No debería sorprender la actitud de un
Donald Trump que desenfrenado, engallado y brabucón en menos de una semana
decretó sendas Órdenes Ejecutivas de enorme trascendencia no sólo para México
sino para todo el mundo y, en particular, para América Latina. El magnate de la
Casa Blanca es un genuino representante del imperialismo norteamericano que,
más allá de su perfil egocéntrico, autoritario y notablemente agresivo, hace un
trabajo ad hoc para un sistema que se comenzó a construir a partir
de la segunda mitad del siglo XIX —el imperialismo en tanto
sistema económico, político y de dominación— y cuya raison d'être es
la expansión territorial, el despojo de pueblos, comunidades, países y regiones
enteras que, cuando lo anterior le resulta insuficiente u obstaculizado, no
duda en recurrir al uso de la fuerza y a la guerra. Por lo tanto, no debe
sorprender que el triunfo republicano en un mundo capitalista sumergido en una
profunda crisis sistémica y en franca decadencia, se exprese precisamente en un
magnate de esta estirpe el que ahora salga a defender y preservar los intereses
del sistema capitalista para intentar recuperarlo —luego de la derrota de la
candidata demócrata en los comicios presidenciales— en su propio espacio
nacional y adjudicándole parte de las causas de esa bancarrota a los
trabajadores inmigrantes e indocumentados, especialmente a los mexicanos a
quienes ha superexplotado de manera bárbara y cruel desde la
década de los sesenta del siglo pasado cuando México, país dependiente y
subdesarrollado, se trocó en un auténtico expulsor y exportador de fuerza de
trabajo supernumeraria y barata en beneficio de la acumulación del capital de
las poderosas compañías del vecino del norte.
Así,
el 23 de enero de 2017 Donald Trump decretó la salida oficial de Estados Unidos
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en
inglés: The Transpacific Partnership Agreement), suscrito
el 4 de febrero de 2016 por 12 países del área del Pacífico y Asia que
representan alrededor de 40% de la economía mundial y un tercio del total del
comercio internacional: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Japón,
Malasia, Brunéi, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Entre otros
objetivos de este Acuerdo promovido por Estados Unidos figura contrarrestar el
creciente aumento de la presencia e influencia de China en el comercio mundial
y reestablecer el poderío estadunidense. Adicionalmente desde su campaña como
candidato republicano, como presidente electo y ya como mandatario, Trump
declaró que va a reformar — o en su caso abandonar— el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAM) firmado entre México, Canadá y Estados
Unidos, entre otras razones, porque lo considera como un tratado
"injusto" y porque "es uno de los peores que ha firmado Estados
Unidos…y ha provocado la pérdida de miles de empleos en detrimento de los
estadunidenses": alrededor de un millón de puestos de trabajo entre 1997 y
2015. Pero no menciona qué ocurriría en cualquiera de los dos casos, reforma o
salida del TLC.
El
25 de enero de 2017 Trump decretó dos Órdenes Ejecutivas en materia de
inmigración:
- La construcción del Muro de la Ignominia (Mexico–United
States barrier) en la frontera común de más de 3 mil km en la frontera
común entre México y Estados Unidos supuestamente para "combatir el
tráfico ilegal de personas y drogas y prevenir actos terroristas".
Esto no es nuevo porque hay que recordar que en la actualidad ya están
construidos alrededor de mil 050 kilómetros de muros y vallas, cuya
edificación comenzó a inicios de 1994 con el gobierno de Bill Clinton. De
acuerdo con la Enciclopedia Wikipedia, el 15 de
diciembre del 2005 el Senado
de Estados Unidos aprobó un Plan para reforzar la barrera fronteriza, o
muro, entre los dos países, para construir "…un muro fronterizo de
alrededor de 1123 km. A esta escala, el muro sería sólo comparable con la Gran
Muralla China. Finalmente, el Senado de
los Estados Unidos aprobó el 17 de mayo del 2006, por mayoría (83
votos a favor y 16 en contra), la enmienda que prevé la construcción del
citado muro con 595 kilómetros de extensión más 800 kilómetros de barreras
para impedir el paso de automóviles".
