Egbert Méndez Serrano y Norberto Soto Sánchez
17 septiembre 2026
Los debates y discusiones actuales sobre el funcionamiento de las estructuras criminales (coloquialmente llamadas narco o cárteles) en la sociedad mexicana aún se encuentran en estado de elaboración precario. Los efectos que vivimos —desapariciones forzadas, homicidios, feminicidios, atentados, cobros de piso, trabajo esclavo, etc.— no dan cuenta de manera transparente de sus interrelaciones directas con el modo de producción capitalista.
La opacidad con la que ocurren los sucesos vinculados a la industria ilegalizada de la droga y el ocultamiento de información que hacen las instituciones del Estado —como los más de 800 folios que el Ejército Mexicano se ha negado entregar para avanzar en las investigaciones del caso Ayotzinapa— ha sido el caldo de cultivo para que proliferen las llamadas narconarrativas. Estas conforman versiones convenientes al imperialismo norteamericano quienes instrumentalizan ideas como la del “cártel” para legitimar su injerencia sobre los gobiernos de los países capitalistas dependientes y mediante la extorsión adopten sus políticas en diversas ramas, principalmente comerciales y productivas.
Las narconarrativas no son homogéneas, son un abanico de interpretaciones desde las más burdas hasta las más refinadas. Sin embargo, hay ejes más o menos comunes sobre las que se constituyen, entre ellos la idea de un supuesto enemigo formidable que retaría al Estado, es decir, que estaría constituyendo una especie de poder dual de los grupos criminales, permitiéndoles desplegar cierto control territorial realmente autónomo en algunas zonas del país.
Debido a que se trata de entidades (para)militarizadas, mientras no tengamos información fehaciente de la forma en la que se enlazan a los grupos políticos y empresariales, no podemos ser ingenuos y obviar su estructura organizacional y jerárquica de mando. Dar por supuesta la autonomía relativa o absoluta de los supuestos “cárteles” de la droga, es reproducir sin más la narconarrativa, bien instalada en medios como El Universal o Milenio —prácticamente todo lo que reproducen se ciñe en exclusiva a ese canon, sin dar cabida a otras interpretaciones—.
Al respecto, cabe preguntarse si las y los jóvenes reclutados por el narco, ¿saben para quién trabajan?, ¿hasta dónde se relacionan en la jerarquía de mando, hasta dónde les es permitido conocerla? Nótese que el llamado a posteriori “Jefe de Jefes”, Miguel Ángel Felix Gallardo, llegó a afirmar que el comandante de la policía Guillermo González Calderoni y sus superiores eran quienes repartían la plaza. Si era verdad o simple estratagema para reducir su condena es algo que solo se podría verificar en las altas esferas del poder o apuntando a una lectura histórica, por ejemplo ¿será fortuito que los “cárteles”, estigmatizados como rancheros por la misma narconarrativa, sean expertos en economía internacional para asentarse precisamente en zonas ricas en recursos minerales y materias primas que requiere la industria estadounidense?, o ¿Caro Quintero era el mandamás de la Operación Irán-Contra que financió la contrarrevolución nicaragüense por parte de Estados Unidos?.
Si bien en este artículo estamos lejos de resolver las relaciones inmanentes entre las estructuras criminales con el modo de producción capitalista, ofrecemos un acercamiento que las acota: se trata de la fuerte integración del aparato militar mexicano al de Estados Unidos y lo que esto implica, pues cuesta trabajo creer que las fuerzas castrenses locales hayan estado o estén entre la espada y la pared por parte de los supuestos “cárteles”, los cuales ni siquiera cuentan con un proyecto político o económico alternativo al existente. La fantástica narconarrativa no tendría empacho en decir o en dar elementos para sustentar el decir que sí, por eso nuestros vecinos del norte buscan frenar la corrosión criminal del Estado mexicano, supuestamente ayudando a restituir el Estado de derecho. Semejante postura es, en el mejor de los casos, ingenua, poco informada o abiertamente interesada en reproducir mentiras, entre otras cosas, porque omite la altísima letalidad de las fuerzas armadas en México (https://acortar.link/eDxQIy).
