5 de julio de 2015

MÉDICO QUE EXTIRPÓ OJO SANO A NIÑO YA HABÍA SIDO DENUNCIADO POR NEGLIGENCIA

ARMANDO CISNEROS ESPINOZA DEBE DE RETIRÁRSELE LA CÉDULA PROFESIONAL 3443957 EXPEDIDA POR EL SECTOR SALUD Y PONÉRSELE A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ¡¡¡BASTA DE IMPUNIDAD!!!

He aquí la nota de proceso:
Isela Guadalupe Díaz Lara, madre de Jhaziel. Foto: Especial
Isela Guadalupe Díaz Lara, madre de Jhaziel. Foto: Especial
CIUDAD OBREGÓN, Son. (apro).- Armando Cisneros Espinoza, el especialista que, sin el consentimiento de los padres, extirpó por error un ojo sano al niño Fernando Jonathan, ya había sido denunciado en 2010 ante la Procuraduría General de la República por negligencia médica, según consta en el expediente 81/20013.
En aquella ocasión, recomendó aplicar “gotitas para los ojos” al menor Jhaziel Rodolfo sin percatarse de que el paciente tenía un padecimiento mayor, una retinoblastomía bileteral.
“Este doctor demostró toda su incapacidad médica, nos hizo venir hasta cuatro veces a la semana desde Hermosillo a Ciudad Obregón (a unos 270 kilómetros de distancia) para atender al niño y nunca detectó el tumor maligno”, recuerda Isela Guadalupe Díaz Lara, madre de Jhaziel.
A causa del mal diagnóstico, el menor, que hoy tiene seis años, tuvo complicaciones de salud y perdió el ojo izquierdo.
Indignada, la madre se asesoró y denunció penal y administrativamente al doctor Cisneros Espinoza.
También inició la queja 550/2010 ante el Consejo Consultivo del IMSS, cuyos integrantes liberaron de cualquier responsabilidad al oftalmólogo.
Su queja sólo sirvió para que su hijo recibiera mejor atención en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 2.
“Vengo desde Hermosillo para que la sociedad se entere de la incapacidad de este doctor Cisneros y que hace años también perjudicó a mi hijo y ahora al niño Fernando Jonathan”, dice Díaz Lara.
El caso de Rodolfo Jhaziel se suma al de Fernando Jonathan, quien por error del doctor Cisneros el pasado viernes 26 se le extirpó un ojo sano, condenándolo de por vida a la ceguera.

Armando Cisneros Espinoza tiene la cédula profesional 3443957 expedida por el Sector Salud. Actualmente, se encuentra suspendido de toda actividad médica, luego de comprobarse que no sólo violó los protocolos, sino que se equivocó al extirpar un ojo sano a Jonathan Fernando, por lo que el Órgano de Control Interno del IMSS, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya tomaron cartas en el asunto.

