9 de febrero de 2017

HIJA DE VICENTE FOX APARECE EN INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

La Policía Nacional española investigó supuestos pagos ilegales de Jordi Pujol Ferrusola –primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley– a Ana Cristina Fox de la Concha, hija de Vicente Fox, el presidente mexicano de 2000 a 2006, por el supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México.
Según la vasta investigación contenida en el informe 19.150 del Grupo 24 la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que Aprotuvo acceso, se da la coincidencia que en el sexenio de Fox, a Pujol Ferrusola le fueron otorgadas licencias de apuestas por la Secretaría de Gobernación.

“Tenemos la certeza de la existencia de al menos una resolución favorable a los intereses de Jordi Pujol Ferrusola decretada por la administración dirigida por Vicente Fox”, que fue el otorgamiento de 106 licencias de apuestas, apunta el informe fechado el 26 de mayo de 2016.
La investigación española en poder del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, pone al descubierto los supuestos pagos desde Iniciatives Marketing i Inversions, la sociedad de Pujol Ferrusola y su esposa Mercé Gironés, a la persona que identifican como la hija de Fox.
Entre diciembre de 2009 y julio de 2011, la empresa Iniciatives Marketing i Inversions realizó pagos mensuales a Ana Cristina Fox de la Concha y a una tercera persona, Erik Rodrigo Taracenas Oliveras, por un total de 45 mil 717 euros, por el supuesto arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México, cuya dirección no se identifica.
Los pagos se hicieron a dos entidades bancarias. La primera a nombre del banco BBVA Bancomer, cuya beneficiaria es Ana Cristina Fox, y otra de Banamex, cuyo beneficiario es Taracenas Oliveras.
El primer pago de diciembre de 2009 era para la fianza del alquiler del inmueble, según concluye la policía. Durante 2010 se transfirieron 38 mil 730 euros y otros 14 mil 603 euros en 2011.
Los investigadores precisan que en las declaraciones y documentación incautada a Jordi Pujol Ferrusola y a sus empresas no aparece ningún documento que ampare el alquiler de dicho inmueble, pese a ser deducible de impuestos.
También sospechan que se trate de un presunto soborno, debido a que en sus visitas a México se tiene acreditado que Pujol se hospedaba en hoteles.
El concepto de los pagos es el supuesto alquiler de una vivienda en la Ciudad de México que aparece a nombre de la empresa Ecrem S.A., la misma sociedad que Pujol utilizó para la construcción y el desarrollo del hotel El Encanto, en Acapulco, Guerrero, que la revista Proceso dio a conocer en julio de 2013.
El informe aborda otros movimientos de dinero hechos por Pujol Ferrusola a otras personas vinculadas con actividades políticas en México, que oscilan en 1.5 millones de dólares y medio millón de euros, el 25 de junio de 2015.
En aquella información publicada en México por Proceso, la policía española y una expareja de Pujol, Victoria Álvarez, sostienen que el primogénito del presidente Pujol Soley “es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña”, a quien otro informe de la UDEF identifica como “principal accionista del casino Royale”, de Monterrey, Nuevo León.
El nuevo informe –fechado el 26 de mayo de 2016– amplía lo que se conocía en 2013, cuando Proceso hizo la publicación, en el sentido de que Promociones e Inversiones de Guerrero S.A. de C.V. fue una de las sociedades beneficiadas con los permisos para centros de apuestas que otorgó el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, al final del sexenio de Vicente Fox.

