No sorprende saber que la banda que ha operado secuestros de hijos de políticos, líderes sindicales y gente de la sociedad civil en el sur y otros lugares del estado, ha recibido protección por parte de algunos policías y jueces corruptos de Veracruz. Sólo así se entiende que lleven 20 años entrando y saliendo de las cárceles en la entidad, sin que nadie los detenga.
Gracias a la presión ciudadana y a la protesta de un grupo de abogados amigos de Cipriano Puertas, la Procuraduría de Justicia del estado al mando de Luis Ángel Bravo Contreras, anunció la captura de sólo 2 de los integrantes de esa peligrosa banda.
Será casualidad o coincidencia que desde la llegada de Ricardo Carrillo Almeida a la titularidad de la subprocuraduría de justicia del estado en la región sur, incrementaron la operación de los hechos delictivos de toda clase, pero especialmente secuestros.
Fuerte y contundente fue el reclamo de los abogados en la región sur, que exigieron resultados en la investigación en torno a la cobarde ejecución del abogado Cipriano Puertas que intentando defender a su hijo de un secuestro, fue asesinado a mansalva.
Los abogados encararon al funcionario y le amenazaron con revelar la larga lista de recursos que pide a cambio de “resolver” a favor de los que pagan, averiguaciones previas. Hartos de tanta corrupción entre las autoridades ministeriales pidieron la detención de la banda de secuestradores de los que sólo presentaron a 2.
Este lunes las autoridades de Procuración de Justicia, se vieron obligadas a ofrecer resultados. Presentaron a sólo 2 de la peligrosa banda que trascendió ayer mismo, goza con la protección de policías ministeriales y hasta de jueces.
Los líderes de esta banda se sabe ahora, son ex comandantes de la policía ministerial de Veracruz, mismos que han sabido como “convencer” a los agentes de ministerio público para que integren averiguaciones deficientes que hace que jueces del estado y hasta federales, los dejen ir, como sucedió con el caso de Jorge Antonio Hernández, alias “El Silva”, presentado como uno de los asesinos de la corresponsal de PROCESO Regina Martínez.
Miguel Peña Ordaz y Ángel Daniel López Alcudia, fueron presentados como parte de esta banda. El segundo es hermano de Jaime López Alcudia ex policía que, junto con Alejandro Barradas y Mauro Jiménez Cisneros (a) “el Huarache” tienen más de 20 años operando secuestros en los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Lo peor de esta preocupante historia, es saber que Laurentino Sosa Capistrán primo hermano de Alberto Sosa Hernández presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, ha sido pieza clave en la liberación de esta banda de secuestradores cuyos integrantes han entrado y salido de cárceles en la entidad.
En su calidad de juez de primera instancia en la región sur, Laurentino Sosa dejó en libertad a varios de estos personajes que habían sido detenidos gracias a las operaciones de policías de Oaxaca.
Cuando la gente se inconformó el primo “cómodo” de Sosa Hernández -que guardó absoluto silencio sobre este caso- fue removido a Poza Rica, desde donde continúa según denuncias de familias afectadas, dejando en libertad a delincuentes a cambio de favores económicos bastante fuertes.
Por hechos como estos, podríamos tratar de entender por qué Veracruz sigue ocupando primeros lugares en hechos delictivos como secuestros, extorsiones, robos, asesinatos, levantones, asaltos, ejecuciones y demás.
Las evidencias demuestran que la corrupción entre muchos jueces y agentes de ministerio públicos en el estado de Veracruz, es el principal problema que contribuye a la enorme crisis de inseguridad que la gente denuncia a través de las redes sociales y en manifestaciones.
Es importante que los ciudadanos se sumen a las manifestaciones públicas de rechazo a la inseguridad pues mientras no lo hagan, los funcionarios continuarán en sus posiciones cómodas de “en Veracruz no pasa nada”.
Y si la gente afectada y la que no ha sido víctima aún, continúa de brazos cruzados ante esta crisis de inseguridad, no habrá más presión para las autoridades estatales que insisten en sus discursos y boletines que “todo está muy bien en Veracruz”.
Sí, para ellos que traen hasta 50 elementos de seguridad armados hasta los dientes y tienen sus residencias y vehículos blindados con recursos que pagan los impuestos de los ciudadanos.
Es evidente que la cadena de corrupción se encuentra en todos los niveles en el estado y muchos funcionarios se están haciendo millonarios con la inseguridad.
Desde los policías que no detienen a los delincuentes. Los agentes del ministerio público que no investigan nada. Los jueces que dejan en libertad a los que por “error” hayan sido detenidos. Los subprocuradores que cobran por todo, dicen que lo hacen, porque deben entregar su mensualidad a la oficina del Jefe.
Y el jefe les dice que debe entregar el recurso mensual en la oficina del gobernador. No tienen límite.
Es una larga cadena de corrupción que explica la enorme impunidad que mantiene a Veracruz encabezando las listas de hechos delictivos y que podrían ayudar a entender por qué las autoridades del estado se niegan a la entrada de la Gendarmería Nacional.
Temen policías, agentes del ministerio público, jueces y demás funcionarios del gabinete corruptos, que con la llegada de esta nueva policía federal, se les caigan muchos de los jugosos negocios que los han hecho millonarios, mientras la sociedad continúa indefensa ante la actuación de los criminales.
Usted y sólo usted puede contribuir a través de la protesta pacífica y pública, obligar primero a sus diputados locales y federales, exijan a las autoridades reconocer la situación grave de inseguridad que prevalece en el estado.
Los diputados y senadores tienen la obligación de insistir ante la federación, para que revise la estrategia de seguridad que como se ve todos los días a través de hechos noticiosos está fallando en Veracruz.
Aunque las autoridades locales nieguen lo que pasa, ahí están los hechos hablando por sí mismos. Ellos pueden negar y sentirse satisfechos porque no hay un segundo lugar en secuestros en Veracruz, pero sí un séptimo. Vaya consuelo de cínicos.
Cerrar los ojos ante esta preocupante situación que día a día cobra la vida de empresarios, ganaderos, hombres y mujeres jóvenes de la sociedad civil, que están siendo desaparecidos, agravará aún más la situación y pronto no habrá quién escape a la actuación de las bandas delictivas que como ya es público, operan con el apoyo de algunos policias, ministeriales, jueces y hasta funcionarios del gabinete.
A través de la protesta ciudadana, el pueblo tiene la oportunidad de llamar a los poderes del Estado, a los líderes de partidos políticos, a las iglesias, al sector empresarial, a líderes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos para que cierren filas y exijan a las autoridades el retorno de la justicia, la paz y la estabilidad a Veracruz.
La ciudadanía grita: ¡ No más sangre en Veracruz!. ¡Si no pueden, renuncien!….
FUENTE: PLUMAS LIBRES