UN HISTORIAL DE AMENAZAS Y AGRESIONES
La disputa por el inmueble que ocupa la empresa comercial no es reciente. Los antecedentes del conflicto se remontan a los días previos a que la actual administración asumiera el control del Ayuntamiento.
De acuerdo con testimonios y registros fotográficos de los propios trabajadores, el hoy alcalde, Manuel Alonso Cerezo, el 29 de octubre de 2024, acudió personalmente al establecimiento para exigir el desalojo inmediato del lugar. Poco después de esta advertencia, un grupo de civiles armados arribó al sitio y golpeó al personal de la tienda. Videos de esta agresión física aún circulan en redes sociales, lo que ha llevado a los afectados a señalar formalmente a Alonso Cerezo como el presunto autor intelectual del ataque.
INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO HERRAMIENTAS DE COACCIÓN
El panorama político cambió con la llegada de las nuevas autoridades, pero las medidas de intimidación persisten. Con Manuel Alonso en la Presidencia Municipal y Luis Abella Alvarado operando dentro de su círculo cercano de influencia, los afectados califican la reciente clausura como un uso faccioso de las dependencias locales.
La intervención de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad pública en un litigio que debe resolverse estrictamente por la vía civil entre particulares evidencia, según juristas y afectados, un claro abuso de autoridad. La fuerza del Estado está siendo utilizada para dirimir pleitos de intereses privados.
EL IMPACTO SOCIAL EN LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ
Mientras las autoridades locales concentran recursos públicos en conflictos particulares, el impacto económico recae directamente sobre la clase trabajadora. Los empleados de Súper Ahorros se encuentran actualmente sin sustento ni ingresos económicos para sus familias.
ESTE ESCENARIO AGRAVA LA PERCEPCIÓN DE DECLIVE INSTITUCIONAL EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ALINEADA CON LA LLAMADA "CUARTA TRANSFORMACIÓN", ACUMULA CRÍTICAS SEVERAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DEBIDO A:
Nepotismo y despotismo en el ejercicio de la función pública.
Uso de la fuerza policial para favorecer agendas e intereses privados.
Falta de empatía con los derechos de la clase trabajadora y nula transparencia económica.
LA GESTIÓN ACTUAL DE
MANUEL ALONSO EN CÓRDOBA REPITE LAS VIEJAS PRÁCTICAS QUE PROMETIÓ ERRADICAR,
PRIORIZANDO LA POLÍTICA DEL GARROTE Y EL BENEFICIO DE UN GRUPO SELECTO DE
EMPRESARIOS POR ENCIMA DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
Tomado de las redes sociales
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