MARCHEMOS EN APOYO A PEÑA NIETO REPUDIANDO A TRUMP Y A LOS CRÍTICOS ANTIUNITARIOS


Pedro Echeverría V.
1. El gobierno de Peña Nieto ha organizado su manifestación de masas para el próximo domingo 12 de febrero saliendo del Monumento de la Independencia para arribar al zócalo de la CDMX. Ha invitado a unos 50 grupos con su respectivo membrete; está repartiendo dinero a manos llenas; ha ordenado a los medios de información que cada diez minutos difundan la invitación y los empresarios, así como los jefes de instituciones públicas, deben obligar a sus empleados o trabajadores a asistir. La consigna difundida es el apoyo al gobierno de Peña Nieto y a México en estos momentos en que el “energúmeno” Trump (presidente de EEUU) está agrediéndolos. De paso se gritará a favor de los trabajadores migrantes en camino de ser expulsados de EEUU.
2. Dicen los entusiastas promotores: Todos iremos de blanco y tomaditos de la mano para demostrar nuestro amor y nuestra unidad alrededor del señor presidente que tanto ha hecho por nosotros. No permitiremos que mal nacidos, agitadores políticos, nos dividan en estos momentos que sólo cabe la unidad de los mexicanos. No permitamos que se hable mal de nuestro gobierno por el llamado “gasolinazo” o por el aumento de todos los precios de artículos de primera necesidad. No se le puede echar la culpa al gobierno de nuestros problemas económicos y la carestía cuando lo mismo –hasta peor- está sucediendo en todos los países. Es posible que si no existiera Trump no estuviéramos sufriendo tanto y hasta seríamos felices.
3. En sus declaraciones buscan convencernos: Trump ha sido el peor presidente en EEUU porque nunca los anteriores agredieron a México. Aunque ningún presidente ha dejado de invadir, bombardear, saquear a otros países, debemos agradecerles que nunca hayan tocado a México. Debemos salvar el TLC para salvar a los mexicanos que mediante sacrificios han invertido en él. Los izquierdistas siempre se opusieron al TLC que porque México no podría competir con EEUU y Canadá. Y aunque se hayan clausurado 20 mil negocios por no poder competir, aunque haya aumentado el desempleo, el comercio ambulante, la migración a EEUU, porque no pudieron competir, los multimillonarios mexicanos sí pudieron y han multiplicado sus capitales.
4. Y en TV sigue la propaganda: Así que salgamos con alegría a aplaudir al gobierno de Peña Nieto por lo mucho que ha hecho por nosotros. Este es el momento para contrarrestar a los enemigos de México que desde el primero de enero han llenado todas las plazas del país protestando contra el gasolinazo y exigiendo su renuncia al gobierno. Nosotros no sufrimos el precio de la gasolina porque sólo son de tres a seis pesos por litro; tampoco compramos la canasta básica porque está integrada con artículos de baja calidad. Nosotros somos el alma de México porque nosotros creamos la riqueza, los empleos y hacemos grande a México. Por ello el próximo domingo marcharemos en apoyo a nuestro presidente y con ello verá quiénes son sus verdaderos amigos. (8/II/17)

8 de febrero de 2017

FIRMA DEL ACUERDO DE UNIDAD EN XALAPA, VERACRUZ

JORNADA CÍVICA EN ESTE DÍA HISTÓRICO, 5 DE FEBRERO, CON LA FIRMA DEL ACUERDO DE UNIDAD EN XALAPA, VERACRUZ

LANDERO JUEGA AL CACIQUE DE ZONGOLICA Y BUSCA IMPONER A INCONDICIONALES EN PRI Y MORENA PARA ALCALDÍA


En Zongolica, se asegura que el exdiputado federal Tomás López Landero pretende imponer a la frustrada candidata del PRI a la diputación local, Jessica Viviana Victoria Atlahua, ahora como candidata a la alcaldía por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los habitantes de esa cabecera municipal afirman que López Landero quiere mangonear a como dé lugar la sucesión municipal luego de sus fallidos intentos de ocupar otros cargos respaldado por PAN y Partido Verde, y su fracaso de enviar a su cuñado como “candidato independiente” que también le falló y por último a su secretaria, que también se quedó en el intento. Ahora, dicen en Zongolica, quiere imponer a su chofer Benito Aguas como candidato priista, más por si falla en el partido tricolor, se amarra el dedo y también busca que Jessica Viviana sea la abanderada de Morena. López Landero quiere ejercer a como dé lugar un cacicazgo en esa zona aprovechando su poder económico proveniente de su negocio de compra y venta de chatarra...

