ANA MARÍA
SALAZAR
En Twitter: @Amsalazar. Correo: opinion@elfinanciero.com.mx
Con el desastre ambiental en Sonora de
la semana pasada, los críticos de la reforma
energética ya tienen un ejemplo que demuestra la incapacidad del
Estado ante la voracidad de las multinacionales.
Lo que sucedió el 6 de agosto en Sonora, cuando Grupo México, administradora de una mina de cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora, una de las regiones ganaderas más importantes del país, se asemeja a lo que sucedió en Canadá dos días antes. Pero la reacción de las autoridades estatales y nacionales es diferente.
El 4 de agosto se rompió un dique de la mina Mount Polley de Imperial Metal Corp. y derramando tóxico y metales pesados a ríos y lagos Polley y Quesnel y en el arroyo Hazeltine. Según reportes de prensa, las autoridades canadienses declararon estado de emergencia, prohibieron todas las actividades acuáticas. Ecologistas señalaron que “ los metales pesados se encontrarán durante años en la cadena alimentaria, animal y vegetal, mientras que el mercurio y cadmio permanecen en circulación durante décadas”. Las acciones de la empresa cayeron 38 por ciento y 483 millones de dólares del valor de la empresa. Cuatro días después del accidente, Standard & Poor’s redujo la calificación crediticia de Imperial de B- a CCC+.
En Sonora la Comisión Nacional del Agua ha declarado emergencia en Cananea, seis municipios más y la capital sonorense, Hermosillo. Y aunque ya las autoridades señalaron la negligencia de Grupo México en informar inmediatamente lo sucedido a Protección Civil, ya es suficiente para que se le multe por lo menos con un millón de pesos –que posiblemente será la única multa que recibirá esta empresa.
Pero en un comunicado de “eventos relevantes” que tiene por ley que publicar toda empresa que cotiza en la bolsa, con cinismo afirma que “la empresa, una vez que tuvo conocimiento de este suceso, procedió de inmediato a levantar un muro de contención para evitar que el derrame continuara. Las obras de contención se concluyeron en menos de 24 horas. Al mismo tiempo, Buenavista del Cobre, atendiendo a los protocolos, informó a la Secretaría del Medio Ambiente y a otras autoridades del estado sobre el percance. El día 8 de agosto, la empresa emitió un comunicado a los diferentes medios del estado de Sonora.” El cinismo de este comunicado no tiene fin. No sólo se publicó esta información de “eventos relevantes” en la bolsa seis días después del acontecimiento, permitiendo cualquier tipo de insider trading y venta de acciones con información privilegiada ante el desastre, pero también insinúa que los pasos que tomó la empresa fueron los apropiados en tiempo y forma, lo que simple y llanamente no es cierto. Ya hay varios reportajes de que una pasante que estaba trabajando en el área fue la que dio la información a las autoridades cuando se percató del desastre.
La empresa miente, pero a diferencia de Canadá, el impacto en sus acciones ha sido mínimo. Tal vez por falta de información, tal vez porque la empresa miente, o simple y llanamente los inversionistas saben que un desastre de esta naturaleza en México no afecta económicamente a una empresa por la impunidad. Y el impacto se sentirá en la salud y economía de las familias sonorenses en los años venideros.
¿Porqué la contundencia de mis comentarios? Por que tres generaciones de mi familia son ganaderos sonorenses de la región que fue afectada por la absoluta negligencia y cinismo de esta empresa.
Señor presidente: acaba de firmar las leyes secundarias de la reforma energética buscando transformar a México. No cometa el mismo error de Carlos Salinas de Gortari, como lo señala la revista The Economist, de que los beneficios de las recientes reformas no sean compartidos con todos los mexicanos, “ya que las reformas del expresidente fueron desacreditadas debido a que sus beneficios sólo fueron aprovechados por unos cuantos”.
No permita que la historia lo compare con Carlos Salinas de Gortari. Si las empresas nacionales y las trasnacionales no le temen a los órganos reguladores del Estado y si no hay consecuencias por portarse mal (contaminar, robar, defraudar, intimidar, etc.) sucederá lo que advirtió el gobernador de California, Jerry Brown, durante su visita a México cuando recomendó al gobierno y al Congreso tener ‘‘mano dura’’ para regular a las empresas petroleras que vendrán a invertir ‘‘o se los van a comer vivos’’. De no hacerlos señor presidente, este país pertenecerá a los gandallas y criminales.
