Por: ROBERTO ROCK L.
Este fin de semana se cumplieron dos
meses del secuestro y asesinato de periodista veracruzano Gregorio Jiménez, el
primer informador muerto durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Cada día se acumulan más evidencias de que su labor, desempeñada bajo
modestísimas condiciones, le atrajo el ataque que lo privó de la vida. Su
nombre se suma al de casi un centenar de diaristas mexicanos victimados desde
el año 2000, además de una docena más desparecidos.
La impunidad, el fracaso de las
políticas públicas aplicadas para encarar el problema y la lamentable
incapacidad del gremio periodístico y de los medios de comunicación para
articular una protesta consistente hacen prever que México seguirá siendo una
zona letal para el trabajo informativo.
En días recientes se produjeron dos eventos que no hacen sino documentar que
este drama no avista una próxima salida; antes al contrario, al parecen vamos
en retroceso. Aún parece faltarnos para tocar piso en esta tragedia que
sacrifica la vida de periodistas, mina la libertad de expresión en el país y
desploma la imagen de México en el mundo.
La
pasada semana nos trajo la creación en la ciudad de México de un “foro
nacional” de periodistas y “comunicadores”, denominación esta última ambigua,
pues usualmente corresponde a funcionarios públicos dedicados a la comunicación
social o política. Es loable que los informadores se agrupen, en un entorno en
el que ni estos profesionales ni los medios –especialmente los impresos- han
tenido ni el talento ni la altura de miras para formar asociaciones sólidas,
que defiendan el oficio o a la industria periodística, tan minada por el nuevo
ecosistema digital.
El referido “foro nacional” ofrece una manzana que puede ser venenosa, pues su
nacimiento fue auspiciado por personajes del norte del país ligados con el PRI.
Varios de los flamantes directivos tienen ellos mismos ligas con el partido
ahora en el gobierno federal. Al evento acudieron dos ex gobernadores priístas
de Chihuahua, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, cuya gestión al frente de
aquel estado se distinguió por su incompetencia y apatía ante los crímenes de
periodistas. También acudió una representante del gobernador de Sonora, el
panista Guillermo Padrés, cuyo único sello ha sido la corrupción rampante en su
gobierno, sus “comunicadores” incluidos.
Dos
de los casos más emblemáticos de atentados contra periodistas en la última
década –además de Gregorio Martínez- son los de Armando “Choco” Rodríguez,
victimado el 13 de febrero de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Alfredo
Jiménez Mota, desaparecido en abril de 2005 en Hermosillo, Sonora. Ni Martínez,
ni Baeza ni Padrés parecen haber dedicado un solo minuto de su tarea pública a
esclarecer esos casos. Fueron omisos y, por ello, cómplices de la impunidad.
El
segundo evento reciente al que debe aludirse es la convulsión registrada en
aras de este tema dentro de la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel
Ángel Osorio Chong, y en particular en la Subsecretaría de Derechos Humanos a
cargo de Lía Limón. En esta área se halla el denominado Mecanismo para la
Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un ente inspirado
en la experiencia de Colombia, pero que se ha convertido en una caricatura
dominada por actos fallidos, protagonismos abundantes, caos administrativo y
una abrumadora falta de voluntad política.
Juan Carlos Gutiérrez, un reconocido abogado en materia de derechos humanos,
colombiano de origen, dejó la conducción del Mecanismo como resultado de un
diagnóstico elaborado por el organismo Freedom House –y patrocinado por USAID,
del gobierno de Estados Unidos-, que da cuenta del caos administrativo y
operativo provocado durante su gestión.
El Mecanismo fue creado en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón
como un esfuerzo oportunista que buscó enderezar el oscuro legado del
mandatario panista en estos temas. El apresuramiento de entonces tuvo fiel
seguimiento en la improvisación actual.
El Mecanismo busca ser una instancia preventiva de ataques contra periodistas y
defensores de derechos humanos. Tiene la autoridad para dictar medidas
cautelares entre las que se incluyen escoltas, vehículos blindados, cámaras y
otros equipos de vigilancia. Cuenta con un presupuesto asignado de 140 millones
de pesos.
En la gestión de Gutiérrez nunca se crearon los protocolos que definieran
criterios sobre qué apoyos asignar, por cuáles motivos o por cuánto tiempo.
Este vacío fue propicio para organizaciones no gubernamentales urgidas de
notoriedad pública que les atrajera patrocinios internacionales, o para
periodistas con egos muy robustos, que consideran una nota de prestigio
disponer de escoltas pagadas con fondos públicos.
A casi 18 meses de iniciado la administración Peña Nieto, y ante la falta
de criterios legales y operativos, decenas de agrupaciones de derechos humanos
han recibido algún tipo de medida cautelar -presumiblemente las más cercanas a
los afectos del señor Gutiérrez-, sin más argumentos que decirse amenazadas. En
el mismo caso se hallan muchos periodistas que aseguran haber recibido un
mensaje intimidante en sus teléfonos celulares o una carta debajo de la puerta.
En un caso se demostró a la beneficiaria que tal mensaje telefónico –que ella
dijo haber borrado por miedo- nunca existió. Otra más acostumbra usar a su
escolta para hacer las compras en el supermercado. Hay un periodista que exige
se le compre una casa porque se dice “desplazado” por la violencia en su
ciudad.
Un directivo en México de una agencia inglesa dedicada a estos temas buscó un
amparo judicial para impedir que le retiraran a sus escoltas cuando se le
argumentó que no había justificación para ello. Las autoridades se saben
maniatadas para exhibir a estos personajes protagónicos porque saben que es
políticamente incorrecto. Pero también han sido incapaces de darle
institucionalidad al referido Mecanismo. En este momento hay al menos tres
decenas de escoltas federales asignadas, cada una de las cuales –con vehículo
blindado y otros recursos- cuesta a los contribuyentes el equivalente a 50 mil
pesos mensuales.
Mientras esto ocurre, modestos reporteros de todo el país, especialmente en
provincia, cubren todos los días actividades del crimen organizado o combaten a
políticos corruptos sin capacidad de pedir algún tipo de protección. Cuando son
asesinados, como Gregorio Martínez, “Choco” Rodríguez, o desparecidos como
Alfredo Jiménez, siempre surge un “colega”, un “comunicador” o un fiscal
que pone en duda su honorabilidad y asume que tenía ligas con los criminales, o
que su asesinato se debió a “conflictos pasionales”, que tampoco esclarecen
nunca.
Existe también la fiscalía de la PGR para combatir delitos contra la libertad
de expresión. No es que haya tenido logros espectaculares, pero existen
indicios de consignaciones importantes e investigaciones avanzadas, lo que
podría dar una señal de la que impunidad va cediendo. En este tema, la
impunidad es el mayor cáncer, el principal motor del miedo y la autocensura.
Pero por algún motivo, el gobierno Peña Nieto ha determinado no hacer públicas
estas acciones, ni fortalecer esta tarea, lo que supondría una señal de que
entiende esta agenda y que la da relevancia política. Por este camino, alguien
puede dar un paso adelante, pero siempre parece haber otro dispuesto a que
sigan los pasos hacia atrás. ( robertorock@lasillarota.com )
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