Ambigüedad y opacidad: el funcionamiento de las Fuerzas Armadas
Con mayor regularidad, el gobierno civil va mostrando sus rasgos militares. Uno de ellos se expresa en el Gabinete de Seguridad que desde el 17 de julio de 2025 tiene la capacidad de decisiones ejecutivas (https://acortar.link/Em7ePF). Ahí confluyen nueve dependencias, seis de orden civil, incluida la Presidencia, y tres de carácter militar: Ejército, Marina y Guardia Nacional.
La narconarrativa también ha servido para normalizar la injerencia cotidiana de las fuerzas armadas en esa nueva ecuación de poder (https://acortar.link/vP65Uy), pues se ven como una necesidad frente al enemigo formidable que serían los “cárteles”. Con mayor soltura, los militares hacen presencia y dan declaraciones sobre la presencia de efectivos militares estadounidenses en el país sin que de ello derive gran escándalo. En la llamada “Mañanera del Pueblo” del 4 de septiembre de 2026, el titular de la SEDENA, el General Ricardo Trevilla Trejo, refirió que desde 2016 mantienen una “relación muy buena, muy positiva” con las fuerzas armadas de Estados Unidos, en particular con el Comando Norte. En materia de adiestramiento dijo, “en este momento se está adiestrando un batallón de fusileros paracaidistas en Fort Polk, Virgina (sic!). Están allá desde el 17 de agosto, terminan su adiestramiento el 3 de septiembre. Este adiestramiento es periódico, desde el 2022 están asistiendo unidades del ejército a Fort Polk, Virginia (sic!) y ellos también vienen, vienen al Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua”. Además, agregó que en el aspecto operativo realizan Operaciones Espejo, “patrullajes a lo largo de la frontera, cada quien de su lado”.
Meses antes, en la “Mañanera” del 9 de febrero —también de este año—, la periodistas Sandra Anguilera le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre la detención de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias “La Diabla”, acusada de tráfico de bebés y órganos, la cual supuestamente se había hecho en septiembre de 2025 en conjunto con agencias de Estados Unidos, la presidenta respondió tajantemente, “No hay operaciones conjuntas, ¡no hay¡ Si acaso, hay información que se da por parte de una agencia de los Estados Unidos. También, por cierto, no hay más permisos, lo único que hay de permisos a agentes de las distintas agencias es la renovación, si alguien se va, pues entonces llega a alguien que sustituye”.
Hay un contraste en las declaraciones. Trevilla hace semblante de transparencia, refiere cooperación estrecha entre ambas fuerzas armadas, van efectivos, vienen efectivos, ¿cuántos?, ¿cada cuánto tiempo?, ¿desde cuándo?, ¿tiene costo al erario?, ¿qué tipo de cooperación implica aceptar adiestramiento por el ejército más destructivo e invasor del mundo?, ¿podemos creer que son relaciones sin subordinación como tanto insiste Sheinbaum? Habría que tener un grado de ingenuidad muy alta, ceguera histórica o haber creído por completo en lo que pide a gritos la narconarrativa —que nos salven los paladines de la justicia, Estados Unidos de América— para creer en relaciones simétricas y de respeto a la soberanía.
Por su parte, Sheinbaum es cuidadosa, parece estar en franca contradicción verbal con el poder militar, aquellos hablan sin tapujos sobre los intercambios que hay desde 2022, ella al revés, ¡no hay!, y si algo hay es intercambio de información, incluso declara que se acabaron los permisos, de los adiestramientos no dicen nada; podría apelar a la especificidad, hay cooperación, intercambios, vienen efectivos militares, pero no a realizar operaciones en suelo mexicano, solo adiestramiento.
