Claudia Guerrero Martínez
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Extra,
extra: Ahora los morenistas a sueldo, quienes defendían al impuesto dirigente
estatal Esteban Ramírez Zepeta, hoy lo acusan de desvíos de recursos en las
prerrogativas que le tocan a MORENA en el 2021, mintiendo en la presunta
austeridad de la 4T y ser un mito. Y es que el consentido de Cuitláhuac García
literalmente ha robado $117 millones de pesos, de los $145 millones que le
corresponden a este partido en el poder y estos silvestres ladrones se han
robado casi todo, pues en mayo gastaron 15 millones de pesos, así en los
siguientes meses y en septiembre $9 millones de pesos, cuando no hay
elecciones, facturando restaurantes, licor, fiestas, casetas, gasolinas, hasta
costosa ropa y regalos. La gran vida de este apadrinado por el Gobernador de
Veracruz, quien sigue diciendo ser “honestos”.
Veracruz es una de las zonas más violentas de México, y donde más víctimas mortales tiene el periodismo en los últimos años. La impunidad juega como un factor determinante en el ciclo de inseguridad que parece no terminar. Ante la llegada de la izquierda al poder nacional, ¿cómo se vislumbra la salida a la crisis de violencia en México? Este fue el tema central de debate en esta sesión de Diálogos CONNECTAS que se realizó en Xalapa, Veracruz.
El estado de Veracruz, al oriente de México, se ha convertido en una de las zonas más violentas de ese país. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo de Veracruz, en los primeros seis meses de 2018 se registraron 700 asesinatos – de los cuales 58 fueron feminicidios – y 80 secuestros. Según la empresa Lantia Consultores, especialista en medir la violencia provocada por el crimen organizado, Veracruz es el segundo estado de México con mayor número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, principalmente por el conflicto entre los carteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.
Situado en la franja del Golfo de México, Veracruz ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Al estar ubicado en la ruta de paso para el envío de droga a la costa este de Estados Unidos, las mafias continúan disputándose el control del territorio. Las fuerzas policiales, así como los periodistas, se han convertido en blancos de los grupos armados. El pasado 12 de julio, por ejemplo, fueron asesinados cuatro policías y dos civiles en Veracruz. Por otro lado, en el transcurso de 2017, según cifras gubernamentales, fueron asesinados cuatro periodistas en ese mismo estado.
Con la llegada de Manuel López Obrador a la presidencia de México, los habitantes de Veracruz esperan cambios urgentes. Una de las propuestas de la AMLO (movimiento político al que pertenece López) es sacar al ejército mexicano de las calles y optar por la profesionalización y coordinación de los policías. Como tercera medida, el mandatario ha contemplado la posibilidad de otorgar amnistías para buscar un “plan de reconciliación y paz para México”.
¿Tendrán éxito estas propuestas? ¿Cómo se pueden disminuir los índices de violencia en la región? Estas y otras preguntas fueron abordadas en el foro Diálogos CONNECTAS“Impunidad y violencia en Veracruz: ¿La misma cara con la nueva política en México?”, organizado por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC) y CONNECTAS, con el apoyo de la Universidad Veracruzana (UC).
En el foro participaron cuatro panelistas: Araceli González Saavedra, psicóloga veracruzana experta en derechos de las mujeres; Juan Pablo Nápoles primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz; Jorge Morales Vázquez; secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz y Alberto Javier Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Veracruz, en un pico de violencia
Un punto de partida para hablar sobre Veracruz es la situación actual de violencia: 1.500 asesinatos anuales es una cifra terrorífica que merece varias explicaciones. Juan Pablo Nápoles, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que el ciclo de violencia tiene que ver con varios factores, como “la corrupción, la impunidad, la falta de preparación de la policía, el desconocimiento sobre los tratados internacionales y la legislación nacional”. La violencia, agregó Nápoles, “se ha acentuado y últimamente alcanzó un pico importante. En esta situación vemos corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”.
Para el profesor Alberto Javier Olvera, una de las razones por las que Veracruz está viviendo un pico de violencia tiene que ver “con el aumento de poder y diversificación de los grupos criminales. Hay una dinámica internacional en el comercio de drogas, la relación entre productores y distribuidores cambió y hubo un empoderamiento de los carteles mexicanos”. A este crecimiento de grupos ilegales se suma la ausencia de Estado. Así lo explica Olvera: “El Sistema de justicia nunca ha tenido la capacidad institucional de investigación criminal. A esto se suman pactos entre políticos y criminales, lo que le permite a la mafia gobernar espacios locales. La presencia territorial generalizada del crimen organizado conduce a la diversificación de negocios: extorsión, secuestro, tráfico de personas, comercio de drogas, etc…”
Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz, hizo énfasis en las consecuencias que ha traído la violencia para los periodistas: “La opresión y le censura la hemos vivido desde hace más de una década. (…) El problema de fondo, cuando hablamos de violencia, está en las instituciones, en el equilibrio de poderes”.
