Por Redacción / Sin
Embargo agosto 11, 2015 -
Javier Duarte de Ochoa guardó silencio
desde el 31 de julio, luego de que se informara sobre el multihomicidio de
cinco personas en la colonia Narvarte del Distrito Federal, donde fueron
asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y
la activista Nadia Vera Pérez, ambos exiliados
en la capital del país debido a las amenazas del Gobierno de Veracruz,
situación denunciada por ellos mismos desde hace meses y con mayor énfasis en
las semanas previas al crimen, donde también fueron ejecutadas Yesenia Quiroz Alfaro, Mile
Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete.
Ayer, el Gobernador
priista de Veracruz dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, y explicó lo que según él trató de decir
el 30 de junio pasado, un mes antes del homicidio de Rubén Espinosa y Nadia Vera, ambos críticos de su
administración y quienes a tiempo denunciaron la represión que habían padecido
por parte de las autoridades veracruzanas.
“La delincuencia tiene
nexos, tiene puentes (…) Lamentablemente, algunos de los colaboradores,
trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos y
también están expuestos a esta situación”, dijo Duarte de
Ochoa en una reunión con comunicadores de la entidad.
“¿Qué les quiero pedir, compañeras y
compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y
por mí familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí…
Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”, agregó.
También advirtió que su gobierno iría
detrás de las “manzanas podridas” relacionadas con la delincuencia:
“Todos sabemos quiénes de alguna u otra
manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la
Virgen nos habla es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y
quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien, por favor, se los pido.
“Vamos a sacudir el
árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se
los digo de corazón, que ningún colaborador, ningún trabajador de los medios se
vea afectado por esta situación, y solamente se van a ver afectados quienes de
alguna u otra manera tienen vínculos con estos grupos criminales. No hay que
confundir libertad de expresión con representar la expresión de los
delincuentes a través de los medios”, añadió entonces el priista Javier Duarte.
Y ayer, ante las críticas de medios de
comunicación y organizaciones civiles nacionales y extranjeras que incluso
exigen su renuncia, el Gobernador afirmó que su discurso no estaba dirigido a
los periodistas, aunque está más que claro que así fue. Que su mensaje se sacó
de contexto.
Pero, peor aún, afirmó que sus palabras no
estaban dirigidas a los comunicadores sino a la sociedad en general.
“Está totalmente sacado
de contexto mi mensaje. En ese momento exhorté a la comunidad de Poza Rica a
conducirse dentro de la legalidad. En algunos casos se ha sacado de contexto,
atribuyéndolo a un sólo gremio cuando lo hice a la sociedad en general [...] Mi
propósito era que al otro día iba a iniciar el blindaje de Poza Rica”, dijo el
mandatario veracruzano en Radio Fórmula.
Es decir, ya no sabe uno qué es peor: si
el Gobernador lanza sus advertencias no sólo a periodistas sino a todos los
veracruzanos, pues el discurso represor es todavía más grave, y sus dichos,
aunque era los niegue, son suficientemente claros como para haber sido sacados
de contexto como, ante la exigencia social de que aclare por qué su estado se
convirtió en un cementerio de comunicadores, afirma sin rubor alguno.
Javier Duarte de Ochoa es desde 2011, su
primer año de un gobierno que comenzó el 1 de diciembre de 2010, cuestionado
por la violencia en Veracruz, por presunto desvío de recursos y, en particular,
por el asesinato de al menos 13 periodistas, además de diversos ataques a
instalaciones de medios de comunicación.
Que ahora diga que sus
“exhortos”, que claramente son leídos como amenazas, no sólo son para los
comunicadores sino para toda la sociedad en Veracruz no hace sino prender más
alarmas en un estado donde la impunidad, dicho por diversas organizaciones
civiles, se ha impuesto ante la Ley.
