14 de julio de 2015

IRAQ SERÁ EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN LEGALIZAR LA PEDOFILIA

ninias

Once años después de la salida de las tropas norteamericanas de Irak, donde Estados Unidos se dejó 4.500 vidas con el objetivo de introducir la democracia, el gobierno de Bagdad ha presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre la familia que pretende legalizar el matrimonio de los niños, siguiendo los preceptos más estrictos de la ley islámica, la Sharía.fuente: www.noticiaes

Triste privilegio: Iraq será el primer país del mundo en legalizar la pedofilia

Además de permitir que, en particular las niñas, puedan contraer matrimonio a cualquier edad (una cláusula autoriza que se puedan divorciar a los 9 años, para unirse a otro hombre), el polémico proyecto incluye otros artículos insólitos. Entre ellos, las condiciones en las que una mujer puede amamantar a su bebé, o el número de noches que un polígamo puede pasar con cada una de sus esposas.

Según los analistas, la concesión al integrismo islamista es una operación política del primer ministro Al Maliki, de confesión musulmana chií y considerado hasta hoy “moderado”, para atraerse el favor del partido chií radical Fadhila. Las elecciones legislativas previstas para el 30 de abril otorgan a Al Maliki, según los sondeos, una minoría en el Parlamento, por lo que su súbita conversión a la Sharía busca en realidad asegurarse el apoyo del partido fundamentalista.

Una eventual aprobación parlamentaria de esa legislación sobre la mujer y la familia aumentaría, no obstante, la violencia y la fragmentación religiosa del país, ya que la minoría suní defiende otra interpretación del Corán.


La minoría cristiana de Irak, en su día una de las más importantes del mundo árabe, ya no cuenta; desde el comienzo de la invasión norteamericana y la posterior guerra civil, los cristianos iraquíes han sufrido una auténtica hecatombe, víctimas de los ataques terroristas y del exilio.

