Enrique Peña Nieto pierde las riendas de la Nación. La
masacre de mexicanos (julio fue el mes más violento desde el 2013 ), el
debilitamiento de la economía (con esfuerzos alcanzará un incremento del 2% del
PIB en 2016), el despojo del patrimonio nacional (principalmente el energético
y minero), la corrupción y la impunidad (exhibidas en la Casa Blanca y la
mansión de Luis Videgaray, y el enriquecimiento ilícito de gobernadores) y la
expansión de la pobreza (un millón más cada año), son los sellos de la gestión
del mexiquense cuya popularidad ya no existe. En 2018 vaticinan expertos, habrá
un presidente surgido de alguna otra fuerza política diferente al PRI. Se
prepara el retorno del PAN (con el matrimonio Zavala-Calderón), pero será
difícil derrotar a las fuerzas de izquierda encabezadas ya por Andrés Manuel
López Obrador. Se requerirá, aseguran, un gran fraude, uno monumental.
Para llegar a este punto los funcionarios federales actuales han
contribuido notablemente. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación,
exhibe ineficacia e ineptitud para resolver el problema de la inseguridad en el
país, concentrado en sus ambiciones presidenciales. Julio fue el mes más
violento desde marzo de 2013, con mil 54 víctimas mortales, las cuales se suman
a los 10 mil 301 personas asesinadas el primer semestre de este año. El año
pasado se cometieron en el país 29 mil 525 homicidios. En total, durante la
gestión del actual gobierno federal se han cometido 87 mil 304 asesinatos
violentos al cierre de julio, como consecuencia de la guerra de baja intensidad
contra los cárteles de la droga y por los enfrentamientos entre las bandas
criminales. La administración actual no cambió la estrategia contra el crimen
organizado y sigue cosechando los mismos resultados desde la “guerra al narco”
de Felipe Calderón. Y los hechos ahí están: la cifra de asesinatos registrada
el mes pasado representa la más alta en este sexenio, tras superar las mil 48
víctimas registradas en marzo de 2013.
Hemos visto como la grandes tragedias llegan a convertirse en
ejemplos y en malos ejemplos, por supuesto. Son muchos los reveladores de la
gran inseguridad prevaleciente, más aún son aquellos en donde el sufrimiento
conlleva la incertidumbre de no conocer el destino de nuestros familiares. El o
los secuestros son esa parte referida, una ligada, incluso, a la locura. Según
nos han comentado quienes han sufrido experiencias de esta naturaleza, los días
y las noches de insomnio les hacen perder, por momentos, una visión clara de la
realidad lo cual, acompañado del sufrimiento resulta una fórmula mortal para el
equilibrio emocional. El llanto a gritos es otra de esas características a las
cuales le sigue una aparente carencia de emociones. En fin, fue una situación
como la referida lo que hizo a la madre de Nayeli (N), implorar de rodillas al
titular de Gobernación hiciera “algo” para devolverle a su hija secuestrada. Y
eso “algo” se extiende cuando se ha tenido una jornada tan violenta como la del
fin de semana, el número de muertos habla por sí solo del fracaso de quien
mantiene vivas sus aspiraciones a la presidencia de la República.
El responsable de la política interna, sostuvo hace unas semanas
la inexistencia de una “varita mágica” para arreglar la inseguridad y, al
referirse al “asunto de la inseguridad”, seguramente hablaba de todas las
circunstancias que la conforman. El secuestro es, sin duda, una de ellas y de
las más graves. La petición de la afligida madre tuvo eco en los medios de
comunicación y, 24 horas más tarde, por fortuna y bendición, la jovencita
apareció e incluso se logró detener a su captor. Quienes fueron testigos de la
forma en la cual se hizo la súplica al titular de Gobernación aseguran todo fue
real, no había ninguna actuación, aunque sí la gran duda, la inmensa duda de
recibir una respuesta positiva a lo solicitado en virtud de todas las
experiencias pasadas, tanto recientes como de hace más de 3 años y de aquellas comprometidas
para ser aclaradas y correspondientes a los sexenios anteriores.
