Por Laura Rojas, especial para SinEmbargo
Coatzacoalcos,
Veracruz, 31 de enero (SinEmbargo/Blog Expediente).– “Julia” se enteró de una
fosa con más de 30 muertos sin identificar en Tres Valles. La Policía tardó
tres días en exhumar los restos humanos. Unos los jalaron con reatas y pitas;
otros, de plano, los extrajeron en pedacitos.
La
mujer no dudó en abordar, durante la madrugada, un camión TRV desde Alvarado a
Cosamaloapan. Un viaje de tres horas acompañada siempre por el río Papaloapan.
A las siete de la mañana, Julia se encontraba plantada afuera de la morgue
pidiendo informes sobre su nieta, Wendy Cruz, una chica que meses atrás había
salido a pasear con unas amigas y ya no regresó.
En
el Semefo la mujer no obtuvo respuesta. Ni ella ni las otras personas que
arribaron y prácticamente montaron campamento durante los días de la exhumación
para no perder detalles. No contaban con que el gobierno de Veracruz tenía
planeado esconder ese evento, pero al Procurador, Luis Ángel Bravo Contreras,
se le vino el teatro abajo cuando uno de sus subordinados –en otros años su
maestro de Derecho– Arturo Herrera Campillo, Subprocurador de Veracruz-puerto,
confirmó la noticia a varios medios de comunicación y, además, avisaba a las
personas con familiares desaparecidos en esos rumbos ir a Cosamaloapan a
preguntar o marchar a Xalapa, pues allá habían sido trasladados.
La
real intención del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en esos días era esconder
una de las peores masacres de las que se tenga memoria en el estado de Veracruz,
donde organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado graves
vejaciones que el gobierno de Duarte no quiere reconocer produciéndose en medio
de una disputa entre Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, sin
dejar de contar las desapariciones forzadas.
Esas
familias que llegaron a Cosamaloapan no creían la versión preliminar de las
autoridades de que no había pasado nada, como ahora también se pone en duda el
caso de Moisés Sánchez Cerezo, el periodista número 11 asesinado durante la
administración de Javier Duarte de Ochoa.
“No
es mi padre, el cuerpo no corresponde”, dijo el hijo de Moisés Sánchez, Jorge
Sánchez, al ser informado sobre las investigaciones, y quien ahora demanda la
intervención de la PGR ante la sospecha de que la Fiscalía solo está simulando.
Y
es que si al gobierno de Duarte de Ochoa no le creen, Luis Ángel Bravo Martínez
ha colaborado mucho a esa situación.
Así,
por ejemplo, actuaron con el caso de Karime Cruz Reyes (una menor de 5 años),
secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos en agosto de 2014. Uno de los casos
más dolorosos, pues por un lado, los medios de comunicación ya habían informado
sobre la casa y la calle en donde se alzaba la vivienda en la que fue
encontrada sin vida, sepultada clandestinamente; y por el otro, la Procuraduría
capoteaba los cuestionamientos de los padres y de los mismos periodistas ante
la presencia de toda la bancada de senadores del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para su sesión
plenaria, la cual se realizaba en esas mismas fechas en territorio veracruzano.
Una
semana antes del 5 de septiembre –fecha en la que la Procuraduría reconoció la
noticia–, el Ejecutivo emitió un comunicado en donde “puntualizó que la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, no
confirma la veracidad de esta información” y alimentaba la esperanza de los
padres.
“Sólo
quiero saber la verdad, por favor, dígamelo”, pedía Nora Reyes Baruch, madre de
la menor. Al gobierno veracruzano le importó poco ese dolor y prefirió guardar
las apariencias ante los senadores invitados.
Cuando
se dio la noticia, el 5 de septiembre, también se vinculó a la tía de la menor,
Mónica Reyes Baruch, en amoríos con uno de los secuestradores, situación rechazada
sus hijas; incluso, se presentó a un sospechoso, José Armando Salinas Linares,
quien compareció ante las autoridades con una gran cicatriz en el cuello. Su
defensa alegó que fue sometido a tortura para incriminarse y está amparado
alegando violaciones a sus derechos humanos.
