Por Mussio Cárdenas Arellano
* El cuarto hijo de Fidel *
Tesorero de Duarte * Otros cinco legisladores en la mira * La
diputada y celular * ¿No robar? * Winckler: filtraciones *
Itesco: complot en Minatitlán * 700 escrituras sustraídas * El
regreso de Ibarra * Miente Rocío Nahle: Rogelio Martínez * Morena:
les impiden ser candidatos.
Por política de estado —o por bandido—, Tarek
desvió recursos destinados a la salud, al enfermo en fase terminal, al
tratamiento que alivia, que mitiga el dolor, que prolonga la vida, a una
cirugía o una rehabilitación. Algo así como 23 mil millones de pesos.
Decía él, interrogado por la Auditoría
Superior de la Federación, que habían sido “sólo” 315 millones de pesos, pecata
minuta comparado con los 60 mil millones que se le imputan como robo a Javier
Duarte, el ex gobernador de Veracruz hoy a salto de mata, prófugo de la
justicia.
Minucia, los 315 millones que en alarde de
caradura el tesorero del duartismo justificó porque había otras “prioridades” y
el desvío era “política de gasto”.
¿Otras prioridades? Seguro atestar las tuberías financieras de
Javier Duarte, los caños por donde se fugaron los miles y miles de millones de
pesos extraídos del erario hasta que reventó como diría Alfonso Ortega, uno de
los operadores del mega saqueo que llevó a la quiebra a Veracruz.
Cómplice del hurto, dice Antonio Tarek Abdalá
Saad, El Iraquí, que el desvío no es tal, que no se piense mal, que sólo fue
“política de gasto” que lo etiquetado, así proviniera del gobierno federal,
dejar sin medicamentos a los hospitales, sin tratamiento a los enfermos y sin
esperanza a los que habrían de morir. Fue “política de gasto” matar robando.
Dice hoy el fiscal Jorge Winckler Ortiz que el
atraco alcanzó los 23 mil 156 millones de pesos y que en la maquinaria del robo
una de las piezas lleva por nombre Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado
federal.
Va en marcha ya su desafuero, la pérdida de
inmunidad, para enfrentar a la justicia. Y más que eso, para desentrañar la red
de corrupción que inició con Fidel Herrera Beltrán y continuó con Javier Duarte.
Tarek es sólo un eslabón. Toca la cadena a otros diputados federales y locales, a los Carvallo, a
los Silva, a los Mota, a Benítez y a Del Castillo, implicados en el saqueo de
recursos públicos, la mayoría de origen federal.
Winckler inició el juicio de desafuero este
jueves 26. Ahí planteó la solicitud del juicio de procedencia en contra del
diputado priista por Cosamaloapan, acusado de desvío de recursos públicos,
peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de
influencias.
A Tarek Abdalá le espera un futuro sombrío.
Por los delitos que se le imputan podría recibir una sentencia mínima de 15
años y al ser considerados como delitos graves no alcanzaría el beneficio de la
fianza ni habría amparo que lo eximiera de pisar la cárcel.
Winckler advierte que otros diputados
federales correrán la misma suerte. Alude a Jorge Carvallo, implicado en el
caso de los medicamentos clonados, ligado al empresario farmacéutico, Andrés
Beceiro Delfín; Adolfo Mota Hernández, por el pago de “aviadores” en la
Secretaría de Educación estatal, de la que fue titular, y Alberto Silva Ramos,
alias El Pato de Tuxpan o El Cisne, por malversar los dineros del área de
Comunicación Social, vía empresas fantasma, al igual que su antecesora en el
cargo, la periodista María Georgina Domínguez Colío.
Involucra el escándalo de corrupción a los
diputados Vicente Benítez González y Juan Manuel Castillo, ambos integrantes
del Congreso de Veracruz, uno por San Andrés Tuxtla, el otro por Córdoba, por
el desvío de recursos cuando eran tesoreros de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
A ellos se suma Gabriel Deantes Ramos, ex
oficial mayor de la Secretaría de Educación, operador electoral de Javier
Duarte, el que untaba la mano de la oposición, el que compraba elecciones, el
que trabajó al Partido de la Revolución Democrática para impedir su alianza con
el PAN, en 2013, lo que habría permitido arrebatarle el control del Congreso a
Javier Duarte y frenado el saqueo al impedir más endeudamiento bancario, bajo
la lupa, quizá rechazadas, las cuentas públicas del duartismo.
Tarek mismo admitió ante la ASF que 315 millones
de pesos de origen federal destinados a la salud se canalizaron para otras
“prioridades” de la administración estatal. su argumento fue que “solo cumplía
con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano”.
Eso le valió una inhabilitación por 10 años.
La ASF determinó que su actuación fue de extrema “gravedad”.
En el documento emitido por la ASF se advierte
que Tarek Abdalá “fue omiso” pues por su cargo de tesorero debió “custodiar la
integridad de los recursos públicos para lo que fueron etiquetados”.
Insólita su excusa, dijo:
“Mi actuar atendió a la observancia de las
diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia
de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación
por la afectación de participaciones federales del Estado”.
Sea como sea, fue desvío de recursos. Dejaron
de aplicarse 23 mil millones de pesos destinados al sector salud y de ellos no
quedó rastro alguno.
Tarek Abdalá no es un personaje cualquiera. Es
el eslabón de una cadena que comienza con Fidel Herrera y culmina con Javier
Duarte. Una cadena plagada de complicidad, la de Carvallo, Cisne, Mota,
Benítez, Del Castillo, Deantes.
Bueno pa’l billete, supo estar donde había.
Fidel Herrera lo arropó. Javier Duarte lo llevó al DIF estatal, a la tesorería
de Sefiplan, al diputación federal, inmune hasta que el juicio de procedencia
le retire el fuero.
Proviene de la iniciativa privada, inmerso en
la construcción en la compañía Sheba Construcciones e Inmobiliaria, detentando
contratos en el norte de Veracruz con Petróleos Mexicanos, en Chicontepec, los
dominios de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, preso y condenado a 20 años de
prisión en Estados Unidos por lavarle el dinero a Los Zetas.
Se le liga a por lo menos cinco compañías más,
entre ellas “28 Construcciones S.A. de C.V.” y
“Siete Caminos, S.A de CV”, con contratos en la Secretaría de Comunicaciones
del gobierno fidelista.
En el clan de Fidel Herrera se le cataloga
como el cuarto hijo de la pareja Herrera-Borunda, el mayor, el de todas las
confianzas de Rosa Borunda.
Pieza clave en la trama del saqueo, Tarek
Abdalá es un símil de Javier Duarte. Su enriquecimiento es alarmante,
escandaloso, de antología. Presume lo que tiene, los 6 millones de propiedades
en su tierra adoptiva, Cosamaloapan, donde el gordobés solía surcar las aguas
del Papaloapan en su lujoso yate, el Aquariva Super, de origen italiano, con
costo de 790 mil dólares, unos 17 millones de pesos.
Su riqueza proviene de los recursos que debió
aplicar a la salud de los desvalidos. Son 23 mil millones de pesos desviados y
que hoy lo tienen a un paso del desafuero, rumbo a prisión, a saldar facturas
de un saqueo descomunal.
Va Winckler por Tarek. Pronto irá por
Carvallo, Mota, Silva, Benítez y Del Castillo, las viudas de Javier Duarte.
Es el desafuero de los cómplices.
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Archivo
muerto
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Un video la nuestra infraganti. Es María del Rocío Pérez Pérez, diputada por Cosoleacaque, de
Morena, tomando el teléfono celular del legislador independiente, antes
morenista, Sebastián Reyes Arellano, que en esos momentos se encadenaba a la
tribuna del Congreso de Veracruz para exigir que no se congelara la iniciativa
de reducir el número de regidores en los ayuntamientos, que días después se
agenda y no pasó por falta de votos a su favor. Viral, el video sirvió para
darle con todo a la diputada y golpetear a Morena. Dice Rocío Pérez que la
visión que ahí se muestra es falsa, que en sus manos llevaba una agenda, que
tenía un teléfono, suyo, con ella. Será lo que quiera pero el golpe mediático
ya minó a Morena. Atropellan su lema, le dicen en las redes sociales y en los
portales informativos. “No roba, no mentir, no traicionar”. Pero le imputan a
la legisladora el robo. Días atrás, Reyes Arellano había señalado a la diputada
por Minatitlán, July Sheridan, del hurto. Apuntaban a que había sido una
diputada de aquella región. Rocío Pérez refuta y lo vuelve a negar. Ese video
lo captó una periodista y hay testimonios que aseguran que la legisladora sí lo
tomó. Hay otros videos, del sistema de videovigilancia del Comngreso, que en su
momento serán exhibidos. Qué sainete. A Rocío Pérez la acusó el gober azul,
Miguel Ángel Yunes Linares, de participar en los preparativos para la toma de
la presa Yuribia, en los primeros días de enero. La diputada lo negó; Morena
exigió incluso una disculpa. Así se erosiona la credibilidad… ¿Espionaje al
fiscal? Quizá. Y si no, por lo menos filtraciones muy al estilo de lo que
sucede en la CEAPP. Anda con el enemigo en casa Jorge Winckler Ortiz, fiscal de
Veracruz, espiado, golpeteado, registrados cada uno de sus movimientos y
deslizados los informes a sus enemigos dentro y fuera del yunismo. Se habla de
un secretario, Guillermo Romero Ábrego, de oficio parlanchín, que lo mismo se
fotografía con el senador Emilio Gamboa Patrón que dialoga —de más— con el área
de información política, con RTV, con personajes de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas, con los emisarios del pasado, de un
tal Erick El Zeta, en el yunismo azul. Paso que da Winckler, paso que es
reportado a quienes lo pretenden reventar. O sea, en el gobierno de las filtraciones
hasta un fiscal es cordero… Irredento, obcecado, regatea Ricardo Orozco Alor el Itesco.