HICIMOS HISTORIA: PRIMER CASO DE CULPABILIDAD POR AMENAZAS DE MUERTE A UNA PERIODISTA EN VERACRUZ

Por Claudia Guerrero Martínez
**La CEAPP brilló por su ausencia en Audiencia Constitucional en el Penal de Pacho Viejo 

Antes de iniciar con el tema que nos ocupa, notamos la  ausencia inexplicable  y de “Valemadrismo” del Secretario Ejecutivo de la CEAPP Jorge Morales,  la  agradecida omisión por cierto,  de la Lady CEAPP, Ana Laura Pérez y demás funcionarios  jurídicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP),  quienes no estuvieron pendientes de nuestro caso y de muchos otros,  que se ventilan en esa Comisión, sobre reciente e  importante  Audiencia  Constitucional desahogada en Pacho Viejo, por el caso de amenazas de muerte en contra de la autora de esta columna. Un claro ejemplo de omisión a una responsabilidad u obligación legal…
Ni tampoco era regla que  el  Fiscal General del Estado,  Jorge Winckler Ortiz  o el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez  tenían la obligación de citar  o simplemente,   estar pendiente de  la agenda de  los integrantes de la CEAPP…  Era responsabilidad por ley, que  Jorge Morales debía  enviar a su  titular del Jurídico, quien no es especialista en temas penales, sino en el ámbito laboral, para dar seguimiento a nuestro caso.  Háganme favor, inteligentes lectoras y lectores…
Tanto que criticó Jorge Morales, anteriores integrantes de esta Comisión, que ahora se le hace bolas el engrudo… Tanto que exigía la Lady CEAPP Ana Laura Pérez inclusión  para muchos periodistas en esta  Comisión,  ahora es selectiva con los casos y tanto que pelearon sin explicación lógica y hasta hubo una especie de canibalismo dentro de la CEAPP,  para presuntamente cambiar el modelo organizacional, convirtiéndose en un mini desastre… Ahora, fuimos testigos  del olvido a  su responsabilidad de atender   las necesidades de periodistas, como es nuestro caso, considerado un delito penal por el  tema de amenazas de muerte, perpetrado por un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública, fincándole responsabilidad como cómplice…
El 9 de septiembre del 2015, un día triste pues era el  aniversario de la muerte de mi madre, la que aquí escribe recibió un sobre, vía correo postal, conteniendo dos amenazas de muerte, en las cuales, aseguran: “Pinche perra sigues tú malnacida” y uno más, “Claudia Guerrero te vamos a decapitar”… Desde ese día y ante las estadísticas de muertes de periodistas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, reconocemos que nuestros hábitos,  actividades y hasta vida familiar cambiaron por completo… Los encargados de realizar estas amenazas de muerte lograron su cometido, de fomentar miedo, pero lo bueno, que fue por poco tiempo…
Nos abocamos a trabajar más arduamente… A que nuestro trabajo tuviese una resonancia periodística y realizar  investigaciones  profundas con pruebas sustentadas. Aprendí desde el seno familiar a que los infortunios deben  fortalecer más el espíritu y no permitir que el trabajo periodístico disminuyera. Al contrario, decidimos mostrar  fuerza y las columnas Entre lo utópico y lo verdadero serían más fuertes, más agresivas, con el mensaje directo a Javier Duarte de Ochoa, de no tenerle miedo…
Nos reunimos con el entonces Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien dio la orden a Luis Ángel Bravo Contreras de investigar a fondo las amenazas,  agradeciendo al después Gobernador interino  su apoyo solidario y permanente hasta el término del sexenio… Y el exfiscal Especial  para Atención en  Delitos Electorales y en Contra de Periodistas,  José René Álvarez  Márquez cuidó la cadena de custodia de estos documentos intimidatorios y se instruyó a que pasaran por pruebas periciales para la detección de huellas dactilares, con la prueba AFIS, encontrando siete huellas, cuatro de ellas, según el registro oficial, pertenecen al expolicía Daniel Iván Rivera Domínguez. Y la complicidad de estas  amenazas anónimas, ya tenían nombre y rostro…