MUEREN POR TODO,
MENOS POR SU LABOR
El periodista
Gregorio Jimenez López Foto: Especial
Meses antes, el gobierno del estado
hizo lo mismo con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, el periodista número
diez asesinado durante el mandato de Duarte. Una semana antes del informe
oficial sobre su muerte diarios locales habían deslizado la versión de que
yacía en una fosa clandestina en Las Choapas y, al mismo tiempo, desde el
Ejecutivo se alimentaba la esperanza de encontrarlo con vida.
“Encontraremos bien a nuestro amigo
‘El Pantera’”, decía Érik Lagos, en ese entonces Secretario de Gobierno,
durante una reunión con periodistas. Lagos no sólo no encontró vivo a “Goyo”,
sino que dejó tirado los demás pendientes en materia de seguridad para ir en busca
de una curul en las próximas elecciones.
A “Goyo” lo mataron por “diferencias
personales” con la autora intelectual del delito, Teresa de Jesús Hernández
Cruz, “La Teresa”. Felipe Amadeo Flores, el Procurador estatal en ese entonces,
no quiso reconocer el trabajo de “Goyo” como periodista como una posible
amenaza a su vida; Luis Alberto Bravo Contreras, el actual Procurador, tampoco,
y la Fiscalía a su cargo se encuentra luchando para que un tribunal federal no
libere a los detenidos que están amparados (215/014, 224/014 y 262/014 del
Juzgado Noveno de Distrito) alegando tortura para incriminarse.
En esa dinámica, a Regina Martínez,
periodista encontrada sin vida el 28 de abril de 2012, le dieron muerte por
“sus malas amistades”, ya que el gobierno acusó a dos personas que
presuntamente eran sus amigos de parranda, Jorge Antonio Hernández Silva, alias
“El Silva”, y José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”. “El Silva”
es el único en manos de la justicia, aunque ya había conseguido su libertad en
una ocasión.
Al reportero Noel López Olguín
(Jáltipan, marzo de 2011) le dieron muerte, según la dinámica de las
autoridades veracruzanas, por “pedir operativos contra la delincuencia”.
La muerte de los comunicadores
Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Hernández y Victor Báez
Chino se centran en el campo de las malas amistades y “vínculos con la
delincuencia organizada”.
Y en el caso de Miguel Ángel López
Velasco y su familia, entre ellos su hijo, el fotoperiodista Misael López, el
panorama es peor, pues ni siquiera hay detenidos al respecto. Se acusó a Juan
Carlos Carranza Saavedra como el responsable del ataque. Carranza perdió la
vida meses después durante un enfrentamiento en Jalisco. A la fecha, las
autoridades veracruzanas no han dicho más sobre el caso.
En este caso, como en los antes
mencionados, si se trata de un periodista, las líneas de investigación rayan en
lo disparatado, como la de Regina Martínez, quien presuntamente fue asesinada
porque llevaba una doble vida sumida en las fiestas y el alcohol y nunca el
gobierno ha reconocido entre sus hipótesis el trabajo de las víctimas.
Lo que se tiene, si se analiza, según
estimaciones de la ONG Artículo 19, es un montón de casos de periodistas
masacrados con detenidos cuyas imputaciones son endebles y casos peores en
donde ni siquiera señalados hay, lo que ha creado un ambiente de impunidad
suficiente para alentar a cualquiera a dar muerte a un comunicador.
MOISÉS SÁNCHEZ, LAS
INTERROGANTES
El periodista y
activista social Moisés Sánchez. Foto: Especial
El caso de Moisés Sánchez deja ver
esos vicios que se han vuelto el sello de la fiscalía Veracruzana. Igual que a
Goyo Jiménez de la Cruz le dieron muerte a unas cuantas horas del secuestro. En
ambos casos tuvo que pasar más de una semana, mucha presión mediática, condenas
de organizaciones en todo el mundo; en ambos casos, la ONU se mostró indignada
para que la fiscalía presentara resultados. En ambos no fueron los esperados,
ni los anunciados. El 10 y el periodista número 11, muertos en el actual
sexenio.