De ahí el supuesto de la no existencia de trucos para hacer
aparecer a Osorio Chong como funcionario eficiente aunque sí la de su
desconocimiento sobre integrantes y actuaciones de las grandes mafias. Son
decenas los desaparecidos y otro tanto de secuestrados y para ellos no han
existido esas 24 horas mágicas en las cuales logró aparecer a Nayeli. Incluso y
según declaración de sus funcionarios dedicados a estas tareas, tienen investigaciones
desde abril y tal parece estaban esperando una situación como la expuesta
públicamente, para actuar, o ¿no tuvieron más remedio que entregar a sus
cómplices? ¿Qué tanto sabe y qué tanto oculta el jefe del gabinete de
seguridad? ¿Empieza a pesar el acercamiento del 2018 para acelerar el
cumplimiento de obligaciones? ¿Dónde empiezan y donde terminan las
responsabilidades a fincar a quienes logran un rescate y dejan pendientes
cientos? Es de celebrarse el rescate de esta joven. Es escalofriante todo el
entorno.
Tal parece el país atraviesa un periodo a sangre y fuego. Entre
la madrugada del sábado y la del domingo anteriores, se registraron 54
asesinatos en el territorio. Nueve entidades vivieron una tras otra las
tragedias, los crímenes se han multiplicado como en ninguna otra etapa
gubernamental, como nunca antes. No sólo persisten los descubrimientos de fosas
clandestinas o de cráneos como se reveló en una entidad del Sureste sino
también aparecen cadáveres calcinados. Las ejecuciones también van en aumento y
en Guerrero se ejemplifica la jornada sangrienta. No bien terminó una largo
discurso del mandatario estatal, Héctor Astudillo, refiriéndose a la seguridad
en la entidad, a la ofrecida a los alcaldes para lograr se combata a la
delincuencia, fue informado de la muerte de 15 personas, y de ellas integrantes
de una familia compuesta por cinco adultos y dos niños, además de otro
enfrentamiento entre policías y bandidos en pleno Acapulco.
Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, el Estado de
México, tuvieron la más penosa jornada de violencia, una apenas superada por
también 24 horas de crímenes cometidos en el gobierno de Felipe Calderón.
¿Hasta dónde pudieron ejecutar todos estos actos con armas de los mismos
policías? ¿Acaso 13 mil armas “perdidas” no son clave de estos sucesos? Porque
justamente y según se ha investigado, 8 de cada 10 de estos artefactos
pertenecían a la policía municipal de las entidades en donde se registró la
violenta jornada. Los gobernadores de Guerrero y Michoacán siguen revelando la
incapacidad municipal y estatal existente ya que ni con “fuerzas especiales”
federales y el Ejército patrullando sus calles logra frenarse a la
delincuencia, misma mucho más organizada que todos ellos.
Guerrero sigue siendo la entidad más violenta del país. El
asesinato de Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, la noche del sábado
23 en Tierra Caliente, exhibió el grado de infiltración de la delincuencia en
los tres niveles de gobierno y el Ejército. Astudillo Flores gobierna la entidad
desde hace nueve meses, lapso en el cual se han cometido casi 2 mil homicidios
dolosos en ese estado, y ha demostrado total ineptitud para resolver el
problema de inseguridad, aún en las zonas turísticas donde patrulla el Ejército
y la Marina. Michoacán también alcanzó el récord histórico de ejecuciones desde
2006. En el mes de julio se cometieron 117 asesinatos. En lo que va del año se
han cometido 464 asesinatos en esa entidad.
Las bajas también se han resentido en los efectivos de las
fuerzas armadas. En la “guerra contra las drogas”, decretada por el presidente
Felipe Calderón, han muerto 468 militares, 52 al año, cuatro al mes, uno a la
semana. La mayor cantidad de bajas se han registrado en Tamaulipas, Michoacán y
Sinaloa. En el gabinete de Peña Nieto ya se olvido la promesa de regresar a los
militares a los cuarteles y ahora su preocupación es: ¿cómo construir mejores
reglas para su intervención en estas labores de naturaleza policíaca? Es claro
ya la intención de Peña Nieto de mantener hasta el final de su sexenio a las
fuerzas armadas interviniendo a lo largo y ancho del territorio nacional para
sostener el nivel de esta guerra civil de baja intensidad y para utilizarla, en
caso necesario, contra la misma población que proteste contra actos de
autoridad federal, como en el reciente caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde se
perpetró una “masacre”, de acuerdo a testimonios de heridos.
