A siete meses de haber participado en una manifestación
pacífica, el pasado 27 de octubre Salomé Ortega Hernández fue detenida en su
casa en el estado de Veracruz —mientras amamantaba a su bebé recién nacida— y acusada de “daños
ecológicos”, delito por el que permanece en una prisión de alta seguridad en
Tepic, Nayarit.
La acusación contra la
también agente municipal de la comunidad de Rafael Valenzuela, en el municipio
veracruzano de Gutiérrez Zamora, se dio luego de que en abril pasado la mujer
participó en una manifestación en la que un centenar de pobladores bloquearon
una calle.
El problema, relató en conferencia de prensa el presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), José Jacobo Femat, fue que la gente cerró la calle que era la única vía de tránsito de los carros-pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia el pozo petrolero, ubicado a poco más de un kilómetro de distancia.
En abril pasado la joven, de 26 años de edad, en su calidad de agente municipal electa por el pueblo gestionó la pavimentación de la carretera de acceso a la comunidad y la implementación de servicios de drenaje, sin embargo los acuerdos con la presidencia municipal, el gobierno estatal y Pemex no se cumplieron.
La gente de la localidad pidió a la empresa productiva del Estado que invirtiera en la pavimentación de las calles, ya que Pemex es la que se beneficia de las vías de comunicación, y aunque en un primer momento hubo un acuerdo, Femat dijo que en realidad no se implementó ninguna acción.
La COCyP se sumó a la protesta de las y los pobladores, así que en ese mismo mes acordaron cerrar la vía de entrada al pozo petrolero, pero Jacobo Femat aseguró que se permitió la entrada del personal de Pemex para que hiciera tareas de mantenimiento y después de cuatro días de bloqueo decidieron retirarse.
Tras ello, la empresa argumentó que las y los manifestantes causaron un derrame del crudo y por ello acusó a Salomé y a la dirigente social Guadalupe Barrientos de “daños ecológicos”, delito que también pesa sobre otros tres activistas que ya tienen orden de aprehensión.
“Nosotros, antes de que ocurriera el derrame petrolero, anunciamos, advirtiendo al estado, a Pemex: COSyP se retira”, recordó el activista, por lo que afirmó que el personal tuvo tiempo de cerrar las válvulas y revisar las instalaciones, toda vez que el derrame ocurrió 10 horas después de que la gente terminó el bloqueo.
“Nos acusan ahora, a las compañeras, de ser las responsables de impedir el acceso de los carros-tanques”, denunció Femat.
El asesor jurídico de COSyP, Adelfo Arzoala, denunció que la activista fue detenida y recluida en un penal de máxima seguridad pese a que el delito que se le imputa en la averiguación 26/2015 no es grave y alcanza fianza, lo que significa “un acto de represión para la comunidad”.
La joven fue detenida por el Ministerio Público Federal el pasado 27 de octubre y el día 28 por la mañana fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, ubicado en Tepic, en un acto fast track, lo que para las organizaciones civiles fue un acto de “intimidación” para la comunidad organizada.
A fin de recolectar el monto de la fianza fijada por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Poza Rica, Veracruz, la población se organizó para juntar cerca de 140 mil pesos, por lo que se prevé que Salomé Ortega pudiera obtener su libertad esta semana.
No obstante, las agrupaciones civiles denunciaron que en el estado se dan muchas detenciones para debilitar la lucha de los movimientos sociales, por lo que llamaron a no criminalizar a las comunidades, enparticular en una región donde desde hace 60 años hay explotación petrolera sin ningún beneficio social para la gente.
Fuente: emeequis
El problema, relató en conferencia de prensa el presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), José Jacobo Femat, fue que la gente cerró la calle que era la única vía de tránsito de los carros-pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia el pozo petrolero, ubicado a poco más de un kilómetro de distancia.
En abril pasado la joven, de 26 años de edad, en su calidad de agente municipal electa por el pueblo gestionó la pavimentación de la carretera de acceso a la comunidad y la implementación de servicios de drenaje, sin embargo los acuerdos con la presidencia municipal, el gobierno estatal y Pemex no se cumplieron.
La gente de la localidad pidió a la empresa productiva del Estado que invirtiera en la pavimentación de las calles, ya que Pemex es la que se beneficia de las vías de comunicación, y aunque en un primer momento hubo un acuerdo, Femat dijo que en realidad no se implementó ninguna acción.
La COCyP se sumó a la protesta de las y los pobladores, así que en ese mismo mes acordaron cerrar la vía de entrada al pozo petrolero, pero Jacobo Femat aseguró que se permitió la entrada del personal de Pemex para que hiciera tareas de mantenimiento y después de cuatro días de bloqueo decidieron retirarse.
Tras ello, la empresa argumentó que las y los manifestantes causaron un derrame del crudo y por ello acusó a Salomé y a la dirigente social Guadalupe Barrientos de “daños ecológicos”, delito que también pesa sobre otros tres activistas que ya tienen orden de aprehensión.
“Nosotros, antes de que ocurriera el derrame petrolero, anunciamos, advirtiendo al estado, a Pemex: COSyP se retira”, recordó el activista, por lo que afirmó que el personal tuvo tiempo de cerrar las válvulas y revisar las instalaciones, toda vez que el derrame ocurrió 10 horas después de que la gente terminó el bloqueo.
“Nos acusan ahora, a las compañeras, de ser las responsables de impedir el acceso de los carros-tanques”, denunció Femat.
El asesor jurídico de COSyP, Adelfo Arzoala, denunció que la activista fue detenida y recluida en un penal de máxima seguridad pese a que el delito que se le imputa en la averiguación 26/2015 no es grave y alcanza fianza, lo que significa “un acto de represión para la comunidad”.
La joven fue detenida por el Ministerio Público Federal el pasado 27 de octubre y el día 28 por la mañana fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, ubicado en Tepic, en un acto fast track, lo que para las organizaciones civiles fue un acto de “intimidación” para la comunidad organizada.
A fin de recolectar el monto de la fianza fijada por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Poza Rica, Veracruz, la población se organizó para juntar cerca de 140 mil pesos, por lo que se prevé que Salomé Ortega pudiera obtener su libertad esta semana.
No obstante, las agrupaciones civiles denunciaron que en el estado se dan muchas detenciones para debilitar la lucha de los movimientos sociales, por lo que llamaron a no criminalizar a las comunidades, enparticular en una región donde desde hace 60 años hay explotación petrolera sin ningún beneficio social para la gente.
Fuente: emeequis
