Autoridades civiles y eclesiásticas
encubren crímenes en La Ciudad de los Niños: ONG
Urge que se investigue y se imponga un
castigo al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, señala
Foto: Diversas organizaciones civiles exigen
que se aplique la ley al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
Foto La Jornada
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 13 de agosto de 2017, p. 15
Hace dos años el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador del albregue La Ciudad de los Niños, fue declarado salamantino distinguido, luego el ayuntamiento le puso su nombre a una calle, mientras la diócesis de Irapuato le autorizó operar la casa hogar, otorgándole la Sociedad de Vida Apostólica. A pesar de las decenas de denuncias, autoridades civiles y eclesiásticas le permitieron seguir operando.
Nacido el 24 de febrero de 1941 en
Quiroga, Michoacán, el sacerdote Gutiérrez Farías, alias Papi, estudió en el
seminario de Morelia y fue ordenado el 28 de febrero de 1965 a los 24 años. Su
trabajo pastoral se reduce a dos años en Aguascalientes y en su tierra natal,
porque muy pronto inició su labor altruista con la niñez, fundando el primer
albergue en Guanajuato.
La diócesis de Irapuato le permitió
operar sin la autorización del Vaticano durante 30 años, hasta que en 2005
recibió el visto bueno de Roma y así manejar sus seis albergues para menores.
También le dejó adoptar más de 171 niños junto con cuatro religiosas: Hortensia
Jiménez Cruz, Yolanda Anguiano Franco, Velia Morales Moreno y María de la Luz
Reyes Soto.
Además, se le permitió tener su propia
orden religiosa, la cual ya goza de la aprobación ad experimentum del Vaticano.
A pesar de la sentencia federal emitida
por la juez Karla María Macías Lovera en el expediente 475/2016-VIII, el
sacerdote sigue disfrutando de su libertad, al igual que las religiosas y el
personal que laboraba en los seis albergues investigados por la Procuraduría
General de la República (PGR).
Estamos frente a un caso de doble
impunidad, de impunidad total. Me parece grave en los dos sentidos: por una
parte el Estado mexicano que no lo detiene para investigarlo y que se le someta
a juicio y, por el otro, una institución como la Iglesia, que tiene que
proteger sobre todo a las víctimas, dice en entrevista con La Jornada fray
Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a
Decidir.
Falso Estado laico
Al estallar el escándalo de los abusos cometidos en los albergues
del sacerdote Gutiérrez Farías, la diócesis de Irapuato emitió un boletín para
apoyar su labor, argumentando que ha rescatado numerosas vidas del abandono.
Al ser cuestionado por la prensa, el obispo
Enrique Díaz Díaz se refirió a las denuncias como supuestos maltratos y abusos
a menores. Si sale que estos no son ciertos, espero que nos ayuden, así como se
ha difundido tanto esto. Se hacen acusaciones muy generales, es difícil de
comprobar; si no fuera cierto esto, la imagen queda dañada.
Ex trabajadores de los albergues a los que les
constan las denuncias han sido recibidos por el obispo para ponerlo al tanto de
los casos, pero señalan que el prelado les responde que no hay pruebas.
Fray Julián Cruzalta considera que urge
iniciar un proceso canónico contra el sacerdote Gutiérrez Farías, y dice que de
entrada debería haber sido suspendido de sus funciones de manera temporal. “El
proceso canónico consiste en avisar a una comisión que el Vaticano ha nombrado.
Cuando se investiga, hay una suspensión, de
entrada, temporal, y si es culpable, lo primero es que se le retira del
sacerdocio. Un sacerdote no debe cometer este tipo de delitos y seguir vigente.
Es muy grave.
Añade: “Sabemos que en ambos casos: el
eclesiástico y el civil, no ha habido justicia por las ligas y protección que
tiene este sacerdote con la clase gobernante y económicamente fuerte de la
región y del país, como Vicente Fox, que ha sido donatario, y lo tapan a este
nivel. Es la mala costumbre que tienen; es la práctica mexicana. Así se
‘arreglan’ las cosas en este país, por desgracia”.
Por eso, señala que la impunidad que cubre a
los sacerdotes pederastas ha generado vicios: “En México vivimos un Estado
laico de derecho, pero por abajo de la mesa hay arreglos en lo oscurito entre
los políticos, los obispos y los cardenales”.
Agrega: Aquí hay un fuero eclesiástico. Cuando
hay un delito de un sacerdote, inmediatamente le avisan al obispo y luego a los
procuradores, y lo arreglan por debajo del agua, lo solucionan a ese nivel. No
hay justicia. Luego se preocupan para que los medios no se enteren y así
manejar el control de daños. Y lo arreglan por orden del gobernador, el
procurador o fiscal, y lo callan.
