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Redacción: Desarmador Politico
CÓRDOBA, VER. – Vecinos de la
colonia Ampliación Jardines del Sur de esta Ciudad interpusieron una denuncia
administrativa ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder
Judicial en contra del licenciado Gustavo González Lazcano, en su
carácter de titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito
Judicial. Los afectados acusan al juzgador de haber incurrido en graves violaciones al
debido proceso, parcialidad sistemática y omisiones de legalidad que han dejado
en la incertidumbre jurídica a más de un centenar de familias.
De acuerdo con los
inconformes, el conflicto estalló el 28 de febrero de 2025, cuando el ciudadano
Daniel Trujillo González ingresó con un tractor al área verde comunitaria de la Colonia,
derribando árboles y aplanando el terreno. Al ser confrontado, Trujillo afirmó
ser el dueño legítimo de las más de 1.8 hectáreas que conforman los 103 lotes
de la colonia, bajo el argumento de contar con una sentencia definitiva a su
favor emitida por el juez González Lazcano en el expediente 1075/2024/.
UNA PRESUNTA RED DE
SIMULACIÓN
La investigación y los
documentos presentados por los afectados revelan que Daniel Trujillo promovió
un juicio civil de prescripción positiva de mala fe (usucapión) ostentándose
como representante de la persona moral “Jardines del Sur, Córdoba, A.C.”.
El demandante aseguró representar a los colonos y poseer un contrato de
compraventa del año 2002. Sin embargo, los vecinos denunciaron penal y
administrativamente que dicho juicio constituye un fraude procesal basado en
una simulación.
Los colonos manifestaron que la asociación civil fue creada apenas en abril de 2022, por lo que cronológicamente resultaba imposible cumplir con los 20 años de posesión que exige la ley civil para heredar o subrogarse derechos históricos, una prueba temporal básica que el juez ignoró o que no quiso darse cuenta. Asimismo, sostienen que jamás estamparon sus firmas en dicha acta constitutiva ni en el contrato de compraventa utilizado. Además, la gran mayoría de los legítimos poseedores y habitantes del predio nunca fueron notificados ni llamados a juicio, lo que los dejó en un total estado de indefensión y vulneró su derecho constitucional de audiencia.
De acuerdo con los denunciantes, su posesión del inmueble —iniciada de buena fe el 4 de noviembre de 2004— está sustentada en un contrato de promesa de compraventa celebrado con Arturo Cienfuegos Díaz Ordaz, en su calidad de heredero de las propietarias. Los quejosos señalaron de manera directa que las irregularidades en el proceso derivan de una presunta red de corrupción que vincula a jueces y notarías públicas.
SOSPECHOSA CELERIDAD
JUDICIAL
Los representantes de
los afectados subrayaron la inusual rapidez con la que el juzgado resolvió el
caso para favorecer a Trujillo González:
- 2 de diciembre de 2024: El juez dictó la
sentencia definitiva.
- 29 de enero de 2025: Declaró que la
sentencia causó ejecutoria.
- 31 de enero de 2025: En apenas dos
días hábiles, remitió e inscribió de forma acelerada la resolución ante el
Registro Público de la Propiedad bajo el registro 990-I-1955.
Para los colonos, esto
no se trató de un error de apreciación judicial, sino de una parcialidad
intencionada para evadir el llamado individual de los verdaderos dueños,
aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica de las familias.
ACCIONES LEGALES EN
CURSO
Aunque a inicios de
mayo de 2026 el juez Gustavo González Lazcano fue removido y adscrito a otro
juzgado civil del estado, los daños patrimoniales siguen vigentes. Por ello, la
comunidad mantiene activas varias acciones jurídicas para revertir el fallo:
1.
Vía Penal: Presentaron una denuncia por fraude procesal
ante la Fiscalía Regional de la Zona Centro (Carpeta de investigación
662/2025), en la cual se señala la intervención del juez, del titular de la
Notaría Número 18, así como de los denunciados Daniel Trujillo y Arturo
Cienfuegos Díaz Ordaz.
2.
Vía Civil: Promovieron cuatro Juicios Ordinarios Civiles
de Nulidad de Juicio Concluido por Proceso Fraudulento ante el Juzgado Primero
de Primera Instancia en materia civil de Córdoba, con el fin de salvaguardar
sus derechos amparados en el artículo 14 constitucional.
LLAMADO A LAS
AUTORIDADES
Los colonos hicieron un llamado enérgico al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Veracruz para que revise a fondo la actuación del funcionario y se garantice el respeto a sus propiedades, las cuales adquirieron originalmente mediante promesas de compraventa legítimas desde el año 2004 con la intervención de la Dirección de Patrimonio del Estado.
Asimismo, dirigieron un
escrito a la gobernadora Ing. Rocío Nahle Garcia solicitando su intervención para
que queden a salvo los derechos sobre los inmuebles que tienen en posesión de
buena fe desde el 4 de noviembre de 2004.
Desarmador Politico
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