EL ESTADO PREPARA LA REPRESIÓN MASIVA Y SELECTIVA CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2 de julio de 2015 
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales
A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes
A la opinión pública
Desde hace meses hemos venido denunciando la pretensión del Estado, en su entramado estructural, de arremeter con los cuerpos castrenses, y todo el andamiaje represivo que sustenta el estado de derecho oligárquico, contra el conjunto del movimiento popular, con el objetivo de ahogar en sangre y cortar de un solo tajo las múltiples manifestaciones y actos de protesta contra el  régimen, imponiendo con ello la paz y el silencio de la bota policiaca-militar.
En estos momentos a nivel nacional y de manera particular, en las regiones donde la lucha independiente de las estructuras gubernamentales, han cobrado fuerza y mantienen su arraigo, se cierne la amenaza represiva, donde las viejas tácticas priistas hacen gala, montándose actos de provocación paramilitar, en coordinación con las instituciones judiciales preparando expedientes incriminatorios hacia luchadores sociales, líderes naturales, activistas políticos, periodistas plurales e imparciales.
Anunciamos también que dicha represión se desataría con mayor intensidad después del proceso electoral, toda vez que dicha coyuntura política para la junta administrativa no puede interrumpirse  ya que forma parte de un proceso legalizador y legitimador de la democracia y legalidad burguesa. Proceso que necesariamente tiene que hacer cumplir la oligarquía a través de los políticos de oficio, para garantizar los personeros que defenderán el capital.
A unas semanas de terminar el proceso electoral, propuesto para el 19 de julio se han suscitado los siguientes fenómenos que dejan muy claro las intenciones de los tres niveles de gobierno:
I. En la reciente jornada de movilización magisterial que duró 24 días en contra de la reforma neoliberal educativa, el gobierno estatal en Chiapas desplegó una campaña de desinformación, estigmatización, criminalización contra la lucha magisterial y sus justas demandas.
II. En tal jornada de lucha los personeros del gobierno, agentes policiacos y militares vestidos de civil realizaban actos de provocación y de señalamiento hacia maestros combativos y congruentes con la defensa de los intereses gremiales, en tanto el gobierno y los cuerpos de inteligencia sumaban información en su base de datos para futuras acciones represivas selectivas.
III. El 26 de  junio como parte de la jornada de movilizaciones en solidaridad con los familiares de las víctimas de la masacre y detenidos desaparecidos de manera forzada por el Estado del 26 de septiembre de 2014, el magisterio democrático se sumó a las movilizaciones, como resultado de sus acuerdos en la asamblea estatal; en dicha movilización un grupo de choque al servicio del presidente municipal Octavio Albores Cruz, mercenarios y pistoleros a sueldo se infiltraron en la marcha y llegando a la presidencia municipal la incendiaron.
IV. El ataque paramilitar a la presidencia municipal de Ocosingo es el resultado de un plan urdido por el propio presidente municipal como forma de eludir la fiscalización de su administración, pero sobretodo como parte de un plan general represivo. Con la quema de la presidencia tienen la coartada política perfecta para incriminar a luchadores sociales, organizaciones independientes, para posteriormente liberar órdenes de aprehensión.
V. En medios de comunicación como la radio  y algunas editoriales de periódicos locales de la cabecera municipal  se han sumado al linchamiento mediático, señalando como responsables materiales  del auto atentado a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y de manera particular a las comunidades que integran la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS).
Negamos categóricamente  de las acusaciones que se nos imputan, y denunciamos que todo es parte de un plan para preparar las condiciones que les permita a las estructuras policiaco-militares ejercer la represión con marcos legales, el objetivo es detener a compañeros de nuestra organización.
Por ello, responsabilizamos al presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, Octavio Albores Cruz; al gobierno de Manuel Velasco Coello, y a Enrique Peña Nieto; de la integridad física y psicológica de los que integramos el FNLS.
A las organizaciones hermanas y solidarias convocamos a denunciar y desenmascarar el plan represivo del gobierno; a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a estar atentos a los próximos acontecimientos.
¡Alto al terrorismo de Estado!                 ¡Alto a la represión!
¡Libertad incondicional de los presos políticos y de conciencia!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Por la unidad obrero, campesino y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
COMUNICADO DE PRENSA FNLS

EL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN VERACRUZ, ALFONSO NERI AMENAZA CON DENUNCIAR Y PROCESAR LEGALMENTE A BONIFACIO AGUILAR LINDA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD ATZOMPA…

Por Martin Martínez Sosol
El presidente municipal de Soledad Atzompa, Bonifacio Aguilar Linda, podría ser denunciado y procesado legalmente según el delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, Alfonso Neri. Supuestamente por promover el bloqueo de carreteras y la conformación de grupos autodefensas en el estado, reveló,
El funcionario estatal quiere que el alcalde de citado municipio utilice las vías institucionales, sin embargo, lo que no dice Alfonso Neri que los funcionarios estatales solo alargan burocráticamente los asuntos de los veracruzanos que piden audiencia con los que desgobiernan esta entidad y lo único que reciben es atole con el dedo…
La amenaza de este funcionario estatal se enlista a varias que ha hecho el gobierno estatal, incluyendo a los periodistas.
Veracruz, bendita tierra, en donde la violencia se ha adueñado de su territorio, en donde funcionarios como Alfonso Neri, Delegado de la SEGOB en Veracruz, solo ve los efectos pero no las consecuencias de la desesperación de los veracruzanos.

