7 noviembre 2017
Tlapa de Comonfort. 6 de Noviembre
En
el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros
indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la
falta de apoyo gubernamental que, a pesar de conformar una comisión
intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los
abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de
kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país ante
la falta de trabajo en sus lugares de origen.
De septiembre a la fecha, el flujo migratorio ha sido de 2 mil
500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán,
Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit, entre otros, los
atropellos en su contra no cesan.
El Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña,
denuncia una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales
de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares
que traen placas de otros estados, teniendo por ejemplo el de una familia de
Lindavista a la que el viernes pasado, los ministeriales les cobraron una
“multa” de 5 mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla.
Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Copanatoyac,
Atlixtac, Xalpatlahuac, Atlamagalcingo del Monte y Alcozauca son los municipios
con mayor expulsión de familias jornaleras. En la temporada alta de migración
de septiembre de 2016 a enero de 2017 se registraron 12 mil jornaleras y jornaleros
que migraron a 19 estados del país.
El Consejo reclama nuevamente a la Comisión intersecretarial,
integrada por dependencias estatales, federales y municipales, atención
adecuada a los migrantes indígenas y sus familias, ya que como es del conocimiento
de los funcionarios que las representan, se ha abordado la problemática de las
multas y extorsiones, acordándose en pasadas reuniones que el delegado del
gobierno estatal Arturo Bonilla y el secretario de Asuntos Indígenas y
Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano, hablarían con la Policía
Ministerial para evitar tales situaciones, sin embargo, los problemas continúan
a pesar de que elementos de la Ministerial han acudido de incógnito a las
reuniones en la Unidad de Servicios Integrales (USI) y escuchado los reclamos
de los jornaleros.
Los problemas no terminan en los límites de Guerrero, otro
testimonio dado al Consejo da cuenta de una revisión ejecutada por Policía
Ministerial del Estado de México a dos familias de Agua Dulce anexo de Santa
María Tonaya, cuando cruzaban rumbo a Yurécuaro, Michoacán, en la cual los
policías les exigieron una “mochada de cuatro mil pesos bajo amenaza de ser
turnados al Ministerio Público.
En otros asuntos generales relativos a la USI, los camiones
dónde se trasladan los jornaleros siguen estacionándose en una vía prohibida al
estar inconclusos los trabajos prometidos por el ayuntamiento de Tlapa para
acondicionar un área asignada como estacionamiento, tampoco hay suministro de
alimentos para familias jornaleras, ni se ha instalado el Registro Civil
prometido por la Comisión.
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