Arrastra a decenas de docentes, estudiantes, administrativos en su afán por
seguir siendo el cacique del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos,
cuando las auditorías avanzan, cuando se acredita que con recursos públicos,
incluida la nómina, sostiene su estructura electoral. Aquí, en la campaña de
2016, INFORME ROJO reveló el organigrama de
Ricardo Orozco, entonces candidato a diputado federal por el PRI en Minatitlán:
directores, subdirectores, jefes de área, jefes de división, hasta la jefa de
prensa con maestría en sabrá Dios qué, en el equipo de campaña del hijo
político de Flavino Ríos Alvarado, el ex microgobernador interino de Veracruz,
hoy denunciado por facilitar la fuga de Javier Duarte en helicóptero oficial.
Supone que el Itesco es suyo. Y al ser designada María Inés Núñez Monreal, el
imperio comenzó a caer. Hoy sigue la tenebra en su casa de la colonia Chapala,
en Minatitlán, que es su búnker. Y con él “aviadores” y parásitos sobre los que
también hay investigación… Son 700 escrituras, quizá más. Se las robaron del Registro Público
de la Propiedad y ya hay denuncia. Implica a notarios, abogados, coyotes,
adinerados, terratenientes, ladrones de tierra, vía prescripciones, y personal
del RPP. Del caso se supo siempre, acreditado en hechos, confirmado con solo
consultar los libros donde se insertan las escrituras y otros instrumentos
notariales. Ratificada ya, la denuncia habla de documentos sustraídos o
sustituidos con otras escrituras para no generar vacíos, usando folios que
permitieran encubrir la transa. Le toca a Fiscalía Regional darle curso a la
denuncia y pescar a notarios, coyotes, abogados, personal del Registro Público
de la Propiedad y empresarios adinerados que lograron así apoderarse de grandes
extensiones de tierra para convertirlas en lo que hoy es la zona comercial del
poniente de Coatzacoalcos… Callado, como si no existiera, vuelve Guillermo
Ibarra Macías a la escena pública. Se le vio este jueves 26, en la colonia
Rancho Alegre II, en evento del alcalde de Coatzacoalcos, su amigo Joaquín
Caballero Rosiñol. Tres meses después de dejar la Subdirección de
Infraestructura y Servicios Generales de la Secretaría de Obras Públicas, en
octubre de 2016, se muestra. A pocos les habla y pocos le hablan. Lo recuerdan
por la agresión que su chofer le propinó al ingeniero Guillermo Drago, cuando
éste reclamó que en su oficina no se atendía al ciudadano. Paró en un hospital
su víctima, impune el agresor y como si nada hubiera ocurrido Guillermo Ibarra,
el autor intelectual del ataque. Se fue sin responder por el caos en la obras
públicas, los negocios a trasmano, carreteras con constructoras afines, toda
una gama de corrupción… No es Morena como lo pintan. Replica uno de sus
fundadores en Coatzacoalcos, Rogelio Martínez Hernández, abogado, en su momento
representante ante el órgano electoral. Acusa: “Es falso lo que declara la
diputada Rocío Nahle. Lo cierto es que 13 militantes del partido presentamos la
solicitud para competir internamente para la alcaldía de Coatzacoalcos, como lo
señala el reglamento de los estatutos del partido Morena. El Comité
Estatal simplemente los tiró al cesto de basura, violando con ello nuestros
derechos como militantes de Morena, así como nuestra dignidad y principios
ideológicos. Creo que los dirigentes del partido en Veracruz y los diputados,
son oportunistas, ya que de inmediato formaron tribus y caudillos”. Más
adelante, sobre el escándalo del celular robado presuntamente por la diputada
por Cosoleacaque, María del Rocío Pérez Pérez, agrega: “Morena debe correr a
los diputados rateros. Empiezan robando el agua, luego celulares…qué sigue”. O
sea, el autoritarismo que se le critica al PRI, el agandalle del PAN, el sectarismo
del PRD, los círculos de poder, las mafias que aplastan a las bases, tiene
carta de identidad en el partido del Pejelagarto López Obrador. De ahí la
irritación de su militancia…
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Foto: Formato 7