Lo que sucedió el 6 de agosto en Sonora, cuando Grupo México, administradora de una mina de cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora, una de las regiones ganaderas más importantes del país, se asemeja a lo que sucedió en Canadá dos días antes. Pero la reacción de las autoridades estatales y nacionales es diferente.
El 4 de agosto se rompió un dique de la mina Mount Polley de Imperial Metal Corp. y derramando tóxico y metales pesados a ríos y lagos Polley y Quesnel y en el arroyo Hazeltine. Según reportes de prensa, las autoridades canadienses declararon estado de emergencia, prohibieron todas las actividades acuáticas. Ecologistas señalaron que “ los metales pesados se encontrarán durante años en la cadena alimentaria, animal y vegetal, mientras que el mercurio y cadmio permanecen en circulación durante décadas”. Las acciones de la empresa cayeron 38 por ciento y 483 millones de dólares del valor de la empresa. Cuatro días después del accidente, Standard & Poor’s redujo la calificación crediticia de Imperial de B- a CCC+.
En Sonora la Comisión Nacional del Agua ha declarado emergencia en Cananea, seis municipios más y la capital sonorense, Hermosillo. Y aunque ya las autoridades señalaron la negligencia de Grupo México en informar inmediatamente lo sucedido a Protección Civil, ya es suficiente para que se le multe por lo menos con un millón de pesos –que posiblemente será la única multa que recibirá esta empresa.
Pero en un comunicado de “eventos relevantes” que tiene por ley que publicar toda empresa que cotiza en la bolsa, con cinismo afirma que “la empresa, una vez que tuvo conocimiento de este suceso, procedió de inmediato a levantar un muro de contención para evitar que el derrame continuara. Las obras de contención se concluyeron en menos de 24 horas. Al mismo tiempo, Buenavista del Cobre, atendiendo a los protocolos, informó a la Secretaría del Medio Ambiente y a otras autoridades del estado sobre el percance. El día 8 de agosto, la empresa emitió un comunicado a los diferentes medios del estado de Sonora.” El cinismo de este comunicado no tiene fin. No sólo se publicó esta información de “eventos relevantes” en la bolsa seis días después del acontecimiento, permitiendo cualquier tipo de insider trading y venta de acciones con información privilegiada ante el desastre, pero también insinúa que los pasos que tomó la empresa fueron los apropiados en tiempo y forma, lo que simple y llanamente no es cierto. Ya hay varios reportajes de que una pasante que estaba trabajando en el área fue la que dio la información a las autoridades cuando se percató del desastre.
La empresa miente, pero a diferencia de Canadá, el impacto en sus acciones ha sido mínimo. Tal vez por falta de información, tal vez porque la empresa miente, o simple y llanamente los inversionistas saben que un desastre de esta naturaleza en México no afecta económicamente a una empresa por la impunidad. Y el impacto se sentirá en la salud y economía de las familias sonorenses en los años venideros.
¿Porqué la contundencia de mis comentarios? Por que tres generaciones de mi familia son ganaderos sonorenses de la región que fue afectada por la absoluta negligencia y cinismo de esta empresa.
Señor presidente: acaba de firmar las leyes secundarias de la reforma energética buscando transformar a México. No cometa el mismo error de Carlos Salinas de Gortari, como lo señala la revista The Economist, de que los beneficios de las recientes reformas no sean compartidos con todos los mexicanos, “ya que las reformas del expresidente fueron desacreditadas debido a que sus beneficios sólo fueron aprovechados por unos cuantos”.
No permita que la historia lo compare con Carlos Salinas de Gortari. Si las empresas nacionales y las trasnacionales no le temen a los órganos reguladores del Estado y si no hay consecuencias por portarse mal (contaminar, robar, defraudar, intimidar, etc.) sucederá lo que advirtió el gobernador de California, Jerry Brown, durante su visita a México cuando recomendó al gobierno y al Congreso tener ‘‘mano dura’’ para regular a las empresas petroleras que vendrán a invertir ‘‘o se los van a comer vivos’’. De no hacerlos señor presidente, este país pertenecerá a los gandallas y criminales.
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