Esta semana se informó que la
Secretaría de Hacienda va a fijar precios máximos a la gasolina, semanal y por
día, desde el 1 de enero de 2017.
Empresarios gasolineros revelaron que
la nueva metodología que va a dar a conocer la dependencia a más tardar el 31
de diciembre contempla que los precios se van a ir ajustando en periodos
cortos, “primero semanalmente y luego diariamente”, señaló José Carlos Femat
Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de
Petróleo (Onexpo).
En tanto, los precios en los que pueden
fluctuar las gasolinas, la Onexpo y la Asociación Mexicana de Empresarios
Gasolineros (Amegas) prevén que se registre un incremento de entre 8.6% y 15%
durante el próximo año.
Con este escenario, la gasolina Magna
—que ahora se vende en 13.98 pesos por litro— puede variar entre 15.18 y 16.08
pesos en 2017. La Premium —que se cotiza en 14.81 pesos— va a oscilar entre
16.08 y 17.03 pesos el siguiente año. El diesel —que se comercializa en 14.63
pesos— se va a ofrecer entre 15.889 y 16.82 pesos.
“Será un precio máximo, si acaso, para
una semana y a la siguiente anuncian otro y para la otra otro, y así
sucesivamente, según nos ha comentado Hacienda”, agregó Femat Romero.
“Hacienda irá determinando costos
reales; cuánto cuesta la gasolina y el diesel en Estados Unidos y en algún otro
punto de origen; cuál es el tipo de cambio; cuál es la tasa impositiva (la que
conocemos y que no va a cambiar); y cuánto cuesta distribuirla en el país”,
aseguró el directivo empresarial.
Con esas variables ellos van a ir
construyendo los diferentes precios para las distintas regiones del país.
“Podemos observar hasta 80 precios diferentes, según nos ha comentado
Hacienda”, subrayó el director general de Onexpo.
Como Secretario de Gobierno, el
ahora Diputado del Verde Ecologista, Gerardo Buganza Salmerón, mantuvo una red
de funcionarios encabezados por su Jefe de la Unidad Administrativa, Manuel de
León Maza, que lo mismo utilizaron empresas ”fantasma” para saquear recursos
públicos, que también a través de “subsidios” públicos beneficiar a sus
empresas, amigos, políticos y un grupo de columnistas políticos.
“En un solo día más de 70 millones de pesos que estaban destinados a mejorar el
sistema de notarías públicas, el Registro Civil y la seguridad de los
reclusorios en Veracruz fue desviado a la red de empresas fantasma…”, reveló el
portal de noticias Animal Político en un nuevo reportaje sobre las empresas
“fantasma” utilizadas por el Gobierno de Veracruz.
Conforme al reportaje de Animal Político, la Auditoría de Veracruz detectó 55
nuevos contratos a empresas “fantasma”, por lo que ya suman 131. Y ahora, a
través de información requerida vía transparencia, se encontró anomalías del
ahora Diputado Gerardo Buganza Salmerón, cuando fungió como Secretario de
Gobierno.
En la SEGOB, el cordobés Gerardo Buganza Salmerón, construyó una estructura de
funcionarios públicos acusados de corruptos encabezados por su Jefe de la
Unidad Administrativa, Manuel de Léon Maza, citado como uno de los “caciques” y
adinerados de Pánuco, riqueza producto de su paso por el servicio público,
entre ellos el IPE.
En los eventos del restaurante de Gerardo Buganza y su esposa Elizabeth Torio,
era común la presencia de los hermanos Diego y Francisco Verterano Castañón,
quienes fungían como el Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
SEGOB, así como enlace administrativo de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social, respectivamente. Ambos hermanos, consentidos de la red de
Manuel de León Maza y de Buganza.
Manuel de León Maza, a través de su hermana la Diputada Federal Sofia del
Sagrario de León Maza, “vendió” una residencia en el caro Fraccionamiento Monte
Magno, de Xalapa, a Gerardo Buganza Salmerón. Ahí Buganza tiene dos
residencias, siendo la ubicada en Bucarest No. 12, la entregada por su Jefe de
la Unidad Administrativa.