- Eliminar las denominadas "ciudades
santuario" (unas 300 en todo Estados Unidos) mediante la suspensión
de los fondos federales destinados a estas ciudades que protegen de la
deportación a los indocumentados. Esta medida afecta por igual a condados
o estados que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales
información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen. En
estos santuarios migratorios los alcaldes se niegan a colaborar con las
autoridades federales de migración alegando que no van a ejercer funciones
de esa naturaleza.
Estas
órdenes emitidas por el magnate presidencial, casi a título personal y
anunciadas mediante twitter, supuestamente están encaminadas a garantizar la
"seguridad fronteriza" y la aplicación de las leyes migratorias, así
como a "mejorar la seguridad interior del país".
Las
primeras incluyen, entre otras medidas:
La
contratación de 5 mil agentes fronterizos, la detención de personas
"sospechosas" de violar leyes estatales, federales y migratorias,
prohibir la práctica del "catch and reléase" (atrapar y
liberar) consistente en la puesta en libertad de los detenidos por infracciones
migratorias, ahora con esta nueva disposición los detenidos seguirán bajo
custodia policiaca, es decir, presos, mientras se determina su deportación. Los
policías locales y estatales harán las veces de "agentes de
inmigración" mediante el restablecimiento del Programa 287g que
es un acuerdo entre las agencias locales del orden público e Inmigración y
Control de Aduanas (ICE), que otorga autoridad a las policías para hacer
cumplir las leyes de inmigración; disponer de recursos (públicos o privados)
para construir "centros de detención de inmigrantes"; elaborar un
informe que cuantifique y detalle la ayuda económica, militar y humanitaria que
Estados Unidos le ha dado a México, de forma directa o indirecta, en los
últimos cinco años.
En
relación con las segundas, las medidas de seguridad pública interior de Estados
Unidos, figuran:
Exigir
la plena aplicación de las leyes migratorias contra todos los inmigrantes
considerados "deportables" y utilizar todos los sistemas y los
recursos disponibles para hacer cumplir las leyes de inmigración; cancelar los
fondos destinados a las ciudades y condados denominados "santuario",
garantizar la "deportación de las personas con órdenes de expulsión"
y elaborar "listas de personas deportables" que incluyan a todas
aquéllas consideradas por las autoridades como un "riesgo" para la
seguridad pública o nacional, como los condenados o acusados de haber cometido
delitos, los inmigrantes que estuvieren implicados en fraudes y personas que
han "abusado" de beneficios públicos o que tengan órdenes de
deportación; imponer multas y sanciones a inmigrantes indocumentados y a los
responsables de su internación ilegal en el territorio nacional. Adicionalmente
se contempla contratar 10 mil agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE). El Estado se reserva el derecho de exigir que los países reciban a sus
inmigrantes una vez que sean deportados de Estados Unidos.
Por
último, el magnate-presidente firmó un decreto, u orden ejecutiva, que prohíbe,
o retrasa, el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de países
como Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y establece que los
ciudadanos predominantemente musulmanes no recibirán visas para ingresar a
Estados Unidos hasta que no se determine su situación.