Durante  los siguientes meses, se le citó a Daniel Iván Rivera a declarar, así como  a todos los testigos del caso,  para luego, sostener una audiencia preparatoria, para  la vinculación a proceso del inculpado y ésta, aún con las pruebas dactilares, estudios periciales y pruebas contundentes y acusatorias, la Juez Verónica Portillo Suazo demeritó dichas pruebas, asegurando no ser sustentadas para vincular a proceso a Daniel Iván Rivera… Con la ayuda del José René Álvarez e increíblemente, el propio Luis Ángel Bravo Contreras  nos inconformamos, entablando el recurso de queja ante los Magistrados, quienes semanas más tarde, nos dieron la razón, restableciendo el proceso judicial…
Ante el fallo de los Magistrados, Daniel Iván Rivera Domínguez entabló un amparo por el resultado y meses más tarde, le fue negada dicha protección, colocando al expolicía en la postura de cómplice por amenazas de muerte… Con base a nuestras investigaciones, el exelemento d SSP fue el mensajero de estos sobres con amenazas de muerte y sabemos quiénes lo realizaron, cómo lo planearon y hasta el móvil para hacerlo. Existen pruebas y testimonios de la colusión de empresarios periodísticos, pago de aviadores y hasta exfuncionarios duartistas, hoy investigados por la Fiscalía General del Estado…
El pasado 1º de febrero, sostuvimos la importante Audiencia, encabezada por la Juez de Control, quien llevó a cabo las diligencias con  los testigos de la Fiscalía y de la defensa, así como la presentación de pruebas periciales, psicológicas,  entre otras… Como era de esperarse, el abogado defensor de  Daniel Iván Rivera Domínguez, de apellido Gasca, quien cobra muy bien sus honorarios y es impensable que el expolicía  pudiera pagarlos, comprobando así, que alguien está financiando la defensa del exelemento de SSP… Lo interesante de esto, es  observar cabalmente, que Daniel Iván  sería el chivo expiatorio y la encomienda no era ayudarlo, sino al contrario, lo hundirían… Y así fue…
El día  2 de febrero, la Juez de Control de apellido Sosa, dictaminó al acusado, Daniel Iván Rivera Domínguez,  culpable como cómplce por el delito de  amenazas de muerte  y al siguiente día, decretó una pena, con base a la mínima de seis meses,  a una máxima de dos años, se obtuvo una Sentencia Condenatoria de 1 año tres meses  y multa de $5000 pesos, así como la  Reparación del Daño Genérico por lo que acrediten posteriormente y amonestación Privada e Inhabilitación  de Derechos mientras dure la Pena….
Quizá ustedes inteligentes lectoras y lectores piensen que es una tomada de pelo la sentencia. El delito no es considerado grave y tiene sus bondades jurídicas, aun cuando son amenazas de muerte… Lo interesante, es que hemos dejado precedente en Veracruz, pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores es la primera vez, desde su fundación, que gana un caso sobre agresiones en contra de periodistas. Y  el  de su servidora, deja un antecedente jurídico en Veracruz…
Por último agradezco a los dos Fiscales que participaron en este caso, José René Álvarez Márquez, hoy Fiscal en la Zona Norte y el actual titular,  Jaime Cisneros Gómez, por continuar el trabajo de investigación, con excelentes resultados. A la Doctora Estrella Jiménez Mayo por su incondicional apoyo jurídico, dejando este caso a  la abogada penalista Sandra Bonilla, quien le dio puntual seguimiento e increíble,  que  aun cuando fue despedida de la CEAPP por el Secretario Ejecutivo Jorge Morales,   Sandra acudió a la audiencia  y nos  apoyó en el asesoramiento… A todos los Fiscales integrantes en esta investigación, que en un principio se pensaba, este caso quedaría como proyecto de justicia y hoy se concreta, dejando un parteaguas, para próximas investigaciones por delitos en contra de periodistas y también,  castigar a culpables de amenazar a comunicadores, por su actividad periodística…
No olvidemos, que  la investigación no se cierra y existen más cómplices por estas amenazas y su servidora está segura, que tarde o temprano, Daniel Iván Rivera Domínguez se dará cuenta, haber sido sacrificado, por sus mismos jefes… Y en venganza,  dará nombres y apellidos…
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com

