Denise Dresser
Según un estudio reciente de la Comisión Federal de Competencia, la cobertura de cajeros automáticos es insuficiente y está dominada por los grandes bancos. Además el cargo por retirar efectivo en un cajero que no es del banco del usuario es muy caro: entre 20 y 30 pesos en promedio.
Hacer un pago móvil a una cuenta de un banco diferente a la cuenta del usuario es imposible.
Las redes de pagos móviles operan básicamente a través de la “telefónica preponderante”, o sea Telmex.
Los bancos podrían estar tomando decisiones a favor de sus accionistas y no necesariamente a favor del funcionamiento eficiente del sistema de información crediticia.
Los bancos pequeños enfrentan limitaciones de información para competir de manera efectiva en productos específicos para segmentos de la población.
Los usuarios no cuentan con un historial para obtener créditos porque el gobierno no provee información sobre pagos realizados a Infonavit o Fovisste.
Las medianas y pequeñas empresas enfrentan serias dificultades para tener acceso a financiamiento/capital de inversión.
Los fondos de inversión instrumentan políticas de diferenciación de precios que resultan discriminatorias y discrecionales.
No hay una base de datos sobre el historial de riesgo de clientes en busca de seguros, lo cual lleva a que las pólizas sean muy caras.
La Comisión Federal de Competencia sólo cuenta con tres días para emitir una resolución sobre una concentración mediante liquidación bancaria, lo cual lleva a que el organismo no pueda erradicar conductas anticompetitivas o barreras a la competencia.
Los bancos no compiten entre sí para ofrecer una mejor tasa de interés con el fin de atraer clientes.
Los tarjetahabientes encuentran dificultades para trasladar sus saldos deudores a un banco distinto que les ofrezca mejores condiciones: Sólo 5% de los clientes de tarjetas de crédito cambiaron de banco entre 2011 y 2012.
Los usuarios afrontan serias dificultades para elegir productos financieros –como crédito automotriz o seguro para el retiro– porque no tienen acceso fácil a la información para comparar.
Los acreditados están atados a términos de contratación desventajosos, con altas tasas de interés o altas tasas de comisiones o condiciones inflexibles de plazo o formas de pago.
Hay nula movilidad de clientes entre proveedores de cuenta de nómina, lo cual obstaculiza la competencia.
Es básicamente imposible trasladar una garantía hipotecaria de una institución a otra, lo cual inhibe el refinanciamiento del crédito.
Existen acciones anticompetitivas coordinadas entre los bancos; en otras palabras, están coludiéndose para abusar del consumidor.
Los usuarios pagan sobreprecios en el ramo de los seguros ligados a crédito, especialmente el automotriz y el hipotecario.
Las autoridades regulatorias del sistema financiero actúan con una gran discrecionalidad.
La cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta es baja.
Los usuarios que reciben o envían remesas no cuentan con la información necesaria y por ello se enfrentan a comisiones adicionales a las pactadas inicialmente en el servicio.
En ciertos sectores la banca de desarrollo es ineficiente y genera riesgos para la competencia.
El Infonavit y el Fovissste establecen condiciones de crédito más onerosas que otros intermediarios financieros, por lo que sus ventajas no se ven reflejadas en menores costos para los consumidores.
Los intermediarios financieros ofrecen de manera insuficiente ciertos servicios financieros a algunos sectores de la población.
Hay un serio conflicto de interés en algunos consejos de administración de la banca de desarrollo, que tiene participantes con intereses dentro de los sectores que fomentan.
Quienes ofertan servicios de ahorro para el retiro compiten principalmente a través de la promoción de sus servicios (43% del gasto de las Afores se destina a esta actividad, mientras que sólo 4% va a la inversion). Los gastos de promoción elevan los costos de operación de las Afores, sin beneficios claros para los consumidores. Y por ello la mitad de los trabajadores que cambiaron de Afore en 2013 fueron a dar a otra institución que les ofrecía menor rendimiento neto.
Como la información sobre transacciones que involucran fideicomisos es considerada “secreto bancario”, la Comisión Federal de Competencia no puede determinar si hay prácticas anticompetitivas en ese sector.
El sistema financiero no está innovando y no está buscando atraer a los consumidores vía calidad, innovación y mejores precios. En esencia, nos tiene atrapados.
Como no hay competencia, sino más bien colusión y mala regulación, los bancos hacen básicamente lo que se les da la gana: abusan, manipulan, esconden, exprimen. Por eso las filiales de bancos extranjeros en México tienen mayores tasas de ganancia aquí que en otras partes del mundo donde operan.
Ante esta lamentable realidad, lo único que hace la Comisión Federal de Competencia es ofrecer 36 recomendaciones “no vinculantes”. Mientras tanto, allí está el servicio malo y caro que padecemos los usuarios. Y la pasividad o la complicidad del gobierno.