A
nuestro juicio, todo este conjunto de medidas configuran un punto de inflexión
histórica en las relaciones internacionales, en las que Estados Unidos mantiene
con México y, por supuesto, con América Latina. Se trata de un impulso a la
aplicación de un nacionalismo a ultranza que recuerda los mejores momentos
experimentados durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado
donde, al lado de la expansión del imperialismo norteamericano, figuraban
medidas internas destinadas a "proteger" a Estados Unidos tanto de la
crisis económica como de los embates provenientes del exterior. Es el famoso
período del New Deal (o Nuevo Trato) consistente en un
conjunto de medidas puestas en marcha por Franklin D. Roosevelt entre 1933 a
1937 con el fin de actuar sobre las causas de la crisis económica estallada en
1929, cimentado en una política proteccionista encaminada a garantizar la
recuperación de la tasa de crecimiento de Estados Unidos mediante programas
para combatir el desempleo y auspiciar un futuro desarrollo que finalmente no
se consiguió, sino más adelante a costa del desencadenamiento de la Segunda
Guerra Mundial, de donde finalmente salió airoso Estados Unidos como potencia
incontrastable en el espacio internacional y sólo contenida por la otra
superpotencia encabezada por la extinta Unión Soviética y su bloque de
naciones, tanto en Europa como en otros puntos del planeta, incluida África y
América Latina. Desde la perspectiva política y de la ideología el trumpismo
ultranacionalista recuerda los mejores momentos del macartismo furiosamente
anticomunista impulsado por el senador Joseph McCarthy durante el período de la
guerra fría en Estados Unidos.
Por
otro lado el proteccionismo redivivo trasnochado emergente en Estados Unidos
representa un fracaso y la crisis del neoliberalismo fondomonetarista y del
gran capital internacional que, a sangre y fuego, impusieron en los últimos
treinta años con mayor o menor intensidad de acuerdo con las condiciones
particulares de regiones y países. De alguna manera el fondo del iceberg se
develó con la derrota de la candidata del partido demócrata, Hillary Clinton,
que representaba los intereses del capital financiero tanto en Estados Unidos
como fuera de él y con el triunfo del republicano que al caracterizar la
situación global de Estados Unidos como desastrosa —según el Departamento de
Comercio en 2016 el PIB estadunidense creció 1,6% en 2016, el ritmo más débil
desde 2011— prometió reconstruir el capital industrial y productivo mediante la
imposición de políticas proteccionistas como las ya anunciadas por decreto por
el magnate triunfador en las elecciones presidenciales.
La
buena noticia de este acontecimiento histórico, que ocurre en el seno mismo del
país más poderoso del planeta, es que puso al desnudo las profundas relaciones
de desigualdad y de dependencia de un país subdesarrollado como México cuyo
comercio exterior depende en más de 80% de la dinámica económica de la potencia
del norte.
A
pesar de los buenos oficios y señales que el gobierno mexicano le envió al de
Estados Unidos en el sentido de "negociar" nuevas condiciones en que
se habrá de reestructurarse la relación México-Estados Unidos en este nuevo
escenario antimexicano de proteccionismo, cerrazón, xenofobia, racismo y
misoginia del Presidente Trump y su gabinete blanco, la respuesta contundente y
envalentonada que de éste recibió el gobierno mexicano y su presidente, Peña
Nieto, fue la contundente ratificación de la construcción del muro de la
ignominia (mur de la ignominie) que, además, tendrá que ser pagado por
México so pena de imponerle impuestos compensatorios de hasta 20% a nuestras
exportaciones que se envían a ese país en el caso de negativa de cumplir con
los designios del presidente norteamericano.
La
actitud lacrimosa, timorata y tibia del gobierno mexicano, a través de su
aprendiz de ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, frente a las
contundentes decisiones de Washington, además de tardía y carente de contenido,
simplemente consistió en decir que "no se iba pagar el muro", pero
sin plantear, ni agenda, ni mecanismos concretos para no hacerlo frente a una
decisión tomada de antemano. Obviamente el gobierno tampoco ofreció
explicaciones, ni mucho menos, alternativas viables y concretas a los millones
de indocumentados que trabajan en Estados Unidos y cuya deportación pende de un
hilo, como tampoco al pueblo mexicano que ya padece los efectos lacerantes de
la crisis estructural del país exacerbada por los infames gasolinazos
decretados por el gobierno en turno y que han incendiado la inflación, el
desempleo, la carestía de la vida y todo tipo de calamidades sociales y
humanas.
