México,
DF a 03 de diciembre de 2014
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL Y DEL EXTRANJERO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE MÉXICO:
Enrique
Peña Nieto se apresta a iniciar su tercer año de gobierno, administración
federal en la cual los costos son desfavorables para el pueblo trabajador.
Desde el inicio de su gestión dio muestra de la política que caracterizaría a
su gobierno, la represión y el terrorismo de Estado en contra del pueblo a
través de sus aparatos represivos: el Ejército, Marina, Policía Federal y
grupos paramilitares.
Estrategia
contrainsurgente que lleva por lo menos 3 administraciones federales y estas
han representado una continuidad independientemente del titular del ejecutivo
federal. La supuesta “guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado” declarada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuyo objetivo
primordial era consolidar el Estado policiaco militar para asegurar tasas de
ganancia a un capital cada vez más sumido en una profunda crisis a través de la
imposición de las reformas neoliberales, hoy leyes.
Con
Peña Nieto esta política criminal se intensifica y se generaliza, porque es él
quien debe descararse como el verdadero personero de los intereses de un
reducido grupo de oligarcas. Sobre su responsabilidad recae la implementación
de reformas neoliberales al costo que sea, de ahí que en esta administración se
consolida el Estado policiaco militar a la vez que se perfecciona al estado de
derecho oligárquico, como punta de lanza para asegurar los intereses del
capital nacional y trasnacional.
En
los dos años de la presente administración en el discurso oficial ha permeado
la posición de garantizar el desarrollo económico de nuestro país mediante el
“combate a la delincuencia y el narcotráfico”, es decir, dentro de la lógica
gubernamental no se precisa la mejora en la calidad de vida del pueblo, sino la
creación de más cuerpos policiacos o grupos de elite con especialidad en
contrainsurgencia, como lo es la Gendarmería Nacional, para asegurar la
explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales y energéticos por parte
del capital trasnacional.
Con
ello se incrementa el terrorismo y la violencia de Estado a través de las
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, presos por motivos
políticos, agresiones a periodistas, la proliferación de los grupos
paramilitares y el incremento de las fuerzas castrenses y federales a las
calles, principalmente en los estados donde se consideran reservas de
energéticos como el gas natural, petróleo y minerales; además en estados donde
se tiene una presencia organizativa de lucha y resistencia.
El
terrorismo de Estado con EPN estrena una nueva faceta, ya no se precisa
presentar gráficamente los cuerpos decapitados, amontonados, desmembrados,
colgados de un puente, personas desaparecidas, como lo fue con sus homólogos
anteriores, sin embargo, esto no quiere decir que no suceda, incluso ha ido en
aumento y es ahí donde esta política es más ruin al aplicarse de forma sutil y
perfeccionada.
Hoy
no queda duda que esta estrategia fue para desmembrar familias completas que
denunciaron la voracidad de empresarios en colusión con las autoridades y para
generalizar el éxodo de pueblos completos, “casualmente” en regiones bastas en
recursos energéticos o de amplia resistencia popular.
A
la par de esa violencia y terrorismo de Estado se empezó a emitir una opinión
desde los monopolios de la información TELEVISA Y TV AZTECA, para descalificar
y criminalizar a las víctimas, haciéndolos pasar por “delincuentes”,
“enfrentamiento entre el crimen organizado por la disputa de territorio”,
“vándalos”, los detenidos aparecían en las pantallas de la televisión como los
hombres más buscados por criminales.
Desde
esta dictadura de opinión a cada víctima de esta política criminal se le hizo
merecedor de lo que le había pasado, sea ejecución extrajudicial, desaparición
forzada, que por todos los medios se trató de diluir con el eufemismo de
“levantón”, esa era la otra parte que complementaba la instauración de hecho y
legalmente el Estado policiaco militar.
Peña
Nieto cierra el segundo año de su gestión con una amplia movilización popular,
producto de dos sucesos que centralizan los aspectos de su gobierno, la
ejecución extrajudicial de personas en Tlatlaya y la desaparición forzada de 43
normalistas de Ayotzinapa y 3 ejecutados.
Estos
acontecimientos si bien no son los únicos, son los que por sus dimensiones
ponen al descubierto una política que se ha generalizado en todo el país, los
mismos padres de familia de los 43 normalistas afirmaron a su regreso de la
caravana nacional, que México era una gran fosa clandestina. Y por supuesto
esta frase recoge todo lo que a dos años de gobierno de EPN ha dejado, una
estela de impunidad, de terror y de madres y padres que exigen justicia para
los miles de detenidos desaparecidos.
Los
acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dos hechos que ocurrieron en lugares
distintos, pero que tienen algo de común la responsabilidad de las fuerzas
castrenses ya sea por omisión, comisión y con la aquiescencia de la
participación de grupos paramilitares como fue el caso de Ayotzinapa.
Ahora
bien, estos crímenes de lesa humanidad, se pretenden eludir con el discurso de
que intervino “el crimen organizado y el narcotráfico”, que la policía
municipal estaba infiltrada y actuaron bajo las órdenes de la delincuencia
organizada. Se está ensayando y perfeccionando la estrategia para diluir la
responsabilidad de las fuerzas federales en el cometido de crímenes de Estado,
bajo el sofisma de un mítico crimen organizado “difícil” de someter.
Son
dos años de administración priista, donde la represión y criminalización de la
protesta se está generalizando; dos años en que las balas y los toletes están
dirigidos contra la juventud proletaria, que está organizada y no organizada.
Dos años en que los costos de las políticas neoliberales comienzan a cobrar la
cuota de sangre, producto de la violencia de Estado.
En
momentos de crisis como es el que está viviendo nuestro país, producto de la
agudización de la lucha de clases, es común que la sociedad se polarice, que se
definan Dos bandos que se enfrentan, sin embargo, para los que nos reconocemos
como parte del pueblo, no debemos caer en los eufemismos en categorizar la
acción política de masas en violenta y no violenta.
Desde
los ideólogos del sistema y algunas posiciones eclécticas se han tratado de
criminalizar la protesta, si bien ha tomado causes violentos, pero esta no es
catártica ni caótica, y tiene definido claramente sus objetivos, los símbolos
de los partidos políticos responsables de la opresión hacia el pueblo y los
representantes del capital financiero en nuestro país.
Olvidan
u obvian los analistas, que el monopolio de la violencia lo patentiza el
Estado; violento es morir por enfermedades curables, padecer hambre, deambular
en la precariedad eterna… ahora son las balas militares las que nos asesinan,
son las cárceles oficiales y clandestinas las que nos detienen y nos
desaparecen ¿hay otra manera de responder cuando se va identificando al enemigo
de clase?
A
las posiciones eclécticas que aún no han podido definir de qué lado estar, se
va terminando el tiempo para mostrar si están con el pueblo o contra de él. En
ese sentido se han levantado las voces y plumas mercenarias que claman regular
las manifestaciones para coartar la libertad del pueblo para exigir justicia,
en lugar de dar una respuesta clara al pueblo a sus demandas más sentidas, se
responde con más represión, y aun así se preguntan ¿Por qué el pueblo responde
de esta manera a tales afrentas?
Seguimos
en la insistencia de cerrar filas al Terrorismo y violencia de Estado, buscar
la coordinación en las acciones políticas de masas, para dar a conocer quiénes
son los verdaderos criminales de Estado.
Atentamente
¡Por
la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas!
¡Presentación
con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen en el país!
¡Alto
al terrorismo de Estado! ¡Alto
a la criminalización de la pobreza y protesta popular!
Por
la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo
