18 de octubre de 2014

EL DESPRECIO A LA VIDA

Alejandro Solalinde y Raúl Vera

TEXTO IRREVERENTE


Por Andrés Timoteo
Dos voces respetadas en el país –de las escasas que hay- confirmaron  noticias dolorosas, mismas que aun cuando ya se sospechaban ahora cobran certeza. Son las del sacerdote Alejandro Solalinde, activista a favor de los migrantes, y del obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, quienes señalaron, respectivamente,  que los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están sin vida y que el gobierno federal nunca hizo nada por evitar el ataque la tragedia pese a que desde hace un año conocía los nexos criminales de las autoridades de Iguala, Guerrero.
 
Solalinde, quien es el encargado del albergue Hermanos en el Camino en Oaxaca y que en los últimos años se ha distinguido por su defensa de los extranjeros indocumentados, ha denunciado hasta el cansancio que México es una enorme fosa clandestina donde se arrojan los cuerpos de las víctimas del crimen organizado y de los delincuentes políticos, aseguró que sus fuentes le confirmaron que los 43 alumnos fueron asesinados y algunos quemados vivos.  Esa información la sabe el gobierno del copetón Enrique Peña Nieto desde hace días pero la retrasa porque evalúa el impacto político y está en el diseño de un operativo para atenuar daño mediáticos. 
 
“¿Qué es menos penoso para el sistema?, ¿decir que están calcinados con todo lo que implicó eso?, o decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la esperanza. El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, dijo Solalinde.
 
Por su lado, monseñor Vera señaló que él mismo acudió el año pasado a la Procuraduría General de la República (PGR) acompañando a víctimas de activistas asesinados por el crimen organizado en Iguala y en cuyos homicidios  tuvo injerencia el ahora destituido alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Se documentó lo que sucedía en la entidad bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el procurador Jesús Murillo Karam hizo caso omiso. En el país, agregó, las autoridades desprecian la vida humana y ahí están las consecuencias.
 
 “Es un desprecio por la vida humana, un desprecio arrogante. (Es) una clase política que ha venido imponiendo este modelo donde el ser humano no vale, en donde solamente se atiende a las personas de alto nivel, que tienen riqueza, el resto no cuenta”, afirmó. Solalinde y Vera, de los pocos pastores  religiosos respetables en México y  coinciden en que se debe ir el gobernador Aguirre Rivero y limpiar todo el organigrama estatal que está infiltrado por el crimen. Esa premisa es válida para el gobierno federal y para muchos otros organigramas en el resto de los estados.
Hoy más que nunca la línea entre los delincuentes y los funcionarios públicos o representantes populares es tremendamente delgada. No se sabe cuáles son unos y cuáles otros.  ¿Qué viene para Guerrero?. Todos coinciden en que el gobernador Aguirre debe irse pero no decisión propia sino por destitución. Ahora se invoca la figura legal que por décadas fue casi un mito en México, la desaparición de poderes, la cual será decidida por el Senado de la República el martes próximo. En los hechos, los poderes ya no existen en Guerrero, no hay autoridad, solo cómplices de la delincuencia. Guerrero es el espejo de muchas otras entidades, entre ellas Veracruz.
 
PINGÜINOLANDIA
 
Claro, habrá quienes argumenten que el comentario anterior no aplica a Veracruz pues éste es una isla en medio del desastre en seguridad pública del país. El gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa ya reiteró que “aquí no pasa nada”, si acaso algunos delincuentes se atreven a robar “Frutsis y Pingüinos” en la tiendas de conveniencia. El Pingüino, ese villano de los comic de Batman, seguramente estaría celoso de Duarte de Ochoa porque convirtió a la entidad en Pingüinolandia, el lugar ideal para soñar, lo que él no pudo hacer con Ciudad Gótica.
 
Ahora que Duarte de Ochoa reveló que el móvil de las bandas criminales es apoderarse de toda la producción de pastelillos y bebidas azucaradas para desestabilizar las instituciones públicas cuando miles de consumidores salgan a protestar por el desabasto de la comida chatarra, también se pueden dar por explicados muchos de los robos que han causado revuelo en Veracruz. Para empezar, los hombres armados que en diciembre del 2013  irrumpieron en la residencia de la exvocera estatal, María Gina Domínguez en La Pitaya y se robaron una caja fuerte, no buscaban los 20 millones de pesos que allí tenía guardados sino seguramente eran los frutsis y pingüinos que acaparaba para su consumo personal.
 