Brilla
por su ausencia un proyecto alternativo de nación por parte de la actual
administración gubernamental, de las clases dominantes, de los partidos
políticos oficiales y del lumpen-empresariado mexicanos debido no solamente a
la fuerte dependencia que mantienen no solamente del ciclo económico de Estados
Unidos, de sus procesos de concentración y centralización de capital y de las
grandes trasnacionales sino, además de la estrategia geopolítica de Estados
Unidos consistente en mantener el status de México como su "patio
trasero" que, afortunadamente en otras experiencias como las ocurridas en
Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, ha sido superado a pesar de desenvolverse
todavía en los carcomidos rieles del capitalismo dependiente.
Frente
al neoproteccionismo que está impulsando el nuevo gobierno estadounidense, el
mexicano se aferra al viejo y desgastado ultraneoliberalismo conservador en
crisis, lacerado por las profundas contradicciones abiertas en su economía, en
la sociedad y en el régimen político, y que han conducido a deteriorar
inusitadamente lo que los medios de comunicación llaman la
"popularidad" o "índice de aprobación" del presidente, de
su gabinete y de su partido que han sumergido a nuestro país en la mayor crisis
de su historia, sólo solventada en determinadas coyunturas por las luchas populares
y de los trabajadores en la defensa de sus intereses, de la nación y de sus
condiciones de vida y de trabajo.
Otro
ángulo de la aguda problemática que va enfrentar el actual régimen de gobierno
es la agudización y aceleración de la crisis del patrón de acumulación
dependiente exportador fundado en la producción-exportación de manufacturas
cuyo eje es la actividad maquiladora, la cual tiene como núcleo duro justamente
la industria automotriz transnacional y que, justamente por órdenes del
magnate, va a agudizar dicha crisis al paralizar las nuevas inversiones en
México y retornar sus plantas a los propios Estados Unidos como ya está
ocurriendo con la Ford, la General Motors y otras empresas como Carrier
productora de equipos de aire acondicionado.
El
gobierno mexicano ha centrado toda su estrategia de crecimiento –que no
desarrollo- en la apertura externa de inversiones extranjeras y de los
mercados, en el subsidio al gran capital privado nacionales y extranjero, en la
privatización de las empresas públicas propiedad de la nación, en la política
de bajos salarios, estancados prácticamente desde la década de los setenta del
siglo pasado en relación con la inflación inducida por el Estado y los
empresarios, en la crisis de la agricultura de temporal y campesina en
beneficio del agronegocio de exportación, en las llamadas reformas
estructurales energética, laboral, de las telecomunicaciones, educativa y
fiscal en entero beneficio del empresariado nacional y extranjero, entre otras
medidas neoliberales impulsadas desde el poder federal por los gobiernos del
PRI y del PAN en los últimos 35 años.
La
"apertura" de México comenzó con su ingreso al GATT en julio de 1986,
continuó con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos y Canadá en enero de 1994, unos meses después, en mayo de
este año, con el ingreso a la OCDE y culminó con la entrada en el TTP en
febrero de 2016 que acaba de abandonar su principal impulsor, Estados Unidos.
Durante todo este período la tasa de crecimiento del país ha sido estacionaria
al arrojar un promedio no mayor a 2%, contra el 6,5% del llamado
"desarrollo estabilizador" medido a partir de mediados de la década
de los cincuenta del siglo pasado hasta la entrada formal —y como régimen— del
neoliberalismo en 1982.
