CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El velo de la
complicidad y el silencio volvió a descorrerse. El informe de la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas
sistematiza los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los
Zetas.
El informe compila y sustenta
lo que se sabía desde hace más de una década: los gobiernos de Coahuila
encabezados por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y los de Veracruz, a
cargo de Fidel Herrera y Javier Duarte, fueron capturados por el crimen
organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe presentado en el Senado
por Ariel Dulitzky, director de la Clínica, también señala millonarios sobornos
del cártel a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para obtener
contratos para “lavar dinero” tanto en Coahuila como en Veracruz.
El experto mencionó a uno de los empresarios señalados
insistentemente en Proceso como
uno de los “lavadores” de los Zetas: Francisco Antonio Colorado Cessa, Pancho Colorado,
acusado en el juicio de Austin y propietario de la empresa ADT Petroservicios.
El informe de la clínica se
concentra en Coahuila y aporta algunos elementos sobre presuntos sobornos a
Fidel Herrera en Veracruz. Mencionan más de 10 millones de dólares durante su
campaña electoral en 2004. El exmandatario estatal, corresponsable del desastre
ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte, negó “categóricamente” a
la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno del narcotráfico”.
Este informe que ha
conmocionado a la opinión pública no menciona los casos de Tamaulipas y Nuevo
León porque no forman parte del material judicial que analizó la Universidad de
Texas. No es difícil concluir que durante los gobiernos de Natividad González
Parás y Rodrigo Medina, en Nuevo León, y de Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández, en Tamaulipas, la mecánica de Los Zetas fue muy similar a la que se
describe en el caso de Coahuila.
Estamos ante la descripción de
un método de captura del Estado y de complicidad en crímenes de lesa humanidad
cometidas con el consentimiento de gobernadores del PRI y el silencio o la
omisión negligente de los gobiernos federales del PAN (Vicente Fox y Felipe
Calderón) y del PRI (Enrique Peña Nieto) en esta tragedia del noreste del país
que ha cobrado cientos de vidas y miles de desaparecidos.
La situación en Tamaulipas toma dimensiones de vendetta. Al menos
cinco testigos y denunciantes en contra del exgobernador Eugenio Hernández han
sido asesinados en 2016, otro se suicidó en mayo de 2014, y recientemente otro
más fue “levantado” y otro se encuentra desaparecido. Al estilo de los Zetas.
Difícil que el Estado mexicano
pretenda hacerse omiso frente a esta tragedia. Una parte sustancial del informe
de la Universidad de Texas subraya lo siguiente: “los testimonios analizados
describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/ o cooperación
del Estado mexicano con el cártel de los Zetas y sus negocios ilegales”.
“Los testimonios revelan el
control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la
policía municipal hasta el gobernador y Los Zetas”, añade el informe.
Se trató de una mecánica
criminal persistente. Las autoridades fueron cómplices en la serie de
asesinatos y secuestros cometidos por los Zetas en 2011 que provocaron 300
muertos, la fuga masiva de 130 reos de la prisión de Piedras Negras que se
convirtió en un sitio de reclutamiento forzoso para el cártel, en la ejecución
y masacre de 40 personas en Piedras Negras en marzo de 2011, en matanzas tan
graves como la de San Fernando.
Para muestra de esta
complicidad criminal, el magistrado de Coahuila, Juan José Yáñez, salió a defender
a los hermanos Moreira, poco después de que se conociera el informe de la
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas. Según el magistrado,
“no ha existido nunca, pero nunca, un ataque sistemático o generalizado
cometido contra la sociedad civil con una política de Estado”.
¿Y los cientos de muertos y
miles de desaparecidos durante este reinado del terror de los narcoestados
Zetas? ¿Si no fue un “ataque sistemático” cómo se puede entender la impunidad
sistemática que se ha aplicado en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz
frente a estos delitos de lesa humanidad?
Por supuesto, el dirigente
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha guardado silencio sepulcral. Al igual
que los senadores priistas que recibieron este lunes 6 de noviembre el informe.
Esta es apenas la otra caja de
Pandora que se abre frente al desastre persistente de la guerra contra el
narcotráfico que, en realidad, se convirtió en una guerra irregular contra la
sociedad civil y la prensa en estas entidades.