También por acumular frutsis y pingüinos los tíos de la primera dama del estado, Ángeles Muñoz y José Tubilla, fueron el blanco de los ladrones en su domicilio de  Coatzacoalcos cuando en mayo pasado. La versión de que se llevaron varios millones de pesos, relojes Rolex, joyas de diseñador y otras prendas finas fue una cortina de humo para ocultar la sustracción de los chocorroles que ahí guardaban.  Lo mismo ocurrió con esos 180 millones de pesos que los criminales se robaron de la residencia que la exalcaldesa de Jalapa y dirigente estatal del PRI, Elizabeth Morales tiene en el municipio de Emiliano Zapata. En realidad ahí tenía una bodega repleta de  frutsis y pingüinos tan valiosos en la Pingüinolandia de Duarte.
 
En fin, Duarte de Ochoa develó muchas interrogantes y sus dichos también refuerzan la teoría de su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez de que es urgente –ahora más que nunca- que todos se compren su perro para proteger lo más valioso que se tiene hoy en día: : los frutsis y los pingüinos. Vaya, el insulso alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga en lugar de matar a los perros debería hacerle un favor a la ciudadanía y entrenarlos para localizar a todos esos pastelillos y refrescos que se llevan los maleantes. De mandarlos al patíbulo mejor que los mande a la academia de El Lencero para convertirse  en perros-policía. ¿No creen?.
 
Pero mientras eso sucede en Pingüinolandia, en el mundo real, taxistas del municipio de Coscomatepec reportaron como desaparecido a su compañero Alfredo Contreras Vázquez, detenido por la policía de Bermúdez durante el desalojo realizado la madrugada de jueves cuando bloqueaban la carretera federal Fortín de las Flores-Huatusco.  Temen que Contrers Vázquez se sume a la lista de personas detenidas por la SSP  que nunca vuelve a aparecer.  Los humoristas negros señalan que seguramente el taxista llevaba consigo alguna botella de Frutsi o un paquete de Pingüinos, y los eficientes  policías bermudianos lo apañaron porque seguramente formaba parte del Cartel de los Chocorroles.

FUENTE: NOTIVER

EL WESO HACE CANCIÓN PARODIANDO A JAVIER DUARTE Y SUS FRUTSIS


LA EMISIÓN RADIAL APROVECHÓ EL HOMENAJE A CRI CRI PARA PARODIAR, A TRAVÉS DE UNA DE LAS COMPOSICIONES DE GABILONDO SOLER, LA POLÉMICA FRASE DEL GOBERNADOR VERACRUZANO SOBRE LOS ROBOS DE FRUTSIS Y PINGÜINOS.

MORENO VALLE SIEMBRA EL TERROR EN CHALCHIHUAPAN; POLICÍAS ALLANAN VIVIENDAS Y DETIENEN A 5 POBLADORES

AL IGUAL QUE EN GUERRERO, VERACRUZ, MICHOACAN, EN PUEBLA SE APLICA EL TERRORISMO DE ESTADO...

Destrozos causados en una vivienda. Foto: Tomada de Diario Intolerancia.
Destrozos causados en una vivienda. Foto: Tomada de Diario Intolerancia.
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue. (proceso.com.mx).-Un comando policiaco entró a las 4:00 horas a esta comunidad para buscar casa por casa a pobladores que participaron en la gresca ocurrida el pasado 9 de julio.
A patadas, los elementos abrieron puertas, causaron destrozos y apuntaron con armas a mujeres, ancianos y niños sin mostrar órdenes de cateo ni de aprehensión.
Los policías estatales ingresaron por la fuerza al menos a siete viviendas de donde se llevaron a cinco pobladores identificados como Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.
Aunque la investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció que los policías llegaron al operativo del 9 de julio preparados para reprimir a los lugareños, que fueron los primeros en disparar y que persiguieron a los manifestantes hasta el pueblo, el gobierno de Moreno Valle desató esta nueva persecución contra los habitantes de Chalchihuapan.
También quedó establecido que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo murió por un cartucho de gas de largo alcance disparado por los policías y que otros ocho pobladores resultaron heridos de gravedad por los mismos proyectiles lanzados por los uniformados.
De acuerdo con los primeros testimonios, el operativo de 13 vehículos particulares sin placas ingresó al pueblo y en poco más de media hora catearon simultáneamente las casas para llevarse a los lugareños, la mayoría en ropa interior pues los sorprendieron mientras dormían.
Una mujer de 76 años denunció que incluso los policías le apuntaron con una pistola en la cabeza; otra, que la empujaron y la amenazaron a pesar de que llevaba a un bebé en brazos, que los agredieron e intimidaron, además de causar destrozos cuando entraron a su casas.
“Creí que lo habían levantado, que era un secuestro”, relató un familiar de uno de los detenidos.
Precisó que los elementos vestían de negro y no se identificaron ni mostraron documentos.
“Ni siquiera decían los nombres, sólo ‘¡es él!’ Y los echaban a las camionetas”, narró.
Al sonar de las campanas, los lugareños se concentraron en la plaza del pueblo. Entre llanto, las mujeres contaron el terror que vivieron cuando los policías entraron a sus humildes viviendas rompiendo cerraduras. Además les lanzaron luces a la cara y les apuntaron con sus armas.
En una casa, los agentes rompieron una puerta con un mazo y los vidrios de la ventana, aun cuando en el interior estaba un bebé de tres meses y tres niñas de 4, 6 y 9 años, que llorando relataron que los hombres vestidos de negro las empujaron cuando trataron de defender a su padre.
El edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, no se encuentra entre los detenidos. Los elementos sí ingresaron a su casa, pero no lo encontraron.

NUEVE CIUDADES DE MÉXICO, EN LA LISTA DE LOS 50 LUGARES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO

(Foto: noticiasmvsfotos.blob.core.windows.net)
(Foto: noticiasmvsfotos.blob.core.windows.net)

Nueve ciudades de México, en la lista de los 50 lugares más peligrosos del mundo; Acapulco ocupa el tercer lugar.

Nueve ciudades mexicanas son parte de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, publicada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal a principios de 2014.
Las ciudades de México que destacan en la lista son Acapulco, Torreón, Nuevo Laredo, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Victoria y Tijuana. El criterio para elegirlas fue la tasa de homicidios.
El primer lugar de la lista lo ocupó San Pedro Sula, Honduras, con 187 homicidios por cada 100 mil habitantes; el segundo lugar fue para Caracas, Venezuela, con 134 homicidios; y en tercer lugar quedó Acapulco con 113 muertos por cada 100 mil personas.
Las ciudades más violentas de México, sus posiciones y cifras. La tasa de homicidios está calculada por cada 100 mil habitantes:
Posición 3. Acapulco – 112.8 homicidios.
Posición 16. Culiacán – 54.57 homicidios.
Posición 18. Torreón – 54.24 homicidios.
Posición 21. Chihuahua – 50.12 homicidios.
Posición 22. Ciudad Victoria – 49.22 homicidios.
Posición 30. Nuevo Laredo – 42.9 homicidios.
Posición 37. Juárez – 37.59 homicidios.
Posición 43. Cuernavaca – 34.91 homicidios.
Posición 47. Tijuana – 32.5 homicidios.
El informe indica que aunque en México hay transparencia informativa “en teoría” pero que los gobiernos de muchas entidades federativas falsifican las cifras para hacer creer que hay menos violencia de la que existe en la realidad.
“Esta falsificación se constata cuando se cotejan las cifras de homicidios (y otros delitos) que los gobiernos locales reportan con las que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), las cuales son más abultadas y resultan de un ejercicio más profesional y más honesto”, relata el informe.
El consejo pone como ejemplo a Tamaulipas:
“El caso más escandaloso de falsificación de cifras es el de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El gobierno del estado reportó 288 homicidios en 2012. Con esa cifra y una tasa de 72.85 homicidios por cada 100 mil habitantes, se ubicó en el octavo lugar del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
“Pero el Inegi registró 544 homicidios, es decir, ¡un 88.89% más! Eso significa que la tasa de Nuevo Laredo en realidad fue 137.61 homicidios por cada 100 mil habitantes, con lo cual el lugar que le habría correspondido en el ranking sería el tercero mundial.
“Cuando el gobierno del Presidente Enrique Peña festina la supuesta baja de la incidencia de homicidios en México ¿cómo creer en las cifras oficiales cuando están basadas en estos fraudes?”, concluye.
Consulta el informe y la lista completa aquí:

TLATLAYA, AYOTZINAPA: EL ASESINO ES EL SISTEMA Y SU GOBIERNO. GUILLERMO ALMEYRA

Una política criminal –la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, la destrucción del ambiente y el robo del agua por la gran minería, la reducción de los salarios reales y las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión asesina de las manifestaciones de estudiantes y normalistas son apenas algunas de las perlas de este macabro collar- sólo puede ser impuesta con métodos criminales.

El gran capital eligió a Peña Nieto para profundizar el neoporfirismo salvaje de Calderón creyendo que el atraso político de las mayorías y la fase de la política mundial que actualmente atravesamos podrían alejar por años una nueva Revolución Mexicana, esta vez anticapitalista. La mayoría de la población, impulsada en este sentido por López Obrador y MORENA, todavía reacciona desgraciadamente sólo contra lo inmediato sin ver aún los culpables reales, busca meramente que reaparezcan con vida los normalistas desaparecidos o se castigue al gobernador de Guerrero, y al alcalde de Iguala, ambos del PRD y repudia a este partido que pasó de ser cómplice del gobierno y palero del PRI a ejecutor de sus crímenes más abyectos, como en Ayotzinapa.

¡Claro que deben reaparecer los normalistas y deben ser castigados los culpables inmediatos y sus mandantes políticos pero con eso no basta! Es necesario levantar la puntería y combatir al sistema capitalista, a su Estado y su gobierno en manos de la oligarquía entreguista y ligados con el sector del capital dedicado al narcotráfico, o sea a los verdaderos responsables de los delitos y crímenes y defensores de los asesinos directos.

La corrupción, el lazo con los gangsters, los asesinatos policiales en la Cuba de Batista acabaron cuando éste fue expulsado del poder y la revolución cubana barrió el Estado de los criminales. La esclavitud de yaquis y mayas, el monopolio del agua por los ingenios que se las robaba a los pueblos, la represión al movimiento obrero y la entrega del país en tiempos de Porfirio Díaz acabaron sólo cuando los ejércitos de Villa y Zapata destruyeron al viejo ejército y al viejo Estado. El más estricto realismo nos dice que si se quiere paz y un nuevo orden hay que preparar la conciencia de las mayorías y organizarlas para una nueva revolución de masas contra los agentes del imperialismo y explotadores del pueblo de México. Quienes buscan únicamente soluciones a medias y culpables inmediatos para entregarlos a la justicia (¿a cuál justicia?) y esperan utópicamente cambiar la situación económica y social depositando millones de papeletas en las urnas, colaboran poderosamente al adormecimiento político de la mayoría conservadora de los mexicanos que votan PRI, PAN o PRD. El electoralismo de MORENA, que se convierte rápidamente en un PRD bis, es utilizado por el gobierno asesino para, en el fondo, actuar como amortiguador del odio popular.

El caso, totalmente incidental en la gran marcha de protesta del 8, de la agresión contra Cuauhtémoc Cárdenas y su grupos de amigos y sostenedores, con el resultado del descalabramiento de Adolfo Gilly, es una prueba aberrante y repudiable de una actitud primitiva frente al adversario. Una cosa, en efecto, es condenar, silbar, abuchear a Cárdenas por su responsabilidad en la afirmación del salinismo y en la nefasta transformación de su partido y por creer todavía que el PRD de los chuchos y del gobernador y el alcalde de Iguala asesinos es todavía reformable, y otra es tratar de impedir a nadie su participación en una manifestación unitaria de repudio a un asesinato de Estado.

Todos tienen el deber y el derecho de combatir contra el gobierno y sus criminales. El sectarismo excluyente transforma en enemigo a quien tiene opiniones diferentes y desvía la atención de los verdaderos enemigos. Quienes hirieron a Gilly porque iba como escudero de su amigo Cárdenas atacaron a uno de los pocos que han denunciado que la matanza de Ayotzinapa es un delito de Estado y prestaron gran servicio a la derecha y su prensa, que aprovecharon para destacar la barbarie de esta agresión y ocultar la magnitud de la protesta popular.

¿Qué acogida esperaba Cárdenas, que no ha renunciado a un Partido que ni siquiera sintió la necesidad de al menos suspender como militantes al gobernador de Guerrero y al alcalde de Iguala hasta tanto una comisión imparcial de guerrerenses juzgue su actuación? En vez de tratar de darle oxígeno a un cadáver putrefacto debería acompañar la lucha por la autoorganización independiente de las víctimas del capital nacional y extranjero. Por su parte, MORENA, para ser creíble, debería eliminar de sus listas en Guerrero a los funcionarios del asesino Aguirre y, en las manifestaciones, velar por la democracia que no significa acallar la crítica sino la imposición de vías civilizadas de disenso.