Cabe mencionar que el pasado 1 de julio Más de cinco mil campesinos de los municipios de Atlahuilco y Soledad Atzompa bloquean desde temprano la caseta de la autopista México- Veracruz durante más de 5 horas que duró el diálogo los inconformes se negaron a retirar su protesta, cansados de los engaños de los funcionarios del Gobierno del Estado, principalmente del Secretario de Infraestructura, Tomás Ruiz. Hasta que personalmente Javier Duarte tomo los acuerdos, se retiro el bloqueo de 10 horas.

POLICÍAS ACREDITADOS DE IXTACZOQUITLAN LES DAN UN LEVANTON, LOS GOLPEAN Y EL DIRECTOR LO CORRE… ARTURO BERMÚDEZ NO DICE NADA…

Ha trascendido que la semana pasada, el 26 de junio, cuatro policías de Ixtaczoquitlán, fueron “levantados” por un grupo armado que, luego de ser “paseados”, resultaron severamente golpeados y los dejaron abandonados en el municipio de Chocamán. El director de la policía municipal de ese municipio, Octavio Alejandro Pérez Romero, en vez de apoyarlos, les dio de baja pretextando que incurrieron “en falta de probidad y honradez”. 
De acuerdo con información recabada, el “levantón” ocurrió en el camino a Moyoapan a la altura de la subestación eléctrica, donde los ocupantes de la patrulla número económico 016 fueron privados de su libertad; la patrulla fue hallada en una chatarrera, las armas, curiosamente, fueron encontradas debajo de los asientos. Luego del “apoyo” de su jefe, quien se sabe no denunció los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los policías pidió su baja “voluntariamente”, según se ha dicho, y los otros que quedan, presionados, están por hacer lo mismo “voluntariamente”, sin tener derecho ni siquiera a que les paguen la quincena trabajada. Se sabe que uno de estos elementos está “acreditado”, esto es, pertenece al grupo de policías que gusta presumir Arturo Bermúdez Zurita, aunque a la hora de la verdad, los dejan a su suerte. 
Se ha conocido que el “levantón” se produjo luego de localizar a un informante de un grupo fuera de la ley, y al parecer intentaron intervenirlo, pero el individuo dio la voz de alerta a un grupo armado y los policías fueron detenidos y golpeados. Lo interesante del asunto es que el director de la policía municipal de ese municipio, Octavio Alejandro Pérez Romero, les había dicho a sus elementos que “no molestaran a esa gente”, lo que da margen a la sospecha de para quién realmente trabaja el jefe policiaco.

MÁS VIOLENCIA, POBREZA Y AGRESIONES DE PERIODISTAS, A 1 AÑO Y 6 MESES DE QUE DUARTE DEJE VERACRUZ

La CIDH presentó en mayo pasado su Informe Anual 2014 respecto a la situación del continente americano en la materia, en donde enlista casos de ataques y asesinatos en contra de periodistas en México. Foto Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– A un año y seis meses de concluir su administración, el priista Javier Duarte de Ochoa ha colocado a Veracruz como uno de los estados más violentos, más endeudados, más peligrosos para el ejercicio periodístico y con más habitantes viviendo en la pobreza, de acuerdo con estadísticas y organizaciones. Javier Duarte llegó al poder el 1 de diciembre de 2010 con la promesa de acabar con la corrupción, inseguridad y pobreza que imperaba en la entidad veracruzana, gobernada entonces por su amigo y mentor: Fidel Herrera Beltrán.