“A los periodistas los pueden privar de la vida, torturar e incluso oprimirlos durante mucho tiempo. Esto es lo que ha venido pasando en Veracruz y ha sido difícil hacerles caer en cuenta a los actores políticos que este es un problema y que el periodismo es primordial para el desarrollo democrático”: Jorge Morales Vázquez
Con más de 200 feminicidios registrados en 2017, Veracruz ha estado en la mira de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Lo más preocupante, dice Araceli González, coordinadora general de Equifonía (organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz) es que “como sociedad nos hemos acostumbrado a este tipo de violencia, a las balaceras, a las extorsiones”.
“Pareciera que el contexto de la violencia ya no es algo que nos indigna tanto; de hecho a veces nos enfrentamos con un tarjetón en el que decidimos por cuál cartel vamos a votar”: Araceli González Saavedra
“Hemos visto corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”: Juan Pablo Nápoles
En efecto, el problema de Veracruz no solo reside en el narcotráfico. Con esta idea está de acuerdo Juan Pablo Nápoles: “El narcotráfico se diversificó y ahora es crimen: tenemos robos, asaltos a hogares, extorsiones, desapariciones y no le exigimos al Estado que detenga este tipo de situaciones, cuando es justamente el que nos debe dar paz. Cuando este crimen permea el régimen político, se crean redes de corrupción y de impunidad. Tenemos actores políticos que están siendo juzgados por su relación con el crimen. Hoy hay una aceptación generalizada a temas como las desapariciones y en general a las violaciones de derechos humanos”.
En el caso de los feminicidios el problema ha sido complejo, pues antes de 2007 ni siquiera existía una Ley que reconociera el feminicidio como delito: “Nos ha tocado luchar por una legislación que responda a esta problemática y, después, pedirle a quienes imparten la justicia que pusieran en práctica esta legislación y actuaran en consecuencias. Esto no ha sido fácil y hay muchas instituciones estatales que no reconocen la violencia feminicida. Esto también ocurre en la sociedad: no se reconoce ni se visibiliza la violencia contra las mujeres”, dijo Araceli González.
A este problema se suma la poca capacidad del Estado para hacerle frente a la violencia. Así lo explicó Juan Pablo Nápoles: “El Estado está rebasado en un pico extremo, con niveles de violencia que no se veían hace más 20 años. El Estado tiene varios problemas en diferentes áreas: presupuesto, personal, capacitación, violaciones a derechos humanos e impunidad. Hay cientos de investigaciones con las que no se hace nada, que se pierden. El marco legal en México es bueno, tenemos los instrumentos pero no los conocemos o aplicamos. El fiscal de turno usualmente no sabe qué hacer con los crímenes que se le presentan; también faltan recursos humanos. Se ha venido trabajando en capacitación, en reconocimiento de derechos, en derechos a la mujer, pero aún falta mucho”.
En el momento de hablar sobre reformas, el profesor Alberto Olvera señaló que es importante tener en cuenta las lecciones del pasado: “A nivel federal se inició una reforma en 1994 y digamos que hubo un avance en el nivel de profesionalización de los magistrados. Sin embargo, la calidad del poder judicial es pésima porque y en el fondo seguimos teniendo un poder judicial corrupto, incompetente y marginal en la vida pública. No basta con hacer un llamado a la moral, sino que deben ser modificadas, es decir, se debe modernizar el Estado en su conjunto. México todavía es uno de los países con más bajo nivel de profesionalización de los trabajadores públicos”.
La visión de Jorge Morales, desde su trabajo con los periodistas, es bastante crítica: “Me gustaría ser optimista pero la justicia en Veracruz es desastrosa. Tengo una lista de 24 periodistas asesinados desde 2005 y en este periodo el fiscal de esta administración no hizo nada. Hubo unas mesas de trabajo pero lo cierto es que tenemos un enorme rezago. No hay un compromiso de parte de la Fiscalía y claro, esta situación podría conllevar a responsabilidad penales para algunos servidores públicos”.
¿Qué se puede esperar con la AMLO?
Si bien es importante verificar el trabajo del presidente electo, Manuel López Obrador, los cuatro panelistas hablaron sobre una serie de estrategias que deben tenerse en cuenta más allá de la labor del gobierno nacional. Juan Pablo Nápoles señaló, por ejemplo, que “es importante tener un equilibrio de poderes en Veracruz para que se puedan exigir cuentas. Yo tengo un caso en el que se perdieron todas las evidencias, en el que será muy difícil dar con los restos humanos de la víctima. Lamentablemente esta administración debe mucho en materia de justicia para las víctimas”.
En esa misma línea habló el profesor Alberto Javier Olvera: “Tenemos un nivel técnico y moral bajísimo en los magistrados; la labor del poder judicial es pésima y esto se complementa con fiscalías precarias, policías que no hacen su trabajo y un poder judicial en general corrupto en Veracruz. Para cambiar esto no es suficiente la voluntad política, se necesita una reforma a largo plazo que establezca, por ejemplo, una prioridad presupuestal para crear un sistema de justicia profesional y no politizado”.