La brutalidad de la represión demuestra por otra parte que ha llegado el momento de comprender cuál es el objetivo estratégico de la lucha y el real enemigo y, por consiguiente, de introducir claridad en las ideas y las protestas. Es muy importante pero no basta con que los normalistas aparezcan con vida si después todo sigue igual y, por lo tanto, habrán otros asesinatos de Estado impunes. Las renuncias de Aguirre y del alcalde de Iguala son imprescindibles pero tampoco bastan: en Guerrero o Michoacán como en buena parte del país la lucha contra el crimen y el narcotráfico debe estar en manos de la policía comunitaria y de las autodefensas, no del poder capitalista enlazado con el narcotráfico y de sus policías corruptas. Los partidos del régimen deben ser repudiados y, conjuntamente, hay que reforzar la Organización Política de los Trabajadores (OPT). Llegó la hora de discutir cuál es la estrategia popular para el próximo período.

Organización Tlacaelel

HAY UN PAIS QUE LE INTERESA VER UN MEXICO VULNERABLE, SI LOS ESTADOS UNIDOS…


Más allá de nuestros NARCO-GOBIERNOS, hay un pais que le interesa ver un Mexico vulnerable, si los Estados Unidos.. y estos documentos lo explican http://issuu.com/roderickk/docs/la_venta_de_un_pa__s2030.docx
Imperialismo de EEUU busca desestabilizar Mexico.
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Roderickk Vazq Más allá de nuestros NARCO-GOBIERNOS, hay un pais que le interesa ver un Mexico vulnerable, si los Estados Unidos.. y estos documentos lo explicanhttp://issuu.com/roder.../docs/la_venta_de_un_pa__s2030.docx
Imperialismo de EEUU busca desestabilizar Mexico.

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Aaron Pizano Felix nada nuevo mi hermano, desde que México se llama México hemos tenido a los gringos en la nuca chupándonos sangre y por enfrente destripandonos todo por la culpa de nuestros putos políticos corruptos y sin huevos