Desde su candidatura, Duarte recibió severas críticas por parte de la oposición, que lo acusaba de estar ligado al ex Gobernador, incluso, diversos medios de comunicación locales difundieron una serie de grabaciones en las que se mostraba que la campaña deDuarte de Ochoa era operada desde la gubernatura. Hoy, a cuatro años y seis meses como Gobernador, a Javier Duarte se le sigue vinculando con su predecesor, y algunos políticos como Héctor Yunes Landa aseguran que Fidel Herrera aún gobierna Veracruz. “Prácticamente el mismo Gobierno de Fidel es el que sigue ahorita gobernando y lo peor es que pretende seguir haciéndolo”, expresó el político a medios locales cuando se le cuestionó sobre los precandidatos priistas para diputaciones federales.

De la larga lista de acusaciones contra la administración de Duarte destaca las agresiones contra periodistas, los encargados de informar la realidad que acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.

El pasado 31 de mayo medios locales de Veracruz difundieron la noticia de que una reportera de TV Sureste de Acayucan, fue secuestrada y violada por un sujeto cuando pretendía cubrir un evento en la comunidad de Cosoleacaque. La periodista, cuya identidad se omite, interpuso al día siguiente una denuncia ante la Agencia Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad Sexual, pero hasta el momento la Fiscalía estatal no ha capturado al responsable.

Otro es el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien desde hace casi un mes vive en el Distrito Federal, en un autoexilio de Veracruz, obligado por las amenazas de las que fue víctima. El joven colaborador de la revista Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC salió huyendo el 9 de junio pasado, luego de protagonizar varios episodios de acoso.
Y a la lista de los periodistas asesinados en la gestión de Javier Duarte se suma el caso deMoisés Sánchez Cerezo, que el 2 de enero pasado fue sacado por un grupo armado de su casa y apareció muerto 23 días después en el municipio de Medellín de Bravo. Testigos y evidencias que señalan al ahora Alcalde desaforado y prófugo Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio.

Otra de las víctimas de la violencia en Veracruz fue Armando Saldaña Morales, de 53 años, periodista y locutor en las estaciones radiofónicas La Ke Buena y Radio Max, y colaboró en medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca. El pasado 4 de mayo fue encontrado su cuerpo en una zona limítrofe de Veracruz con Oaxaca.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41 casos, entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 12 reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos casos están irresueltos), tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.
Para Darío Ramírez, director de Artículo 19, la actitud indolente de Javier Duarte respecto a las agresiones contra periodistas ha propiciado el debilitamiento y el miedo de la prensa en la entidad. El mismo Duarte ha culpado a los comunicadores de las agresiones que han recibido al afirmar que están relacionados con la delincuencia organizada. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, el Gobernador de Veracruz pidió a los trabajadores de los medios de comunicación “portarse bien”, al asegurar que “hay quienes están metidos en el hampa”.

LOS FEMINICIDIOS

Y en el recuento de daños que va dejando Duarte en su administración se le suman los feminicidios. El pasado fin de semana, diversas organizaciones revelaron que en los primeros seis meses del año, 50 mujeres fueron asesinadas en Veracruz, mientras Javier Duarte regatea la alerta de género, publicó el portal de noticias Blog Expediente. Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, dijo que “el gobierno estatal ha politizado la alerta en exceso, hay una tendencia a mirarlo como un golpeteo al estado, como un reproche, como lo peor que le puede pasar políticamente”.

La asociación civil refiere que en Veracruz el 70 por ciento de los hechos de violencia contra la mujer provienen de factores como la delincuencia organizada, la trata de personas, la explotación con fines comerciales y la migración. En tanto, Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía que trabaja por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las Mujeres, mencionó que la mayor parte de los 50 homicidios, fueron contabilizados a través de recuentos periodísticos, sin embargo la Fiscalía del estado no ha realizado ningún conteo pues sería evidenciar a la administración de Duarte de Ochoa por no poder garantizar en lo mínimo la seguridad de sus ciudadanas.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 y 2013 más de 9 mil 15 mujeres ingresaron a un hospital por heridas y golpes relacionados con violencia de género, de las cuales mil 71 fallecieron, sin embargo, la Fiscalía de Veracruz sólo registró 175 casos, de estos sólo 87 fueron investigados.
Y la violencia continúa en el Veracruz de Duarte