En el actual sexenio presidencial, nos enteramos del ingreso de militares estadounidenses por las aprobaciones que hace el Senado, pero ¿qué garantías tenemos de que sean todos? El aparato militar funciona en la ambigüedad y la opacidad, sin rendirle cuenta a nadie y protegido por el Ejecutivo. Recordemos una de esas aprobaciones. El 10 de diciembre de 2024, 102 senadores, en absoluta unanimidad (ninguno en contra, ninguna abstención), votaron a favor de permitir el ingreso de militares estadounidenses a territorio nacional “a efecto de que participen en la actividad de adiestramiento denominada ‘Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional’, del 27 de enero al 28 de marzo de 2025”. Llamó la atención que cinco días antes de ser aprobada, la cuenta oficial de la Cámara Alta en X, se adelantó a dar la noticia, aunque luego eliminaron el posteo (https://acortar.link/JaztA1).
Además, para dimensionar la opacidad operativa de las Fuerzas Armadas en general y la enorme influencia política que tiene dicho sector en rubros que exceden sus atribuciones formales, basta mencionar el programa de Órganos de Búsqueda de Información, los famosos OBI’s, que son espías del ejército que se infiltran no solo en movimientos sociales ─recordemos la implicación de dicha figura en el caso Ayotzinapa─, sino en lugares y estructuras donde se quieran realizar labores de inteligencia y contrainteligencia. Dicha tecnología, entendida como conjunto de actores, acciones, técnicas, procedimientos, saberes e instituciones ─por lo menos─ diseñada la recopilación y análisis de información, así como para la obstrucción de las mismas labores de fuerzas enemigas en nombre de la preservación de la seguridad nacional ─es decir, del orden burgués, tomando en cuenta el carácter de clase del Estado-, puede ser instrumentalizada por la cúpula burocrático-militar en la lógica de la redituabilidad. Algo que la opinión pública no puede saber a ciencia cierta, debido al hermetismo del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Fuerza Aérea.
Por parte de la influencia política hay que mencionar dos cuestiones bastante interesantes referentes a la situación en Sinaloa: en una entrevista reciente Gerardo Vargas Landeros (https://cutt.ly/zyxKMHxG), un cacique político del norte de dicha entidad, refirió que el Ejército ha llegado a pedir candidaturas incluso para la gubernatura, como pasó en 2016 ─¡después del caso Ayotzinapa!─, cuando Peña Nieto designó a Quirino Ordáz Coppel como candidato del PRI, a solicitud de militares. Por otro lado, en junio de 2026, la entonces gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, declaró a medios de comunicación que el nombramiento de Gerardo Mérida Sánchez ─general de división retirado─ como titular de la Secretaría de Seguridad Pública sinaloense en septiembre de 2023 había sido por indicaciones de la SEDENA (https://cutt.ly/3yxK3vyc). Debemos recordar que Mérida, junto al exgobernador Rubén Rocha Moya, fue uno de los acusados en esta fase del teatro yanki de supuesta guerra contra el narcoterrorismo tras el affaire Rocha-Zambada-Chapitos-Cuén del verano de 2024. De hecho, Mérida se entregó a autoridades estadounidenses en Arizona el pasado 11 de mayo.
Ante las palabras de Bonilla, el secretario de la Defensa Nacional respondió que “la institución únicamente emite opiniones sobre antecedentes profesionales” pero “que la decisión final corresponde a las autoridades locales” (https://cutt.ly/FyxK6r0b). No obstante, es fácil inferir lo que realmente significa una “opinión” de la cúpula militar, más cuando son sabidas las reuniones de Trevilla con paramilitares del llamado “Cártel Jalisco Nueva Generación” como Ulises Sánchez Garibay en 2018 (https://cutt.ly/IyxLejTz), en las cuales el hoy titular de la SEDENA no se apersonó como un subordinado, sino como un superior jerárquico fáctico, en clave parainstitucional, encargado del ordenamiento de los nichos de acumulación de capital ilegal en Apatzingán, Michoacán, donde entonces era comandante de la 43 Zona Militar.