ESTADO VERDUGO, ESTADO SOLAPADOR

Estudiantes exigen la aparición de normalistas de Ayotzinapa en la PGR. Foto: Octavio Gómez
Estudiantes exigen la aparición de normalistas de Ayotzinapa en la PGR. Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 90 días, instituciones de seguridad mexicanas (de las tres instancias de gobierno: federación, estado y municipio) perpetraron tres acciones criminales que cobraron al menos 29 vidas humanas (varios de ellos inocentes sin ninguna posibilidad de estar involucrados en alguna acción delictiva), y, en los tres casos, la primera reacción de las autoridades fue eludir todo tipo de responsabilidad e inclusive inculpar a los civiles de dichos actos; posteriormente, ante la difusión incontrovertible de su actuación, tuvieron que reconocer su participación, pero de inmediato dirigieron las incriminaciones e investigaciones hacia funcionarios de menor nivel, culpando a los individuos como si actuaran al margen de las instituciones de seguridad.
En los tres casos los asesinatos fueron a mansalva, pues aun en el único donde los presuntos delincuentes se encontraban armados –el de Tlatlaya–, éstos fueron ultimados cuando se hallaban indefensos. Sin embargo, el hecho cobró relevancia nacional e internacional hasta el 17 de septiembre, cuando los portales de la revista Esquire México y del semanario Proceso revelaron las declaraciones de una testigo según la cual 21 de esas personas fueron ejecutadas en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio último, en lo que originalmente fue difundido por las autoridades como el resultado de un “enfrentamiento” entre delincuentes y militares. En tiempo, ésta fue la primera matanza, perpetrada por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Veinte días han transcurrido desde que se dio a conocer la mencionada revelación, y 100 desde que se realizó la ejecución extrajudicial, y la Procuraduría General de la República no ha sido capaz de integrar ninguna averiguación previa y, por lo tanto, consignar a algún militar ante la justicia penal; pero es un hecho que todo se dirige en contra de media docena de soldados rasos y, si es imposible salvarlo, contra un teniente. La secuencia es muy elocuente: ejecución sumaria; alteración de la escena del crimen; manipulación de los dictámenes periciales; difusión de una versión distorsionada de los hechos…, y únicamente cuando la verdad arrolla a miembros del Ejército se acepta la responsabilidad de algunos de ellos, aunque de los del más bajo rango, sin que se atienda al hecho de que hubo de por medio órdenes superiores.
El siguiente caso ocurrió el 9 de julio en el estado de Puebla, donde la Policía Estatal utilizó diversas armas para disolver violentamente el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco. La consecuencia más lamentable de esta acción fue la pérdida de la vida del menor José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años, a raíz de las lesiones que le provocó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno.
La secuencia es casi idéntica: las autoridades estatales difundieron la información de que las lesiones del niño fueron provocadas por un cohetón que habían lanzado los mismos manifestantes; se manipularon los dictámenes periciales para deslindar a los policías, e incluso se abrieron averiguaciones previas en contra de quienes protestaban. Pero este discurso tuvo que dar un vuelco cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el artefacto que había provocado las lesiones fue disparado por la policía, por lo que recomendó crear una fiscalía especial para atender el caso.
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se vio obligado a designar a un funcionario de la procuraduría estatal para tal propósito, y hasta el momento no hay resultados concretos. Aquí se trata de una fuerza de seguridad estatal, pero nuevamente se pretende responsabilizar a los policías que reprimieron y salvar de cualquier sanción o pena a los oficiales o autoridades que tomaron las decisiones y dieron las órdenes para el desalojo violento.­
El último evento en el tiempo, y el más reprobable y lamentable, son las acciones de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, en contra de los normalistas de Ayotzinapa, que hasta el momento han provocado la muerte de seis personas (tres estudiantes y tres civiles) y la desaparición de 43 normalistas. En este caso la agresión de la Policía Municipal a los estudiantes y civiles inocentes se reconoció desde el inicio, aunque el gobierno federal pretendió evadir toda responsabilidad en los eventos; incluso, el presidente Enrique Peña Nieto, explícita y públicamente, conminó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a que atendiera el asunto.
Si bien las autoridades estatales reconocían la agresión, pretendieron desmentir la desaparición de los normalistas, así como el hecho de que fueron subidos a patrullas de la Policía Municipal. El hallazgo de más de una docena de los declarados inicialmente como desaparecidos les permitió a las mismas autoridades afirmar que no habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, de nuevo la contundencia y publicidad de los acontecimientos, particularmente el descubrimiento en Iguala de fosas con cadáveres muy cerca del lugar de la masacre y los levantamientos, además de las revelaciones acerca de los vínculos que el alcalde con licencia de esa localidad, José Luis Abarca, mantenía con el narcotráfico, obligaron a la PGR a atraer el caso.
Aquí se trata de policías municipales, y se atribuye la autoría (intelectual y material) del crimen al grupo delincuencial Guerreros Unidos, relacionado con Abarca, con el director de Seguridad Pública de Iguala y con un número no determinado de agentes locales. Ahora se sabe que desde hacía un año se habían presentado denuncias en contra del alcalde en las procuradurías estatal y federal, ninguna de las cuales las atendió. El gobernador Aguirre y las autoridades estatales pretenden salvar sus puestos culpando a las municipales, mientras que el gobierno federal tampoco ha podido eludir del todo su responsabilidad.
Hasta el cierre de esta edición no se había esclarecido el destino de los desaparecidos, y mucho menos el móvil de los asesinatos, un elemento fundamental. En cuanto a Tlatlaya, el caso resulta particularmente grave por las expresiones proferidas por los militares al ejecutar a los presuntos delincuentes, de acuerdo con la declaración de una testigo, en el sentido de que eran delincuentes que no merecían vivir. En lo que atañe a Puebla, el caso ilustra la cada vez más extendida lógica de las autoridades de los distintos niveles de gobierno de reprimir violentamente cualquier movilización social.
Así, en las dos masacres (las de Tla­tlaya e Iguala), y en el lamentable “efecto colateral” de una acción policiaca (el de Puebla), perpetrados por tres cuerpos de seguridad distintos –Ejército, Policía Estatal y Policía Municipal–, se trató de evadir la responsabilidad; en los tres hubo uso excesivo de la fuerza, así como complicidad y solapamiento de las más altas autoridades políticas del estado y del país.

El discurso del “respeto a los derechos humanos” del presidente Peña Nieto sucumbe frente a la realidad: el absoluto desprecio por la vida de los presuntos delincuentes y de manifestantes y activistas sociales… El Estado ejecutando, sin causa ni juicio, a sus ciudadanos.

CONVOCAN A SOLIDARIZARSE CON EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL PARA EXIGIR LA PRESENTACION CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y MANIFESTAR NUESTRO REPUDIO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL…

EL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO, AL LADO DEL MAGISTERIO Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES SE MANIFESTARAN EN LA CIUDAD DE LOS TREINTA CABALLEROS…
Exigimos que se respeten los derechos humanos, presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en Guerrero, Chiapas, Veracruz y en todo el país, alto a los asesinatos y desaparición forzada contra los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, activistas, campesinos y demás sectores sociales que hoy se movilizan por exigir el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos de manera forzada y de todos los crímenes de lesa humanidad en el país. 

