Opinión de Verónica Malo Guzmán
El Heraldo de México
Consummatum est. No es que me ponga bíblica: es que la tragedia está consumada. Con la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado con 76 votos a favor y 39 en contra, la figura de suspensión contra actos de autoridad queda hecha trizas.
Lo que antes era un muro de contención contra el abuso del poder, ahora es papel de baño legislativo. De hecho, deberían tener la decencia de renombrarla: ya no es Ley de Amparo, es la Ley de Desamparo.
No sorprendió que ignoraran consultas ciudadanas, opiniones de juristas y advertencias de especialistas. Lo único que hizo la mayoría oficialista fue fingir que escuchaba, para después votar al vapor, en la noche y de espaldas a los ciudadanos. Es decir, como siempre.
Y qué curioso: justo antes un juez de la 4T había concedido un amparo a un marino acusado de participar en huachicol fiscal. Un amparo que, según las pruebas, huele más a blindaje político que a justicia. Los memoriosos recuerdan también aquel amparo a favor de Andy López Beltrán, que ni se ha anulado ni el propio beneficiado ha tenido el pudor de declinar.
Lo grave no es solo la maniobra: es el silencio sepulcral de jueces y ministros —los del acordeón— que deberían defender el orden constitucional. Ahora ya no hay instrumentos reales de defensa contra abusos del Estado. Le abrieron pista libre al autoritarismo: sin obstáculos, sin árbitros y sin controles.
El eufemismo es insultante: llaman a esta reforma “por seguridad nacional”. Traducción: por seguridad de las autoridades en turno, que ahora pueden atropellar derechos sin que el ciudadano tenga un resquicio legal para frenarlos.
La diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, anunció que garantizará un proceso legislativo “ordenado y transparente” y prometió votar en contra si la reforma llega en los mismos términos. Buen discurso, lástima que en la práctica poco o nada valga: con la aplanadora de la 4T en San Lázaro, la ratificación es inminente. Y ella lo sabe.
Un senador oficialista incluso se atrevió a presentar una reserva de retroactividad en la Ley de Amparo. Eso equivale a dinamitar un principio básico del derecho: ninguna ley puede ser retroactiva si daña a las personas, solo si las beneficia. O son ignorantes, o peor, desprecian abiertamente a quienes dicen representar. Así se desmorona la democracia: a golpes legislativos. Cada reforma erosiona lo poco que queda de instituciones. El Amparo era la última defensa del ciudadano frente al poder; ahora lo desdibujaron para que la corrupción campee, el clientelismo someta y el nepotismo sea la marca registrada de las “famiglias” de la 4T. Mientras medio país está tomado por el crimen organizado, la otra mitad queda en la indefensión. El ciudadano pierde escudos contra monopolios, abusos burocráticos y arbitrariedades del poder. Y la ironía final: las leyes, en vez de protegerlo, lo criminalizan. ¿Efectos colaterales? La inversión extranjera directa (IED) no es ciega ni ingenua: medirá con lupa si vale la pena arriesgar capital en un país que liquida garantías jurídicas. Otro clavo al ataúd del empleo y la estabilidad.
Consummatum est.
Justo a tiempo
le dieron el amparo al criminal, y al resto de los mexicanos nos dejaron en el
desamparo total.
POR VERÓNICA
MALO GUZMÁN COLABORADORA VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