Datos obtenidos por Animal Político, vía una serie de solicitudes de
transparencia, ponen en evidencia que la red de empresas fantasma no solo fue
utilizada para el desvío de recursos de programas sociales o para supuestamente
fortalecer la imagen del gobierno veracruzano, sino también del presupuesto
destinado para el mejoramiento de áreas claves del gobierno.
Fue el 12 de julio de 2012 cuando la Secretaría de Gobierno de Veracruz asignó,
el mismo día, cinco contratos a las empresas Abastecedora Romcru, Centro de
Recursos de Negocios CERENE, CYMANED, Pefraco y Rinoxa por un total de 70
millones 835 mil 872 pesos.
Todas estas compañías forman parte de la red fantasma revelada en mayo pasado
por este portal. En noviembre el SAT confirmó de forma definitiva que eran
empresas falsas con operaciones simuladas, mientras que el nuevo gobierno
estatal de Veracruz anunció una indagatoria a los 13 notarios que avalaron la
inscripción de dichas compañías.
Los contratos, asignados vía adjudicación directa por la Secretaría de Gobierno
y sin ninguna clase de competencia, fueron por servicios de análisis,
capacitación o evaluación que en teoría estaban destinados a mejorar los
servicios estatales mencionados.
Gerardo Buganza Salmerón y su Jefe de la Unidad Administrativa, Manuel de León
Maza, estuvieron al frente de esos desvíos de recursos públicos.
Uno de los contratos, por cinco millones de pesos, fue entregado a la empresa
CERENE .El objetivo de este contrato era que la empresa realizara un servicio
de análisis que arrojara si era factible aumentar o disminuir la cantidad de
notarías que operaban actualmente en la entidad.
Dado que CERENE es una compañía inexistente, las autoridades presumen que ni
este ni ningún otro servicio que se la haya adjudicado fue realizado realmente
por esta empresa, e incluso pudieran ser servicios que nunca existieron.
El mismo 12 de julio de 2012 la Secretaría de Gobierno entregó otro contrato
por diez millones de pesos a Abastecedora Romcru. El objetivo de dicho contrato
era proporcionar un servicio de capacitación a 212 oficinas del Registro Civil
estatal en materia de “registros extemporaneos”.
Y en la misma jornada se entregó un contrato por 16 millones 248 mil pesos a la
empresa Pefraco, este por un concepto similar al anterior: capacitación y
actualización en sitio al personal de las 212 oficialías del Registro Civil en
Veracruz.
Ni las cárceles se salvaron
Veracruz es uno de los 16 estados del país que actualmente
presentan un problema de sobrepoblación en sus centros penitenciarios. En el
arranque de la administración de Javier Duarte la Comisión Nacional de Derechos
Humanos advirtió que por lo menos ocho de los reclusorios estatales estaban
realmente controlados por los propios reos.
Los datos obtenidos vía transparencia indican que el mismo 12 de julio de 2012
la Secretaría de Gobierno de Veracruz entregó dos contratos por adjudicación
directa, que tenían como objeto mejorar las condiciones de seguridad de los
penales. Pero ambos contratos fueron asignados a empresas “fantasma”.
Uno de los contratos, por 19 millones 888 mil pesos, era para proporcionar un
“Servicio de Revisión, Análisis, Diagnóstico y Detección de Oportunidades de
Mejora de la Infraestructura Penitenciaria, consistentes en Sistemas Eléctricos
y Barda Perimetral a los 17 Centros de Readaptación Social”. Dicho contrato fue
adjudicado a la compañía CYMANED.
El otro contrato, por 19 millones 698 mil pesos, estaba titulado
“Servicio de Evaluación y Diagnóstico de los Sistemas, Procedimientos, Equipos
y Medidas de Seguridad en las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros,
Recursos Materiales, Dirección General, Subdirección (…) y Colchón de Seguridad
de los 17 Centros de Readaptación Social”. Este fue entregado a la empresa
Rinoxa.
Tanto CYMANED como Rinoxa son empresas falsas. Amas fueron incluidas por el
Servicio de Administración Tributaria en el listado definitivo de empresas que
simularon operaciones y emitieron facturas por las mismas.
Compañías multiusos
Uno de los casos más representativos es el de la empresa Centro de Recursos de
Negocios CERENE (SA de CV). Esta compañía formaba parte de una red de empresas
falsas y que el DIF de Veracruz le había adjudicado un contrato por cinco
millones de presos para la compra de juguetes en 2013.
Pero al parecer CERENE podía hacer de todo. En 2014 facturó más de 33 millones
de pesos a múltiples dependencias del gobierno de Veracruz para la supuesta
promoción de actividades del gobierno de Veracruz.
En julio 2012, como ya se dijo, esta compañía fue contratada para analizar el
funcionamiento del sistema notarial de Veracruz. Por si lo anterior no fuera
suficiente, datos revelados por transparencia revelan que al mismo tiempo,
CERENE también fue contratada por la Secretaría de Turismo del estado para
difundir una serie de spots del gobierno de Veracruz a través de la cadena
Univisión en los Estados Unidos. Por ello se le adjudicaron 24 millones 421 mil
pesos.
La empresa CERENE no es un conglomerado de compañías multifacéticas. En
realidad su sede es una casa con techo de lámina en la calle Cervantes y
Padilla del puerto de Veracruz. En esa casa vive Jacqueline Terrón quien dijo
que su dirección fue utilizada para dar de alta una empresa que ahí nunca ha
existido.
Por citar otro ejemplo, la empresa Abastecedora Romcru la cual recibió entre
2012 y 2013 más de 180 millones de pesos a través de diez contratos entregados
por las secretarías de Educación y Desarrollo Social de Veracriuz, así como por
el DIF Estatal. Dichos contratos eran por la venta desde materiales de
construcción, hasta despensas o juguetes didácticos para escuelas.
Pero en el mismo 2012, Romcru también era contratada por la Secretaría de
Gobierno para dar servicios de capacitación a personal del Registro Civil.
La dirección de la compañía Abastecedora Romcru es en realidad un patio con un
cuarto en el centro del puerto de Veracruz. Sus socios son dos músicos que
tocan en las calles para obtener e sustento diario.
Otro involucrado con fuero
Cuando la Secretaría de Gobierno entregó en un solo día, en julio de 2012, más
de 70 millones de pesos a la red de compañías fantasma el titular de esa
dependencia era Gerardo Buganza, quien actualmente cuenta con Fuero
Constitucional luego de negociar con Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, la
asignación de un escaño vía Plurinominal en la lista del PVEM.
En los últimos años, la riqueza de Gerardo Buganza Salmerón creció
extraordinariamente.
Mientras cientos de maestros, ciudadanos y
funcionarios
no recibirán el
de su
cobrar su aguinaldo de 80 mil pesos antes de marcharse, dinero que le entregó
Flavino Ríos Alvarado. También cobraron jugosas gratificaciones Harry
Grappa,
Secretario de
y Cultura (300 mil pesos) y Luis Ángel
Contreras, ex Fiscal (119 mil 600 pesos).
Tan sólo el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa alcanzó a
cobrar su aguinaldo de 2016, facilitado por el sustituto,
Flavino Ríos Alvarado.
Y no sólo Javier Duarte de
Ochoa se logró marchar con sus 80 mil pesos de aguinaldo, personajes como Harry
Grappa, ex Secretario de Turismo y Cultura, se lleva una suma que ronda los 300
mil pesos como bono de fin de año y cierre de administración.
Luis Ángel Bravo pese a su pésimo trabajo, se autoasignó una
compensación de aguinaldo de 120 mil pesos
Esta información se logró saber gracias a
diversas solicitudes de información enviadas a dependencias del gobierno
estatal, contestadas antes del cambio administración.
Y no sólo los duartistas se fueron forrados. Los delegados del
Gobierno federal, el mismo que a estas alturas le niega la ayuda a Veracruz
bajo el argumento de que no hay recursos, le pagó abultadas gratificaciones a
sus delegados y subdelegados estatales.
En la solicitud 01089616, el encargado entonces de la unidad de
de la Oficina del Gobernador, Manuel Alfonso Castillo de la Torre,
reconoceque Javier Duarte de Ochoa, aún alcanzaba
aguinaldo.
En la misma respuesta, el 18 de octubre, ya siendo Flavino Ríos
jefe de esa oficina, Castillo de la Torre remite al solicitante a un
con los tabuladores y los criterios para la asignación de la prestación
al ahora prófugo de la justicia. Las estimaciones dan 80 mil pesos por el
ajuste al no haber concluido su periodo.
El corruptazo de Tomás Ruíz involucrado en la operación de
empresas fantasmas se pagó 90 mil pesos de aguinaldo
LOS
SÚPER AGUINALDOS
–Antonio Gómez Pelegrín, quien
también dejó la Secretaria de Finanzas a unos días de bajar cortinas, alcanzó a
cobrar108
mil pesos.
–Fernando Benítez Obeso, ex
titular de la Secretaría de
, tocó120
mil pesos.
–Harry Grappa, ex secretario de
Turismo y Cultura con Duarte,296 mil pesos (01091616)
–Tomás Ruiz, ex titular de la
Secretaría de Obras Públicas,80 mil 720 pesos.
–Víctor Alvarado, ex secretario
de Medio Ambiente,80 mil 720 pesos.
–Sergio Amaro Caso, jefe de la
CMAS -Coatzacoalcos 94 mil 691 pesos.
–Namiko Matzumoto, presidenta
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,150
mil pesos.
–Xóchitl María Burdett Torruco
Sochil Mortera, delegada de Derechos Humanos en Coatzacoalcos, 87 mil pesos.
–Antonio Benítez Lucho,
delegado del IMSS Norte,160 mil pesos.
–José Tubilla, delegado
del IMSS en zona sur,160 mil pesos.
–William David Knight
Bonifacio, delegado de la SCT,160 mil pesos.
–Los 50 diputados, de la LXIII
legislatura, que acaba de terminar, cobraron, cada
,119
mil pesos de gratificación de fin de año, en suma, los 50, representaron un
gasto de 5 millones 950 mil pesos.
–Nabor Nava Olguín, heredó de
Arturo Bermúdez el cargo, igual su aguinaldo, y dejó la SP con120
mil pesos de gratificación.
–Luis Ángel Bravo Contreras,
aún tocó119 mil 600 pesos de aguinaldo, sus fiscales
regionales, les tocan casi 100 mil pesos por la misma prestación.
–Ovidio Noval Nicolau,
director de la API de Coatzacoalcos, este año cobrará 115 mil pesos por aguinaldo.
–Loth Melchisedec Segura,
director estatal del INEA,104 mil 417 pesos; Benito Reyes Candelario,
coordinador de INEA en el sur, 13 mil 368 pesos.
–Francisco Herrera Jiménez,
delegado del CONAFE, 60 mil 775 pesos.
–Octavio Legorreta, delegado de
la SAGARPA, 70 mil pesos.
–Fernando Arturo Castañón
Zacoma, comandante de la Primera Región Naval, tendrá
14 mil 929 pesos.
–Francisco José Ortiz Ortiz, de
la Tercera Zona Naval de Coatzacoalcos,23 mil 853 pesos.
–Ramón Galindo, jefe del
sector naval en Tuxpan,19 mil 065 pesos.
–Iraís Maritza Morales
Juárez, delegada de la CDP, 103 mil 983 pesos.
–Elizabeth Morales, de Profeco,89
mil 300 pesos.
–Iván Hillman, delegado de
CONAGUA, por su tiempo al frente en el cargo en Veracruz (acaba de ser enviado
a Tabasco), le tocan122
mil pesos.
–Higinio Germán Hernández
Duran, encargado de Complejo Petroquímico Cangrejera,327
mil pesos.
–Casimiro Álvarez Urbina,
encargado de gerencia en el Morelos, 150 mil pesos.
–Ariel Morales Herrera, Sub
gerente en Cosoleacaque,151 mil 260 pesos.
–Rubén Zuarth Esquinca,
encargado de Prospera a nivel estatal, 21 mil 667 pesos.
–Renato Alarcón Guevara,
delegado del ISSSTE, 151 mil pesos.
–Érik Porres Blesa, como
delegado de la SEP, proporcional de julio a la fecha,87
mil pesos.
–Pedro Yunes Choperena,
delegado de la SEDATU,115 mil pesos.
–José Antonio Mansur Beltrán70
mil pesospor sus
servicios como delegado hasta su
en medio de un escándalo de corrupción.
–Ignacio del Moral
,53
mil pesos, subdelegado de la SE en Coatzacoalcos.
