POR JENARO VILLAMIL , 24 FEBRERO,
2018
Un
documento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) consultado
por Procesoindica
que los artífices de la triangulación de recursos millonarios de esa
dependencia con por lo menos 13 universidades públicas fueron personeros de
Emilio Zebadúa, uno de los funcionarios clave durante la gestión de Rosario
Robles en esa dependencia federal.
CIUDAD DE MÉXICO
(Proceso).- Desde agosto de 2016 –casi un año después de que Rosario Robles
dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos
sobre presuntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el equipo de José
Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se
desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal
por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM): uno por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero
por casi 23 millones.
En su respuesta a
las observaciones enviadas por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general
de Auditoría Forense de la ASF –según la copia de los oficios consultados
por Proceso–, Luis Vives López, director general de
Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “los
actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales
conciliaciones y gestiones”; más aún, dijo, “se desconoce [con]qué
documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”.
Sin embargo, Vives no presentó
ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el
presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del
equipo de Rosario Robles.
En uno de esos pliegos de
observaciones enviados por la ASF a la Sedesol se señala el presunto desvío por
2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que
la dependencia suscribió con la UAEM “para pagar a 134 coordinadores técnicos
sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la
universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía
en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las
Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por
la Infraestructura Social”, anotó la ASF en el documento fechado el 1 de julio
de 2016.
Datos sesgados
Mediante ese esquema de desvío de
fondos, la Sedesol y la UAEM firmaron otro convenio por 77 millones 847 mil
pesos. La ASF destacó que no se contaba con la documentación “que acredite la
totalidad de los servicios contratados”; tampoco se tiene la certeza de que
“los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes
mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la
universidad.
En esta comunicación interna con el
director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade la ASF
advierte que “los servicios fueron encomendados a una empresa diversa por un
importe inferior al pagado por la Sedesol a la UAEM, no obstante, no podía
subcontratar más del 49% ni ceder las obligaciones ni derechos contraídos en el
convenio de coordinación para realizar los servicios, publicó la licitación
pública número LP/DES/07/2014 por 73 millones 159 mil 159 pesos, adjudicada a
la empresa Grupo Industrial y Servicios Vafed, a la cual, la universidad, de
los recursos recibidos por Sedesol el 16 de diciembre de 2014, transfirió la
cantidad mencionada, aunque no se tiene evidencia de la utilidad del servicio
contratado por la Sedesol, por lo que no se tiene certeza de que los recursos
federales se hayan aplicado para los fines que fueron otorgados”.
La respuesta de Vives López, con
copia a Meade, entonces titular de la Sedesol, fue que “tras una búsqueda
exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se
“identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
Vives López entregó a la ASF una
carpeta con 16 anexos que recibió de Francisco Báez Álvarez y Juan Francisco
Martínez Lavín –colaboradores de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de
Sedesol durante la gestión de Rosario Robles–, y aclaró que “no dispone de
elemento alguno para convalidar el contenido, pertinencia, dubitabilidad,
alcance y/o valor probatorio que se le pretenda otorgar a las documentaciones
presentadas”.
Báez Álvarez y Martínez Lavín son
señalados como piezas claves en el equipo de Zebadúa en la Sedesol y presuntos
artífices del esquema de triangulación de fondos públicos desde esa dependencia
con universidades y empresas fantasmas.
Según Vives López, ambos funcionarios
le entregaron al equipo de José Antonio Meade “un documento sin firma” en el
que advierten que están realizando “las conciliaciones y gestiones necesarias”
ante la UAEM para tener la evidencia documental futura que acredite el uso de
estos millonarios recursos.
En un tercer oficio enviado a la ASF
en octubre de 2016 –cuando el titular de Sedesol era Luis Enrique Miranda
Nava–, Vives López respondió al órgano fiscalizador en términos similares por
el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos,
relacionados con un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad
para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del
sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica
avanzada.
Escribió Vives: “El 7 de octubre del
año en curso, el C. Francisco Báez Álvarez, servidor público de esta
dependencia del Ejecutivo federal, entregó ante la Dirección General de
Programación y Presupuesto un documento sin firma de 14 fojas útiles de fecha
10 de octubre de 2016, así como una carpeta que contiene un disco compacto y
cinco anexos, mismos que, en copia simple, al presente se adjuntan.”
Meade ante la red
de Rosario Robles
Tras conocerse públicamente el
informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de
Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad,
pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.
“A mí me tocó ser secretario de
Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las
rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se
realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor
número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia
de la función pública”, presumió el funcionario.
Meade, quien ahora es el candidato
presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron
separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos
mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que
tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.
“A mí no me toca hacer un deslinde”,
sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.
La “investigación profunda” de Meade
no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de
fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu,
tal como acreditó la ASF.
Un documento
interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanario, relata que existió una “confabulación” del
director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco
Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos
Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto
Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que
presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios
ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en
la colonia Polanco de la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de esta
fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar
a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los
fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas
como las universidades.
Otra funcionaria involucrada es
Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en
la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación
en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015,
habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (Fonhapo).
Zebadúa, el
“intocable”
Todos estos personajes –Francisco
Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez y Alejandro Hinojosa– dependen directamente
del oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien ha sido
el brazo derecho de Robles en ambas dependencias.
Fueron ellos
quienes elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales que
originaron los multimillonarios desvíos de dinero documentados por la
revista Proceso desde 2015, y en la investigación La estafa maestra, elaborada por la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Zebadúa González es hermano mayor de
Ramón Zebadúa, quien trabajó con Rosario Robles en el área administrativa de la
Secretaría de Gobierno y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal,
cuando colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas.
Las irregularidades
administrativas cometidas entonces por Ramón Zebadúa dieron origen a la
denuncia periodística del “cochinito” de Rosario Robles, el 28 de mayo de 2001
en el periódico Reforma.
Emilio Zebadúa, quien fue consejero
del antiguo Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno de Chiapas
durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y aspirante a gobernador
de la Ciudad de México hace varios años, ha sido señalado por columnistas como
presunto responsable de una red de tráfico de influencias y de contratos
mediante “empresas fantasmas” en por lo menos 13 universidades públicas. Entre
ellas están las de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Chiapas y
Tlaxcala, así como la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de
Texcoco, la Tecnológica del Estado de México, la Tecnológica de Nezahualcóyotl,
la de Centla, la Politécnica del Centro y el Instituto Superior de Comalcalco.
Zebadúa González, quien se convirtió
en “intocable” durante las gestiones de Meade y Luis Miranda Nava en la
Sedesol, es primo de Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien se sumó a la campaña de Meade como
vínculo entre el candidato presidencial priista y los empresarios.
Según versiones periodísticas, antes
de que Raúl Cervantes Andrade dejara la PGR en octubre del año pasado ya tenía
avanzada una investigación por presunto peculado en contra de Zebadúa González.