Twitter: @cguerreromtz

PARA COMBATIR AL NARCO, DURANTE EL GOBIERNO DE CALDERÓN MUNICIPIOS SACRIFICARON PROGRAMAS SOCIALES


Un estudio demostró que por cada homicidio vinculado al narco, un municipio perdió dos programas de inclusión o participación social.

La guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón redujo las capacidades de gobernabilidad de los municipios del país.

Por cada ejecución vinculada al crimen organizado -en una tasa de mil habitantes-, los municipios perdieron en promedio dos programas u órganos de participación ciudadana que contribuían a mejorar las condiciones de vida de la población, concluyó el estudio La Retracción del Estado: como la violencia afecta la capacidad de gobernar en México,  del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE).

“Los municipios tenían en promedio 3.1 mecanismos para la participación y consulta, por lo que el efecto asociado de la violencia fue de una magnitud importante en la reducción de esta función”, indica el estudio. 

De acuerdo con el análisis realizado por el investigador Oliver D. Meza, los municipios tuvieron que enfocar sus propias políticas en favor del gasto en seguridad conforme a la línea del gobierno federal, y en detrimento de los recursos para otros programas.

“Los gobiernos municipales han decidido privilegiar agendas de políticas impulsadas por la federación para empatar recursos locales con recursos federales. Estos mecanismos fiscales, entre otros, han hecho que el municipio pierda interés en asuntos de su propia agenda”, detalla.

Sin embargo, el análisis también plantea que el mismo recrudecimiento de la violencia pudo desincentivar a los ciudadanos para participar activamente con el gobierno municipal en estos programas, lo que también representa un retroceso en la presencia del Estado.

Incluso existe la posibilidad de que el propio crimen organizado haya asumido funciones inherentes al gobierno municipal y que este retroceso del Estado se refleje en la disolución de planes y estrategias sociales.

“El municipio en México es un agente del Estado, aun cuando se le quiera ver como el eslabón más pequeño. Por tanto el detrimento en estas funciones disminuye la capacidad del Estado en su conjunto y los datos señalan que ésta se vio afectada posiblemente a causa de la violencia generada por el narcotráfico, especialmente en momentos en los que el mismo Estado recrudeció la violencia mediante la política prohibicionista”, subraya el estudio.

Un cáncer que se multiplica

El CIDE documentó que al menos en los primeros cinco años de la estrategia de combate el narcotráfico el fenómeno de la violencia relacionada con el crimen organizado se expandió de forma notoria en el país, causando deterioro en las condiciones sociales y de seguridad.

Los datos incluidos en el estudio Geografía de la Violencia en México. Un acercamiento a la reconfiguración territorial de la violencia generada por el crimen organizado evidenciaban que en 2007 se registraron 76 municipios con al menos un enfrentamiento, pero para 2009 ya se tenían 221 municipios con esta problemática.
Y para 2011 la cifra se disparó hasta 366 municipios con al menos un enfrentamiento vinculado a la delincuencia organizada. “Esto representa el 15 % del total de municipios en el país, y un incremento superior al 500 por ciento respecto al año 2007”, indica el análisis.

En 2011 también hubo 211 municipios en el país en donde se registraron agresiones y ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada, casi el doble en comparación con cuatro años antes. Otro dato más: en 2007 el 18 % de los incidentes registrados tuvieron armas largas de por medio y para 2011 dicha proporción ya era superior al 30 por ciento.

“En este tenor es muy probable que se diera un incremento en las organizaciones criminales y ante tal escenario, la actuación del Estado se tornó compleja para combatir a tantas pequeñas fracciones de estos grupos delincuenciales. Condición que debilita la posibilidad del gobierno para intervenir, efectivamente, en una diversificación de grupos fragmentados menores”, concluye el análisis.

