Columna: Fuera de Foco
De acuerdo a la
Asociación Civil “Alto al secuestro” comandado por la oficialista y beneficiada
del peñismo luego del supuesto plagio a su hijo, Isabel Miranda de Wallace, el
estado de Veracruz por segundo mes consecutivo, ocupa el primer lugar en delitos
de secuestro. Cifra por demás maquillada por parte de la Fiscalía Regional del
Estado de Veracruz (FGEV) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, quien se encuentra
rebasado entre robos de automóviles, robo a casa habitación y peor se encuentra
en casos de personas desaparecidas que van de la mano con el hallazgo de
cementerios clandestinos y personas asesinadas. Los cuerpos continúan siendo
estibados en Medicina Forense, esperando a que la FGEV haga su trabajo –acto
que al parecer no sabe cómo- para poder brindarle la paz a los familiares de
personas desaparecidas quienes buscan desesperadamente a su ser querido.
El titular de la FGEV reveló que en la actualidad
existen tres mil 600 denuncias de personas desaparecidas. Carpetas abultadas y
sin el ánimo de esclarecer. Pero las estadísticas continúan elevándose en el
estado de Veracruz. El día de ayer, la adolescente de 14 años, Leslie Marari
Cruz Zavala, salió a las 14:00 horas de la escuela Secundaria Técnica #117
ubicada en la carretera Poza Rica-Cazones, rumbo al kilómetro 47. Su padre, el
señor Arturo Cruz Valdez, es el encargado de recoger a la menor todos los días
para trasladarla a la casa de su madre, la señora, Gloria Valdez Rodríguez.
Ayer, por la carga de trabajo del señor Arturo, Leslie tuvo que hacer uso del
transporte público para trasladarse a casa de su abuela.
Teresa de Jesús Zavala Almazán, madre de la
adolescente, indicó a AGN Veracruz, que ella es maestra de un preescolar. Ella
es la responsable de dejar a Leslie por la mañana en el plantel educativo y su
padre, de recogerla a la hora de salida.
“Antier en la noche, Leslie me pidió permiso de ir
a comprar unas sandalias y unas calcetas que necesitaba (…) Su misión era ir al
supermercado por los zapatos y posteriormente ir al centro (…) Alguien la vio
caminar hacia el bulevar Ruiz Cortínez, que es donde se encuentra ubicado
Wallmar (…) A las 16:00 su padre al llegar a casa de su madre, se alertó que la
menor no hubiera llegado a casa de su abuela (…) Intentamos comunicarnos con
ella, pero su celular nos mandaba a buzón” externó la señora Teresa de Jesús
Zavala Almazán, madre de la menor.
Lo imperdonable del asunto es vivir las
negligencias de parte de la autoridad. La familia de Leslie Marari Cruz Zavala
arribó a la Fiscalía Regional de Poza Rica a las 24:00 horas y fue hasta las
02:00 horas del día de hoy –porque simplemente la Ministerio Público de guardia
se encontraba plácidamente durmiendo en su casa- que fue atendida la
diligencia. Hasta las 05:00 horas pudieron salir del lugar al cual deben de
regresar a entregar fotografías de la menor para emitir la Alerta Amber. Sin
decir el motivo, a la familia le negaron el número de expediente de la
averiguación previa y mucho menos y tampoco la MP se identificó con la familia.
Como siempre suceden en estas situaciones, no
dudamos que al rato la FGE de Poza Rica le empiecen a sacar dinero a los padre
de Leslie argumentando que no tienen para la gasolina de sus carcachas o de
plano, de manera “conchuda” los Policías Ministeriales encargados de realizar
las investigaciones, obliguen a la familia a que sean sus choferes utilizando
sus coches para llevarlos a todas las diligencias de la “autoridad” tercer
mundista y así entretenerlos y que no exijan resultados en las investigaciones.
Otro modus operandi de parte de la FGE, es crear en
la familia miedo para que no hablen con los medios de comunicación sobre la
desaparición de su hija, argumentándole que si lo hacen, ponen en riesgo la
integridad de la menor. Todo, para que la familia no los obligue a buscarla
realmente. Una recurrente que utilizan por incapacidad.
