POR JESUSA CERVANTES
El martes 26 de octubre el PRI
decidió expulsar de sus filas a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de
Veracruz y determinó que no tocará –por ahora– a los seis diputados federales
priistas veracruzanos que formaron parte de su gobierno estatal, sin embargo,
adelantó que va por Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán.
Enrique Ochoa Reza se placea por
entidades repitiendo un discurso anticorrupción, incluso anunciando que en el
PRI no se toleran esas actitudes, por lo que se creará una comisión que detecte
corruptelas y megalomanías de futuros gobernadores. La ciudadanía ríe al
escuchar sus discursos, al enterarse por la radio, televisión o prensa escrita,
de los dichos priistas.
Y efectivamente, son dichos que no
van más allá de bravuconerías, palabras huecas. Nadie cree al priista de
Insurgentes que “van” por Duarte de Ochoa, menos aún cuando el diario La
Jornada de Veracruz reveló que, antes de huir, Ochoa Reza se entrevistó por
media hora en el hotel donde daría una conferencia de prensa, con el hoy prófugo
exgobernador.
Apenas el viernes, durante su visita
por Michoacán, el presidente nacional del PRI dijo que la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria de su organización política “analiza expulsar a Fausto
Vallejo Figueroa”; el motivo, el mismo que le imputaron a Duarte luego de que
los medios de comunicación se convirtieron en el instrumento de la justicia
“revelando con grandes investigaciones periodísticas” las propiedades,
operadores políticos, financieros y jurídicos, de los delitos de Duarte.
Fausto Vallejo está en la antesala de
la expulsión de su partido bajo los cargos de “corrupción, enriquecimiento
ilícito y falta de probidad”.
Nadie cree las palabras de Ochoa
Reza, pues él mismo incurrió en abuso al aceptar la millonaria liquidación,
que, aunque el procedimiento figure en el reglamento de la Comisión Federal de
Electricidad, es ilegítima, inmoral y éticamente reprochable en un país donde
una pequeña de 10 años muere por desnutrición o una madre se suicida y mata a
dos de sus hijos porque no le alcanza el sueldo para darles de comer.
Tampoco se le cree a Ochoa Reza
porque en el pasado reciente su partido ha creado monstruos políticos dedicados
al abuso, enriquecidos durante su paso por las gubernaturas y, además, cínicos.
Un ejemplo inmediato es Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, exgobernador del
Edomex y a quien se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo
“Santuario”, de Valle de Bravo, casa en Careyes, ¡castillo! en Francia, cuentas
millonarias de sus hijos hasta por 35 millones de pesos, propiedades de estos
por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas.
O se puede empezar por el propio Peña
Nieto, con su casa en Ixtapan de la Sal o la mal lograda y millonaria Casa
Blanca.
Siguiendo con Michoacán. Cuando
Fausto Vallejo, aquejado por un mal físico, pero sobre todo por el surgimiento
de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, se vio obligado a pedir
permiso al cargo de gobernador en 2014, dejó a su secretario de Gobiernio en el
cargo, Jesús Reya García; otro priista que al año fue acusado de tener vínculos
con el crimen organizado y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy
está en prisión.
La lista de gobernadores priistas es
larga. Ahí esta, por ejemplo, Rodrígo Medina, de Nuevo León, quien ha logrado librar
la acusación de peculado, pero sigue enfrentando proceso judicial por
“ejercicio indebido de funciones”. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones
de pesos, pero la autoridad de “El Bronco”, el brabucón gobernador
“independiente” actual, no ha podido comprobar.
Está también Roberto Borge,
exgobernador de Quintana Roo, a quien se le señala por haber desviado recursos
públicos y dejar a la entidad con una deuda que alcanzará los 30 mil millones
de pesos, según acusa la oposición .
Uno más, que también dejó
recientemente la gubernatura, es el priista de Colima Mario Anguiano Moreno, a
quien la auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y
2015, por lo que ya le inició “juicio político”.
La situación de los funcionarios y
exfuncionarios colimenses es otro caso, donde los priistas, cuando se invaden
sus parcelas de poder, pareciera que se atacan entre ellos. Recordemos que años
antes de llegar Anguiano Moreno a la gubernatura estuvo Silverio Cavazos
Cevallos, quien fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor,
Fernando Moreno Peña recibió cuatro balazos ya habiendo concluido el cargo. No
murió. Su sobrino, Samuel Rodríguez Moreno fue señalado como autor intelectual
del homicidio del exgobernador Silverio, pero también de lavarle dinero al
grupo criminal La Familia Michoacana. Recientemente fue también ejecutado.
Y por si hicieran falta más problemas
para los funcionarios colimenses priistas, el actual delegado del Instituto
Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, fue presentado
ante el Procuraduría General de la República (PGR) tras encontrarlo en un sitio
en el que la policía aseguró una maleta con alrededor de 20 kilogramos de
droga, presuntamente cocaína, según reportó el reportero de Proceso, Pedro
Zamora Briseño.