Los
supuestos beneficios de la integración conservadora de México bajo los
lineamientos de Estados Unidos y de los organismos monetarios y financieros
internacionales, han sido completamente nulos para la mayoría de los
trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera. En el espacio nacional,
porque éstos siempre han sido marginados de los presuntos beneficios de dicha
integración y de los tratados firmados entre las élites de los gobiernos al
amparo de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del capital
internacional, quienes efectivamente han salido completamente beneficiados
mediante la obtención de enormes y jugosas ganancias extraídas de la
superexplotación de la fuerza de trabajo, de la poca o nula organización sindical
y de la imposición de estatutos laborales discriminatorios y excluyentes de sus
derechos y demandas. Del otro lado de la frontera, los trabajadores, que han
emigrado hacia ese país debido a las pocas o nulas oportunidades de empleo
existentes en el suyo, además de percibir salarios muy por debajo del promedio
de los que reciben los trabajadores norteamericanos en el campo y en el
servicio doméstico, son humillados y discriminados por la patronal que los
contrata, víctimas de los traficantes de personas (los llamados
"polleros"), de las arbitrariedades constantes que cometen contra
ellos incluso ciudadanos que los discriminan, y bajo la constante amenaza, por
parte de las autoridades norteamericanas —y, en algunos casos, de sus propios
"empleadores" que los denuncian— de ser expulsados en cualquier
momento debido a su estatus de ser trabajadores indocumentados.
Con
la entrada en vigor del proteccionismo a ultranza sustentado en un nacionalismo
burgués profundamente conservador y racista, todos los neoliberales de
izquierda y derecha han puesto el grito en el cielo y no saben cómo ajustar sus
evangelios ultra neoliberales pendientes de la dinámica de las mal llamadas
"fuerzas del mercado" al carecer de un proyecto alternativo fuera de
los cánones del neoliberalismo y del proteccionismo. Aquí hay que aclarar, y
subrayar con fuerza, que lo que no está en crisis hoy en día en el mundo
capitalista son estas formas que históricamente han asumido las políticas del
Estado y el capital, sino en profundidad ¡el capitalismo!, lo que ya coloca la
problemática contemporánea de la crisis en una perspectiva distinta a la
planteada mayoritariamente por dichos enfoques.
Ante
el humillante espaldarazo que le propinó el magnate al gobierno mexicano en
relación con su decisión de construir el muro de la ignominia —que dígase de
paso para el capital no existen muros ni obstáculos, para eso existen las
transacciones financieras por medios electrónicos— de abandonar el TTP y
ordenar la revisión o, en su caso, anulación del llamado TLC, el canciller
Videgaray y Peña Nieto no sólo no tienen propuestas frente a estas decisiones
imperiales, sino que han permanecido completamente a expensas de los dictámenes
presentes y futuros del Congreso y presidente norteamericanos. En este
escenario, que como dice el slogan "a río revuelto ganancia de
pescadores" no han faltado los agoreros que se erigen como portadores de
soluciones mágicas, por supuesto, encuadradas en los marcos del capitalismo
dependiente y del sistema político de dominación vigente en el país. Los
espectros del pasado hacen nuevamente su aparición: desde un Ernesto Zedillo,
priista, ex-presidente de México y privatizador de los ferrocarriles nacionales
que vendió a Estados Unidos, pasando por "nacionalistas revolucionarios"
como Cuauhtémoc Cárdenas, ex-priista, fundador y " líder moral" del PRD ,
ex- Jefe de Gobierno
del Distrito Federal , ahora ex-perredista y
"políticamente independiente", hasta uno de los más consentidos
empresarios del régimen de todos los tiempos, el señor Carlos Slim quien, con
su acaudalada y millonaria riqueza, se convirtió en uno de los individuos más ricos
del mundo, ha salido a la palestra mediática para proponer supuestas
"salidas" a la tensión entre México y Estados Unidos. A pesar de
tener una gran parte de sus inversiones en este último país, el
"neodesarrollista" Carlos Slim —previa cena que tuvo con el magnate y
uno de los beneficiarios de la privatización energética dispuesta por las
reformas estructurales del gobierno y, por supuesto, del gasolinazo— ha
intentado rebajar la problemática de la crisis económica de México, exacerbada
por los efectos reales y mediáticos de la toma de decisiones del magnate
norteamericano, para presentar supuestas alternativas cimentadas en la búsqueda
de nuevas bajo el paraguas de una —inexistente— "unidad nacional" que
solamente existe en sus bolsillos y en su mente de empresario.