“Hay una pésima calidad del Estado en su conjunto. Los que llegan al poder no se han interesado en mejorar la justicia, sino que nombran a gente incompetente en cargos importantes”: Alberto Javier Olvera Rivera
El profesor señaló que lo que está ofreciendo el presidente electo en materia de justicia puede ser útil. Sin embargo, dice que su propuesta no es suficiente. “En las cárceles mexicanas, el 50% de los presos no tienen sentencia, hay una enorme cantidad de personas que no sabemos si son culpables o no, ¿cómo pensar en una amnistía que involucra a tanta gente? Por otro lado, despenalizar la marihuana ha demostrado ser una decisión eficaz en otros países, pero, como decía, estas decisiones no bastan si el sistema judicial no opera. Se habla de profesionalización de la policía. Llevamos más de 10 años hablando del tema y se han invertido miles de millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero?”.
El profesor señaló que, además de realizar reformas a la justicia, el gobierno debe suplir necesidades básicas de la sociedad veracruzana: “Tenemos que tener como eje la dignidad de la vida y el respeto por los derechos humanos. La mitad de la población está sin acceso a servicios médicos esenciales, no hay medicina en los hospitales, la educación pública es de pésima calidad, el gobierno tiene que preocuparse por resolver los problemas básicos cotidianos”.
La activista Araceli González les recomendó a las organizaciones mantener la independencia frente a los partidos políticos y trabajar en el tiempo que viene por visibilizar la violencia contra las mujeres: “Desde los medios de comunicación de Veracruz debemos personificar las problemáticas. Como sociedad no hemos reconocido la violencia y nos cuesta mucho comprender la violencia contra las mujeres. Las instituciones no han reparado el daño causado y las mujeres en Veracruz se siguen enfrentando a muchas condiciones adversas”. También recomendó crear campañas de cuidado entre las comunidades: “En mi barrio hicimos un grupo en el que trabajamos en huertos comunitarios y estamos pendientes de las personas que conviven con nosotros. Nos comunicamos mucho para generar confianza entre los vecinos”.
Frente al tema de la visibilización de los problemas, Jorge Morales señaló que es necesario trabajar en la formación de periodistas: “Yo parto de la premisa de que los periodistas somos personas que debemos estar informadas para comprender nuestra realidad y nuestra vida contemporánea. Cuando un periodista asume con profesionalismo y ética su labor, la sociedad de Veracruz tiene insumos para tomar decisiones”.
La organización feminista de base, señaló González, es importante para proteger a las mujeres frente a la ola de violencia que vive Veracruz. “Si tenemos una sociedad civil organizada podemos alcanzar otra categoría política para trastocar el poder. Tenemos que plantear cuál es nuestro papel en esta transición. No se necesita una sociedad civil que aplauda todas las ocurrencias del gobierno, que se acomode a lo que diga un mesías, sino una que trabaje por un acuerdo de no agresión desde la sociedad”.
Además de resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, Juan Pablo Nápoles señaló que es valioso la reconfiguración política que ha vivido México: “Todos los cambios generan choques. México venía pintado de un solo color, pero se han presentado cambios y han surgido contrapesos. Tenemos que pensar en los jóvenes que en un futuro gobernarán el país, en la educación de ellos, ahí realmente puede haber un cambio”.
Frente al tema de la educación, el profesor Alberto Javier Olvera señaló que son necesarias varias reformas: “Lo digo como profesor universitario. He recibido estudiantes que no saben escribir. La educación pública en Veracruz es pésima. La cobertura de educación universitaria es menor al 20%. Tenemos un déficit monumental en educación media y superior. Hay un descuido histórico del gobierno en esa materia. Los bajos niveles educativos se reflejan en la poca oferta de mano de obra calificada. En Veracruz, por ejemplo, solo hay una licenciatura en ciencia política y no hay ni una sola carrera de administración pública. Tenemos otros problemas en la vida cotidiana, como los sistemas de transporte, que tienen que ser prioritarios para el gobierno. Para resolver el problema de la violencia tenemos que resolver los problemas sociales, por eso en México necesitamos una reforma profunda que acabe con las raíces de la violencia. Debemos crear un Estado digno y una sociedad civil exigente y consolidada”.
Tanto Juan Pablo Nápoles como Jorge González llegaron a la conclusión de que Veracruz es un Estado con todas las posibilidades para salir adelante. Con la tercera población de México, dijo Nápoles, “tiene todo para crecer. Tiene 700 kilómetros de costas, puertos muy importantes, en cuanto a destino turístico es muy rico, lo mismo en cultura. El potencial que tenemos es enorme”. Por otro lado, González señaló que “ve una gran oportunidad en Veracruz si el Estado apoya la transformación hacia un desarrollo social y democrático. Los periodistas están reflexionando sobre la situación de su país, formulando propuestas innovadoras y buscando la transformación social. Por lo menos desde el periodismo, el horizonte es promisorio para Veracruz”.
Los panelistas
Araceli González Saavedra. Mujer veracruzana, psicóloga, experta en derechos de las mujeres. Coordinadora general de Equifonía, organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz y de la Alerta de género por agravio comparado para el estado de Veracruz. Representante legal del caso Pilar Arguello Trujillo ante el Comité CEDAW, radicado en la comunicación número 075/2014. Coordinadora de la elaboración del Informe sombra de este caso, emitida por el Comité CEDAW. Estado Parte: México. Participante en la 70 th Sesión plenaria del Comité CEDAW, en la evaluación al Estado mexicano, del 2 al 6 de julio de 2018 en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
Juan Pablo Nápoles. Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz desde febrero de 2018. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cursó la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Xalapa. Ha sido abogado litigante en la firma CALLIDUS (cálidus) Soluciones Legales y servidor público estatal en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como en la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación.
Jorge Morales Vázquez. Secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas (CEAPP). Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, egresado de la Universidad Veracruzana. Ex socio fundador del portal plumaslibres.com.mx. Autor de diversos artículos en materia de Derecho a la información y libertad de expresión. Con más de 15 años de experiencia en la actividad periodística en diferentes medios de comunicación como: Diario AZ, El dictamen, Avan Noticias, Tv Azteca, entre otros. Comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde diciembre 2012 a diciembre 2016.
Alberto Javier Olvera Rivera. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del SNI, Nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es Doctor en Sociología por la New School for Social Research. Desde hace 25 años investiga sobre la Sociedad Civil y la Innovación Democrática en México y América Latina; más recientemente, estudia las instituciones y las prácticas de la justicia en México y los retos de la democratización mexicana. Ha publicado más de 90 artículos y capítulos de libro en numerosos países, así como libros de divulgación. Fue profesor invitado en las Universidades de California (EEUU); York (Canadá); Federal de Minas Gerais (Brasil), Nacional de Colombia y FLACSO-México.
Moderadores
Carlos Eduardo Huertas: Director y líder de la mesa editorial de CONNECTAS, así como de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto en alianza con el International Center for Journalist (ICFJ). Durante más de una década y hasta julio de 2013 Huertas estuvo vinculado a la Revista Semana de Colombia, de la que fue su editor de investigaciones. Miembro del Comité Directivo de la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ). En 2006 fue el gestor de Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación.
Suchit Chávez: Periodista de El Salvador especializada en seguridad, violencia y crimen organizado. Desde 2017 coordina el área de investigación con datos del portal Plaza Pública de Guatemala y lidera la iniciativa “Laberintos del Poder”. Por más de una década estuvo vinculada a La Prensa Gráfica de El Salvador. Ganadora del Premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas al mejor trabajo transnacional. Miembro Residente de CONNECTAS, a cargo de la Redacción Región Norte, enfocada en México, Honduras y Panamá. Con esta organización e Internews y el ICFJ brinda acompañamiento editorial a diversas historias de alto impacto en la región.
El cráter del Pico de Orizaba (o
Citlaltépetl) siempre había estado localizado en el estado de Puebla, aunque
buena parte del volcán estuviera en Veracruz (como todavía lo indica Google
Maps), pero el 24 de septiembre, en la última modificación que realizó el INEGI
en el apartado “Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de
las Formas del Relieve Submarino con fines estadísticos y geográficos”
establece que ahora todo el volcán es poblano, particularmente del municipio de
Chalchicomula de Sesma. Para quien no sepa la razón de lo raro de esta
información, Orizaba, ciudad que le da nombre al volcán más alto de
Norteamérica, se encuentra en el estado de Veracruz, México, y no en Puebla.
Otras páginas, como la del Servicio
Geológico Mexicano del Gobierno de México y Wikipedia, establecen que el Pico
de Orizaba está tanto en Puebla como en Veracruz. Quizás pronto tendrán que
alinearse a lo que establece el INEGI si es que no recula por la presión
memética.
Pero, curiosamente, no es el único caso.
Para echarle más leña al fuego, el Popocatépetl, que históricamente se
localizaba en el Estado de México, Puebla y Morelos, ahora sólo está en el segundo.
El Iztaccíhuatl que estaba en el Estado de México y Puebla ahora sólo está en
la tierra del mole. La Malinche, que estaba en Tlaxcala y Puebla, ahora sólo es
del estado de la ruedota de la fortuna. Todo para Puebla.
Ante estos aparentes cambios (porque me
queda la duda cómo se establecía la localización de estos volcanes
anteriormente en la página del INEGI), cualquier mexicano suspicaz iría
rápidamente a ver dónde nació el actual presidente de este organismo, Julio
Santaella Castell. ¿Y qué creen? ¡Es… de la Ciudad de México! No es poblano.
Así es que lo más probable es que estos cambios se deban a otra razón.
Esperemos que pronto se aclare.
Por cierto, el Volcán de Colima está en…
Jalisco, por lo que el Pico de Orizaba no es el único caso extraño por el
nombre y el lugar al que pertenece.
Y como estamos en épocas de cambios, yo
propondría que el Pico de Orizaba se rebautizara como Volcán de Coatepec porque
en mi pueblo se aprecia mucho mejor. ¿No creen?
Lo que son las cosas, a tres meses de irse por la puerta de atrás, la alcaldesa de Córdoba Leticia López Landero logró lo que no pudo en casi cuatro años de administración: unir a todos…pero en su contra. Esto al despojar a la ciudad de la histórica Hacienda San Francisco de Toxpan para entregársela al gobierno estatal y concretamente para que la regentee el bajacaliforniano Patrocinio Cisneros Burgos. No es algo inocente ni una afrenta menor.
Ya en la plataforma Chage.org hay una petición para impedir que se concrete el despojo bajo la proclama “No a la donación de Toxpan. Es de los cordobeses” que hasta ayer llevaba 4 mil 670 rúbricas de apoyo. Claro, aún cuando se desborde con firmas dicha petición la misma es más anecdótica que vinculante. Además, como si de una burla se tratara, el pedimento fue lanzado por la exdiputada y exfuncionaria municipal María de los Ángeles Sahagún Morales hermana de Martha Sahagún -homónima de la esposa de Vicente Fox-.
Esta última durante años hizo negocios con el mismo espacio, al que manejaba como si fuera de su propiedad y casi al final del 2017 el alcalde pasado, Tomás Ríos Bernal, lo iba a entregar en comodato a la asociación que preside llamada “En Pro del Talento Veracruzano” (Prover) pero la intentona se abortó por el repudio mediático y la intervención de la propia Leticia López, en ese entonces edil electa. Cuatro años después -o cuatro ‘doritos’ más tarde como dicen en los ‘memes’- la alcaldesa pretende hacer lo mismo que su antecesor: regalar el patrimonio de los cordobeses.
El rescate de la hacienda San Francisco de Toxpan comenzó desde cuatrienio 2001-2004 que encabezó Hugo Fernández Bernal y desde entonces se le han inyectado recursos municipales y federales, pero ni un solo peso fue invertido por el gobierno estatal. Ahora, según el inculto Patrocinio Cisneros, la administración estatal se encargará de preservarlo y darle mantenimiento pero la realidad pone en duda tal compromiso.
Basta ver las condiciones deplorables de los inmuebles están a cargo estatal para percatarse del peligro que corre la hacienda cordobesa si pasa a su dominio. El exconvento betlehemita en el puerto de Veracruz que es la sede del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) se cae a pedazos, ni siquiera lo han mandado a pintar en los tres años que lleva la administración estatal. Lo mismo las instalaciones de la Fototeca del estado, localizadas en el histórico Portal de Miranda, también en el puerto jarocho, solo por citar dos. Imagínense que futuro de la reliquia cordobesa si se la encargan a la duartista Silvia Alejandre, directora del IVEC.
Además, Cisneros Burgos miente en su oficio de petición al cabildo cordobés pues en él asegura que la administración estatal será “el vinculo con el gobierno de la república para acceder a proyectos de conservación del patrimonio histórico que garanticen la preservación de la exhacienda de Toxpan en el marco de desarrollo sustentable”, pero a nivel federal no están contemplados recursos para tal efecto en el ejercicio presupuestal venidero.
Según el arqueólogo Fernando Miranda, experto en patrimonio histórico y quien respalda la petición de que San Francisco de Toxpan permanezca bajo resguardo municipal, “el presupuesto federal para cultura ya está presentado ante la Cámara de Diputados y no se prevé un incremento a los recursos para atención a proyectos de recuperación de patrimonio en los estados, por lo que no hay garantía de que habrá recursos federales para el año 2022 y los subsecuentes, y tampoco es claro el compromiso del gobierno de estado para aportar los recursos que se requieran para el mantenimiento y para las labores de conservación”.
CENTRO DE OPERACIÓN POLÍTICA
Por otro lado, no hay claridad en el proyecto cultural de la administración estatal ni del uso que pretenden dar al monumento, salvo la vaguedad en el oficio firmado por Cisneros Burgos de que se mantendría “la promoción de activistas culturales, turísticas y sociales en dicho inmueble en beneficio a prestadores de servicios, población y agentes económicos de Córdoba y la región”. Entonces, no hay garantía de la utilización adecuada de sus instalaciones en beneficio de la población local.