Las filtraciones
En 2022, el grupo de hackers llamado “GuacamayaLeaks” dio a conocer millones de correos electrónicos de la SEDENA. Para no abrumar al lector sobre la discusión de la solidez de dicha información, hemos decidido tomarla como una fuente más, siendo cautelosos, es decir, trabajar con el material a nivel de hipótesis.
Rastreando lo que reportan las filtraciones, encontramos fechas de la relación militar entre ambos países: en el año 2000 iniciaron las “Hipótesis de Defensa Hemisférica contra la Amenaza del Narcotráfico”; en 2002 se crea el Comando Norte de los Estados Unidos y se renueva la Relación Bilateral Militar; en 2004 se realiza la primera “Junta de Estados Mayores Conjuntos”; en 2008 se firma la “Iniciativa Mérida”, en 2010 se lleva a cabo al primera Reunión del “Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa”, en 2012 se realza la primera reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte, en 2014 se establece el Plan de Desarrollo de Capacidades, en 2016 se lleva a cabo la primera reunión de la “Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar”; en 2019 inicia funciones el Grupo de Alto Nivel en Materia de Seguridad México-Estados Unidos; en 2020, la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar consolida la “Visión Estratégica Mutua”; y en 2021 ocurren tres eventos: se realiza el “Taller de Sincronización”, alineado a la Visión Estratégica Mutua (Plan Anual de Actividades), el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa consolida la “Visión Político-Militar Mutua” y la quinta Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar aprueba la modificación de la “Visión Estratégica Mutua”.
Todo este proceso indica mutaciones en la relación bilateral militar, el mismo General Trevilla señalaba que desde 2016 las relaciones son muy positivas y que desde 2022 había adiestramiento conjunto.
Hay toda una estructura que se encarga de establecer el mecanismo de cooperación militar: Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa, Reunión de Estado Mayor Conjunto, Mesa Redonda de Cooperación Bilateral; sobre estas se establecen Juntas de Integración y Reuniones de Estado Mayor por Servicio Militar.
El Plan Anual de Actividades, que al parecer se realiza desde 2022, deja entrever la fuerte integración, en una lógica de subordinación de distintos matices, del aparato militar mexicano al estadounidense. Se trata de diversos rubros, clasificados en: Junta de Intercambio de Información, Junta de Interoperatividad de Mando y Control, Fuerza Aérea, Ejército, Fuerzas Especiales, Junta de Integración Logística, Educación Militar Profesional, Educación y Capacitación Militar Internacional, Comando de Fuerzas Especiales Norte, Ejercicios, Ejército del Norte de los Estados Unidos, Comando Norte de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, Fuerzas del Cuerpo de Marines del Comando Norte de los Estados Unidos, Comando de Operaciones Especiales del Norte. Para 2022 suman 368 eventos planificados conjuntamente, aproximadamente; y 404 eventos en 2023. Veamos, grosso modo, en qué consisten estos eventos.
La Junta de Intercambio de información son reuniones de grupos de trabajo que hay en la SEDENA, SEMAR y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, algunas son organizadas por el Comando Norte, otras por el Sur. Se realizan en Colorado Springs, Colorado, Crestview, Florida, Ciudad de México o Virtuales. La de Mando de Control, son cursos de seguridad cibernética, sistemas, etc., se realizan en Ciudad de México o en Fort Worth, Texas, principalmente. La de Logística son conferencias y reuniones de planificación, intercambio de expertos en materia, por ejemplo, de mantenimiento y vehículos blindados; se realizan de forma virtual, en la Ciudad de México, Veracruz, Texas o California.
Fuerza Aérea son reuniones y análisis de vigilancia e intercepción, cursos de controladores internacionales de armas aéreas, intercambios doctrinales y conceptos, necesidad de seguridad en bases aéreas. Se realizan en México, Panamá, San Antonio y en la Base de la Fuerza Aérea Tyndall en Florida.