En
una Conferencia de Prensa (27 de enero de 2017), después de afirmar con
sapiencia y profundidad, que el mismo Marx envidiaría, que Trump "No es
Terminator, es Negotiator", propuso "…la necesidad de volcarnos de
nuevo y por completo al desarrollo del mercado interno y a consumir lo
producido en el país, porque la mejor barda son las inversiones, la actividad
económica y el empleo en México. La gente se va porque no encuentra
oportunidades aquí, no se va a turistear".
El
magnate mexicano descubre el anillo de la espiral en una vuelta también al
pasado para sustentar el desarrollo de México en el impulso del otrora caduco y
superado "neodesarrollismo" capitalista, pero en el capitalismo al
fin. No dice que el mercado interno se dinamiza con ingresos que obtienen los
distintos sectores de la sociedad, es decir, las distintas clases sociales
antagónicas que la constituyen, a partir de su peculiar lugar que desempeñan
tanto en dicha estructura como en el sistema productivo y, por ende, en el
espacio del mercado en la esfera de la circulación y en la distribución de los
ingresos. Éstos se obtienen de tres fuentes que son el salario —el que produce
el mismo trabajador como un equivalente del valor de su fuerza de trabajo— y
que percibe la mayoría de los trabajadores asalariados explotados por el
capital; la ganancia derivada de la plusvalía que producen millones de
trabajadores y, por último, la renta de la tierra que es una parte alícuota que
se deriva de la ganancia de empresario con destino al bolsillo de la oligarquía
terrateniente propietaria de las grandes extensiones y fortunas territoriales
tan abundantes en nuestro país. En esta estructura del capitalismo en general
no existe otra "fuente" de ingresos distinta a estas tres y que,
además, se derive de otra categoría que no sea la plusvalía producida mediante
la explotación del trabajo por el capital. Por lo tanto, recordando a tres
clásicos del estructuralismo de la Cepal: Raúl Prebich, Celso Furtado, Aníbal
Pinto, para reactivar y hacer crecer el mercado interno se requiere aumentar
los ingresos de la población, empezando por los salarios que, en México,
prácticamente vienen en picada desde mediados de la década de los setenta del
siglo pasado, cuestión sobre la cual el señor Slim no dice, por supuesto, una
sola palabra.
En
relación con la otra propuesta del magnate mexicano respecto a "consumir
lo producido en el país", ignora completamente que lo que se produce y se
consume en el país tiene un alto contenido de valor importado, particularmente
de Estados Unidos y que es justamente lo que explica el constante déficit en la
cuenta corriente de la balanza comercial y, por ende, de pagos, la cual es
deficitaria desde mediados de la década de los treinta del siglo pasado,
registrando sólo cinco superávits durante la década de los ochenta del siglo
anterior.
Las
inversiones provienen del capital privado nacional y extranjero que desde hace
30 años se destinan a enriquecer más a los más ricos y empobrecer más a los más
pobres, la actividad económica ha entrado en un cuasiestancamiento productivo
derivado de las políticas capitalistas del Estado mexicano impulsadas e
impuestas en las últimas tres décadas, mientras que el empleo ha sido
completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de la
población y los empleos creados en su mayoría son altamente precarios, de baja
productividad y bajos ingresos frente a un crecimiento inusitado de la tasa de
desempleo abierto, del subempleo (léase informalidad que cubre casi el 60% de
la población económicamente activa), de la pobreza "normal" y de la
pobreza extrema prácticamente en todo el país, cuestiones sobre las que, por
supuesto, el sapiente magnate mexicano, al igual que la mayoría de los
personeros del gabinete del gobierno en turno, no dicen una sola palabra.