EL GOBIERNO NO CUMPLIÓ SU PACTO CON “EL CHAPO”, Y POR ESO SE FUGÓ: EDGARDO BUSCAGLIA

Imágenes del peritaje que realizó la Procuraduría General de la Republica a Archivaldo Joaquín Guzmán Loera mejor conocido como el “Chapo Guzmán” para confirmar su identidad luego de ser detenido el pasado 22 de febrero de 2014. Foto: Cuartoscuro
Imágenes del peritaje que realizó la PGR a Joaquín Guzmán Loera para confirmar su identidad luego de ser detenido el pasado 22 de febrero de 2014. Foto: Cuartoscuro
Por Juliana Fregoso y Sandra Rodríguez          Por 
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Detrás de la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, está la ruptura del pacto con el Estado que llevó a su entrega en febrero del año pasado, aseguró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
El académico, quien ha estudiado ampliamente el tema de seguridad en México, afirmó en entrevista con SinEmbargo que el capo pudo haberse fugado desde el día uno que estuvo en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, donde estuvo recluido hasta ayer en la noche, sin embargo, cuando sintió que no se habían cumplido las condiciones que llevaron a su “sospechosa” captura, decidió romper este pacto.
Entre las condiciones que, a juicio de Buscaglía, sintió “El Chapo” que no se cumplieron están el que se haya permitido fortalecer otros grupos criminales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el que se le quitara poder a “funcionarios que lo protegían”.
“Hubo una negociación para que ‘El Chapo’ fuera a la cárcel como el caso de John Gotti, en Estados Unidos, esta gente se fuga cuando los términos que llevaron a su captura no se respetaron y es factible que esta [fuga] responda a que no se respetaron los términos del acuerdo. Hay indicadores de un acuerdo desde la forma en la que se le capturó: con un aparato mínimo de seguridad, la zona…”, dijo Buscaglia.
“Esto representa la esencia de la corrupción política mexicana, se ampara, crece en la política, en todas las corporaciones encuentra segmentos de protección, pedazos del Estado que lo protegen aunque haya estado en una prisión de máxima seguridad y por más que haya sido certificado por Estados Unidos”, agregó.
“El Chapo” Guzmán Loera, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó el sábado a las 20:52 horas del Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, a través de un túnel. Ésta es la segunda vez que el capo escapa de una prisión de máxima seguridad; la primera  fue de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería.
LOS IMPLICADOS
Edgardo Buscaglia. Foto: SinEmbargo, especial
El experto en seguridad afirma que el Estado Mexicano tendrá que asumir ahora el nuevo costo político de la fuga del capo, dijo Edgardo Buscaglia. Foto: SinEmbargo, especial.
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), afirmó al punto de las 7:21 horas de este domingo, 18 elementos de diversas áreas del Penal de El Altiplano, en el Estado de México, fueron trasladados al Distrito Federal para ser investigados.
En estos momentos, los 18 custodios del penal se encuentran declarando en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El funcionario federal explicó que la noche de ayer transcurría normal e incluso “El Chapo” recibió su dosis diaria de medicamento.
En la revisión posterior a la fuga, dijo, se encontró un hueco en el área de la regadera de su celda de 50 por 50 centímetros, donde se halló un conducto vertical de 10 metros de profundidad habilitado con una escalera, que conducía a un túnel de un kilómetro y medio de distancia, el cual estaba equipado con tubería de PVC –para facilitar la ventilación– y también con alumbrado. Además se encontró una motocicleta que, deducen, sirvió para extraer la tierra en la perforación.
A lo largo del túnel, expuso, se hallaron diversos objetos de construcción. El pasaje llevaba a un predio de la colonia Santa Juanita, ubicado al suroeste de la instalación penitenciaria.
“En un país donde no mejora la justicia ni el sistema penitenciario, no mejoran los controles patrimoniales ni la consolidación política, estas cosas pueden suceder y ahora le toca al Gobierno asumir el costo político de esta nueva fuga de ‘El Chapo’”, finalizó Buscaglia.
Andrew Selee, vicepresidente del Instituto México del Woodrow Wilson Center, señaló que la fuga muestra la capacidad de infiltración que tiene en este país el crimen organizado.
En entrevista vía telefónica a la capital norteamericana, el analista, contrario a Buscaglia, dijo percibir que el actual Gobierno mexicano sí tenía interés en mantener al capo en custodia, por lo que un escape indicaría la probable compra de personal en el sistema penitenciario.
“Te habla de que estos grupos tienen un poder de infiltrar al sistema. El Gobierno sí tenía interés en mantener a ‘El Chapo’ bajo custodia, pero estos grupos tienen muchas formas. No sabemos aún si hubo una buena planeación del cártel o si lograron penetrar a quienes lo custodiaban, pero sí tienen un poder multimillonario para hacer frente a las autoridades”, dijo Selee.
Experto también en la relación bilateral, mencionó que evidentemente el escape será recibido con preocupación en aquel país, pero aún falta por ver la capacidad de reacción de las autoridades mexicanas, dijo; es decir, de si son capaces de aprehenderlo de nuevo o no.
“Obviamente, se generará una narrativa sobre la debilidad del Estado, pero hay que ver también si el Estado es capaz de localizarlo más rápido o aprehenderlo de nuevo. Obviamente muestra que sigue habiendo deficiencias en el sistema carcelario, pero hay que ver si puede mantenerse prófugo”, dijo.
En este sentido, agregó, el Gobierno de Estados Unidos estará colaborando en la búsqueda con una de sus mayores fortalezas: las herramientas de vigilancia telefónica.

PEÑA, HAZMERREÍR DEL MUNDO

Continúa vigilancia alrededor del Altiplano tras fuga de Guzmán. Foto: AP / Marco Ugarte
Continúa vigilancia alrededor del Altiplano tras fuga de Guzmán. Foto: AP / Marco Ugarte