Ejército del Norte de los Estados Unidos son reuniones de Estados mayores, con contactos fronterizos, estadísticas de prácticas en la frontera conjunta, etc. Se realiza en Piedras Negras, Coahuila, Virtuales, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Fort Eustis en Virginia, Texas, California y Arizona.
Comando Norte de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos son planificaciones cooperativas, apoyo en programas como el Ship-Ryder, capacitaciones de oficiales de guerra electrónica, cursos de operaciones marítimas, etc. Se realiza en California, Virginia, Canadá, Rhode Island. Fuerzas del Cuerpo de Marines del Comando Norte de los Estados Unidos son conferencias de alta jerarquía en cooperación y seguridad, evaluaciones, sincronización, casi todas en la Ciudad de México. Comando de Operaciones Especiales del Norte son capacitaciones de habilidades críticas, entrenamientos expedicionarios estresantes y armas en en el conflicto. Se realizan en México, Virginia y Florida.
Ejercicios, se trata de conferencias, programa de líderes de la SEDENA, revisión de resultados, planificaciones, ejercicios multinacionales para asistencia humanitaria. A realizarse en México, Fort Polk en Louisiana, virtual, Hawaii, Colombia, Guyana y Colorado.
La Educación Militar son cursos, con duración variada, capacitación técnica y táctica, también hay maestrías, curso de violencia basada en género y salud de la mujer, curso avanzado de inglés, curso de tomas de decisiones curso a infantes de marina, navegación terrestres armas de apoyo, destreza en territorio accidentado, patrullaje, minas, navegación náutica, entrenamiento físico. Cursos de fuerzas especiales, cultura mundial, métodos de instrucción, organización de escuadrones, puntería avanzada de armas, operaciones en terrenos urbanos. Servicios de salud mental post desastre y combate, liderazgo, política cibernética, respuestas civil militares al terrorismo, lucha contra el terrorismo y guerra irregular, resistencia en guerra moderna, abogados militares, derechos humanos, seguridad y migración irregular, operaciones psicológicas, pruebas de vuelo de sistemas aéreos no tripulados. Investigación criminal, capacitación de Range de la Guardia Nacional. Estos cursos son impartidos en Fort Benning, en la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas de San Antonio, en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (antiguamente conocido como Escuela de las Américas), Fort McNair, Instituto de Idiomas de Defensa, Washington, Wright Patterson en Ohio, Rhode Island, Miami, California, Camp Pendleton, Virginia, Fort Leave Worth, Fort Bragg, Fort McNair Bldg, Hawái, Alemania, Puerto Rico, Charlotte, Canadá.
Todos los eventos tienen costo y varían en días de estancia. En 2022 el número total de efectivos militares involucrados asciende a 5,530 personas, 1,456 militares estadounidenses y 4,074 mexicano; en 2023 contempla 6,289 militares en total, 2,115 estadounidenses y 4,174 mexicanos. El costo total del Plan de Actividades Anual 2023 se estima en $14,734,530.34 dólares, pero no encontramos información para determinar si la suma calculada por evento —cálculo que hicimos nosotros— es de precios por persona o ya contempla todos los efectivos considerados. En dado caso sirve para tener una cota mínima, cifra que con el tipo de cambio de 2023 asciende a $ 261,277,112.35 pesos mexicanos.
¿Cuántos de los eventos enlistados se realizaron?, ¿cuánto se pagó? Esa información es una incógnita. Pero se puede encontrar información dispersa, por ejemplo, para 2022 hay evidencia de actividades que se realizaron, entre ellas: Subgrupo de Cooperación entre Fuerzas Armadas, Reuniones Conjuntas de Alto Nivel, Operaciones y Ejercicios, Reunión de Estados Mayores, Operaciones y Ejercicios.
