Mantener a María Josefina Gamboa Torales en la cárcel es un exceso, un abusivo acto de revanchismo político por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, derivado de su imperiosa necesidad de pretender callar a quienes se atreven a criticar su gobierno y exponer las necesidades del estado. Este situación se ha venido denunciado desde el 12 de julio del 2014, cuando a causa de un lamentable accidente vial -donde dos protagonistas se coincidieron en tiempo y espacio- ocurrió lo que a cualquiera operador de un automóvil hubiera podido padecer: atropellar a una persona con consecuencias irreparables.
La imprudencia de José Luis Burela López para cruzar la arteria fue fundamental en este suceso en el cual desafortunadamente participó la autora de la columna “Al Aire”, Maryjose Gamboa. El gobierno estatal no ha desaprovechado el accidente para reprimirla, castigarla y privarla de su libertad, imputando [con todo el peso gubernamental] pruebas ajenas a la realidad en la que se originaron los hechos –inventando para destruirla supuesto estado de embriaguez y temeridad que hasta el día de hoy no ha podido sostener- y ha comprado “voluntades” para violentarle a la periodista el debido proceso.
Teniendo todo el poder en su contra, el estado canalizado en no escatimar recursos para que la columnista no salga de la cárcel, el día miércoles –cuando todos sus seguidores estaban esperanzados a que saliera de prisión- simplemente la ley federal no le concedió la libertad.
El odio del gobernador del estado, Duarte de Ochoa hacia ella es más que evidente. La ira y la soberbia lo han dominado a tal grado, que no le interesa nada más que saciar su sed de venganza. No le interesa si existe una criatura –hija de Maryjose- la cual está sufriendo y no comprende la causa como un gobernante le concede tiempo y esfuerzo –dinero y mucho- a querer encarcelar a su madre.
Sólo una persona con un vacío impresionante de valores puede concentrar tanta maldad y verterlas en contra una mujer que sufre terriblemente por no tener a su hija cerca. Al parecer ni el hecho de ser supuestamente “padre” de tres hijos, le ha movido alguna fibra de sentimiento –si es que los tiene- al gobernador. No le interesa que sus propios hijos constaten los ruines que son sus padres. Hablo en plural amable lector, porque al parecer a la señora Karime Macías tampoco le molesta en absoluto la polución que emana en la persona de su esposo. Al callar, al permitir y consentir tanta bajeza, nos da la pauta de considerar que su persona está hecha en la exacta dimensión de su marido.
Tal para cual. Qué pena.
Un “perro” por un policía
El caso de la menor Karime Alejandra Cruz Reyes ha tomado un rumbo alarmante. En medios oficialistas se está corriendo la versión desagradable sobre como la tía Mónica Reyes Baruch participó como autora intelectual en el el secuestro de la pequeña en complicidad con su supuesto "novio" Luis Alberto Lemarroy Gutiérrez alías "El Charro" y con Jorge Salinas alías "El Panadero" éste último, supuestamente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. La misma estrategia se implementó en contra de la nana del menor de “Costa de Oro” en Boca del Río, Veracruz, que de acuerdo a lo investigado por parte de la periodista, María Josefina Gamboa Torales –pues compartieron celda en El Penalito de Playa Linda- fue acusada sin elementos por el gobierno estatal y dejada a su suerte por parte de sus patrones “Los Ruices”.
La menor fue arteramente privada de su libertad juntó con su tía el 07 de julio del 2014 –dos días después del plagio del niño y su nana en Costa de Oro- ha pasado 51 días y hasta el día de hoy no han sido localizadas –oficialmente-.
En radio bemba se ha manejado la tesis que ambas han sido asesinadas y dejadas en una casa de seguridad en el municipio de Coatzacoalcos, que aprovechando que la señora tenía a su cuidado la menor –se debe tener claro que si en verdad está muerta, ya no se puede defender- fue quien perpetró tan horrendo acto en contra de la pequeña, en complicidad de su supuesto novio y un tal “panadero”. En su afán de intentar dar como un hecho una presunción de culpabilidad, la PGJ ve como una salida el hecho de que estas no se están con vida para verterse en su contra y pisotear la memoria de la tía de la menor. Inverosímil y como si fuera un Déja Vu, la versión oficial se vuelve repetitiva con relación al niño de Costa de Oro, el cual fue regresado sano y salvo luego que la familia pagó un millonario rescate.
El procurador General de Justicia en el estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras con toda la intención de dar carpetazo en la situación que mantiene sumida a la familia de la pequeña Karime Alejandra, pone en manifiesto nuevamente la forma como utilizan el “poder” para así evitar que la sociedad tome nota nuevamente sobre su incapacidad para llevar a cabo su trabajo.