Al
pontificar los problemas de las "alternativas del desarrollo" frente
a la actual situación de tensión entre México y Estados Unidos, el homólogo de
Trump lo ponderó:
"Trump
es un gran negociador. Hay que conocer su libro para no espantarnos. Me parece
que está tocando para saber si tenemos alguna debilidad. Lo peor para tratar
con él es enojarse. A lo mejor está provocando para negociar…El presidente
estadunidense, quien tiene una gran estimación por México, representa un gran
cambio en la forma de hacer política y de gobernar". (La jornada,
28 de enero de 2017, en http://www.jornada.unam.mx/2017/01/28/politica/004n1pol ).
El
señor Slim ignora la sentencia de John Foster Dulles, secretario de Estado de
Dwight Eisenhower, cuando afirmó que "Estados Unidos no tiene amigos, sino
intereses" que deberían además de recordar todos aquéllos que todavía
confían en la "buena voluntad" de Estados Unidos para resolver
nuestros problemas.
Cuando
el magnate mexicano sugiere que alguien que cataloga a los inmigrantes
mexicanos como "criminales y violadores" "tiene una gran
estimación por México", sería bueno interrogarse qué pasaría si el xenófobo
presidente norteamericano no nos estimara: ¡seguramente tendríamos a los marins listos
para recibir la orden para invadir al país para recordarnos su "buena
amistad".
Estas
notas permiten confirmar que el gobierno mexicano, cómplice de la construcción
del muro de la ignominia ya en su primera etapa y de las políticas agresivas
contra los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, está atrapado entre
su neoliberalismo a ultranza, sin proyecto y agotado y el (neo) proteccionismo
imperialista que actualmente comanda el presidente Trump.
Lo
que hay que entender esencialmente es que ambos "proyectos" agotados,
a largo plazo son inviables para "salvar al capitalismo" en ambos
lados de la frontera y en el entorno internacional, por más publicidad que en
estos días le están dando los medios dominantes de comunicación al segundo que,
para cuajar, por lo menos requiere mucho más de los cuatro años que dura la
primera administración del presidente republicano. ¡Habrá que ver si logra
incubar el huevo industrial-productivista en el vientre del desgastado sistema
capitalista norteamericano antes de que reviente en el rostro del magnate!
La
política y estrategia de Donald Trump consiste en impulsar hacia adentro de
Estados Unidos un proteccionismo que tentativamente le permita recuperar su
deteriorado sistema industrial y educativo con miras a recuperar el llamado
"excepcionalismo norteamericano" y, por este conducto, intentar
contrarrestar su visible pérdida de hegemonía en el sistema internacional. Al
mismo tiempo que, no nos hagamos ilusiones, va a imponer y pregonar el libre
mercado, la apertura comercial, la privatización económica y la imposición de
las clásicas políticas restrictivas y monetaristas del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial hacia afuera, es decir, en Europa y América
Latina, manteniendo e intensificando sus políticas desestabilizadoras en estas
regiones y en otras como en el medio oriente, especialmente en Siria, cuando
así convenga a sus intereses expansionistas y militaristas. En este contexto,
la guerra sería sólo un pretexto para admitir sus fracasos.
Un
proyecto de esta naturaleza requiere tiempo e inversión además de contrarrestar
las profundas contradicciones de un capitalismo en crisis sistémica que cada
vez más se sumerge en un profundo foso sin salida de estancamiento económico,
desempleo expansivo, precarización del trabajo y agudizamiento de las luchas de
clases y de todo tipo de conflictos y calamidades sociales.
Habrá
que ver qué ocurre primero: si el renacimiento de esa economía industrial
prototípica del fordismo-keynesianismo que floreció en las primeras décadas del
siglo XX pero sin "Walfare State" o el término de una administración
fracasada que tenga que replantear su proyecto imperialista de redespliegue
capitalista sobre otras bases.