El domingo, desde Asunción Nochixtlán, llegaron a la Plaza de
las Tres Culturas, en la Ciudad de México, decenas de heridos, viudas y niños
que –acusaron- fueron agredidos por la Policía Federal el pasado 19 de junio.
Uno a uno expusieron sus relatos con dolor e impotencia. Mostraron sus heridas,
destaparon su cuerpo y lo mostraron a las cámaras, de televisión y fotográficas,
de reporteros. Se observaron las huellas de las balas, de las bombas de gases
lacrimógenas. Vinieron, dijeron, a responder a las voces de diputados y
senadores –como la priista Mariana Benítez, quien dijo el pasado martes que lo
señalado en el senado el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, no era verdad),
quienes niegan lo ocurrido. “Aquí estamos, hemos venido a exigir justicia, no
dinero”, señalaron. Los testimonios de los hechos ya los tiene la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH): videos, fotografías, quejas de ataque a
menores con gases lacrimógenos, la negación de atención médica en hospitales, y
las denuncias de disparos desde helicópteros.
CIERRE DE EMPRESAS
Los problemas de inseguridad, sumados al encarecimiento de los
insumos y la baja rentabilidad, incrementó el número de personas que
abandonaron o perdieron un negocio propio durante el primer trimestre de este
año. En este periodo el número de emprendedores en esta situación ascendió a
102 mil 41, cifra 7.5% superior a la registrada en el mismo periodo del año
anterior, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
“El tema de la inseguridad es un “plus” para la difícil situación que el país
vive. Hasta la tamalera debe pagar derecho de piso y la delincuencia ha
alcanzado el poder que tiene por complacencia del Estado, quien le ha dado no
sólo tolerancia, sino espacio de poder a estos grupos”, señalan investigadores
de la UNAM.
En este escenario, el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) corrigió sus estimaciones del PIB de 2.2% a 2% en 2016, como
resultado del comportamiento de la actividad económica en el segundo trimestre.
Luis Foncerrada Pascal, quien dirige el CEESP, consideró necesario incrementar
la inversión para estimular un mayor ritmo de crecimiento, lo cual requiere de
un ambiente donde predomine la certidumbre respecto al Estado de derecho y, por
lo tanto, autoridades capaces de hacer cumplir la ley. Pero la realidad son los
aumentos en los costos de los proyectos de inversión por los niveles de
inseguridad, impunidad y corrupción, porque éstos suben el riesgo. En México,
sostiene, hay un evidente incumplimiento del Estado de Derecho que frena el
crecimiento económico y reduce la generación de empleo.
Para lograr un crecimiento económico sólido y sostenido a fin de
propiciar la creación de empleos formales y mejor remunerados, es necesario
brindar certidumbre a las inversiones asegurando el cumplimiento de la ley, por
lo cual es fundamental fortalecer el Estado de Derecho, sostiene el CEESP,
quien advierte: “operar en un ambiente como este, amparado en elevados niveles
de impunidad, genera costos considerables que en muchos de los casos llevan a
las unidades productivas a tener que cerrar sus operaciones ante la
imposibilidad de hacerles frente, o en el mejor de los casos a cambiar su
ubicación”.
En general, los especialistas del sector privado bajaron su
expectativa de crecimiento para la economía mexicana de 2.36 a 2.28 por ciento
al cierre de este año y 2.71 a 2.62 por ciento el próximo año de acuerdo a los
resultados de la encuesta de julio de 2016 levantada por el Banco de México,
aplicada entre 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado
nacional y extranjero. La debilidad del mercado externo y la economía mundial
se colocó por décimo mes consecutivo como el principal factor que podría
obstaculizar el crecimiento de México. En segundo lugar, y por cuarto mes
consecutivo, se ubicó la inestabilidad financiera internacional. En tercer
sitio los especialistas señalaron como factor de riesgo a la plataforma de
producción petrolera de México, la cual tiene 12 años de caídas consecutivas.