Al contrario, la versión es que el gobierno estatal pretende hacerse de un “centro de operación política” en la zona centro luego de que se pelearon con el alcalde orizabeño Igor Rojí y dejaron de utilizar al Poliforum Mier y Pesado como sede de eventos para la región de las altas montañas. Antes de que estallara el pleito con el grupo político que comanda Juan Manuel Diez Francos – Rojí solo es el peón cuatrienal- en el Mier y Pesado los cuitlahuistas habían ubicado su sede de actividades políticas. Ah, y Diez Francos volverá a ser alcalde de Orizaba en el 2022.
Obviamente, además del centro de operación política la otra tirada es el negocio que representa la Hacienda San Francisco de Toxpan como atractivo cultural y de negocios pues si hay algo que mueve a los funcionarios estatales es el dinero obtenido a costa del patrimonio de los veracruzanos, en este caso de los cordobeses que serían los menos beneficiados si el inmueble queda en manos de Cisneros Burgos.
Los acuciosos que alzan la ceja ante las acciones de la panista Leticia López Landero que en complicidad con los funcionarios cuitlahuistas pretende dejarle varios obstáculos a su sucesor, el morenista Juan Martínez Flores, quien por cierto no se ha pronunciado sobre el despojo de la Hacienda San Francisco de Toxpan. ¿Por qué no esperar a que Martínez Flores entre en funciones para concretar el traspaso del inmueble si se supone que son del mismo partido político que los del gobierno estatal?
No porque el enjuague es con la panista al igual que en el traspaso del aeródromo “Juan Antonio Perdomo Díaz” a la administración estatal. Además, el actual cabildo cordobés votó para disminuir en un 50 por ciento las tarifas de los parquímetros instalados en la ciudad que entrará en vigor en el 2022. Es evidente el complot contra la próxima administración municipal. Desde ahora está desatada la andanada de palacio de gobierno sobre Martínez Flores y como en política lo símbolos son elocuentes pues al edil electo se lo están pasado de humo ¡por el chacuaco de la Hacienda de Toxpan! “Se lo está fumando el Bola 8”, cuentan riendo en Los Portales de Córdoba.
El hombre sufrió una isquemia hepática, también conocida como shock en el hígado, causada por la falta de oxígeno en ese órgano, por lo que pese a los esfuerzos del personal médico, murió una horas después de haber consumido la bebida.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo/RT).- Una acumulación fatal de gas en su organismo, producto de haberse tomado en apenas 10 minutos toda una botella de Coca-Cola de 1.5 litros, le produjo la muerte a un hombre en Pekín, China, informó este viernes New York Post.
La víctima había bebido esa gran cantidad de gaseosa por sentir que necesitaba hidratarse. Seis horas después comenzó a experimentar un dolor intenso en el estómago, por lo que se trasladó a un hospital. Los médicos le encontraron una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja y respiración acelerada. Una tomografía computarizada reveló anomalías en la pared intestinal y en la vena que proporciona sangre al hígado.
Las síntomas indicaron que el hombre había sufrido una isquemia hepática, también conocida como shock en el hígado, causada por la falta de oxígeno en ese órgano. El personal médico intentó socorrerlo liberando el gas de su sistema digestivo y administrándole medicamentos para proteger sus funciones vitales de daños mayores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el paciente falleció 18 horas después.
Cabe recordar que en 2020 la organización Alianza por la Salud Alimentaria se identifica a la Coca-Cola como el producto de mayor impacto en la salud de las poblaciones indígenas del país.
“Coca-Cola ha dañado gravemente la salud de la población mexicana, no es difamación, es evidencia científica”, aseguró la alianza y recordó que “se estima que cada año se asocian al consumo de bebidas azucaradas más de 40 mil muertes en México, las muertes que ha causado la mayor pandemia en 6 meses”.
De acuerdo con un comunicado de la agrupación, el 70 por ciento de la ingesta de azúcares agregados en la dieta de los mexicanos proviene de bebidas procesadas, cuyo mayor impacto se detectó en comunidades indígenas del estado de Chiapas y reiteró que el consumo de Coca Cola en el país representa más del 70 por ciento del consumo de bebidas con alto contenido calórico, una de las mayores cifras a nivel mundial.
De acuerdo con el estudio “Mortalidad atribuible al consumo de bebidas azucaradas en México: una actualización”, publicado en la revista International Journal of Obesity, el consumo de bebidas azucaradas se asoció con la muerte de 40 mil 842 personas en 2019; 23 mil 433 a causa de la diabetes; 13 mil 517 por enfermedades cardiovasculares; y 144 ocasionadas por diferentes tipos de cáncer asociados a la obesidad.
Un estudio de dosis-respuesta del consumo de bebidas endulzadas con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa sobre los factores de riesgo de lípidos / lipoproteínas para la enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes, publicado por The American Journal of Clinical Nutrition, destacó que consumir 500 mililitros al día de bebidas azucaradas se asocia con la contracción de enfermedades cardiovasculares. Esto incrementa, en línea con la cantidad ingerida, sin embargo no contempló el aumento de peso.
