Layda Sensores, senadora de
la República, denunció que el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto,
pretende transformar a la Procuraduría General de la República (PGR) en el
“Canal de las Estrellas” a través de la difusión de información errónea en
casos tan graves como el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa, Guerrero.
En su intervención, en el
marco de la comparecencia de la titular de la PGR, Arely Gómez -hermana del
vicepresidente de noticias de Televisa, Leopoldo Gomez- la excandidata a la
gubernatura de Campeche le exigió renunciar al cargo.
Números y optimismo…
La comparecencia de la
procuradora comenzó -después de protestar decir la verdad, toda la verdad y
nada más que la verdad- con un mensaje dirigido a los legisladores.
En él, Gómez reconoció que
uno de los delitos que más lastima a la sociedad, es el narcotráfico; sin
embargo, sostuvo que de septiembre de 2014 a julio de este año, se han detenido
a 18 mil 647 personas por delitos contra la salud.
Desafortunadamente, la
funcionaria omitió informar cuántas averiguaciones previas se han abierto y
cuántos de estos miles de detenidos han sido consignados y sentenciados, sobre
todo, tomando en cuenta que de acuerdo a cifras de diversos estudios, 98 % de
los delitos cometidos en nuestro país quedan impunes.
La titular de la PGR agregó
que en el mismo periodo, se aseguraron más de 3 mil 742 millones de dosis de
drogas, y que en coordinación con instancias de procuración de justicia y
seguridad pública, han sido destruidos 36 mil 934 plantíos de marihuana y 141
mil 405 de amapola; afirmó que se ha combatido la estructura financiera de los
grupos criminales a través de la consignación de 189 personas por el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita; es decir, por lavado de
dinero.
La senadora con licencia agregó que “siempre en estricto apego a
derecho, cuidando no vulnerar derechos humanos o afectar el debido proceso”,
del primero de septiembre de 2014 al 31 de agosto de este año, nuestro país ha
extraditado a diversos países a 50 personas que eran reclamados por
delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio,
trata de personas entre otros, pero omitió comentar sobre los 14 reos
recientemente entregados al gobierno de Estados Unidos en semanas pasadas,
hecho que se ha leído como una respuesta a la fuga de El
Chapo del Penal del Altiplano, en el estado de México.
Sobre el particular dijo
–cuidándose de ni siquiera mencionar el nombre del otra vez delincuente más
buscado de México, Joaquín Guzmán Loera- que su fuga del Centro Federal de
Readaptación Social del Altiplano, “ha debilitado la confianza en las
instituciones penitenciarias y de seguridad en el país”.
Gómez aseguró que la PGR
trabaja el caso en dos líneas: el esclarecimiento de los hechos, para
establecer responsabilidades de quienes al interior y al exterior del penal
participaron en la evasión y en la recopilación de información que conduzcan a
su recaptura.
En el primer eje, se informó que hasta el momento hay órdenes de
aprehensión en contra de 23 exservidores públicos y 10 civiles están bajo
arraigo por su posible participación en la fuga de El
Chapo.
Cuando la funcionaria tocó,
muy superficialmente, el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, también omitió
mencionarlos; se refirió al hecho como “lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de
2014 en Iguala y Cocula” y los calificó como “actos de barbarie” que indignan a
los mexicanos.
Afirmó que la PGR a su
cargo, tiene “la mejor voluntad de agotar una investigación rigurosa” y aseguro
que han “atendido e incorporado las observaciones y elementos que constituyen
aportaciones a la investigación, algunas de las cuales han sido aportadas por
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de derechos Humanos” y reiteró su dicho de que el caso Iguala no
estará cerrado “hasta que el último responsable de estos crímenes sea
consignado y rinda cuentas ante la justicia”.
Sobre la búsqueda específica
de los normalistas, nada dijo, a pesar de que informó sobre la creación de una
Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas…
El otro Canal
de las estrellas…
Layda Sansores fue la primer
legisladora en tomar la palabra para cuestionar los dichos de Gómez y aunque
reconoció que la funcionaria es “una mujer sensible”, le expresó su
preocupación de que el gobierno federal pretenda convertir a la PGR “en una
estrella más, del Canal de las Estrellas”, como parte de una operación política
y mediática que obliga a la misma funcionaria “a seguir un guión; como en el
caso de Ayotzinapa, ese de ‘la verdad histórica’ que no fue más que un acto para
darle carpetazo a algo que le preocupaba y que estaba levantando tantas olas en
el país”.
La senadora reclamó la
presencia en el recinto parlamentario del subprocurador Tomás Cerón de Lucio,
quien contradijo las declaraciones de Gómez luego de que la titular de la PGR
aceptara las conclusiones del GIEI y exigió su despido inmediato.
“La PGR se ha caracterizado
por ser una fábrica de mentiras, de inventos. Es una maquiladora de expedientes
mal armados que conllevan a la impunidad”, sostuvo Sansores y agregó que esta
dependencia se ha convertido en un centro de operaciones para que los poderosos
instrumenten sus venganzas, por lo que pidió a Gómez renunciar a su cargo, en
el marco de la campaña de desprestigio que se pretende generalizar, de la mano
del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador
Cienfuegos, al Grupo Interdisciplinario de la CIDH.
Al final de su intervención,
Sansores pidió a Arely Gómez informar sobre el avance de la investigación sobre
el homicidio de Julio César Mondragón –uno de los tres normalistas asesinados
en septiembre del año pasado en Iguala- y recordó que los 43 estudiantes
desaparecidos no son un número, sino historias, vidas y sueños
“Julio César era un joven
líder, con la más sólida formación ideológica: bien parecido, introvertido, con
sensibilidad artística. Qué paradoja. Siempre traía consigo una libreta en la
que hacía esbozos de rostros, todos con ojos expresivos y con todo aquello que
le arrebataron quienes cometieron ese crimen…Julio César deja como herencia una
niña y un árbol. Sembró un nogal antes de morir. Y dice su abuelo que en 10
años dará nueces. Ayotzinapa es semilla. Será árbol que dé renuevos para que
florezca una sociedad más igualitaria y justa, que ojala que no tengamos que
esperar lo que esperará el abuelo de Julio César, para recoger el fruto”,
sentenció.
Macro criminalidad, con Peña
En su intervención, el
senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya, recordó que aunque Peña Nieto se
comprometió a reducir la violencia, únicamente bajó el perfil público de estos
temas al excluir la situación de violencia y criminalidad del discurso oficial.
“Durante la primera mitad de
este sexenio, por ejemplo, y hasta el mes de agosto pasado, se habían
registrado 3 mil 772 secuestros, sin contar la cifra negra, así como 17 mil 175
extorsiones”, detalló Robles.
“La revelación sobre las
ejecuciones sumarias en Tlatlaya y la desaparición de estudiantes normalistas
en Ayotzinapa en Iguala dieron inicio a una espiral ascendente de descrédito
del gobierno federal, destacadamente en Iguala, por su tardía intervención en
el caso. Y ni entonces ni ahora, ha habido una decisión política
contundente para atacar la macro criminalidad que se produce por la complicidad
de los grupos delincuenciales son los sectores de la clase política”.
El aspirante a la
gubernatura de su entidad natal recordó que cuando Jesús Murillo Karam,
extitular de la PGR, compareció ante la Comisión de Justicia del Senado para
ser ratificado; en 2012, dijo que recibía una Procuraduría desmantelada y
afirmó que, por el contrario, Gómez la recibió profundamente desprestigiada.