–José Antonio González Azuara,
delegado de la SEMARNAT, 131 mil 680 pesos
–Anilú Ingram Vallines,
mil 560 pesos,por
sus servicios en la delegación de la SEDESOL.
–Geiser Caso Molinari,
Secretario Ejecutivo de la CEAPP,120 mil pesos.
–Benita González, presidenta de
la CEAPP, 78 mil pesos.
–José Luis Sánchez Toral,
director del ITESCO, 54 mil 458 pesos
–Fidel Toledo Matus, rector de
la UTS, 71 mil pesos.
–Sara Ladrón de Guevara,
rectora de la UV,109
mil pesos; su vicerrector para Coatzacoalcos, Jorge Andaverde
Arredondo, 49 mil 700 pesos.
–Salvador Burelo, jefe de la PF
en Coatzacoalcos, 48 mil pesos.
Afirma el presidente de Pueblos Indígenas del
estado, Fidencio Fernández Carrera, que indígenas de Soteapan solo reciben
paracetamol y naproxeno como medicamentos cuando se enferman, y añade que es lo
único que toman, 'y así se la llevan´´, por lo que señala 'para qué queremos un
hospital bonito sin médicos ni medicinas'.
El líder indígena ha denunciado esto en el Congreso
del Estado donde también indicó que “nuestra gente no tiene recursos para
acudir con médicos y si vamos a los hospitales, lo primero que te dicen es que
no hay medicinas, y estamos hartos”. También, denunció que en la cabecera
municipal de Soteapan solo se cuenta con una escuela de calidad, “cuando
debiera rescatarse nuestra lengua, y debiera haber más maestros y escuelas en
esa materia”…
El exsubprocurador Jorge Yunis Manzanares, ligado a Los Zetas según la
investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 –en poder de Apro–
apareció hoy en una lista de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como
aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esa misma investigación
ministerial aparece como “alfil” de Los Zetas para auxiliarlos en sus trámites,
liberar a sus reos y otras facilidades jurídicas el exsubprocurador Marco
Antonio Lezama Moo, quien en junio de 2014 fue ungido magistrado del Tribunal
Superior de Justicia por el gobierno del entonces priista Javier Duarte.
En el caso de Yunis Manzanares, a
quien la FGE impuso el “término de funciones” el año anterior, pero sin
responsabilidad penal alguna, el Congreso local, integrado en su mayoría por
PAN, PRD, Morena y PRI, validó que cumple con los requisitos para ser aspirante
al cargo de fiscal general.
Los otros nueve aspirantes son
Guillermo Beck Chiquini, quien trabajó en el gobierno de Veracruz cuando Miguel
Ángel Yunes Linares era secretario de Gobierno en la década de los noventa;
Jorge Winckler Ortiz, abogado panista con apenas dos años de haber obtenido su
cédula profesional, y Agustín Hernández Virues, quien actualmente es juez de
control.
A ellos se suman Ricardo López
Henaine, catedrático de la Facultad de Derecho; Ignacio Paz Serrano, exdirector
de la Policía Judicial, y Rafael Ramos Maldonado, abogado del partido
Movimiento Ciudadano (MC).
En el listado sólo figuran dos
mujeres: Tania Vázquez Muñoz, actual consejera electoral y exfuncionaria del
Tribunal Electoral, y Dulce Silvia de la Miyar, de profesión litigante.
De entre los diez aspirantes, el
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propondrá una terna al Legislativo y,
aunque será el pleno el que haga la votación al respecto, diputados señalaron
que en próximos días el propio mandatario estatal habrá de dictar “línea” para
elegir al titular de la FGE.
En la edición 1881
de Proceso (noviembre de 2012), se informó que la captura de
tres presuntos integrantes de Los Zetas permitió a las autoridades federales
(Marina y Ejército) detectar la existencia de una red de complicidades entre
sicarios y transportadores de droga de ese cártel con subprocuradores de
Justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos asentados en la
región de Córdoba, en la zona montañosa de Veracruz.
En la publicación se aludía a Jorge
Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama, de acuerdo con la investigación
rubricada por el fiscal especializado Pedro Huesca Barradas, funcionario de la
extinta Procuraduría General de Justicia (PGJE), quien al día de hoy se
encuentra desaparecido, luego de que en la cabecera municipal de Cardel fuera
“levantado” por un comando.