El pasado 5 de junio, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron agredidos con armas largas, machetes, palos y bates por un grupo de 10 personas que irrumpió en una fiesta que realizaban los jóvenes en la capital del estado. El ataque y la sufrieron respuestas contradictorias por parte del Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal negó en un comunicado que su participación en el ataque que sufrieron estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y condenó los hechos. Horas más tarde, emitió un segundo comunicado para asegurar que en realidad no es tan grave como parece y usando el nombre del Centro de Especialidades Médicas como escudo: “La dirección del nosocomio dio a conocer que se trata de tres pacientes policontundidos, que se encuentran estables y sin lesiones internas”.
LEGISLACIONES “A MODO”

A Javier Duarte también se le señala de imponer leyes para su beneficio político. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, el Congreso de Veracruz aprobó con 34 votos a favor, una abstención y el retiro de los 10 diputados del Partido Acción Nacional (PAN) del salón de sesiones, el nuevo Código Electoral que regirá la elección de Gobernador y de la próxima legislatura el próximo año. El nuevo Código regulan las candidaturas independientes y reduce los tiempos de campaña, además de establecer las atribuciones del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV).
Tras la aprobación del Código, representantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que interpondrán una controversia constitucional en contra de la legislación. Legisladores del PAN en la entidad acusaron al Gobernador Javier Duarte de “querer apropiarse de la elección” de 2015 en la que se renovarán la gubernatura y el Congreso local [30 diputados], y de realizar una ley a modo para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otra legislación que ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones es el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del estado de Veracruz, aprobado por el Gobernador el pasado 16 de junio. La legislación ordena, entre otras cosas, pedir permiso seis horas antes de realizar una manifestación  y a los peatones caminar siempre a su lado derecho en las aceras.
Organizaciones nacionales denunciaron que este reglamento restringe la libertad de protesta, así como el derecho a la movilidad y el libre tránsito de los ciudadanos, en un estado donde “la libertad de expresión se encuentra bajo asedio”. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por organizaciones como la Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, exigió al Gobierno de Veracruz revise y modifique todas las disposiciones que restrinjan indebidamente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y protesta social en el espacio público.
ENLACE DE LA FUENTE: http://www.sinembargo.mx/05-07-2015/1401371

“LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD NO DAN TREGUA EN MÉXICO”