A Moisés Sánchez, confirmó la
fiscalía, murió horas después de haber sido llevado por los secuestradores. Uno
de ellos le cortó el cuello, además lo hicieron pedazos y lo arrojaron en una
bolsa negra, en una fosa clandestina; a Gregorio Jiménez de la Cruz, también lo
masacraron a horas de haber sido llevado y lo decapitaron.
Al nacido en Medellín lo mataron unos
delincuentes de poca monta, según la averiguación de la fiscalía, por “encargo”
del alcalde panista Omar Cruz, ya que “había alborotado el panal” y le
resultaba incómodo por su activismo en las calles; a Gregorio Jiménez de la
Cruz le dieron muerte por asuntos personales.
El gobierno de Veracruz fue anfitrión
de Enrique Peña Nieto el siete de enero en el marco de la celebración de la
promulgación de la Ley Agraria, en Boca del Río –a unos cuantos kilómetros de
Medellín de Bravo– y esa misma noche, ya con el Presidente en Los Pinos, surgió
la versión de un cuerpo cerca de la localidad de Piedra del Indio, entre Paso
del Macho y Soledad de Doblado.
Cerca de las 10:00 PM de ese día
reporteros del puerto jarocho se desplegaron en la región para buscar informes,
la foto, el testimonio. Lo que encontraron fue a un montón de pueblerinos
espantados, pues horas antes miembros del ejército, de la Marina y autoridades
ministeriales –muchos vestidos como doctor– llegaron a recoger restos humanos.
Le ganaron a los periodistas.
El evento registrado en el pueblo
Piedra del Indio fue desmentido horas después por el fiscal Luis Ágel Bravo.
“No es Moy y no hagan chismes, estoy a unas horas de resolverlo”, sentenció.
Pero desde el mismo seno del gobierno
comenzó a circular la versión de que ese cadáver correspondía a Moisés Sánchez,
y las autoridades habían llegado a él por datos aportados por los primeros
oficiales arraigados dentro de las averiguaciones.
La orden del Alcalde era darle un
susto y se les había pasado la mano. El Alcalde daba las órdenes a los
subordinados por medio de la clave “Azul 1″. La versión también abundó que el
cadáver presentaba un estado lamentable, hecho pedazos y quemado en varias
partes. Lo que coincide con la descripción hecha por Luis Ángel Bravo de los
restos de Moisés –que la familia no acepta– fue algo “dantesco”, “por respeto
no puedo decir más” respondió a la periodista Carmen Aristegui en una
entrevista para defender los métodos empleados por su personal para obtener
confirmaciones de identidad.
Otra interrogante dentro del caso
Moisés Sánchez, y que habla del poco respeto a las víctimas del delito en
Veracruz, toma relieve la tarde del 25 de enero en la rueda de prensa donde
Luis Ángel Bravo Contreras no quiso responder si detrás de los hechos se
encontraba algún cártel de la Droga. Ni Los Zetas ni el Cártel de Jalisco, con
presencia en la zona conurbada, se mencionaron dentro de las averiguaciones aun
cuando el fondo de la muerte se derivó de un intercambio de favores entre el
poder y los delincuentes: estos quitarían del camino a Moisés Sánchez a cambio
de vender sustancia prohibidas, “sobre todo a jóvenes”, confesó Clemente Noé
Rodríguez Martínez.
En septiembre de 2011, la matanza de
Plaza Las Américas se la atribuyó, en comunicados en internet, el CJNG, “para
limpiar a Veracruz con los pinches Zetas” y en respuesta por el agravio en
Veracruz, ese mismo mes, Los Zetas dieron muerte a otras 30 personas en
Jalisco.
Finalmente, en su última declaración,
el ex elemento de la Intermunicipal Veracruz Boca del Río afirmó en todo
momento que “yo no sabía que el señor Moisés era periodista”, incluso ya hasta
se disculpó con el gremio y la familia.
Entre los primeros
datos aportados por la familia el día de la sustracción de Moisés Sánchez está
que los pistoleros también revolotearon el sitio en busca de sus herramientas
de trabajo, mismas que aún no han sido localizadas.
