Por Reforma
Más de 500 militares de élite han desertado del Ejército en la última década. Se trata de efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército adiestrados para operaciones de rescate de rehenes, antiterrorismo y confrontación de criminales en cualquier tipo de terreno.
Entre los desertores se encuentran expertos francotiradores, especialistas en desactivación de bombas, protección de funcionarios, operaciones anfibias, paracaidismo y manejo de cualquier tipo de armas y vehículos.
Desde 2014, 548 militares de esa unidad especial abandonaron por la vía de la deserción sus cuarteles, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ese número de elementos se forma un batallón.
Actualmente la Sedena cuenta con seis Batallones de Fuerzas Especiales, creadas en 1990 para llevar a cabo operaciones sorpresivas, rápidas y con precisión, en apoyo de las fuerzas regulares de la milicia.
En los 90 desertaron decenas de sus elementos para unirse al crimen organizado, entonces brazo armado del Cártel del Golfo, entre ellos Arturo Guzmán Decena, quien se convirtió en el jefe de sicarios de Osiel Cárdenas.
Un informe del FBI dado a conocer en el año 2006 estableció que el grupo criminal se creó con un grupo por entre 31 y 67 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), bajo el mando de Guzmán Decena.
Otros militares de las Fuerzas Especiales que se unieron al crimen son José Ramón Dávila López, “El Cholo”, un sargento del GAFE quien fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en febrero del 2007, y Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, quien fue escolta de Amado Carrillo, capo del Cártel de Juárez, y después controló el tráfico de cocaína en Yucatán.
El general de División retirado Carmelo Terán advierte que muchos de estos elementos se integran a la delincuencia organizada.
“Han de pensar que si se trata de jugarse la vida con el Ejército por poco dinero, mejor se la juegan con el otro bando pero con más dinero”, dijo Terán en entrevista.
Indicó que la Sedena enfrenta un dilema en cuanto a la remuneración del personal que enfrenta situaciones más peligrosas que otros.
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