Otras actividades realizadas en el mismo año que también se encuentran, son las efectuadas por los organismos dependientes de la Secretaría de Agentes Extranjeros, en la que participaron soldados de Ecuador, Fuerza Aérea de Guatemala, Comando Norte de los Estados Unidos y de la Oficina Coord. Def. de su Embajada en México y el Departamento de Estado. Hay otro correo donde se da a conocer una salida de tropas a Louisiana con motivo de adiestramiento, 138 soldados, posiblemente a realizarse en Fort Polk (que no está en Virginia como refirió el General Trevilla).
Llama la atención, entre estos intercambios, el préstamo en 2018 de un radar TPS-70 y luego su donación junto con un TPS-78 autorizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2022; según se dice, sin condiciones. El primero se instaló en Sonora y sirvió para asegurar 6,602 kilogramos de diversas drogas, así como aeronaves, armas y vehículos. Para la donación, Estados Unidos absorbió los gastos de transporte, instalación, adiestramiento y operación estimados en 6 millones de dólares (120 millones de pesos mexicanos) en un periodo de 2 o 3 años; posterior a ello, la SEDENA absorbería los costos de su operación. El medio infodefensa.com informó que los radares entrarían en operación en septiembre de 2025 (https://acortar.link/j8gjfw).
En teoría, estas relaciones bilaterales están normadas por la Ley de Seguridad Nacional, que el Gobierno de López Obrador “casualmente” modificó en 2020, sobre todo en lo referente a Cooperación Internacional. Quedará para futuras elaboraciones el análisis de los cambios Constitucionales, no obstante, es visible que en la nueva ecuación de poder civil-militar en México está imbricado el poder militar norteamericano.
Conclusiones
El análisis crítico de la industria ilegalizada de sustancias psicoactivas y de su instrumentalización por parte de sectores del Estado mexicano, en particular de las Fuerzas Armadas y corporaciones policíacas con capacitación militar ─conocidas como unidades especiales─, muestra la insuficiencia analítica de las explicaciones oficiales y mediáticas convencionales.
Lejos de concebir a los grupos armados del “crimen común” al margen del Estado o como entes todopoderosos que supuestamente desafían la soberanía nacional —una narrativa funcional a los intereses del imperialismo estadounidense para justificar la injerencia extranjera—, la evidencia histórica y coyuntural apunta a una continuidad orgánica entre las estructuras castrenses y los circuitos de industrias ilegales, pero también legales que pisotean los derechos humanos de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas.
En primer lugar, es menester enfatizar el lugar privilegiado que ocupan los ejércitos de los Estados burgueses en el tráfico de sustancias psicoactivas ilegales. Dicha posición no responde a la presencia aislada de “manzanas podridas” o a desviaciones individuales por corrupción, sino a una condición estructural inherente al aparato militar dentro de la sociedad capitalista y, de manera muy particular, en el contexto especial de la “semicolonia” mexicana (un dominio muy agudo de Estados Unidos sobre el país), donde la tecnología de la desaparición forzada para fines de redituabilidad ha tomado auge debido a los nichos de acumulación de capital que se han consolidado en torno a industrias criminales como el tráfico de órganos, la trata de personas y el trabajo esclavo, por mencionar solo algunas.
Las fuerzas armadas poseen el mayor equipamiento para ejercer la violencia, consolidando una vasta capacidad operativa para matar, impunidad institucional garantizada por el fuero y un control territorial absoluto (ejercido a través de retenes, patrullajes rurales y zonas militares). Como lo documentan los registros históricos y etnográficos —desde las guardias militares en los cultivos de la Sierra Madre en la década de 1970 hasta las operaciones logísticas y de trasiego contemporáneas (https://acortar.link/6x7bQA)—, el ejército no opera como un antagonista externo de los negocios ilícitos, sino como un actor clave que garantiza la rentabilidad y el orden de los flujos de mercancías hacia los mercados internacionales ─con esto tiene que ver, en cierta medida, el papel del Ejército Mexicano en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, por ejemplo─. Su posición objetiva le otorga una ventaja insuperable frente a cualquier otra organización civil armada para asegurar el tránsito transfronterizo de capitales y materias primas ilegalizadas, así como para garantizar la producción de mercancías y servicios ilegales.