“Bebidas azucaradas y riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2: un metanálisis”, explicó que el consumo de una lata o más de bebidas azucaradas al día se asocia a un mayor riesgo de desarrollar diabetes. La información dada a conocer por la revista Diabetes Care, destacó que de 310 mil 819 participantes del estudio, 15 mil 043 diagnosticados con diabetes tipo 2, que consumieron una lata o más de bebidas azucaradas diarias, reportaron un 26 por ciento de incidencia mayor de contraer la enfermedad.
Finalmente, las bebidas con alto contenido calórico aumentan hasta en un 60 por ciento el riesgo de obesidad infantil. De acuerdo con el estudio “Relación entre el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad infantil: un análisis prospectivo y observacional”, publicado por la revista científica The Lancet en 2001, encontró que por cada refresco adicional de 12 onzas consumido por menores al día tuvieron mayor propensión a volverse obesos.
“Azúcares dietéticos y peso corporal: revisión sistemática y meta análisis de ensayos controlados aleatorios y estudios de cohortes”, del British Medical Journal destacó que las bebidas azucaradas son, particularmente, promotoras de obesidad con el consumo de sólo una lata al día. Entre adultos, la incidencia aumenta un 27 por ciento, frente al 55 por ciento en las niñas y niños.
¡EXIGEN SE HAGA JUSTICIA POR LA MUERTE DE LOS DOS ACTIVISTAS POLÍTICOS DE CÓRDOBA: GRODETZ RÍOS ANDRADE Y JOSÉ ESCAMILLA AGUILERA!
Córdoba, Veracruz.
La fiscalía general de Veracruz no ha girado órdenes de aprehensión por los asesinatos del líder local del Partido del Trabajo (PT), Grodetz Ríos Andrade, y el de José Escamilla Aguilera, regidor electo de Morena y coordinador de campaña del alcalde electo de Córdoba, Juan Martínez Flores. Esto lo informo la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadans
Cabe recordar que Grodetz Ríos Andrade, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta, en el municipio de Fortín, el pasado 27 de agosto; mientras que el regidor tercero electo José Escamilla Aguilera, fue asesinado un día después, el 28 de agosto, en su automóvil en el Fraccionamiento Nuevo Elizabeth, de Córdoba.
Al parecer no hay avances en las investigaciones a pesar de que el gobernador el lunes 30 de agosto manifestó que: “No vamos a permitir que ningún grupo delictivo trate de intimidar a ningún funcionario del nivel que sea, iremos tras los responsables y como se actuó en el caso de Cosoleacaque así vamos a dar con los responsables de estos hechos”.
Grodets Ríos fue dirigente local del Partido del Trabajo en Córdoba y en las pasadas elecciones se unió a la campaña de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PVEM) en donde Juan Martínez Flores ganó la presidencia. Fue un destacado militante del Partido Revolucionario Institucional y representante del PVEM ante el Consejo Municipal Electoral, así como también allegados recordaron algunos otros de los cargos en los que participó como haber sido fundador de la primera Logia Masónica de Fortín de las Flores, llamada "Metlac".
Diversos sectores sociales, Catedráticos y amigos del reconocido maestro de la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO) lamentaron su asesinato, exigieron se haga justicia y no quede impune la muerte del político de 45 años y del regidor electo José Escamilla Aguilera.
POR PRIMERA VEZ, PISTOLEROS DE UN CARTEL MEXICANO
POSARON ANTE UNA CÁMARA SIN CUBRIRSE EL ROSTRO. LO HICIERON AL TOMAR EL CONTROL
DE AGUILILLA, UN POBLADO DE MICHOACÁN AL CENTRO DEL DEBATE A LA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE MÉXICO. LOS NARCOS MOSTRARON PARTE DE SU ARSENAL A
LA AGENCIA.
POR: ISAÍAS ALVARADO
6 JUL 2021 –
“Delta”, se lee en el parche pegado al chaleco antibalas
que porta un hombre con mirada desafiante. Ve directamente el lente de la
cámara y empuña un rifle de alto poder. En la imagen aparecen otros presuntos
miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que decidieron mostrar su
rostro y salir del anonimato, un hecho inédito desde que México se enfrascó en
una terrible guerra contra el narcotráfico.
Es una de las fotografías que entre el 1 y 4 de julio
publicó la agencia Cuartoscuro con un preocupante pie de foto, el cual asegura
que los pistoleros de dicha organización criminal habían tomado el municipio de
Aguililla, Michoacán, tierra natal de su líder Nemesio Oseguera Cervantes,
alias ‘El Mencho’.
Los hombres posaron con fusiles de francotirador, rifles
automáticos, municiones, vehículos con blindaje casero y un dron. Varios traían
las siglas ‘CNJG’ adheridas a sus chalecos. Hace unos días, el Departamento de
Justicia de Estados Unidos (DOJ) calificó al de Jalisco como el cartel “mejor
armado de México”.