MÉXICO, D.F. (apro).- El ridículo es la peor deshonra para un político y tras la nueva fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el sábado 11, Enrique Peña Nieto es el hazmerreír del mundo.
Aun si es recapturado o muerto –más probable lo segundo que lo primero–, la evasión del capo ha evidenciado, una vez más, la formidable corrupción que carcome al gobierno desde la cúspide, porque sólo desde las alturas pudo venir la anuencia para tamaña osadía.
Inclusive si El Chapo huyó del Altiplano por el famoso túnel, versión oficial tan increíble como la supuesta fuga en un carrito de la lavandería de Puente Grande, en 2001 –penales ambos de máxima seguridad–, no pudo haberlo hecho sin las complicidades que claramente rebasan a la autoridad carcelaria.
Porque corrupción es también que el país quede a cargo del siniestro compadre de Peña, Luis Miranda Nava –su operador de todo tipo de enjuagues–, mientras sus jefes, el presidente de la República y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, iban al boato en Francia.
¿O quién estuvo al frente del país mientras tanto? ¿O no hubo nadie? ¿O, peor aún, fue la fecha calculada como parte de un pacto, como pactada fue la captura, como sugieren una interpretación?
Es verdad, Peña no fue el carcelero que abrió las puertas del Altiplano ni cavó el túnel para la fuga de El Chapo, pero la Constitución, la ley, él mismo y el sentido común establecen que es el responsable principal, tanto como lo fue Vicente Fox, en 2001, tan parecidos ambos en la ineptitud, la repelencia al conocimiento y la proclividad al hurto.
A pesar de que en la sociedad hay quienes exigen a Peña que Osorio Chong sea removido del gabinete, no sólo porque es el responsable constitucional y legal de la política de seguridad –incluyendo la carcelaria–, sino porque sería la única señal creíble de una rectificación en el gobierno para la segunda parte del sexenio, esa es una posibilidad remota.
Osorio Chong circunscribió la responsabilidad de la fuga al nivel del penal y nada de que renunciará. “Los momentos de crisis no son para renunciar, sino para enfrentarlos”, pontificó el precandidato presidencial.
La ruta, entonces, es reducir a segundones los cargos por la evasión del criminal que, en la lógica de 2001, administre el trasiego de droga, pacifique a los grupos criminales y financie las campañas, incluidas la presidencial de 2018.
Como se los dijo Felipe Calderón a un grupo de empresarios a los que les pidió dinero para su campaña, en 2006, y quien jamás movió un dedo para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa: “Las elecciones se ganan con dinero, dinero y más dinero”.
Sí, Peña es el hazmerreír mundial, pero él y el amasijo de intereses que lo abraza –junto con Osorio Chong– dirán: El que ríe al último, ríe mejor…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

13 de julio de 2015

FISCALÍA Y SSP DE VERACRUZ PROTEGEN A COMANDO QUE GOLPEÓ A ESTUDIANTES

Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).-La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del gobierno encabezado por Javier Duarte han sido omisas y cómplices para dar con el paradero del comando que el pasado 5 de junio irrumpió en una fiesta de universitarios para golpearlos salvajemente, dos días antes del proceso electoral federal.
Una comisión integrada por los ocho estudiantes agredidos hace 35 días buscó a Proceso para denunciar que la FGE no ha “investigado nada”, mientras los directivos de la SSP sólo se han dedicado a “desmarcarse” del atentado a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y otros compañeros.
Los universitarios recordaron que fueron “atacados” con bastones retráctiles, machetes, palos con clavos y bates de beisbol por una decena de encapuchados, mientras afuera de la vivienda ubicada en la calle de Herón Pérez –a una cuadra del inmueble del PRI estatal- otros hombres con armas largas establecían un cerco de seguridad donde se perpetró la agresión.
“Hemos aportado pruebas, elementos y testimonios a la Fiscalía General del Estado y demandando que se investiguen una serie de delitos implicados en el ataque, y no sólo las lesiones de manera aislada. Sin embargo, la Fiscalía no investiga, ni acredita responsabilidades”, reprocharon.
Los jóvenes aseguran que en la investigación ministerial que integró la FGE –la cual esperan que siga abierta- se tendrá que buscar a los responsables del brutal ataque y sancionarlos por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones calificadas, “agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja”, así como por asociación delictuosa.
“Sospechamos que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos. Tenemos conocimiento de que con fecha 3 de julio de 2015 han emitido un informe en que manifiestan que sólo se presentaron a ayudarnos, lo cual es completamente falso, como denunciamos en comunicados anteriores. En su momento y como parte de la investigación presentaremos pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman parte de los atacantes”, expresaron los estudiantes.
Exigieron que la Fiscalía y el Ministerio Público tomen en cuenta la gravedad del ataque y la vulnerabilidad a la que hoy están expuestos los universitarios y los jóvenes presentes en el ataque.
A 35 días del ataque a los jóvenes y universitarios, la SSP, adscrita al gobierno de Javier Duarte, únicamente se deslindó de la agresión, mientras que la FGE y su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, emitieron dos comunicados en donde prometieron “llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables del ataque” y “sancionar conforme a la ley”, sin embargo, pese a los dos despachos informativos, la Fiscalía no ha presentado a un solo responsable.

