Javier
Duarte, gobernador de Veracruz.
Foto: Rubén Espinosa
Foto: Rubén Espinosa
En Veracruz el dinero desaparece.
Pese a que los presupuestos están subejercidos, no hay liquidez para pagarles a
los proveedores y contratistas del gobierno -quienes ahora se niegan a seguir
trabajando para la administración veracruzana- y ni siquiera para cubrir las
pensiones de los jubilados o los salarios de algunos empleados del sector
público. Ante tal catástrofe, la única solución que se le ha ocurrido al
gobernador priista Javier Duarte es privatizar el servicio de agua potable y el
gran túnel sumergido, inconcluso, de Coatzacolacos.
XALAPA, VER. (Proceso).- A 17 meses del fin de su administración, el
gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz ya reventó. Así lo
manifiestan empresarios, contratistas, políticos de oposición, empleados de su
gobierno y jubilados.
Y además, Duarte está a punto de privatizar dos de los principales
activos estatales.
Uno es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra inconclusa pese a que
empezó hace 10 años y lleva más de 5 mil millones de pesos (mmp) invertidos.
La culminará el grupo Carso, de Carlos Slim, que le inyectará 500
millones de pesos a cambio de ampliar la concesión de 37 a 45 años.
El otro es el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SASM), que
abastece de agua potable a más de 800 mil habitantes de la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río-Medellín.
La licitación de este órgano la ganó el gigantes brasileño Odebrecht, el
cual anunció -en desplegados en periódicos locales- una inversión de 11 mmp a
30 años; sin embargo, ya con el contrato otorgado y en presencia de diputados
locales, redujo el monto anunciado a 8 mmp.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2019 de la revista
Proceso, ya en circulación.
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