Si bien no hay evidencia de que este grupo criminal haya
tomado Aguililla, su ayuntamiento manifestó en su página de Facebook en abril
que "lamentablemente no se nos ha dado la atención requerida" al
gobierno federal y estatal. Las autoridades de ese municipio no respondieron a
los mensajes de Univision Noticias pidiendo una declaración sobre la
problemática en esa localidad.
“Es un total desafío al Estado mexicano. Ya no tienen
necesidad de ponerse la capucha”, advierte Fred Álvarez, experto en seguridad
de México, en una entrevista con Univision Noticias en la cual se refirió al
hecho de que algunos miembros del CJNG dejaron de taparse la cara.
“Esto retoma lo que dijo el presidente Andrés Manuel
López Obrador de que el Ejército no participa en operativos (para detenerlos)
porque hay una mesa de diálogo. Es lamentable, hasta patético”, reclamó.
Una opinión similar tiene Hipólito Mora, quien fue el
líder de las autodefensas que hace una década enfrentaron a los sicarios del
cartel de La Familia Michoacana, que terminó colaborando con el CJNG. “Lo hacen
porque no tenemos gobierno, porque no hay quién los combata. Se les ha dejado
libres, hacer lo que se les dé su gana. No tienen de quién cuidarse, quién vaya
por ellos. No solo los del Cartel de Jalisco, todos los otros carteles, esa es
la triste realidad que vivimos en México”, dijo a este medio.
Los pistoleros de ‘El Mencho’ ya se grabaron en otras
ocasiones para mostrarle a las fuerzas policiales y militares que no les temen
en lo absoluto: se pasearon por las calles de Aguililla remolcando dos tanquetas
hechizas que supuestamente les quitaron a sus enemigos, ‘Los Viagras’.
En otro video que se viralizó en las redes sociales,
tantos como 75 hombres gritan “¡Pura gente del señor ‘Mencho’!” al lado de 19
vehículos acorazados, incluyendo ‘camionetas monstruo’, en algún lugar de
México. Todos portaban capuchas negras. La DEA verificó su autenticidad y lo
consideró una muestra de que el Cartel de Jalisco estaba “lleno de poder” y no
fracturado, como se llegó a pensar.
También ocultaron su identidad los 13 presuntos miembros
del CJNG que hicieron una grabación a principios año para exigirle a mandos
policiales de Baja California que respetaran supuestos tratos con ellos y que
dejaran de trabajar con operadores del Cartel de Sinaloa. Uno de ellos leyó un
comunicado que, según este, firmaba ‘El Mencho’: “Hagan bien su jale (trabajo)
y cumplan con los acuerdos… Dejen de estar recibiendo dinero del Cartel de
Sinaloa… Les vamos a comenzar a pegar… si no se alinean”.
“ESTAMOS PEOR QUE ANTES”
Aguililla, el poblado que estaría bajo control del
Cartel de Jalisco, se ha convertido en un punto central en la cuestionada
estrategia de seguridad de López Obrador. “¿Cuándo va a Aguililla, señor
presidente?”, le cuestionaron este martes en su tradicional conferencia
matutina. “No voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa
amarillista y a nuestros adversarios… Estoy pendiente, estoy atento, estamos
actuando, pero pues no me estoy chupando el dedo”, respondió.
Este lunes, Jorge Ramos, presentador de los noticieros
de Univision Noticias, fue a Palacio Nacional para preguntarle al presidente si
creía su iniciativa de ‘abrazos no balazos’ era un “verdadero fracaso” puesto
que había más de 86,000 homicidios en los primeros 30 meses de su gobierno. Si
continuaba esa tendencia, precisó Ramos, su sexenio cerraría como el más
violento de la historia.
Jorge Ramos le muestra a AMLO cifras de muertos de su
gobierno y este le responde que están “equivocadas”
“Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos…
Tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero
hemos logrado contener el crecimiento que se traía de homicidios, incluso si
hay una disminución, si quieres marginal, del 3%”, contestó López Obrador.
Hipólito Mora, el exlíder de civiles armados en
Michoacán, afirma que en México “estamos peor que antes” y lo atribuye a las
acciones fallidas del presidente. “No hay quién haga algo por los ciudadanos.
Los carteles hacen caravanas con camionetas monstruo; las autoridades saben
bien quiénes son y no van por ellos”, aseguró.
Este hombre de 65 años usó capucha un solo día, el 24 de
febrero de 2013, cuando se levantó en armas para sacar a los carteles de su
estado. Al día siguiente se descubrió el rostro y años más tarde abandonó el
movimiento. Recientemente fue aspirante a la gobernación de Michoacán por el
Partido Encuentro Social (PES) y perdió en las elecciones, que se realizaron a
principios de junio.
Él afirma que el narco estuvo involucrado en los
comicios de su estado. “Candidatos fueron levantados (secuestrados) por el
crimen organizado; a otros los asesinaron o los amenazaron para exigirles que
trabajaran con ellos, pero algunos tuvieron miedo y no denunciaron”, afirmó
Mora.