Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Tardó cinco días para acreditar que Rubén Espinosa Becerril era periodista “activo” y colaborador de la revista Proceso y de la agenciaCuartoscuro. Desde el domingo 2 de agosto, en reunión con directivos de estos medios, y aun cuando ya era público que se trataba de un fotorreportero amenazado en Veracruz, el Procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza desestimó la profesión en el móvil del crimen porque no había sido asesinado, dijo, “durante el ejercicio de su trabajo”.
Ríos parecía tener claro desde el domingo, dice la reportera Daniela Pastrana, presente en la reunión como directora de la Red de Periodistas de a Pie, que los crímenes a investigar en la colonia Narvarte eran el homicidio, los cuatro femenicidios y el delito de robo.
“Pero la línea periodística no ha sido investigada”, agrega Pastrana, quien apenas el 9 de julio, tres semanas antes del crimen, recogió en entrevista la denuncia que el fotorreportero hizo del hostigamiento contra la prensa por parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“No han estado investigando las conexiones con Veracruz, las amenazas que fueron públicamente denunciadas. Parece que el Procurador tiene una bola de cristal, porque desde el domingo dijo casi la misma versión que se ha estado filtrando y que está diciendo ahora el detenido (con antecedentes de robo por violación)… desde el domingo sabíamos que por ahí iba”, comenta en entrevista.
El multihomicidio cometido en el edificio ubicado en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, es el crimen de más alto impacto que se ha cometido en el Distrito Federal en lo que va de 2015. Se trató de cinco víctimas –un hombre y cuatro mujeres jóvenes– golpeadas y asesinadas con arma de fuego calibre nueve milímetros, en el interior de un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio resguardado con doble puerta y visible desde varias cámaras de seguridad instaladas en la cuadra.
Dos de los asesinados, además, estaban en la ciudad en calidad de desplazados, literalmente escapando del hostigamiento del que eran presa en el Estado de Veracruz, donde Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, trabajaba como fotorreportero especializado en cubrir movimientos sociales y la antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, participaba en actividades de protesta y resistencia ante la represión del gobierno que más asesinatos de periodistas (14) ha permitido en los últimos cinco años.
Espinosa dijo también a la reportera Shaila Rosagel, de SinEmbargo, que había una foto suya del Gobernador Javier Duarte publicada en una portada de Proceso que sabía había molestado al mandatario y que había sido comprada a granel en Xalapa. También, que desde el 9 de junio estaba en el Distrito Federal porque había visto personas tomándole fotografías afuera de su casa, también en la capital veracruzana.
Nadia Vera, parte del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana y de la asamblea #YoSoy132, había sido víctima de actos de represión e intimidación también desde 2012. El hostigamiento –golpes durante manifestaciones pacíficas, allanamientos en su casa– fue tal que, en 2014, responsabilizado públicamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de cualquier daño que pudiera sufrir ella o alguno de sus compañeros. En una entrevista que dio al medio de televisión por internet Rompeviento, la hoy víctima dejó incluso documentado su temor y su denuncia contra Duarte en un video.
Pero todo este entorno de amenazas no sólo no ha sido investigado. A seis días del crimen, si algo ha caracterizado la investigación de la PGDF es la filtración de datos que, consideran ahora organizaciones como Artículo 19, lo que buscan es desestimar el móvil político.
“Manifestamos nuestra preocupación ante la filtración de información que ha realizado la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones, dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz”, dice el borrador de un pronunciamiento que prepara la organización.
La difusión extraoficial de ciertos datos contenidos en el expediente de la PGJDF empezó desde el domingo, cuando un medio policiaco publicó el primer nombre de la testigo que encontró los cuerpos. Luego, periódicos nacionales publicaron que la noche del jueves hubo una “fiesta” que se prolongó hasta la mañana del viernes. Y, el lunes 3, la PGJDF dio sólo al periódico La Razón las primeras imágenes del video captado por la cámara de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempola, en las que se ve a tres personas salir del edificio a las 15:02. Uno de ellos, enfatizó el Procurador al repartir el video al resto de los medios, “se lleva el vehículo rojo Mustang; otros sujetos que salen, salen con una maleta negra que se puede observar lleva cierto peso”. El encabezado de La Razón ese día: “Video: fueron tres los asesinos; robaron a víctimas y huyeron”.