En segundo lugar, la profundización de la militarización de la vida social y de la seguridad pública en México implica de manera ineludible un proceso de paramilitarización, el cual se consolida mediante la progresiva e intensa integración fáctica del Ejército Mexicano con el aparato castrense de los Estados Unidos. Esta articulación binacional, institucionalizada a través de complejos mecanismos como el Comando Norte, las Juntas de Estados Mayores Conjuntos, los planes anuales de adiestramiento y los ejercicios combinados (ejemplificados en los entrenamientos en bases como Fort Polk, Fort Bragg o los acuerdos de interoperatividad), desmiente el discurso oficial de estricta soberanía. Lejos de constituir relaciones simétricas o de colaboración defensiva neutral, la subordinación técnica, doctrinal y operativa del Estado Mayor mexicano al Pentágono consolida un modelo de seguridad regional dictado realmente desde Washington.
No obstante, la ideología oficial y los discursos hegemónicos suelen dar a entender una supuesta excepcionalidad ética o una pretendida pureza legal en las instituciones armadas del vecino del norte, sugiriendo que el imperialismo estadounidense opera únicamente como un fiscalizador incorruptible de la legalidad. Suponer que el ejército estadounidense carece de prácticas criminales sistémicas ─verdaderas tradiciones criminales─ resulta profundamente ingenuo y carente de rigor crítico. Obras de investigación como Fort Bragg Cartel de Seth Harp documentan con claridad cómo las propias estructuras de las fuerzas especiales estadounidenses albergan dinámicas de delincuencia organizada (especialmente narcotráfico), redes de contrabando, violencia extrema e impunidad en el interior de sus propias filas. Por ende, la cooperación militar bilateral no representa un esfuerzo para “luchas contra el narcoterrorismo”, sino la confluencia de aparatos de fuerza que se ensamblan en lógicas de dominación imperial, control geopolítico y administración de economías subterráneas.
Finalmente, es imperativo rechazar el uso del término “cártel” bajo los postulados de la crítica a la narconarrativa impulsada por autores como Oswaldo Zavala. Perpetuar la idea de los “cárteles” como presumibles corporaciones autónomas a los Estados capitalistas, cuasiomnipotentes que supuestamente logran consolidar una especie de “dualidad de poder reaccionaria” y, por lo tanto, que están desvinculados de estructuras coercitivas y políticas formales, cumple una función ideológica precisa: encubrir la instrumentalización de ellas desde las altas esferas del Estado tanto al norte como al sur del Río Bravo, algo que termina justificando la militarización impuesta desde el imperialismo norteamericano.
La implicación de mandos castrenses mexicanos en la producción y trasiego de sustancias psicoactivas ilegalizadas es algo que está presente desde los albores del régimen internacional de prohibición. Para muestra un botón: el primer gran capo de la droga en México fue el coronel Esteban Cantú Jiménez, quien en 1911 se encargó de sofocar las acciones putchistas del Partido Liberal Mexicano en Tijuana y, para 1915, gracias a su afinidad con el carrancismo, pudo asumir la jefatura del Distrito Norte del Territorio de la Baja California, en donde logró consolidar un cacicazgo político que controlaba incluso el comercio del opio en la región.
La violencia que azota a México desde hace 20 años no es el producto de una guerra entre el Estado y los criminales, sino la expresión de una reestructuración continua, permanente, de negocios ilegales y/o legales pero que atentan contra los intereses de las masas trabajadoras, populares e indígenas; las disputas son dentro del Estado capitalista ─el cuál es sumamente heterogéneo─, realizándose, principal aunque no exclusivamente, desde lógicas parainstitucionales y paramilitares, en un entramado cuya complejidad, en buena medida, se da a partir de la bastedad del tamaño del país y la división de sus regiones militares y navales.
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