Explica que si existiera una sentencia
eclesiástica, el sacerdote denunciado por abusos en La Ciudad de los Niños de
Salamanca quedaría fuera del sacerdocio, pero insiste: faltaría la reparación
del daño a las víctimas. La justicia mexicana es la encargada de decir: no
basta con que lo separen del sacerdocio, cometió un delito.
Institución desprestigiada
El gobernador de Guanajuanto, el panista Miguel Márquez Márquez,
declaró que no han detenido al sacerdote porque no existen denuncias.
Fray Julián, también fundador del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos, dice que lamentablemente la autoridad civil se
convierte en cómplice de los sacerdotes pederastas.
Los poderes encargados de gobernar este país y
hacer justicia, es decir, los gobernadores, las procuradurías y fiscalías,
ejercen este veto de protección a sacerdotes pederastas, insiste.
Añade: Es grave que a pesar de tantas
denuncias y tantos casos en el país, se siga protegiendo a sacerdotes
pederastas, y que no haya justicia ni que se investiguen realmente los abusos
porque existe un fuero eclesial no formal, pero si real en México.
Y critica la actitud de encubrimiento de la
jerarquía católica: “Una institución como la Iglesia, que habla de la justicia
y de la verdad, y que actualmente no hace justicia ni busca la verdad, es muy
grave. La fuerza de la Iglesia es moral y si no hace lo que debe hacer, como no
lo ha hecho en muchos casos, por desgracia, pues tiene más desprestigio.
La Iglesia ya es una institución muy
desprestigiada, moralmente hablando, y esto nos acaba de hundir. Yo amo a esta
Iglesia y soy parte, por tanto les digo que hay que combatir lo que está
haciendo daño.
El simple hecho de registrar 171 niños a su
nombre, dice, demuestra un grave delito: Está fuera de toda normatividad. Si es
sacerdote, no puede tener hijos. Hay una alteración legal. No debería haberse
hecho este registro. No suena sano ni lógico para un sacerdote católico
registrar tantos menores. Allí hay un delito con el Registro Civil, que no le
dieron trato normal como a cualquier ciudadano mexicano. Y se debe sancionar a
quien autorizó estas actas.
La diócesis de Irapuato, a través del tribunal
eclesiástico, debería haber iniciado este juicio canónico e informar a la
sociedad, dice.
Desconocemos si hay un proceso canónico contra
este sacerdote. Lo terrible sería que no se haya hecho. Habría que pedirle las
pruebas al obispo para saber si esta cumpliendo con la normatividad. Lo claro
es que no se siguió.
Y explica que a estas alturas el papa
Francisco ya tendría que estar enterado del caso de La Ciudad de los Niños de
Salamanca por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que permanece en
silencio. Por un lado, la nunciatura debería informar al pontífice y, por el
otro, la CEM debe buscar justicia.
El nuncio apostólico, Franco Coppola, tampoco
se se ha referido a este caso.
En uno y otro caso, no sé si ya lo hicieron
del conocimiento de Roma, pero deberían hacerlo, es su obligación. Lo que pido
es que se someta a juicio a Gutiérrez Farías, y que el Estado mexicano haga una
investigación, y si es culpable, que reciba una condena. Sólo terminando con la
impunidad que cubre a los sacerdotes pederastas se podrán detener estos
crímenes. Si no hay justicia, es una invitación a que vuelvan a repetirse estas
historias, agrega Julián Cruzalta.
Cerrar para tapar
El
pasado jueves el gobernador Miguel Márquez anunció el cierre definitivo de La
Ciudad de los Niños, algo que ha alertado a las organizaciones civiles de
defensa de la niñez, porque podría significar una medida para eliminar pruebas
y testimonios contra el sacerdote acusado y perpetuar la impunidad.
El
Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en
Guanajuato (Nima), que ha estado trabajando con las víctimas, externó su
preocupación porque el mandatario estatal dijo que los menores serían devueltos
a sus familias, sin antes existir planes individuales de restitución de
derechos ni un proceso gradual de reintegración familiar.
En
un comunicado, señaló que debe hacerse público si el cierre del albergue es una
extinción de la asociación o una suspensión oficial. En este último caso es
necesario saber cuáles son las irregularidades en las que incurrió la asociación
y si son reconocidas por el gobierno de Guanajuato.
Antes
del cierre del albergue, que podría funcionar como una tapadera de los crímenes
que allí se cometieron para garantizar impunidad al sacerdote responsable y su
pesonal, el Nima propone instalar una mesa estatal para revisar el caso. Se
requiere sanción a los responsables, reparación integral del daño y medidas de
no repetición.
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