Las filtraciones por parte de la PGJDF fueron motivo de preocupación para Artículo 19 desde ese mismo martes. En un comunicado, la organización –también conocedora de las amenazas que vivía Espinosa– advirtió que, de no corregirse el manejo informativo de la indagatoria, el Gobierno de la Ciudad de México “sólo profundizaría la desconfianza y la incredulidad respecto de lo que pueda resultar de la investigación”.
La cobertura mediática del crimen que sacudió –otra vez– a la comunidad periodística mexicana fue motivo de análisis también por parte del reportero independiente Témoris Grecko, que el pasado 5 de agosto publicó el artículo titulado “¿Fiesta? La de la PGJDF y los diarios La Razón y Reforma”.
En el texto, el periodista citó las notas que aludían a la supuesta “fiesta” para plantear cómo se trataba de borrar con “moralismo” la carga política del hecho, y recordó cómo Ríos tergiversó desde el domingo el motivo por el que estaba Espinosa en el DF, al decir que había llegado para buscar “oportunidades de trabajo” y no refugio.
“Como si estuviéramos en los años 60, el atentado sangriento y brutal contra una activista y un periodista se quiso reducir a un reventón de muchachos que salió mal. El Gobernador Javier Duarte había dicho: ‘pórtense bien’, pero ya ven cómo son los jóvenes”, escribió Grecko.
“¿Se está realizando una investigación seria, determinada, imparcial? Existe el temor fundado de que no es así. (…) En público, Ríos Garza hizo lo posible por enterrar el hecho de que Espinosa haya venido al DF huyendo del acoso y de que lo haya denunciado ante quien lo quiso escuchar: ‘Tenía dos meses en el Distrito Federal donde buscaba nuevas oportunidades de trabajo’, dijo Ríos Garza el domingo 2 de agosto”, recordó Grecko.
“COLOMBIANA”
La identidad de las mujeres víctimas ha sido también revelada sólo a través de medios extraoficiales. En el caso de Nadia Vera, por el entorno de periodistas que también eran amigos de Rubén Espinoza y que desde la noche del sábado supieron que era otra de las víctimas. La identidad de Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, fue sólo confirmada oficialmente por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Y La Razón, por su parte, difundió las identidades de Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, y de Mile Virginia Martín, de 29.
El Procurador Ríos argumentó el pasado miércoles que las reservas en la difusión de las identidades de las cuatro mujeres víctimas obedecía a los protocolos de investigación del delito de femenicidio, pero difundió edades, profesiones y nacionalidades, entre ellas la de una mujer de 29 años que, reportó el comunicado oficial, era “originaria de Colombia” (Martín).
Pero, de acuerdo con la columnista Catalina Ruiz Navarro, también de nacionalidad colombiana, el ocultamiento de las identidades de las mujeres víctimas por parte de las autoridades de la Ciudad de México, el no nombrarlas, tiene más bien el propósito de “invisibilizar los femenicidios”. Mientras, planteó la escritora en un artículo publicado el miércoles en El Espectador de Colombia, la sola difusión de que una de las víctimas tenía nacionalidad colombiana se perfila como la salida que se dará al caso.
“A juzgar por la información pública, todo indica que la colombiana será el chivo expiatorio de este crimen horrendo. Ya se oye decir que fue ‘por drogas”, escribió Ruiz Navarro en “La Colombiana de la Narvarte”.
“Si las principales víctimas resultan ser Espinosa y Vera, esto se convierte en un ataque a la libertad de expresión y tendrá un costo político altísimo; uno que no tiene el asesinato de una colombiana ‘por puta y narcotraficante’. De hecho, la palabra ‘colombiana’ está usándose como eufemismo de prostituta. ¿Recuerdan cuando todo el país se ofendió porque una comediante chilena nos dijo putas? A diferencia de ese sketch, este asesinato no es una broma: tenemos una compatriota brutalmente asesinada, estigmatizada por colombiana, desechable por migrante. ¿Por esto no hay escándalo?”, cuestionó en el texto.
Esta estigmatización, agregó el comunicado enviado el 4 de julio por Artículo 19, también es consecuencia del manejo informativo por parte de la PGJDF: “La investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábito.