MEMORANDUM 29.- http://www.gobernantes.com
“La violencia y la impunidad no dan tregua en México”, es la nota principal de la primera plana de la edición América del diario español El País, para este sábado 4 de julio, que como bajantes de ese encabezado, tiene dos subtítulos: “Los autores de la matanza de Tlatlaya obedecieron órdenes del estamento militar, según un documento. Asesinados dos periodistas en Oaxaca y Veracruz”, y para vergüenza de una buena parte de la “prensa amiga” de “la prosperidad” que aún cree en los Reyes Magos y esperan que a cambio de su silencio cómplice les paguen lo que les deben, la muerte de Juan Mendoza Delgado, el periodista veracruzano, y Filadelfo Sánchez Sarmiento, el comunicador oaxaqueño, tiene más repercusión, más resonancia, en el extranjero que en México, donde el cinismo y la complicidad invaden por igual a funcionarios que a editores, aunque aún existen muy honrosas excepciones. La entrada de la nota principal de la edición América de El País, es ejemplo del periodismo bien escrito y comprometido con la verdad: “El periodismo avanza entre tumbas en México. Las últimas son las de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado. Al primero le esperaron a la salida de la redacción, al otro lo secuestraron en su coche. Un tiro y un atropello. Sus muertes, ocurridas en menos de una semana y en dos Estados cargados de crímenes contra la libertad de expresión, vuelven a poner a México frente al espejo de la terrible inseguridad que sufren los periodistas. Sólo en Veracruz y Oaxaca, donde se registraron los dos últimos casos, han matado a siete informadores desde 2014, casi la mitad que en todo el país. No hay parangón en América”. Narra la nota del periodista español que actualmente tiene a su cargo la corresponsalía de El País en México lo ocurrido con Filadelfo Sánchez Sarmiento, quien dirigía la estación radiofónica La Favorita, en Miahuatlán, Oaxaca, y señala que “el jueves, al salir de la emisora, fue sorprendido por dos sicarios. Siete balazos acabaron con su vida. Tanto la autoría como la causa permanecían ayer en la oscuridad. Pero Sánchez Sarmiento, el locutor estrella de La Voz de la Sierra Sur, había recibido, como sus compañeros, amenazas de muerte de poderes locales y el narco”. Y por cuanto hace al colega veracruzano Juan Mendoza Delgado señala que “la última vez que se le vio con vida fue el martes pasado en la localidad veracruzana de Medellín (de) Bravo. El periodista, que dirigía un modesto portal de noticias locales llamado Escribiendo la verdad, se dirigía a cumplir su turno de taxista, trabajo que compatibilizaba con sus tareas informativas. El jueves por la tarde su cadáver fue hallado con signos de violencia. Supuestamente lo habían matado pasándole un coche encima. Su muerte fue considerada un asesinato por la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19”, y demostrando lo que es la investigación, la intuición, esa que “autoridades” y “periodistas mercenarios” pretenden evadir fingiendo demencia, señala: “El crimen de Mendoza Delgado trajo a la memoria el reciente caso de Moisés Sánchez Cerezo, el editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en el mismo municipio. También trabajaba como taxista y también denunciaba los supuestos abusos en la localidad. El pasado 2 de enero, nueve hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa. Delante de su mujer y sus hijos, le arrebataron el ordenador, la cámara de fotos y el teléfono móvil. Después, se lo llevaron. Ese mismo día fue degollado. La orden supuestamente había partido del jefe de la Policía Local y escolta del alcalde, principal sospechoso. A diferencia de otros casos, destinados al olvido, este desató una fuerte ola de solidaridad. La impunidad con que se perpetró el asesinato, pero sobre todo la macabra suma de casos en Veracruz, ante la indiferencia de las autoridades del Estado, gobernado por el polémico Javier Duarte, que intentó restar importancia al crimen alegando que era un taxista, detonaron una ola de protestas que culminaron con una durísima carta abierta de 300 intelectuales y 20 organizaciones y la decisión de los directores del encuentro cultural Hay Festival de cancelar su edición en Xalapa, capital de Veracruz”. Así, el diario español confirma lo que este modesto espacio y otros medios comprometidos con la verdad han dicho desde el principio: sólo la ceguera de quien dice gobernar el estado, y la de sus ujieres como el fiscal general y su “general” secretario de seguridad pública, no ven la realidad de Veracruz o buscan minimizarla con la “ayuda” de sus amigos “periodistas”. 
El País también recuerda en la edición de este sábado 4 de julio que estas dos nuevas muertes “vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, con 86 asesinatos desde 2000, es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Y Oaxaca y Veracruz, sus puntos negros. “Esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia para hacerlo. Lo demuestra que en Veracruz y Oaxaca hayan muerto más de la mitad de los periodistas asesinados desde 2014”, señaló Javier Garza, experto del proyecto Periodistas en Riesgo, de Freedom House”. 
El remate de la información no deja lugar a dudas de lo que se piensa en España y otras naciones sobre la violencia contra el periodismo en México: “Las víctimas escogidas por el narco o las autoridades suelen ser informadores modestos. Periodistas rebeldes de medios pequeños y sin capacidad de defensa. En la mayoría de los casos, según Garza, las muertes vienen precedidas del secuestro y la consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables. En estas condiciones, el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, como Tamaulipas o Veracruz, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga. Las muertes de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado lo recuerdan”.