Otra decena de policías ministeriales
y de agentes del MP también salieron incriminados en esa carpeta de
investigación, y a la mayoría de ellos se les dio “baja definitiva” o “término
de funciones” en la FGE.
En noviembre de 2012, el entonces
procurador Amadeo Flores Espinoza –hoy líder estatal del PRI– admitió que se
iniciaron alrededor de diez juicios administrativos en contra de servidores
públicos de esa dependencia para investigar sus posibles lazos con el crimen
organizado; sin embargo, ni él ni sus sucesores en el cargo deslindaron
responsabilidades.
El exprocurador
argumentó que, en el marco del operativo Veracruz Seguro, la PGR atrajo el caso
de corrupción en la Procuraduría local, luego de la detención y consignación de
Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El
Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes se
identificaron como zetas y admitieron que trabajaban en coordinación con
servidores públicos de Veracruz, entre ellos Lezama Moo y Yunis Manzanares.
En aquella ocasión Flores Espinoza se
quejó de que era “muy lamentable” que en ocasiones la prensa dé más valor a lo
que “los delincuentes hablan y dicen” que al actuar de las autoridades.
El domingo 11 de
diciembre, Maribel y Felipe acudieron a una boda en el puerto de Veracruz
con el sueño de que muy pronto ellos también caminarían hacia el altar,
mientras que Mario había acordado ir a recogerlos para llevarlos de regreso a
su hogar. Sin embargo, nunca llegaron.
Por Violeta Santiago
Ciudad de México, 16 de diciembre
(SinEmbargo/BlogExpediente).– Tres habitantes del puerto de Veracruz se
encuentran desaparecidos y son buscados con angustia por sus familiares. Se
tratan de los primos Mario Reyes Martínez, de 37 años de edad; Felipe Diego
Piña Martínez, de 23 años de edad; y su prometida Maribel Valdivia Hernández.
Es una situación que vuelve a vivir la ciudad después de la desaparición de
estudiantes universitarios apenas a finales de septiembre del 2016.
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María Rosales, familiar de los dos
muchachos, expone con la voz entrecortada al intentar contener el llanto que
desde el pasado lunes 11 de diciembre los buscan con frenesí, pero hasta el
momento ni la gente ni las autoridades les han podido decir algo.
Mario y Felipe, dos jóvenes que
intentaron estudiar hasta donde sus posibilidades se los permitió, eran
trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero los millonarios recortes
presupuestales debido a la caída de los precios del crudo y a la implementación
de la Reforma Energética los llevó a perder sus empleos durante los recortes
generados en los últimos meses.
Los habitantes de la colonia Lomas
del Coyol, una zona dominada por casas de interés social, buscaron otras
opciones de ingreso y finalmente se convirtieron en conductores de transporte
público. “Ellos se sentían bien, eran humildes, pero estaban bien con lo que
ganaban”, argumenta su prima, quien ha iniciado una búsqueda a través de redes
sociales.
El más joven, Felipe, recientemente
había anunciado su intención de contraer matrimonio con Maribel Valdivia, por
lo que la familia de los jóvenes estaba muy emocionada por el enlace.
El domingo 11 de diciembre, la pareja
acudió a una boda con el sueño de que muy pronto ellos también caminarían hacia
el altar, mientras que Mario Reyes había acordado ir a recogerlos para
llevarlos de regreso a su hogar. Sin embargo, nunca llegaron.
La preocupación en las familias de
los muchachos comenzó desde aquella noche al notar que las horas pasaban y los
tres no regresaban a sus viviendas. Pero el indicio más grave y cuando la
preocupación cimbró a estos habitantes porteños ocurrió cuando encontraron la
unidad de Mario Reyes abandonada atrás de una tienda Chedraui, en el norte de
la ciudad.
Aunque hablaron a la policía y
establecieron su denuncia formal, hasta el momento la Fiscalía General del
Estado (FGE) no les ha podido dar algún resultado y sólo pueden esperar. “Son
tranquilos y trabajadores, no se metían en problemas, eran muy respetuoso” recuerda
María Rosales.