El estado capitalista represor en sus tres niveles de gobierno pretende criminalizar la protesta social y acallar la inconformidad en contra de un sistema político neoliberal que deja en la miseria a 40 millones de mexicanos con unas reformas estructurales entreguistas y reaccionarias.

EXTENDEMOS LA INVITACIÓN PARA QUE SE UNAN AL MITIN DE SOLIDARIDAD Y PROTESTA PARA EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE MANERA FORZADA. PORQUE SUS LUCHAS SON NUESTRAS LUCHAS Y LOS JÓVENES REPRESENTAN LA DIGNIDAD DE TODO UN PUEBLO, EN LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD JUSTA E IGUALITARIA PARA TODOS.

ASISTE Y PARTICIPA ESTE MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE A LAS 4 DE LA TARDE EN EL PARQUE “21 DE MAYO”  

Combativamente.
¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR EL RÉGIMEN!                    
¡¡¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA!!!    

Comunicado del Frente Popular Revolucionario (Córdoba)       

17 de octubre de 2014

CONDENÓ MMPV-CNTE DESALOJO DE TAXISTAS DE COSCOMATEPEC

Escrito por: 
Zenyanzen-Escobar-García
Córdoba, Ver.- El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano condenó el desalojo de los taxistas de Coscomatepec al calificar de intolerante al Gobierno por el rechazo social que crece cada día en su contra.
En conferencia de prensa, el representante del MMPV-CNTE, Zenyanzen Escobar García, aseguró con los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe el Gobierno buscará reprimir las manifestaciones para que no se vea que hay ingobernabilidad y que se diga que en Veracruz todo está bien.
Por ello, conminó al Gobernador a que concilie con los diversos grupos antes de que no pueda detener el rechazo social que impera en su contra.
 que ante las constantes protestas de distintos sectores de la sociedad, el gobierno debería analizar en que están fallando  y tomar cartas en el asunto para solucionarlo.
Subrayó que los tres niveles de gobierno deben tener oído presto a las demandas del pueblo y no sólo estar creando leyes para reprimir la protesta.
“Desgraciadamente uno busca la interlocución las veces que sea necesario y no te dan respuesta, mesa de trabajo o negociación, pero por aquí uno está haciendo esa actividad política y te están llamando, te das cuenta cómo responde el gobierno en esa situación”
Por ello convocaron a una marcha el próximo 9 de noviembre en contra de la criminalización de la protesta que se llevará a cabo en el puerto de Veracruz.

VENTANA AL HORROR

TEXTO IRREVERENTE

Por Andrés Timoteo
Vaya semana que concluye. El país sigue en la conmoción, reclamando la aparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, plagiados por policías municipales de Iguala, Guerrero, que los entregaron al crimen organizado hace ya veinte días. Hay una reacción en cadena –alcaldías tomadas, paros estudiantiles, marchas, plazas ocupadas, carreteras bloqueadas y pronunciamientos diversos- por ese atentado de lesa humanidad.  Algunos dicen que la movilización llegó tarde porque hubiera funcionado si se hubiera hecho inmediatamente después del secuestro para movilizar a la autoridad para que los buscara.
 
De todos modos, México está gritando. Hay un sector que se dice horrorizado por lo sucedido en Guerrero, aunque eso solo es un botón de muestra de lo que sucede todos los días en el país, castigado y arrodillado por la violencia ejercida por el crimen y la corrupción gubernamental. Así lo dicen los propios obispos de las diócesis de Guerrero que ayer emitieron un comunicado cargado de verdad y en el cual, al habar de la entidad guerrerense también describen a toda la nación. Ellos definen el secuestro de los normalistas como una “ventana que permite mirar el fondo del profundo Guerrero adolorido por tanta violencia”.
 
Por esa ventana no solo se ve Guerrero sino lo que pasa en todo México. Los prelados también aseguran que además hay miles de víctimas de secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos obligados, extorsiones y amenazas, es lo común que corren. Vaya, lo describen como si estuvieran hablando de cualquier parte del país, entre ellos de Veracruz. Acotan que las fuerzas del gobierno que a nivel municipal de Iguala estuvieron coludidas en la agresión de los estudiantes y eso es un indicador de la urgencia que existe para sanear los cuerpos policiacos y al gobierno mismo de la corrupción.
 