“Queremos y demandamos a la Fiscalía investigar, encontrar y sancionar a quien contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o militar para perpetrar el atentado”, espetaron.

12 de julio de 2015

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A BORDO DE LAS PATRULLAS 20-1512 Y 20-2633, GOLPEAN CON SAÑA A FAMILIA COMPLETA…¿QUÉ DIRÁ JAVIER DUARTE DE ESTOS MALHECHORES CON UNIFORMES DE POLICÍAS?


Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a bordo de las patrullas 20-1512 y 20-2633, y cuyos tripulantes se identificaron como integrantes del "Grupo Barredora" entraron violentamente a una casa en la colonia Díaz Mirón, municipio de Banderilla, y golpearon salvajemente a hombres, mujeres y hasta niños la noche del jueves, dañaron vehículos y se llevaron objetos del domicilio, pero antes de salir, amenazaron a la familia de que si los denunciaban regresarían para volverlos a atacar. Mariano Gómez Sosa, uno de los integrantes de esa familia, quedó seriamente lesionado a causa de los golpes propinados por estos policías. A pesar del miedo, la familia acudió a denunciar lo ocurrido ante oficinas de la Fiscalía General del Estado en la colonia Aguacatal, de Xalapa, pero el mismo personal de esa dependencia les sugirió que primero llevaran a Mariano Gómez a un hospital ante el visible mal estado de salud que presentaba a causa de la golpiza. Esta familia demanda la inmediata intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la brutalidad de la agresión de estos policías, que actuaron de manera similar a lo que hicieron el pasado 5 de junio con ocho jóvenes estudiantes en Xalapa, a quienes atacaron en un departamento de la calle Herón Pérez, de Xalapa. El mentado "Grupo Barredora", denuncian vecinos de Banderilla, "levanta" a hombres y jóvenes que regresan de sus trabajos con la presunta intención de intimidarlos y extorsionarlos, y si se niegan, los golpean y abandonan en lugares deshabitados. Son verdaderos malhechores con uniformes de policías.

EL PERIODISMO CRÍTICO: PRINCIPAL ENEMIGO DEL PODER

FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ

Al parecer a quienes viven cómodamente a costillas de los ciudadanos, nos les parece que existan alternativas informativas donde los veracruzanos puedan tener acceso a otro tipo de información que no sea únicamente el proveniente de los boletines enviados por parte de cada una de las dependencias tanto del gobierno del estado, el Congreso local y los municipios. Los ataques constantes al portal de noticias AGNVeracruz sólo nos hace medir su grado de intolerancia hacia los periodistas y medios que realizan cabalmente los cánones de ética informativa que adquirimos en el momento de cursar la carrera de Ciencia y Técnicas de la Comunicación.

La libertad de expresión en Veracruz y su vulnerabilidad es un tema que tanto los colegas periodistas –todos sin excepción- conocen. La incomodidad hacia un pequeño grupo de comunicadores es casi evidente de parte de quienes al no saber y conocer sus funciones en el servicio público, hacen conducirse con las bajezas con las que lo hacen. Es algo recurrente por parte de los enquistados que viven a costillas de los ciudadanos. Mantienen una piel muy sensible a la crítica. No ubican a sus verdaderos enemigos, que son precisamente quienes los llenan de lisonjas para así también robar a manos llenas.

En el caso del gobernador –cita de un prestigiado abogado veracruzano- en todo lo que lleva su administración, vive tres realidades: “La que le ponen todos los días en su escritorio –que no lee porque no le gusta o no sabe hacerlo-, la que le dicen sus asalariados con sueldazos y la lamentable y decadente realidad que viven los veracruzanos”.