Las familias de los jóvenes
desaparecidos señalan estar destrozadas. Imploran que les regresen a sus seres
queridos y piden a la ciudadanía que, si los han visto, indiquen a las
autoridades para dar con su paradero. Agregan que ambos no contaban con
tatuajes y que, como seña particular, Mario tiene una cicatriz en la rodilla,
producto de una cirugía.MÁS
De acuerdo al Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), en Veracruz, tan sólo entre enero del 2014 y octubre
de 2016 se reportaron 184 casos de desaparición dentro del fuero federal,
mientras que del fuero común, en la última década se han denunciado 523 casos,
lo que da un total de 707 casos abiertos, la mayoría de los cuales, ocurrieron
dentro del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
La cifra del SNSP es mucho más baja
que la expuesta por la Fiscalía Especializada de Atención de Denuncias por
Personas Desaparecidas (FEADPD), que en su última actualización, en septiembre
de 2016, reportó entre el 2006 y junio de 2016 un total de 5 mil 030 casos, de
los cuales 3 mil 120 personas fueron localizadas, mientras que mil 910
permanecen con paradero desconocido.
Además estos datos no incluyen las
desapariciones forzadas que, con base en datos de la Procuraduría General de la
República, tan sólo entre el 2010 y el 2014 en Veracruz se sumaron 51 casos,
colocándose en primer lugar. Finalmente, los números expuestos por los
colectivos de búsqueda son más amplios, pues un importante porcentaje de las
desapariciones no son denunciadas ante las autoridades federales y estatales.
En este nuevo período de Gobierno,
dentro de los primero 15 días se han reportado al menos, de acuerdo a registros
de prensa en el estado, poco más de diez casos. A pesar de que Luis Ángel Bravo
Contreras renunció al cargo de Fiscal General de Veracruz, el índice de
desapariciones e impunidad que fuera el sello del sexenio de Javier Duarte no
parece haber disminuido.
El puerto de Veracruz ha sido
escenario de numerosos casos de desapariciones, especialmente entre la
población joven. El más reciente fue el de los jóvenes universitarios Génesis
Deyanira Urrutia Ramírez, Leobardo Arroyo Arano, Octavio García Baruch y Andrés
García Aguilar. A casi una semana de que fueran plagiados cerca de una
plaza comercial, sus cuerpos fueron encontrados en bolsas a poco más de 40
kilómetros de Veracruz. Si bien este caso atrajo la atención de las
autoridades, debido a la presión de los estudiantes, en el puerto y en todo el
estado cada día se presentan situaciones de este tipo, aunque las
manifestaciones y denuncias son mínimas.
“¿Dónde están? Los extrañamos mucho.
¡Dios, que regresen con bien! Señor, nos está matando esta agonía”, escribe
María Rosales en redes sociales con la esperanza de que se compartan sus
publicaciones y vuelva a saber —pronto— de sus seres queridos.
El
diputado local Zenyazen Escobar se pronunció a favor de que el gobierno del
estado regularice la operación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
(UPAV), pues es una opción educativa para quienes aspiran a una formación
profesional.
En entrevista telefónica, el
representante del partido Morena afirmó que además de dar validez a los
estudios, se deben mejorar los programas que se imparten. Explicó que en
algunas regiones como Córdoba, la UPAV es una opción para jefes de familia que
no encontraron una oportunidad en la Universidad Veracruzana o que en su
juventud no estaban interesados en su formación profesional.
Después de que se pusieron de
manifiesto las irregularidades de la UPAV, que se creó por decreto en el
periodo de Javier Duarte, aseguró que el desaparecerla no es la opción. Se debe
buscar un registro ante la SEP para lograr la validez de los estudios, y
revisar los contenidos de las carreras que ahí se imparten.
"A los planes y programas
les falta pero no tendría por qué desaparecerse (…) hay que regularizarla
tenemos vecinos que ahora ya son abogados e ingenieros gracias a esta
escuela". Por lo anterior, hizo un llamado a Yunes Linares a mejorar la
universidad popular, para garantizar que cuando salgan de la carrera puedan
encontrar un espacio laboral.
Recordó que el año pasado la
SEV, se negó a darles trabajo a egresados de la UPAV para hacerse cargo de
interinatos en nivel básico, porque no tenían validez sus estudios. Explicó que
la Universidad Popular es una opción económica para muchos ciudadanos, pues las
escuelas particulares resultan muy caras y no son viables para quien se quiere
superar.