El delegado federal de INAES fue
traído a la Ciudad de México, aunque no se sabe si como testigo o como acusado.
Él también trabajó en el gobierno del asesinado exgobernador Cavazos Ceballos y
del baleado exgobernador Mario Anguiano.
Si de gobernadores priistas,
violadores de los derechos humanos se trata y destituidos, ahí está el temido
Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, quien fue destituido del cargo luego
del asesinato de campesinos en el Vado de Aguablancas. Cuando salió, en su
lugar se impuso al entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a la
postre sería arropado por el PRD, llevado a la gubernatura y también destituido
luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los abusos de poder, la corrupción,
el robo al erario estatal, el lavado de dinero, entre otras cosas, no sólo se
retratan mejor en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahí está también
el ex gobernador priista de Coahuila –ex dirigente nacional del PRI e impulsor
de Peña Nieto a la Presidencia de la República– Humberto Moreira, a quien
además, España lo ha vinculado con el grupo criminal de Los Zetas.
Pero si de exgobernadores priistas
investigados en otros países por sus presuntos lazos con el crimen organizado
se trata, pues entre su catálogo el PRI tiene para escoger, ahí está el
exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, a quien Estados Unidos acusó en
mayo de 2012 de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo, o su sucesor,
también priista, Eugenio Hernández Flores, quien desde 2015 la Unión Americana
lo acusó de lavar dinero del narcotráfico producto de Los Zetas. Aunque
sorprendió que uno de los hombres buscados por las autoridades norteamericanas
haya ido a votar tranquilamente durante las pasadas elecciones estatales del
pasado 5 de junio en su tierra, Tamaulipas.
Y como olvidar al exgobernador del
PRI en Tabasco, Andrés Granier, preso por corrupción, fraude al fisco y
realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inolvidable un
audio donde reveló no sólo su abuso, sino su desvergüenza, ahí presume de
propiedades en Estados Unidos, en el país y de tener un guardarropa compuesto
de ¡400 pares de zapatos y mil camisas!
De todos los mencionados, ninguno
está en prisión, aunque no hay que olvidar a quien llegó a la gubernatura de
Quintana Roo en 1993, amigo de Carlos Salinas de Gortari y enemigo de Ernesto
Zedillo, Mario Villanueva es el único procesado en México y preso en Estados
Unidos por lavar dinero del Cártel del Juárez, fue detenido en 2001 luego de dos
años de andar a salto de mata y extraditado al vecino país. Es el único
exgobernador priista encarcelado.
Existe otro gobernador del PRI, este
sí en funciones, a quien se le ha vinculado en algunos medios de comunicación
de estar muy cercano y atento a lo que pide el crimen organizado, pero no
existe indagación abierta en su contra. Se trata de un priista cercano a Peña
Nieto –como lo fue Javier Duarte– y que gobierna por la zona suroeste del país.
Ante todas estas historias, es
difícil que alguien crea en las palabras del presidente nacional del PRI, Ochoa
Reza.
Pero no sólo el PRI se pinta con
gobernadores y exgobernadores corruptos. El PAN no se queda atrás, ahí está por
ejemplo la desfachtez del exgobernador de Sonora, quien no sólo se construyó
una presa para uso particular a costa de dejar sin el líquido a indígenas
yaquis, sino que además es acusado, como Duarte, de desviar millones de pesos
del erario estatal.
Tampoco se puede olvidar uno del
exgobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de
compras simuladas, de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Pasó un
par de años en la cárcel y ya se pasea de nuevo por las calles del estado
diciendo que volverá a la política; está también Pablo Salazar Mendiguchia,
exgobernador de Chiapas, quien siempre dijo que se le crearon delitos. Llegó a
la gubernatura por PRD-PAN. Uno más es Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de
Morelos, se habló de desvió y de relación con el narcotráfico, en especial con
la hija del operador financiero del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, y
aunque se le investigó, nada se pudo comprobar.
Otro gobernador que llegó por el PRD
fue el de Baja California, Narciso Agúndes Montaño, se le acusó de peculado,
estuvo un algunos meses en prisión y salió libre, pero se le inhabilitó para
por seis años luego de que se detectaron irregularidades en las ventas de
terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.
La lista de los ex gobernadores de
PRI, PAN y PRD pudiera ser más amplia, sin embargo las componendas políticas
entre los políticos han impedido que esta siga. Si no se investiga al
Presidente, ¿por qué se ha de juzgar a todos los gobernadores que abusan, roban
e imponen su ley?, se podrán preguntar muchos. Lo cierto es que con la llegada
a la PGR de Raúl Cervantes, lo que menos se puede esperar justicia, pero sí
negociaciones oscuras y relaciones truculentas.