Esperemos que el señor gobernador, Miguel Ángel
Yunes Linares, se apiade de la familia de Leslie y ordene al fiscal una
búsqueda verdadera para encontrar a la menor sin daño alguno. Solo podría
decirle al ejecutivo estatal, que se ponga en los zapatos de los padres y nomás
imagine que en vez de Leslie, fuera uno de sus nietos que estuviera
desaparecido. Que instaure una búsqueda exhaustiva, como la que hiciera si la
pequeña fuera de su familia.
Los
delincuentes de etiqueta con poder
Stephen D. Morris,
quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México,
sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público
para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la
actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o
político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder".
En la política actual, no existe un servidor público realmente ético y honorable. En su transitar por el ejercicio público, ven la oportunidad de aprovecharse de su puesto para desviar el dinero de los programas y dependencias, hacia sus cuentas personales.
En la política actual, no existe un servidor público realmente ético y honorable. En su transitar por el ejercicio público, ven la oportunidad de aprovecharse de su puesto para desviar el dinero de los programas y dependencias, hacia sus cuentas personales.
Las empresas fantasmas, son en parte una de las mil
estrategias que actualmente recurre la clase política. La otra, es que a través
de negocios ya establecidos o grandes cadenas de supermercados, se haga el
“lavado” de dinero, argumentando supuestas compras –que obviamente nunca se
ejecutan- y la negociación se queda con un mínimo porcentaje de ese truculento
acto y el resto, para el político vividor.
Pero al final de todo, ese no es realmente el
problema que aqueja al país. El problema de los actos de corrupción política se
centra en el manto de impunidad que cobija a este grupo de ladrones. Es decir,
para que el presidente de la República robe sin preocupaciones y nadie le toque
un solo pelo, se requirió mantener un control absoluto de parte del poder
ejecutivo a los poderes legislativo y judicial. Con ello se consigue enviar
iniciativas recaudadoras, iniciativas de censura a los medios de comunicación,
de expropiación de propiedades y la más importante, de una reforma penal para
bloquear a toda costa el procedimiento judicial y además, aunque se les
compruebe delitos por peculado, jamás se les incautan sus propiedades obtenidas
con dinero del erario y ni tampoco sus millonarias cuentas bancarias.
Las leyes mexicanas están hechas para enviar a la
cárcel al individuo sin poder ni arraigo económico. Todo está diseñado para que
la “ley” protejan los políticos y encarcelan a quienes los molestan. Quienes
intenten acusarlos de ladrones, a quienes se atrevan a boicotear la estabilidad
económica de los pudientes, son quienes alcanzan penas que ameritan cárcel.
En una entrevista con uno de los alcaldes electos
en el estado de Veracruz, indicó que una de las primeras acciones que
instaurará en cuanto tome el poder, es “limpiar” las calles del municipio en
donde gobernará del ambulantaje. Apuesto que por este sector obtuvo su triunfo,
a quienes les habrá prometido un trato digno durante su gestión, próximamente
los traicionará, les instaurará una verdadera ‘cacería de brujas’ para poder
exterminarlos.
¿Quién tiene la culpa de la alza delincuencial en
un estado o en el país? Pues los gobiernos que sin pudor alguno arroja a las calles
a cientos de personas al arrebatarles sus fuentes laborales. Los bloquea
laboralmente, los pisotea cuando estos intentan salir adelante realizando una
actividad legal, como la venta informal. Cerrados sus caminos, se enlistan en
cualquier cédula delincuencial para poder mantener a su familia. Es la inercia
social que conlleva a alguien a tomar un camino escabroso, luego de que los
criminales políticos, le han cerrado todos los puentes para mantenerse.
La apatía. Enfermedad que mantiene sometida a las masas.
Un gran acierto tiene aquel que asegura que un municipio, un estado, un país,
tiene el gobierno que merece. Una sociedad agachada, siempre será el centro de
permanencia de un político corrupto.
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la
Comunicación, directora general y columnista. Sustenta su trabajo, tras 23 años
de ejercicio periodístico adquirido en diversos medios de comunicación situados
en el estado de Veracruz. Su principal objetivo dentro de su carrera
profesional es ofrecer a la ciudadanía una editorial ética y objetiva. Un
espacio donde los temas sociales y políticos, son analizadas con una visión
crítica, con la finalidad de mostrar una perspectiva sustentada y razonada
sobre la problemática social de Veracruz y de la República Mexicana.
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