mismo Duarte–, en el Palacio de Gobierno circuló la versión de que vienen más cambios en el gabinete priista en los mandos medios de la Secretaría de Agricultura, en la Tesorería de Veracruz y en la Secretaría de Desarrollo Social.
FUENTE: PROCESO.