Los
síntomas del malestar social ya comenzaron a expresarse a unos cuantos días de
la toma de posesión del mandato por Trump. No solamente por la lluvia de
amparos ante las Cortes contra las órdenes ejecutivas que lesionan gravemente los
derechos de miles de trabajadores indocumentados y de inmigrantes muchos de los
cuáles, teniendo en regla sus papeles, tendrán que salir de Estados Unidos
simplemente por ser musulmanes si a juicio de las autoridades así lo requieren.
Además, del conflicto derivado de otra Orden Ejecutiva para retomar la
construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access suspendida por el
mandatario anterior, Barak Obama. Los dos proyectos enfrentan una sólida
resistencia por parte de grupos ecologistas que denuncian el poder de
contaminación del petróleo que procede de las arenas bituminosas cuya
producción emite un 17% más de gases de "efecto invernadero". Por su
parte el oleoducto de Dakota ya había causado las protestas y resistencia de la
tribu indígena Standing Rock que afirma que dicho oleoducto en el caso de
concretarse hará inservibles sus tierras sagradas y contaminará las aguas del
río Misuri, de las que depende su sistema de vida. Se pueden agregar a estas
resistencias que ya han causado las órdenes ejecutivas de Trump el relativo
triunfo de la movilización social que llevó a que la jueza Ann M. Donnelly, del
Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictaminara que los
refugiados u otras personas afectados por la medida contenida en la orden
ejecutiva no pueden ser deportados a sus países.
El
"efecto Trump" se ha utilizado como un distractor por parte de
autoridades, empresarios y políticos mexicanos para intentar frenar y
desmovilizar el enorme descontento de la población que antes y después de la
designación del magnate, se viene expresando mediante marchas, mítines, toma de
instalaciones y de recintos gubernamentales, bloques carreteros contra la
política antipopular y antiobrera del gobierno de Peña Nieto que ha agudizado
la crisis económica mediante los gasolinazos y las amenazas de liberar los
precios de los energéticos para cumplir con sus compromisos con las empresas
trasnacionales que son los nuevos dueños de los energéticos mexicanos gracias a
las "reformas estructurales". En el fondo lo anterior obedece a las
demandas que estas empresas, entre ellas las norteamericanas, reclaman como
condición previa para invertir: la liberalización —léase aumento— de los
precios que les reditúen altos beneficios que incrementen sus procesos de acumulación
y centralización de capital.
Ante
esto el gobierno de Peña y el empresariado dependiente de Estados Unidos
tendrán que resignarse a esperar dócilmente recibir las instrucciones de la
Presidencia Imperial mientras se agudiza la crisis económica en el país y sus
efectos lacerantes se echan sobre las espaldas de la sociedad y de los
trabajadores, como viene ocurriendo sistemáticamente hace ya más de tres
décadas y ahora a golpe de gasolinazos contra la población.
Mientras
tanto, los de siempre: empresarios, políticos de todos los colores partidarios
y gobierno, impulsan un risible simulacro de "unidad nacional" —que
recuerda la proclamada por Ávila Camacho al estallido de la segunda guerra
mundial— que en el fondo tiene el objetivo de sembrar la ilusión mediática en
la sociedad de que se está enfrentando con "patriotismo" y
"nacionalismo" a un "enemigo" que ha autorizado la
edificación del muro de la ignominia, ordenado revisar o, en su caso, cancelar
el pro-empresarial y trasnacional TLC y deportar a millones de trabajadores
indocumentados que en México no tendrían otro destino más que el hambre, la
miseria, el desempleo, el abandono gubernamental y la desilusión.
Solamente
la movilización popular podrá frenar esta nueva embestida del imperialismo.
Adrián
Sotelo Valencia. Sociólogo e investigador del Centro de Estudios
Latinoamericanos (CELA) de la FCPyS-UNAM.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