Metodología del estudio

Para realizar el estudio, Meza construyó un modelo estadístico de análisis con más de diez variables. Se utilizó como indicadores para la medición dos estrategias básicas que tienen los municipios para construir o consolidar condiciones de gobernabilidad y que son medidas por el INEGI: el número  de mecanismos y de órganos de participación ciudadana.

Este tipo de estrategias agrupan programas como visitas de las autoridades a comunidades o colonias, foros de atención con los ciudadanos, supervisión de obras y/o servicios públicos, consejos ciudadanos, comités vecinales, consejos de seguridad pública, órganos de contraloría social, entre otros.

El estudio cruzó esta información con la evolución de ejecuciones ligadas al crimen organizado y, a través de una fórmula que incluyó otras varias variables, encontró una relación que permite concluir que el incremento de la violencia incidió negativamente en la continuidad de los programas.


URGEN INVESTIGAR EMPRESAS DE BERMÚDEZ EN CDMX Y SU POSIBLE RELACIÓN CON CASO NARVARTE





Las empresas del ex colaborador de Javier Duarte se encontraban a solo seis minutos del lugar donde asesinaron a Rubén Espinoza, Nadia Vera y tres mujeres más.

La presencia en la Ciudad de México de seis empresas de seguridad privada pertenecientes a Arturo Bermúdez Zurita, es un dato muy relevante para la investigación del multihomicidio del caso Narvarte que se debe aclarar, coincidieron los abogados de las víctimas David Peña Rodríguez y Karla Micheel Salas Ramírez.

Su importancia es todavía mayor si se toma en cuenta que la dirección de la empresa Seguridad Privada GPR, propiedad de Bermúdez, se encuentra a solo seis minutos del edificio en el que se cometió el quíntuple asesinato, como se desprende de un recorrido que hizo Aristegui Noticias a bordo de un automóvil.

Para Peña y Salas el hallazgo de Aristegui Noticias servirá para reforzar la petición que próximamente presentarán ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Veracruz, con el propósito de que realice un nuevo interrogatorio al ex Secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte y de que se profundice en las líneas de investigación que apuntaban hacia Veracruz para esclarecer el quíntuple homicidio ocurrido el 31 de julio de 2015.

En entrevista, ambos defensores señalaron que la ubicación de las empresas de seguridad privada de Bermúdez no formó parte de la investigación en el caso Narvarte, a pesar de que Rubén Espinosa y Nadia Vera salieron de Veracruz por las amenazas y el hostigamiento del que fueron objeto por parte de las autoridades veracruzanas, particularmente del propio Arturo Bermúdez.

El hostigamiento contra activistas y comunicadores tanto en Veracruz como en la Ciudad de México , explicó Peña, en muchas ocasiones era cometido por personas vestidas de civil, con un perfil que podría corresponder a militares, policías… y guardias de seguridad privada.

“Nosotros recabamos información de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas de Veracruz sobre la operación de personas vestidas de civil. No sabíamos si formaban parte de la Secretaría de Seguridad o no, pero eran civiles, incluso armados, que los seguían, no sólo en Veracruz; en el caso de Rubén cuando está en la Ciudad de México, en una de las entrevistas previas a su asesinato, denunció que varios hombres lo siguieron aquí, eran hombres vestidos de civil con presencia policial o militar, pero que también encajan con el perfil de un guardia privado”, detalló.

Micheel Salas denunció que las amenazas contra Rubén y Nadia por parte de autoridades veracruzanas fueron ignoradas por la Procuraduría capitalina durante las investigaciones, en un afán por descartar cualquier motivación política o periodística en los asesinatos del fotoperiodista y la activista estudiantil.

Salas Rodríguez agregó que en la primera comparecencia de Arturo Bermúdez para este caso, la Procuraduría capitalina se negó a interrogar al ex servidor público sobre el hostigamiento a periodistas y activistas por parte de personal vestido de civil o trabajando encubiertos, diligencia que ha sido solicitada al Ministerio Público una y otra vez desde el 18 de agosto del 2015.