La razón del ataque constante a los medios independientes es precisamente ese, que se preocupan por reflejar la situación real de la sociedad, por ello se convierten en incómodos para ese escueto grupo incrustado en los tres niveles de gobierno en el estado de Veracruz.

La cobardía y sus ignominias es otro factor que los caracteriza. Por lo tanto recurren a actos de hostigamiento, amenazas en contra de quienes consideran sus “detractores”. Todo esto es la causa que en la actualidad existan 13 periodistas asesinados. Esta es la razón por las que sus muertes nunca son esclarecidas y hasta son difamadas por parte de quienes tienen la obligación de investigar sus crímenes.

Realmente quienes somos una verdadera tribuna de la sociedad, consideramos que si no les gusta verse evidenciados continuamente a través de las denuncias de los ciudadanos, deberían entonces devengar los altísimos salarios que quincena tras quincena se echan a la bolsa y no demostrar sus incapacidades.

Sabemos de sus limitaciones, por lo tanto consideramos que quienes integran las dependencias públicas del gobierno estatal –como un legislador vestidos de naranja pero con un corazón con el logo del PRI- no pueden entender la crítica para hacer mejoras en su función pública, que recurren acciones tan cobardes como el ordenar hackear los portales que les incomodan.

AGNVeracruz no dejará de hacer su tarea de informar y el hecho de atacarnos cibernéticamente, no provoca incomodidades ni temores, al contrario, sus actos faltos de ética nos fortalecen. Su limitada existencia sólo puede estar llena de dinero mal habido, producto del fraude excesivo que le están provocando a la entidad al robarse a manos llenas los recursos públicos. Del karma nadie se escapa. Siempre las malas acciones son pasados al costo en un determinado momento de sus existencia, por lo tanto, sabemos que la ley jamás se les aplicará para que paguen con cárcel por todo el detrimento que han causado. La vida les pasará la factura correspondiente tarde o temprano sin escapatoria alguna.

A nuestros lectores

Un sincero agradecimiento a quienes nos favorece con su lectura diaria y también, para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es realmente significativo y gratificante saber que nuestra labor se va reconocida por su preferencia.

Sus solidarios comentarios y apoyo realmente son muy valiosos y se convierten en un significativo estímulo para quienes conformamos el equipo de AGNVeracruz, como también a una servidora. Gracias por sus muestras de cariño.

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Periodismo puntual y con sentido

DUARTE MALBARATA Y HUNDE A VERACRUZ

Javier Duarte, gobernador de Veracruz. 
Foto: Rubén Espinosa
En Veracruz el dinero desaparece. Pese a que los presupuestos están subejercidos, no hay liquidez para pagarles a los proveedores y contratistas del gobierno -quienes ahora se niegan a seguir trabajando para la administración veracruzana- y ni siquiera para cubrir las pensiones de los jubilados o los salarios de algunos empleados del sector público. Ante tal catástrofe, la única solución que se le ha ocurrido al gobernador priista Javier Duarte es privatizar el servicio de agua potable y el gran túnel sumergido, inconcluso, de Coatzacolacos.
XALAPA, VER. (Proceso).- A 17 meses del fin de su administración, el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz ya reventó. Así lo manifiestan empresarios, contratistas, políticos de oposición, empleados de su gobierno y jubilados.
Y además, Duarte está a punto de privatizar dos de los principales activos estatales.
Uno es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra inconclusa pese a que empezó hace 10 años y lleva más de 5 mil millones de pesos (mmp) invertidos.
La culminará el grupo Carso, de Carlos Slim, que le inyectará 500 millones de pesos a cambio de ampliar la concesión de 37 a 45 años.
El otro es el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SASM), que abastece de agua potable a más de 800 mil habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín.
La licitación de este órgano la ganó el gigantes brasileño Odebrecht, el cual anunció -en desplegados en periódicos locales- una inversión de 11 mmp a 30 años; sin embargo, ya con el contrato otorgado y en presencia de diputados locales, redujo el monto anunciado a 8 mmp.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2019 de la revista Proceso, ya en circulación.