Un estudio demostró que por cada homicidio vinculado al narco,
un municipio perdió dos programas de inclusión o participación social.
Arturo Angel (@arturoangel20)
La guerra contra
el narcotráfico iniciada por el gobierno de Felipe Calderón redujo
las capacidades de gobernabilidad de los municipios del país.
Por cada ejecución vinculada al crimen organizado -en
una tasa de mil habitantes-, los municipios perdieron en promedio dos
programas u órganos de participación ciudadana que contribuían a
mejorar las condiciones de vida de la población, concluyó el estudio La
Retracción del Estado: como la violencia afecta la capacidad de gobernar en
México, del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE).
“Los municipios tenían
en promedio 3.1 mecanismos para la participación y consulta,
por lo que el efecto asociado de la violencia fue de una magnitud
importante en la reducción de esta función”, indica el estudio.
De acuerdo con el
análisis realizado por el investigador Oliver D. Meza, los municipios
tuvieron que enfocar sus propias políticas en favor del gasto en seguridad conforme
a la línea del gobierno federal, y en detrimento de los recursos para otros
programas.
“Los gobiernos
municipales han decidido privilegiar agendas de políticas impulsadas por la
federación para empatar recursos locales con recursos federales. Estos mecanismos
fiscales, entre otros, han hecho que el municipio pierda interés en asuntos de
su propia agenda”, detalla.
Sin embargo, el
análisis también plantea que el mismo recrudecimiento de la violencia pudo
desincentivar a los ciudadanos para participar activamente con el gobierno
municipal en estos programas, lo que también representa un retroceso en la
presencia del Estado.
Incluso existe la
posibilidad de que el propio crimen organizado haya asumido funciones
inherentes al gobierno municipal y que este retroceso del Estado se
refleje en la disolución de planes y estrategias sociales.
“El municipio en
México es un agente del Estado, aun cuando se le quiera ver como el eslabón más
pequeño. Por tanto el detrimento en estas funciones disminuye la
capacidad del Estado en su conjunto y los datos señalan que ésta se
vio afectada posiblemente a causa de la violencia generada por el narcotráfico,
especialmente en momentos en los que el mismo Estado recrudeció la violencia
mediante la política prohibicionista”, subraya el estudio.
Un cáncer que se
multiplica
El CIDE documentó que al
menos en los primeros cinco años de la estrategia de combate el narcotráfico el
fenómeno de la violencia relacionada con el crimen organizado se expandió de
forma notoria en el país, causando deterioro en las condiciones
sociales y de seguridad.
Los datos incluidos
en el estudio Geografía de la Violencia en México. Un acercamiento a la
reconfiguración territorial de la violencia generada por el crimen organizado evidenciaban
que en 2007 se registraron 76 municipios con al menos un enfrentamiento,
pero para 2009 ya se tenían 221 municipios con esta
problemática.
Y para 2011
la cifra se disparó hasta 366 municipios con al menos un
enfrentamiento vinculado a la delincuencia organizada. “Esto representa
el 15 % del total de municipios en el país, y un incremento superior al 500 por
ciento respecto al año 2007”, indica el análisis.
En 2011 también hubo
211 municipios en el país en donde se registraron agresiones y ejecuciones relacionadas
con la delincuencia organizada, casi el doble en comparación con
cuatro años antes. Otro dato más: en 2007 el 18 % de los incidentes registrados
tuvieron armas largas de por medio y para 2011 dicha proporción ya era superior
al 30 por ciento.
“En este tenor es muy
probable que se diera un incremento en las organizaciones criminales y ante tal
escenario, la actuación del Estado se tornó compleja para combatir a tantas
pequeñas fracciones de estos grupos delincuenciales. Condición que debilita la
posibilidad del gobierno para intervenir, efectivamente, en una diversificación
de grupos fragmentados menores”, concluye el análisis.
Metodología del
estudio
Para realizar el
estudio, Meza construyó un modelo estadístico de análisis con más de diez variables. Se
utilizó como indicadores para la medición dos estrategias básicas que tienen
los municipios para construir o consolidar condiciones de gobernabilidad y que
son medidas por el INEGI: el número de mecanismos y de órganos de
participación ciudadana.
Este tipo de
estrategias agrupan programas como visitas de las autoridades a comunidades o
colonias, foros de atención con los ciudadanos, supervisión de obras y/o
servicios públicos, consejos ciudadanos, comités vecinales, consejos de
seguridad pública, órganos de contraloría social, entre otros.
El estudio
cruzó esta información con la evolución de ejecuciones ligadas al crimen
organizado y, a través de una fórmula que incluyó otras varias
variables, encontró una relación que permite concluir que el incremento
de la violencia incidió negativamente en la continuidad de los programas.
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