“La presentamos el 18 de agosto del 2015, esta misma solicitud la volvimos a reintegrar el 10 de septiembre, volvimos a solicitar estas y otras diligencias donde se incluía la ampliación de la declaración, de Javier Duarte y también sobre el tema de Bermúdez Zurita. Ampliamos la solicitud de diligencia en septiembre de 2015, es decir, ha pasado más de un año y la Procuraduría no tuvo la intención de seguir esta línea de investigación que a nosotros nos parecía muy clara”, sentenció.

Cercanía de inmueble vinculado con caso Narvarte y empresas de Bermúdez

En un primer reportaje sobre la operación de las empresas de Arturo Bermúdez en la Ciudad de México, se dio a conocer que una de ellas ocupa un edificio de tres pisos en la calle Luis Spota 151, Colonia Independencia. A cinco cuadras, se encuentra una segunda dirección vinculada al ex funcionario actualmente preso: una casa ubicada en Centenario 29, colonia San Simón Ticumac, ambas en la delegación Benito Juárez.

Los dos inmuebles tienen en común su cercanía con la colonia Narvarte, también en la delegación Benito Juárez, un dato que había pasado desapercibido en las indagatorias para aclarar los asesinatos de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa.

Bastan seis minutos a bordo de un automóvil para ir de Luis Spota 151, donde se encuentra la sede de Seguridad Privada GPR, a Luz Saviñón 1909, donde está el edificio en el que asesinaron a cinco inocentes. Entre ambas direcciones, hay una distancia de tan solo quince cuadras, por lo que David Peña y Micheel Salas se pronunciaron por realizar un segundo interrogatorio a Bermúdez Zurita.

De acuerdo con Peña, la comparecencia del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz no sólo es relevante por las denuncias de hostigamiento que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa, sino también por la forma en que fueron asesinadas Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandro Negrete. Las tres mujeres, al igual que Nadia y Rubén, recibieron un tiro certero y a poca distancia, pero sin ser a quemarropa, lo que denota entrenamiento por parte de los agresores.

“Los disparos son limpios, a corta distancia pero al contacto porque no hay quemaduras, es decir, que el arma no fue colocada sobre el cuerpo para disparar, eso quiere decir que el agresor sabe disparar y que hay un control del arma, hay tiros precisos, eso implica a alguien capacitado en el manejo de armas, sabía incluso torturar, entonces nosotros decimos que estamos hablando de un perfil policial, militar o de personal de seguridad privada que tiene esta formación técnica”, puntualizó.

Además, se va a solicitar a la procuraduría capitalina que trate de identificar el arma utilizada en el caso Narvarte, misma que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida, a pesar de que ya hay tres detenidos y un sentenciado por el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte.

Peña agregó que para este crimen se utilizó una pistola calibre nueve milímetros que no tenía antecedentes de uso en delitos previos, hecho que se contrapone con el uso que le darían tres delincuentes comunes involucrados en otros robos o actos ilícitos, por lo que se pronunció por indagar el armamento que las empresas de Bermúdez Zurita reportaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener los permisos de portación para sus guardias y escoltas.

“Una de las líneas que sabíamos que se tenía que fortalecer, por la forma en la que ocurrió el asesinato en términos criminalísticos supone una actuación de una persona ordenada, el arma que se utilizó fue una pistola 9 milímetros que no es de fácil acceso, es un arma que no tiene ningún registro, ningún antecedente de uso en otros actos delictivos, si pensamos que era un arma utilizada por tres personas con el perfil de las que están detenidas, pues era probable que esa arma se hubiera utilizada en otros robos, en otras cosas, esta arma no tiene ningún registro”, explicó el litigante.

Para los abogados de las familias, la tortura en contra de las víctimas y el posible uso de un silenciador, también indican que el autor del crimen contaba con algún tipo de preparación, es decir, un perfil que corresponde a corporaciones de seguridad pública o privada, por lo que también se debe indagar a los escoltas o guardias que trabajaban en las empresas de Arturo Bermúdez al momento del caso Narvarte.

Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez advirtieron que para esclarecer las muertes de Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra, la Procuraduría capitalina está obligada profundizar en una de las líneas de investigación que intentaron descartar desde el principio: la posibilidad de que personajes veracruzanos estén vinculados con el múltiple homicidio ocurrido en la colonia Narvarte en 2015.

“La línea Veracruz que incluye a Duarte y a ex funcionarios como Bermúdez, es una línea de investigación que no está cerrada en el caso Narvarte, por eso vamos a insistir en este tema de las empresas de seguridad y vamos a pedir el listado de las personas que laboraban ahí en el momento del crimen”, concluyó.

*Esto es lo que reportó Juan Omar Fierro en Aristegui en vivo:

HOGAR SOCIAL ORGANIZA UNA CAMPAÑA XENÓBOFA CONTRA STARBUCKS POR CONTRATAR REFUGIADOS

La organización de extrema derecha Hogar Social, conocida por su polémica labor humanitaria 'solo para residentes' y sus constantes acciones xenófobas, ha lanzado en Twitter bajo el Tag #Starburka una campaña contra la multinacional Starbucks para intentar frenar su política a favor de los refugiados.




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Hogar Social protesta por el contrato a 10000 refugiados en Starbucks, teniendo España un 23% de paro

El CEO de Starbucks, Howard Schultz, anunció hace unos días su intención de contratar a 10.000 refugiados en todo el mundo para mostrar el rechazo frontal de la compañía a las políticas antimigratorias de Donald Trump.

“Estamos en el negocio para inspirar y nutrir el espíritu humano”, dijo Schultz a los medios.

La propuesta de trabajo está destinada fundamentalmente a inmigrantes que han servido a las tropas estadounidenses como intérpretes o personal de apoyo y ahora son ilegales en Estados Unidos. Por ellos Starbucks propone añadir su candidatura a los procesos de selección de personal para arreglar sus papeles y darles una oportunidad. No pretende contratar EXCLUSIVAMENTE refugiados sino ayudar a su integración.

Sin embargo, Hogar Social Madrid ha sacado el hacha chovinista para esparcir su propaganda contaminando la idea inicial de la compañía y construyendo la suya. Por ejemplo, poniendo en el logo de su polémica campaña a un refugiados con un burka.

Hay que recordar que España solo ha recibido hasta 2017 a 687 refugiados de los 17.337 que pactó con la Unión Europea en 2015. El 5% del total. Y solo esas 898 personas optarían, en el mejor de los casos, a la oferta de la multinacional.

Por otra parte el 100% de StarBucks en España pertenece al Grupo Vips, que en 2016 compró el 49% que le faltaba a la sociedad Starbucks Coffee España y además acordó prorrogar el contrato de cesión de marca y desarrollo hasta el 2030. La responsabilidad de contratación corresponde, por lo tanto, al Grupo Vips.



La respuesta en Redes Sociales no se ha dejado esperar. Hogar Social está pescando en el río revuelto por Trump, las Fakes News y el tufillo racista que desprende la mezcla. Su boicot tiene muchísimos partidarios, alentados por el neofascismo populista de una falsa ideología 'solidaria': "Españoles sí, refugiados no".
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Pero no hay que quejarse solo de , hay que presionar a todas las empresas que hagan lo mismo y no solo con inmigrantes.
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 Con una tasa de 23% de paro @starbucks_es se dedica a dar privilegios a los refugiados
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Al otro lado,... la cordura y la decencia: 

.@HogarSocial_Mad España acogió a 481 refugiados en 2016. El anuncio de 10.000 contratos era para EEUU. Ánimo y un saludo.
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 Los inmigrantes viven de ayudas porque son vagos que no trabajan y a la vez nos quitan el trabajo. Qué cabrones.
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Starbucks está diciendo de contratar refugiados, no que SÓLO contratará refugiados 
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Si policía y fiscalía quieren hacer un censo de la xenofobia en Twitter, solo tienen que seguir el hashtag 
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