DESPOJO ENERGÉTICO
Uno de los principales ejes del gobierno de Enrique Peña Nieto
donde se ha tenido éxito es, sin duda, el despojo de la riqueza energética del
país y su traslado a unas cuantas manos privadas. El fin de semana, en su
visita a Nayarit, el principal líder opositor de panistas y priístas, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró: por la corrupción que impera en México se otorgaron
permisos a 10 empresas, la mayoría extranjeras, para importar y vender
gasolina, lo que significa un negocio de 500 mil millones de pesos al año. El
líder de Morena estimó en alrededor de 80 mil millones de pesos anuales las
ganancias a recibir por los integrantes del grupo que obtuvo las concesiones.
“Por eso cada vez es más cara la gasolina en el país”, subrayó.
Estadísticas de Pemex muestran: entre enero y junio de este año,
las importaciones de gasolinas crecieron 9.3 por ciento en cuanto a volumen
diario de barriles, pero el desembolso económico para el país en estas compras
se incrementó 15.6 por ciento en el periodo. Las importaciones de dichos
combustibles sumaron 832 millones de dólares en enero y concentraron 75.5 por
ciento del monto total de las importaciones de productos petroleros. Pero en
junio la petrolera pagó 962 millones de dólares por las gasolinas, es decir,
130 millones de dólares más que en el primer mes, aunque el volumen no creció
tanto. Durante enero, Pemex importó 420 mil 896 barriles diarios de gasolinas y
para junio sumaron 460 mil 459 barriles diarios, es decir, un incremento de 9.3
por ciento.
Este lunes entró en vigor el segundo aumento mensual para la
gasolina Magna en los que va de este año y el cuarto en el caso de la Premium,
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La gasolina
Magna registra un aumento acumulado de 6 por ciento de enero a agosto. En el
caso de la gasolina Premium el alza es de 5.9 por ciento. En ambos casos el
incremento es superior al pronostico de inflación general de 3 por ciento
previsto por las autoridades para este año. La elevación de precios de los
combustibles obedece al afán recaudatorio de la administración federal.
Otro “éxito” de la administración peñista es la caída de los
ingresos petroleros. Éstos bajaron 17.5 por ciento en los primeros seis meses
de este año debido a un desplome de 40 por ciento en lo precios
internacionales. De acuerdo al reporte de la SHCP sobre la situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del año, el
Estado obtuvo 314 mil 964 millones de pesos por ventas de crudo en el exterior
entre enero y junio frente a los 381 mil 879 millones que se obtuvieron en el
mismo periodo del año pasado. La caída también obedeció a que la plataforma de
producción de crudo cayó 2.7 por ciento y el precio del gas natural se redujo
en 26.8 por ciento. Los ingresos petroleros pasaron de representar 18.7 por
ciento del total de los ingresos del gobierno federal en el primer semestre de
2015 a sólo 13.6 por ciento en el mismo lapso de 2016.
El nuevo precio de las gasolinas demuestra el fracaso de la
reforma energética, sostuvo el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados,
Francisco Martínez Neri. “Es inaceptable un nuevo gasolinazo cuando el
Ejecutivo prometió que disminuirían los precios una vez aprobada la reforma
energética”. A su vez, el líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, reprobó la
incapacidad del gobierno para instrumentar correctamente los cambios aprobados
por el Congreso de la Unión. En su oportunidad, el diputado de Morena, Vidal
Llerenas, calificó de error y engaño del gobierno prometer que no habría ya
incrementos mensuales a las gasolinas, diésel y gas LP, y que gracias a las
reformas energética y hacendaria bajarían los costos de los energéticos en el
corto plazo. Ha sucedido todo lo contrario.