“Es necesario que protejan a las instituciones públicas de cualquier signo de orden criminal para que cuenten con la confianza de los ciudadanos”,  reiteran en su comunicado. Nada que no se haya dicho antes por organizaciones civiles, luchadores sociales y las mismas víctimas aunque cobra especial importancia que la Iglesia Católica por fin salga a defender a su pueblo y a señalar el infierno que se vive en Guerrero y en México entero.
 
MAPANI  NECIKA
 
Ayer en la sede del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y en el marco de la Muestra de Creadores Indígenas Veracruzanos, los artistas participantes que provienen de las regiones étnicas de la entidad realizaron una oración comunitaria para pedir por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La solidaridad de los creadores indígenas se realizó durante el ritual de la fertilidad “Xochitlalli” y el maestro náhuatl, Pedro Montalvo pidió a la Madre Tierra por todos esos desaparecidos que ha dejado la guerra entre los grupos delictivos y los operativos del gobierno.  Relató que el mismo sufrió la pérdida de dos familiares que hasta la fecha no se sabe nada de ellos, allá en su municipio de Rafael Delgado, en la sierra de Zongolica.
 
 Como en Guerrero, en Veracruz también hay cientos de familias incluso en comunidades indígenas que perdieron a un ser querido, expuso. Los artesanos indígenas improvisaron letreros con las leyendas “Mapani necika” (¡Que aparezcan!), “Ximokuepa texita” (Volteen a vernos) y “Kakinkalhakgaxpatli” (¡Escúchennos!). Frases que encierra en reclamo de siglos de los pueblos originarios. La solidaridad de estos artesanos es importante pues no hay que olvidar que los estudiantes de Ayotzinapa son parte de los pueblos olvidados. Los normalistas guerrerenses sufren triple discriminación:  por ser pobres, por ser indígenas y por ser jóvenes.
 
SE HACEN “ARAÑAS”
 
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) le hacen honor a la estrofa del corrido “Hay que hacer votos” de Oscar Chávez: “el juez corrupto que se hace araña cuando debería de castigar”. Y así es. La lumbre está por llegar a la sede de esa soberanía porque los 70 trabajadores están dispuestos a iniciar un paro de labores e incluso a tomar el edificio en protesta porque no les depositaron su quincena. Al menos hasta ayer en la tarde no lo habían hecho.  Los empleados están que trinan contra el magistrado presidente, Daniel Ruiz Morales, ya que éste ni siquiera ha dado la cara ni ofrecido una explicación sobre el retraso en el pago de los sueldos.
 
La versión entre los trabajadores es que la Secretaría de Finanzas no lo envió porque está acopiando todo lo que puede para hacer frente a los gastos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe –se robaron el dinero que envió la federación y ahora son los apuros pero hacen que paguen los que no tienen responsabilidad en el asunto-. Otros dicen que el retraso en el pago del salario es porque funcionarios de Sefiplan en colusión con Ruiz Morales ponen a “sudar” el dinero de los trabajadores para provecho personal. Hay que hacer cálculos del sueldo de 70 empleados con los intereses que se pagan, le sacan una buena tajada. Así son ellos, los que se hacen “araña”. Ya se verá este viernes si los empleados afectados se lanzan a la rebeldía laboral.
 
LEY BALA CORDOBESA
 
Un ejemplo de que no se necesita aprobar ninguna ley para dispersar manifestaciones con la fuerza pública es lo anunciado en las últimas horas por el ayuntamiento cordobés: quedará prohibido manifestarse en el parque 21 de Mayo. Tal anuncio lo hizo el  secretario del municipio, Rodolfo de Gasperín, quien aseguró que  van a “dignificar” la plaza y evitar “su uso excesivo”.  Este señor junto con el alcalde panista, Tomás Ríos Bernal como si fueran virreyes no les gusta que el pueblo haga uso de los espacios públicos.  ¿Cómo pensarán impedir que la plaza sea usada para las manifestaciones populares?, ¿La llenará de policías,  instalará barras metálicas, distribuirá perros de ataque o usará bombas con gases lacrimógenos para dispersar a la turbamulta que se acerque?.
 

Ambos están dispuestos a ocupar a los policías estatales del famoso Blindaje Córdoba para apalear a los que quieran manifestarse en el parque central. No será la primera vez, ya utilizaron a esos mismos agentes para desalojar a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían un plantón. Tampoco es el primer lugar que lo convierten en sitio prohibido para el pueblo, en el parque San José y en el teatro Pedro Díaz, no se permite entrar a los que ellos consideran indeseables.