Fomentar dicha versión en los medios de comunicación oficialistas es un acto realmente doloso y hasta ruin. Incurrir en la desinformación, dar por un hecho un acto que va a la alza en el estado de Veracruz –levantones- y sobre todo, coadyuvar con quienes no tienen ningún interés de brindar ni seguridad mucho menos procuración de justicia en el estado –como lo hacen Bravo Contreras y Bermúdez Zurita- situación que ha posicionado al estado de Veracruz como uno de los principales ciudades consideradas como focos rojos en el rubro de secuestro a nivel nacional, donde ocupa la sexta posición con relación a las demás entidades federativas con mayor índice de secuestro. (Datos ofrecidos por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública el cual es enriquecido por la información que las Procuradurías Generales de Justicia en las 32 entidades federativas les otorgan).
El día de ayer en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita en la zona sur, sugirió a los ciudadanos que se compren un perro y que adquieran sistemas de seguridad personal si aspiran sentirse protegidos. Indicó que como dependencia no les compete ese tipo de "protección", refiriéndose a los bienes de los ciudadanos
¿Entonces qué es lo que cuidan?
Pues sí dentro de sus funciones no está vigilar el patrimonio de los veracruzanos -en el cual entra su integridad física y su hogar- y estos tengan que gastar su dinero en sistemas de vigilancia y hasta en un perro -el cual para mantenerlo es muy costoso a causa de las dichosas reformas de Enrique Peña Nieto- nuestro cuestionamiento sería:
¿Los ciudadanos deberían de preferir a los perros y no a los policías?
¿Serán ahora los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Pública y la Policía Miniestrial (PM) quienes reciban órdenes de los sabuesos?
Nuestra pregunta a Bermúdez Zurita se centraría en ¿Derivado de la evidente incapacidad que ha demostrado para proteger a los veracruzanos, puede entonces el gobernado, exigir a quienes están dedicadas a protegerlos -ante su incapacidad- que renuncien?
Es notorio que a Arturo Bermúdez el puesto le ha quedado muy holgado y ya debería de sentir vergüenza el cobrar un salario -por cierto que vive como un rey- que no merece.
También consideramos que gastar dinero y esfuerzo en intentar “tapar el sol con un dedo” es infructuoso y hasta ridículo, cuando la crítica situación en el estado es más que evidente. El utilizar la salida de orquestar campañas difamatorias y falsear pruebas para intentar someter a la prensa independiente -las cuales son las únicas que responsablemente evidencian las incapacidades de quienes se encuentran enquistados en el poder- puede llegar a ser hasta ridículo, cuando la ciudadanía está consciente de la verdadera situación en el estado.
La prepotencia
Usted recordará amable lector que el pasado 05 de agosto del año en curso, visitó Enrique Peña Nieto el estado de Veracruz para inaugurar la “grandiosa” obra: el libramiento de Coatepec. Veamos gentil lector, a que se refiere dicha obra y a cuantos beneficia.
Dicha obra fue concertada por el propio beneficiario en el 2011, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, en el tiempo cuando fungía como secretario de Comunicaciones y Transportes –periodo 7 de enero del 2011 al 30 de noviembre del 2012- en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Dicha “magna” obra costó 323 millones de pesos por tres mil 500 metros que comprende dicho libramiento, misma que inicialmente estaba valorada en 150 millones 054 mil pesose e iba a ser inaugurada por parte del antecesor de Peña Nieto, Calderón Hinojosa pero no les dio tiempo de “inflarla”, perdón, quise decir terminarla.
Cómo ni el gobierno federal ni el estado tienen obras que “cacarear”, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto trajo de “dama” de compañía al misógino –piloto de carreras- Sergio Pérez mejor conocido como “Checo” para armar una escenografía mediática en tan patética “teatro”. En verdad que el ejecutivo federal ya le está haciendo competencia a Fidel Herrera Beltrán, quien era “santo” de todas las misas y de cualquier evento se colgaba para hacer presencia en los medios de comunicación.
Pero regresando a lo del Libramiento de Coatepec, podemos advertir que dicho tramito para ir a la mansión de Dionisio Pérez-Jácome Friscione ha sido una de las más caras obras en el estado. Pese a ser una pequeña “obrita” podemos advertir que cada metro de carretera, a los veracruzanos les costó alrededor de 92 mil 300 pesos que dividido el costo total -323 millones- la hacen una de las más “caras” en el estado y todo para facilitarle la llegada a dicho mal funcionario a su mansión.
Por ello no nos extraña en lo absoluto amable lector que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le esté exigiendo cuentas claras en la edificación de dicho tramito de carretera que beneficia directamente al actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Dejo aquí amable lector sobre las pequeñas precisiones que la Auditoría Superior de la Federación hace de tan cara obra:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Libramiento de Coatepec, en el Estado de Veracruz
Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-09100-04-0115DE-063
Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.
Objetivo
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Alcance EGRESOS
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Miles de Pesos
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Universo Seleccionado
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150,054.1
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Muestra Auditada
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136,932.0
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Representatividad de la Muestra
P.D. Profundizaremos a detalle sobre este aspecto.
FUENTE AGN VERACRUZ
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