LA MUERTE DE DOS PERIODISTAS EN OAXACA Y VERACRUZ REAVIVA LA ALERTA EN EL EXTRANJERO

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Juan Mendoza también se dedicaba a manejar un taxi y lo último que se supo de él es que comenzaría esta actividad. Foto: Facebook
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– La muerte del 13vo periodista en Veracruz reactivó la atención de las organizaciones y medios de comunicación internacionales, debido a la crítica situación que vive el gremio en México, donde en los últimos 15 años han muerto más de 80 comunicadores, de acuerdo con la organización Artículo 19.
Ayer por la tarde se difundió la noticia de que el periodista veracruzano Juan Mendoza Delgado fue asesinado. De acuerdo con la fotografía del cadáver, el periodista estaba vendado cuando fue encontrado en la carretera la noche del miércoles 1 de julio. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz respondió, sin mayor investigación y apenas horas después de los hechos, que fue un atropellamiento.
La muerte del periodista veracruzano se difundió a menos de 24 horas que otro trabajador de los medios, Filadelfo Sánchez Sarmiento, locutor del noticiero La Favorita de la estación 103.3 de FM, fuera asesinado a balazos en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca.
Ante estos hechos, la organización Poetas, Ensayistas y Novelistas (PEN) México condenó enérgicamente la muerte de los periodista e hizo un llamado a las autoridades locales a esclarecer los hechos y agotar todas las líneas de investigación.
“Nuestra organización llama a la acción y al involucramiento de las autoridades estatales y federales en la investigación exhaustiva y el esclarecimiento de ambos crímenes así como en la protección de los otros trabajadores de la radiodifusora oaxaqueña, también amenazados”, detalló la asociación civil en un comunicado.
Con los homicidios de Juan Mendoza y Filadelfio Sánchez,  el número de periodistas asesinados en México sigue en ascenso. Un total de 87 ocurridos del año 2000 a la fecha.
“Con la pérdida de nuestros periodistas y comunicadores estamos perdiendo la voz de nuestro pueblo”, expresó PEN México.
Además exhortó a las instancias pertinentes al urgente establecimiento de las condiciones indispensables para el libre ejercicio periodístico en todo el país.
Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó el asesinato del comunicador.
“La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condena enérgicamente el homicidio del comunicador Juan Mendoza Delgado, director general del portal informativo Escribiendo la verdad, quien también se desempeñaba como taxista en la ciudad de Veracruz”, detalló la CEAPP en un comunicado.
La organización Artículo 19 también exigió a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia del periodista veracruzano Juan Mendoza y pidió realizar una investigación en la que no se descarte su labor periodística como linea de investigación.
Dijo que al contexto adverso para ejercer el periodismo en ese estado, se suman las declaraciones del Gobernador Javier Duarte, quien aseguró el pasado 1 de julio en reunión con comunicadores que algunos trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con grupos criminales.
Desde 2011, cinco periodistas permanecen desaparecidos y desde el inicio de la administración encabezada por Javier Duarte, 13 comunicadores han sido asesinados, el último de ellos Juan Mendoza Delgado.
En tanto, la televisora Al Jazeera Media Network hizo un video reportaje en el que asegura que la complicidad entre el crimen organizado y los políticos locales han convertido a Veracruz en el lugar más peligroso de México para ejercer el periodismo.
La televisora extranjera sigue al fotoperiodista Félix Márquez quien se dedica a cubrir nota roja en el puerto de Veracruz, en donde, como consigna el trabajo periodístico, la policía municipal fue sustituida por fuerzas federales por los nexos que mantenía con los grupos criminales.
El fotógrafo asegura que ha sido amenazado por parte de funcionarios públicos por documentar los grupos de autodefensa que surgieron en el estado para enfrentar a la delincuencia, mismos que, dice, el gobierno estatal se ha negado a reconocer.
En el reportaje, Márquez recuerda que ha cubierto la mayoría de los asesinatos de sus colegas “creo que nadie de nosotros estudió periodismo para cubrir la muerte de sus compañeros”, dice a las cámaras.
Además documenta las actividades de Jorge Sánchez , hijo de periodista del municipio de Medellin de Bravo Moisés Sánchez Cerezo, asesinado a principios de año, supuestamente por ordenes del Alcalde Omar Cruz Reyes, para exigir que se esclarezca el homicidio de su padre, ante las múltiples anomalías que existen.
El joven asegura en el video que sabe que el será asesinado; sin embargo, asegura que el miedo no se quedará callado y con ello evitar que esto se vuelva a repetir.