Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Luego de las espectaculares denuncias del contralor general del estado, en el sentido de que habrían de ser sancionados funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidad por no cumplir con trámites ante la federación, lo que a su vez habría dado lugar a una serie de observaciones y recomendaciones, no se volvió a saber nada más del tema.
Se va a cumplir ya un mes, desde que el contralor general Ricardo García Guzmán dio a conocer la lista de los funcionarios que “han fallado a Veracruz y deberán responder por sus actos”.
La lista de 14 funcionarios y ex funcionarios está encabezada por el ex Contralor y Secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Juan Manuel Corral Verdugo, ex procurador fiscal.
Pero a un mes de distancia, ya no se volvió a tratar para nada el asunto, nunca se dijo cuál sería el castigo para quienes no cumplieron con su responsabilidad.
Se dijo que las sanciones van desde los apercibimiento administrativos hasta la inhabilitación de la administración pública hasta por 10 años, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz.
“Como titular de la dependencia actuaré con todas las facultades que me concede la ley hacia quienes la han trasgredido”
“Nadie por encima de la ley, esa es nuestra divisa y habremos de cumplirla cabalmente”, sentenció el Contralor, “por tal motivo y para que quienes han fallado a Veracruz respondan por sus actos, se llevarán a cabo los procedimientos disciplinarios administrativos.
Pero el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y las sanciones anunciadas no llegaron.
Es bien sabido que las comparaciones son odiosas, pero en contraste con lo publicitado por el contralor general de Veracruz en el gobierno del Distrito Federal, sin tanta alharaca, se acaban de imponer sanciones –de a deberás, no de a mentiritas- a 90 funcionarios públicos.
Fueron inhabilitados 27 servidores públicos, 11 de ellos por periodos de uno y hasta 15 años; a otros 12 se les destituyó y además se aplicó sanciones económicas por un monto superior a 70 millones de pesos.
De 90 sanciones que corresponden a funcionarios mayores de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF); 17 fueron contra servidores públicos de las delegaciones Gustavo A. Madero (2), Miguel Hidalgo (5), Tlalpan (6), Cuauhtémoc (1), Xochimilco (1), Magdalena Contreras (1) y Tláhuac (1).
La Contraloría del Distrito Federal exhortó a la ciudadanía a que denuncie cualquier acto irregular cometido por servidores públicos de la administración pública local, a través de la página de Internetwww.anticorrupcion.df.gob.mx al teléfono 5627-9739 o mediante la cuenta de Twitter @ConrraloriaCDMX.
En total fueron inhabilitados 27 servidores públicos, a 12 se les destituyó. De éstos, 11 fueron sancionados con inhabilitaciones que van desde uno hasta 15 años.
Adicionalmente a las sanciones administrativas se impusieron sanciones económicas por un monto superior a los 70 millones de pesos.
Aclara la Contraloría del DF que “En cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales, existe un impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que vulneren la protección de datos personales y con ello la dignidad de los ciudadanos”.
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